martes, 1 de febrero de 2011

Las cajas abren un cofre repleto de riesgo inmobiliario

MADRID.- Siguiendo las recomendaciones del Banco de España, las cajas de ahorros han abierto un desconocido cofre inmobiliario que desvela una gran exposición solo parcialmente cubierta con provisiones y que, sin embargo, ha tenido un efecto positivo en el mercado al despejar incertidumbres.

"La valoración que hacemos es positiva por el hecho de que haya más información y transparencia, pero sobre todo por el hecho de que el Gobierno haya metido más presión al sector elevando los ratios de solvencia", dijo un analista de Espirito Santo.
A pesar de que los activos considerados "problemáticos" por el Banco de España (créditos dudosos o subestándar) en manos de las cajas superan los 58.000 millones de euros según los datos facilitados, con tasas de cobertura media en torno a un tercio, el diferencial del bono hispano-alemán a diez años alcanzaba niveles mínimos desde mediados de noviembre y la bolsa española mantenía su escalada alcista.
"La exposición al riesgo inmobiliario es enorme, pero, por un lado, el ejercicio de transparencia es positivo y, por otro, en términos generales las dotaciones de provisiones son muy importantes", dijo un analista de un banco nacional.
En un intento por reforzar sus ratios de capital para cumplir con las nuevas exigencias del Gobierno español en aras de recuperar la confianza de los mercados internacionales, varias cajas de ahorro han anunciado ya su intención de salir a bolsa para captar capital y cumplir con los requisitos de 'core capital' o capital básico de al menos un ocho por ciento. En el caso de las entidades no cotizadas en otoño, el mínimo exigido, aún por definir, estaría entre el 9 y el 10 por ciento.
Pero, además de los créditos en riesgo, las cajas han acumulado una ingente cantidad de activos inmobiliarios (mediante daciones en pago a cambio de cancelar deuda, en gran medida) que suman un valor bruto de 38.221 millones de euros, con una pérdida cubierta respecto al valor en libros del 26 por ciento.
De los que serán los dos mayores bancos cotizados, CaixaBank ya ha anunciado que sacará a una sociedad ajena los activos inmobiliarios para no perjudicar el balance del banco y BFA (producto de la fusión liderada por Caja Madrid y Bancaja) también ha reconocido que estudia esta posibilidad.
De facto, ambos bancos gestionarán una cartera superior a la de la mayoría de las inmobiliarias, por lo que tiene sentido su segmentación en una sociedad de carácter meramente inmobiliaria.
BFA, la tercera mayor entidad de crédito tras Santander y BBVA, aglutina el mayor volumen de créditos inmobiliarios o de promotores, con 15.112 millones de euros en créditos inmobiliarios o promotores considerados problemáticos por el Banco de España.
Del importe total, 7.370 millones de euros son considerados dudosos (con cobertura del 100 por ciento) y 7.742 millones son subestándar (al corriente de pago pero que presentan alguna debilidad que puede representar impago o pérdidas), cubierto al 74 por ciento.
Pero, además, el nuevo banco tiene adjudicados activos inmobiliarios por un valor neto contable de 7.402 millones de euros con minusvalías cubiertas desde su adjudicación estimadas en el 33 por ciento. Del importe total, poco más de 3.000 millones corresponden a suelo, un activo particularmente ilíquido y con una cobertura de pérdida desde su adjudicación de más del 40 por ciento.
"Por un lado están los créditos dudosos que, en función de la cobertura y de la potencial mejora de la economía pueden ser un problema relativamente salvable", explicó un analista.
"En activos en cartera la cuestión es distinta, aunque el mercado pueda mejorar en los próximos meses, es muy probable que la liquidación de edificios tenga pérdidas, como demuestran las altas tasas de cobertura presentadas, y hay que prestar especial atención al suelo adjudicado, un mercado particularmente errático e ilíquido", añadió.
Sin embargo, un analista inmobiliario explicó que, en términos generales, tanto las coberturas de créditos inmobiliarios como las de los activos son muy superiores a la caída de los precios de la vivienda en España que, según datos de Fomento, ha perdido un 13,1 por ciento de su valor desde los máximos de principios de 2008.
La Caixa es el segundo grupo con mayor exposición al acumular créditos dudosos y subestándar de 5.737 millones de euros y 4.651 millones de euros en inmuebles adjudicados en cartera con una asunción de pérdida cubierta de 1.095 millones de euros entre el precio de adquisición y el valor contable neto.
En el apartado de suelo, La Caixa tiene una exposición de más de 2.400 millones de euros teniendo en cuenta que ya ha provisionado 637 millones.
"Es un paso en la dirección adecuada y si sacan del balance del banco los activos inmobiliarios, los ratios de solvencia y capital de los cotizados alcanzarán los niveles exigidos", explicó el analista.
En un informe a clientes, Nomura explicó que la percepción del mercado puede mejorar tras los recientes pasos dados por las cajas. "La prueba clave será si las entidades son capaces de emitir a niveles suficientemente asequibles y pueden captar capital del mercado".
El grupo liderado por Caja Madrid ya ha dicho que ha tenido contactos positivos con inversores institucionales para su futura salida a bolsa.
En los próximos meses se podría ver, según los analistas, una carrera entre las cajas para ser las primeras en asegurarse el capital inversor con descuentos importantes.
"Las entidades se están dando prisa para ser las primeras y se tratará fundamentalmente de una cuestión de precio, por ejemplo en el caso de la salida a bolsa de La Caixa es está hablando de 0,8 veces libros y a ese precio creo que sí hay interés inversor", dijo el analista de Espirito Santo.
Entre las exposiciones que más preocupan a los expertos se encuentra Unnim, que cifra sus créditos dudosos y subestándar en 1.241 millones de euros y tiene un nivel de cobertura específico para estos activos de 215 millones. En el otro extremo estarían entidades como Banco Base, que aún con un elevadísimo nivel de crédito de riesgo (más de 9.000 millones entre dudosos y subestándar), tiene coberturas muy altas.

El Gobierno quiere ayudar "lo menos posible"

Ayudar a "todas aquellas que sea necesario, pero realmente las menos posible": este es el mensaje del Gobierno a las cajas de ahorro, que deberán buscar primero capital privado para refinanciarse, dijo el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. 

"La recapitalización del sistema financiero, en la medida de lo posible, debe hacerse a través de fuentes privadas", insistió Campa en una entrevista realizada en Madrid.
José Manuel Campa viajó este martes a París y mañana miércoles lo hará a Londres para hacer "una presentación para inversores y analistas" sobre "la estrategia (de emisión) de deuda (española) para el año 2011". "Aprovechamos también para explicar la coyuntura económica y las principales decisiones de política económica que se han tomado", añadió.
Mientras los mercados siguen dudando de la solidez financiera de España, el Gobierno apuesta por tranquilizarles con su nuevo plan de recapitalización de las cajas de ahorros, talón de Aquiles del sector bancario español.
El Gobierno ha dado hasta septiembre a las 17 cajas de ahorro para refinanciarse, considerando que necesitarán para ello unos 20.000 millones de euros (27.451 millones de dólares), un monto considerado pequeño por los analistas, algunos de los cuales llegan a cifrar estas necesidades en 100.000 millones.
"Los datos preliminares (de los balances de las cajas de ahorro, ndlr) apuntan a esta cantidad" de 20.000 millones, explicó Campa, que no excluye "necesidades adicionales de capital" y considera que hay "un plazo razonable" para dejar a estas entidades encontrar el capital que necesiten.
Si de aquí a septiembre algunas cajas no logran tener inversores privados, entonces "el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, fondo público de ayuda al sector, ndlr) entraría como accionista minorista" en su capital, con la condición previa de que esas cajas se transformen en bancos tradicionales.
Percibida como una nacionalización parcial, se trata de hecho, según Campa, de una "participación de carácter temporal (cinco años máximo, ndlr), nunca con ilusión de permanencia y vinculada a un plan de viabilidad de la entidad y de reestructuración que garantice la facilidad con la que el Frob pudiera salir de esta inversión".
"El objetivo final va a ser que estas entidades sean claramente entidades bien capitalizadas, solventes, rentables y con el funcionamiento normal de los mercados de capitales privados", declaró.
El estatus de cajas de ahorro, heredado de los montes de piedad del siglo XVIII, sigue siendo un concepto mal entendido por los inversores extranjeros.
Pero "con transparencia y solvencia, la credibilidad del sistema financiero (español) está garantizada", consideró el secretario de Estado.
Tras un año 2010 "de transición", "2011 será el año del principio de la recuperación", señaló, confirmando las metas del Gobierno en términos de crecimiento (1,3%) y de déficit (6% del PIB), siendo este último criterio "un objetivo absoluto e incondicional, que no depende de la evolución del ciclo económico".
Mientras que "el desempleo fue una mala estadística" para España, con una tasa del 20,33% a finales de 2010, un récord en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2011 permitirá una "pequeña creación de empleo" gracias a la vuelta al crecimiento, estimulado, según Campa, por las exportaciones y el consumo.
El Gobierno se había mostrado demasiado optimista para 2010 (preveía un 19,6%) y afirmó haberse "sorprendido" por el alza de la población activa total en el segundo semestre, lo que automáticamente elevó la tasa de desempleo. No obstante, sigue teniendo por objetivo un 19,3% en 2011.

90.000 millones en activos inmobiliarios dudosos

Las cajas de ahorro españolas acumulaban a finales de diciembre alrededor de 90.000 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos, según un cálculo realizado a partir de los datos que han publicado a petición del Banco de España.

Un total de 15 cajas de ahorro revelaron así su exposición al sector, muy afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2008, en el que detentan 164.900 millones de euros en créditos o activos inmobiliarios.
De este total, 29.400 millones de euros corresponden a créditos morosos, 27.500 millones de euros son de créditos "subestándar", en riesgo de impago, y 33.100 millones de euros son activos inmobiliarios adjudicados, procedentes de desahucios o que no han tenido compradores.
Otras dos cajas, Caixa Ontivent y Caixa Pollensa, todavía no han suministrado sus datos. Preguntada a este respecto, una portavoz del Banco de España aseguró que "no hay límites en términos de fecha", mientras que muchos medios españoles afirmaban este martes que el periodo expiraba en la noche del lunes. "Deben hacerlo antes o durante la presentación de sus resultados para 2010", explicó.
El Banco de España había solicitado esta información a las 17 cajas de ahorros para mejorar su transparencia, mientras los mercados siguen dudando de su solidez financiera y el Gobierno ha iniciado un nuevo plan de recapitalización de las mismas la semana pasada.
El Ejecutivo llamó a las cajas de ahorro a buscar de aquí a septiembre los alrededor de 20.000 millones de euros, que según el Banco de España necesitan, en el mercado privado, lo que ha llevado a algunas cajas a convertirse en bancos convencionales. De lo contrario, el Gobierno plantea la posibilidad de una nacionalización parcial por un periodo máximo de cinco años, que pasaría obligatoriamente por la conversión en banco.

Leche Pascual retirará antes del 15 de febrero su zumo refrigerados tras el pleito con Don Simón

MADRID.- Grupo Leche Pascual ha comunicado a las empresas de distribución su decisión de retirar de los lineales de frío de los establecimientos su producto refrigerado Zumo Pascual antes del próximo 15 de febrero, según una circular.

   La compañía sustituirá el producto por otro nuevo "de igual calidad" y con un nuevo diseño, dijeron fuentes de Zumos Pascual.
   Esta decisión se produce como consecuencia del auto del juzgado de lo Mercantil de Burgos que da la razón a la mercantil murciana J. García Carrión, propietaria de la marca 'Don Simón', y obliga a la retirada de los zumos Pascual del lineal de frío en tres meses. El juez determina que la empresa burgalesa ha incurrido en competencia desleal y engaño al consumidor, al comercializar sus zumos como refrigerados sin serlo.
   Leche Pascual presentó un recurso de reposición por este auto y tiene recurrido este conflicto ante el Tribunal Supremo, pero con independencia del resultado de estos recursos en trámite, ha decidido "cumplir la literalidad del fallo". Así, sustituirá el producto por otro nuevo que "mantiene las condiciones organolépticas y los estándares de calidad clásicos del Zumo Pascual".

El presidente de Navantia destaca "más de 40" acciones comerciales en "casi todos" los países

SAN FERNANDO.- El presidente de Navantia, Aurelio Martínez, ha asegurado que la empresa está yendo "a todas las posibilidades que aparecen a nivel mundial" y que la compañía tiene "más de 40 acciones comerciales en casi todos los países" en estos momentos. 

   En declaraciones a los periodistas, Martínez ha manifestado que se están haciendo "todos los esfuerzos comerciales que se pueden", aunque ha recordado que no es una decisión que le toque solo a Navantia. En este sentido, ha añadido que "de momento, objetivamente, no hay nada", aunque ha señalado que hay países con los que se tiene "posibilidad" y cree que la solución se va alcanzar "en los próximos meses". 

   El presidente de Navantia ha explicado que el mundo está creciendo a más del cuatro por ciento, lo que significa que hacia Latinoamérica o incluso África tienen tasa de crecimiento importante. No obstante, ha puntualizado que Navantia está haciendo un "esfuerzo" para acudir a aquellos países que tienen más recursos. 

   En cuanto a las relaciones comerciales con Venezuela, ha señalado que es el contrato de exportación más importante hecho en Navantia. Asimismo, ha manifestado que su deseo es "continuar" y que le "consta" que Venezuela está "muy satisfecha".

El PSOE estima en mil millones la deuda "real" del SMS y pide la comparecencia de Palacios en la Asamblea

MURCIA.- El responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Domingo Carpena, ha solicitado la comparecencia de la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, en la Asamblea Regional para que explique la situación económica del Servicio Murciano de Salud (SMS), ya que, subrayó, "actualmente se calcula que la deuda real es de 1.000 millones de euros". 

   Y es que, apostilló, "una vez finalizado el año 2010 y a punto de finalizar la VII legislatura, para la que quedan apenas cuatro meses, se hace necesario conocer la situación real económica y financiera del Servicio Murciano de Salud y su evolución desde el año 2007, cuando empezó la actual legislatura, dada la situación actual de las finanzas de la Comunidad".
   El diputado recordó que al inicio de esta legislatura, a 31 de diciembre de 2006, el déficit era de 286 millones de euros, mientras que a 31 de diciembre de 2009, ya alcanzaba 841 millones, con lo que se ha triplicado. Tras lo que Carpena se preguntó si también se ha triplicado la población y afirmó que "de ninguna manera".
   Igualmente, cuestionó si se ha reducido el triple la lista de espera. A lo que respondió que "en absoluto". De hecho, a finales de 2006, había menos de la mitad de pacientes en la lista de espera, "frente a las más de 24.000 personas que superaban los tiempos del decreto de demora a finales de 2009", incidió.
   Entonces, se cuestionó, "dónde se ha producido el déficit en estos cuatro años". Claramente, resaltó, "en el gasto farmacéutico por receta, donde existe un déficit superior a los 60 millones de euros", así como en conciertos con centros sanitarios privados".
   Así, añadió, durante los años 2007, 2008 y 2009 se acumula un déficit, entre lo previsto presupuestariamente y lo realmente gastado, de 90 millones de euros.
   Por tanto, "quién ha elaborado los presupuestos de Sanidad de la Región de Murcia, el presidente Zapatero o la consejera Palacios; quién ha gestionado los 7.000 millones de euros en estos cuatro años, el presidente Zapatero o la consejera Palacios", enfatizó.
   Carpena agregó que se sabe "con exactitud, que a 31 de diciembre de 2009, el déficit contable del SMS era de 841 millones, con una deuda a proveedores de 659 millones de euros. Al parecer, apuntó, "se han utilizado confirmings de más de 240 millones de euros", pero, insistió, "la deuda a finales de diciembre de 2010 se puede calcular en unos 1.000 millones.
   Además el parlamentario socialista considera necesario que la consejera explique en el Parlamento regional, la deuda con los farmacéuticos, con los centros sanitarios privados, con el personal sanitario, por las peonadas o con las empresas proveedoras, así como los préstamos pedidos y los intereses de demora.  
   En definitiva, remarcó Carpena en rueda de prensa, "Palacios debe aclarar a cuánto asciende la deuda global, la deuda a proveedores, los intereses de demora que se están pagando y se espera pagar, el tiempo de demora, los préstamos solicitados, la cuota a pagar y el tiempo de los mismos".
   Al hilo, ha criticado la gestión, "una vez más", llevada a cabo respecto a la gestión del gasto farmacéutico en 2010, donde la Región de Murcia, en los datos provisionales publicados, ha encabezado el incremento en toda España del gasto en recetas.
   Por ello, Carpena reta a la consejera a que en su comparecencia defienda y explique "los datos sesgados", que el director general de Planificación y Ordenación Sanitaria, ha colgado en la web institucional 'Murciasalud'.
   "La realidad es que de manera provisional se conoce que en 2010, el gasto en recetas ascendió a 420.249.000 euros" y recordó que lo presupuestado para este fin en 2010, fue de 410.000.000, es decir, que hasta que no se conozcan los datos de la Auditoría, que serán superiores, "de manera provisional solo en gasto en recetas se ha producido un déficit de más de 10 millones de euros", manifestó el diputado.

Saura advierte que Valcárcel debe 1.500 millones a sus proveedores, "lo que pone en peligro 50.000 empleos en la Región"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, pidió este martes al presidente Ramón Luis Valcárcel "que cumpla con los proveedores de la Comunidad, con las empresas, que no están cobrando y que se encuentran al límite, y muchas de ellas han tenido que cerrar".

   Y es que, subrayó, el líder socialista, "ahora mismo, la Comunidad Autónoma debe a sus proveedores 1.500 millones de euros, de los cuales 500 son de la Administración propiamente dicha, y en torno a 1.000 millones del Servicio Murciano de Salud (SMS)", lo que, según Saura, supone que "nuestra Comunidad está entre las más morosas de toda España".
   Pedro Saura sostiene que "Valcárcel ha entendido que una manera de financiarse es a costa de no pagar a los proveedores", así como que "esta parte de la deuda no financiera que tiene Valcárcel la está utilizando para financiarse y, al paso que va, va a ser más importante la deuda con los proveedores que la que tiene la Comunidad con el sistema financiero".
   "La deuda de la Comunidad con los proveedores está poniendo en peligro 50.000 empleos en la Región", insistió Saura, y advirtió que "esto supone que la Comunidad le debe de media 3.000 euros a cada familia murciana".
   "Valcárcel es la avanzadilla del PP para cargarse el Estado de las Autonomías", finalizó el socialista.

La Consejería de Sotoca exhibe su cara autoritaria en un intento de limitar derechos fundamentales de los profesores

MURCIA.- Los sindicatos Satse, UGT, CCOO, CSI-F, Sterm Intersindical, Anpe Murcia, Sidi y SAE, integrados en el Comité de Crisis contra la ley de recortes, han denunciado la carta "amenazante" que el director general de RRHH de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, José María Ramírez, ha remitido a los directores de los centros educativos de la Región en la que se "vetan las concentraciones o paros" en dichos centros, pretendiendo instaurar un "estado de sitio".

   En concreto, la carta "limita la libertad de expresión y el derecho de reunión", según ha denunciado públicamente el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Pedro Manuel Vicente, quien ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que los sindicatos se encuentran "más indignados que cuando se promulgó la ley" al entender que es "un golpe bajo a la buena fe negociadora".
   Por ello, ha exigido el cese del director general de RRHH de dicho departamento, ya que "es intolerable que se pretenda instaurar el desánimo de los trabajadores de la enseñanza".
   Además, ha criticado que sea la única dirección general de toda la Administración regional que "se dedica a enviar comunicados a los empleados con el único objetivo de desmovilizar, amenazar y boicotear cualquier acción de las organizaciones sindicales".
   Y es que, ha reprobado, "con el visto bueno del consejero Constantino Sotoca, está impidiendo cualquier acción que se esté llevando a cabo por los profesores, así como la posibilidad de comunicarse o hacer algún tipo de acción para informar a los padres, y la realización de concentraciones o paros en los centros".
   Asimismo, ha explicado Vicente, según se desprende del contenido de la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, "se exige a los directores el cumplimiento de cualquier tema en el centro educativo para que trasladen información, con nombres y apellidos, de quienes hagan cualquier tipo de acción; e impide la publicación o exposición de pancartas o de cualquier mural en espacios que no sean el sindical en los centros murcianos".
   Lo único que le preocupa al director general de RRHH, según Vicente, es que "los profesores hagan cualquier tipo de manifiesto en contra de una ley agresiva contra los derechos de los empleados públicos y supone el desmantelamiento del sector educativo".
   En opinión de Vicente, "se debería haber mandado una carta informando del recorte presupuestario en educación para este año, que en los centros se cifra entre un 15 y un 20 por ciento en gastos de funcionamientos, además de los recortes de plantilla".
   De este modo, las organizaciones sindicales que componen el comité de crisis han tachado de "intolerable" esta "ingerencia autoritaria y paternalista que tiene como finalidad instaurar el desánimo y la desmovilización entre los trabajadores de la enseñanza".
   Aunque algunos aspectos de la carta se limitan a recordar lo que todos los docentes conocen, "otros son claramente amenazadores", por lo que propicia que se esté creando "un clima enrarecido que puede entorpecer el posible diálogo entre el gobierno regional y las organizaciones sindicales".
   En la misiva remitida a los directores de los centros se expone que cualquier medida que suponga "una alteración de las actividades y proyectos contenidos en la Programación General Anual solo podrá ser realizada previa modificación de la misma y siguiendo el procedimiento reglamentado al efecto".
   Igualmente, señala que "no se podrán adoptar medidas que impliquen un abandono temporal de las funciones inherentes al puesto de trabajo, alteración de horarios o falta de atención al alumnado".
   "De producirse alguna de ellas, deberá ser comunicada a esta Consejería en cuanto la dirección del centro tenga conocimiento de la misma. Igualmente se comunicará cualquier incidente derivado de la alteración del ritmo normal de las clases", advierte.
   En la carta se recuerda, asimismo, que el único lugar del centro en el que se puede exponer publicidad relativa a los asuntos no oficiales es el tablón destinado a información sindical, de forma que la dirección del centro "velará para que no se exhiban pancartas o carteles que afecten a asuntos distintos de los fines de la actividad educativa".
   En esta misma línea, se recuerda que "no debe utilizarse el membrete del centro para comunicaciones distintas a los asuntos oficiales propios de la actividad educativa y no podrá utilizarse ordenadores, teléfonos, fotocopiadores o símbolos del centros para fines distintos de la mencionada actividad".
   Por último, expone que el director del centro "es el responsable del cumplimiento de todo lo anteriormente expuesta y efectuará las comunicaciones precitadas, velará por los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa a su cargo y por el uso adecuado de las instalaciones y materiales del edificio escolar".

García dice no estar preocupada por el proceso de conversión en banco de Cajamurcia, que no afecta a su Obra Social

MURCIA.- La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, ha dicho no estar preocupada "lo más mínimo" por el proceso de conversión en banco del SIP Mare Nostrum, integrado por Cajamurcia, Sa Nostra, Caixa Penedés y Caja Granada. Además, ha señalado que este cambio no afectará a la obra social de la entidad financiera ni al de Caja Mediterráneo (CAM), en su correspondiente 'bancarización'.

   En rueda de prensa, la consejera ha precisado que Cajamurcia "es de las cajas de ahorro más solventes", por lo que no está preocupada por la conversión en banco del SIP Mare Nostrum, en el que la entidad murciana representa el 41 por ciento.  
   No obstante, ha reconocido estar preocupada por el aumento del denominado 'core capital' de las entidades financieras, que supone "un aumento en la proporción de los fondos propios que es indeterminado, porque se habla de un ocho a un diez por ciento, lo que supone que el banco necesita un mayor apalancamiento financiero, es decir, menos recursos para prestar", añadió.
   Esto representa, para la consejera, un cambio en "las reglas del juego en tan poco tiempo", lo que no estima positivo "cuando, además, los bancos ya han empezado la carrera. Es como si uno empieza a jugar al fútbol y a mitad de partido se pone a jugar al baloncesto".
   García dijo estar preocupada por "el sistema financiero en su conjunto", porque, a su juicio, "lo que no se puede hacer es ese cambio de criterio y esa incertidumbre que se genera cuando en el mes de julio se aprueba un Real Decreto Ley por razones de urgente necesidad de reestructurar el sistema financiero y seis meses después se modifica cuando la mayor parte de esos 15 grupos que forman los SIP ya han empezado su camino".
   Todo ello, puntualizó, en un momento "tan complicado como el actual, en el que los mercados internacionales están cerrados, y en que el dinero está caro, porque estamos viendo cómo el diferencial está sometido a movimientos especulativos". Además, se trata de un momento en el que las entidades financieras "no pueden prestar más recursos porque necesitan dedicarlo a ese coeficiente y aumentar los recursos propios".
   Por ello, el aumento del 'core capital' "supone detraer liquidez del sistema para todos, y lo más importante, para las economías domésticas y para las empresas que, en definitiva, son las que necesitan de esa liquidez para seguir su actividad productiva, que son nuestro tejido empresarial y el que tiene que generar empleo", ha añadido García.
   Sin embargo, ha puntualizado que estos cambios "no afectan a la Obra Social porque en el Real Decreto aprobado en julio, la obra social en las SIP, que es el camino que se ha adoptado tanto por parte de Cajamurcia como de la CAM, queda en una Fundación, es decir, se queda en la caja propiamente dicha y se produce de los beneficios que general la bancarización".

Reprochan al alcalde de Archena que no mostrase interés en averiguar las causas del vertido al Segura

MURCIA.- El secretario de Medioambiente del PSRM-PSOE, Juan Pedro López, ha reprochado al alcalde que no mostrase ningún interés en averiguar las causas del vertido del pasado viernes 28 de enero al río Segura.
 
   Al tiempo que manifestó su satisfacción por la investigación abierta por la Confederación Hidrográfica del Segura para determinar las causas del vertido a su paso por la Vega Media, además de por el expediente iniciado para conocer al responsable de dicho vertido y por el aumento inmediato del caudal circulante del río Segura hasta los 5 m3/s y el cierre de todas las tomas de las acequias aguas abajo de Archena, con el objeto de diluir lo antes posible el vertido.
   Juan Pedro López, que también es portavoz del Grupo Municipal Socialista en la localidad, explicó que el alcalde del PP de Archena no sabía nada el día en que se produjo el vertido, y, lo más grave, añadió, "tampoco sabía nada ayer lunes, cuatro días después".
   La respuesta del alcalde de Archena, Manuel Marcos Sánchez, fue que "carecía de información sobre lo ocurrido, que no había emprendido acción alguna, y que esperaba los informes de Esamur". A juicio del portavoz socialista, esa respuesta "no es propia de un primer edil, como no lo es quedarse de brazos cruzados ante una situación tan grave".
   Para Juan Pedro López, "es triste que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Archena, con su alcalde a la cabeza, solamente esperen informes de terceros y no hayan emprendido acciones directas para conocer el vertido, que pone en evidencia y avergüenza la gestión medioambiental en el municipio y el desinterés de sus gobernantes", a pesar de que cuando se construyo la EDAR de Archena, "se nos vendió como una depuradora moderna y con capacidad suficiente para depurar todas la aguas, cuestión que ahora queda en evidencia".

Las matriculaciones en la Región bajan un 34,61% en enero de 2011 respecto al mismo mes de 2010

MURCIA.- La Región de Murcia registró 1.158 matriculaciones en enero de 2011, lo que supuso un 34,61 por ciento menos respecto al mismo mes de 2010, cuando hubo 1.771 operaciones de este tipo. Se trata de una disminución superior a la del conjunto de España del 23,39 por ciento en el mismo periodo, según informaron fuentes de la patronal de los concesionarios, Faconauto.

   En el conjunto del país, los concesionarios de automoción sólo fueron capaces de vender una media de un coche por cada cinco de sus empleados durante el mes de enero, lo que da muestras de la complicada situación que atraviesa el sector de la distribución en España.
   Faconauto advierte que, tras siete meses seguidos de caída en las ventas a particulares, los puntos de venta "no están en condiciones de mantener sus estructuras y que los concesionarios seguirán destruyendo empleo cualificado en los próximos meses".
   "No nos salen las cuentas. Si actualmente damos trabajo a unas 150.000 personas y en enero en el canal de particulares, que es la demanda real, sólo se matricularon 28.000 unidades, difícilmente podremos pagar las nóminas de nuestros trabajadores", ha dicho el presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold.
   El máximo responsable de la patronal considera que "se están recogiendo los "frutos" de haber quitado las ayudas directas a la adquisición y subido el IVA al mismo tiempo, lo que ha acrecentado la desconfianza de los compradores, que ya ni se plantean cambiar de coche".
   Según datos de Faconauto, el tráfico de clientes por las concesiones ha caído el mes pasado cerca de un 50 por ciento, lo que implica que las carteras de pedidos son testimoniales, situación que augura un mes de febrero en la misma línea.
   Faconauto recuerda que los coches que se dejen de vender ahora tampoco tendrán que pasar por un taller en los próximos años, por lo que la actividad de posventa, que hasta ahora era un "refugio" para los concesionarios, se verá muy mermada.
   En este sentido, advierte que, en breve, será inviable la presencia de un taller oficial en ciudades menores de 50.000 habitantes. Ante la "debilidad del mercado", los concesionarios "siguen haciendo un gran esfuerzo promocional para tratar de atraer a los compradores, rozando ya como media los 2.800 euros por coche.
   En cualquier caso, la patronal de los concesionarios considera que las Administraciones "tendrían que prever ya acciones revitalizadoras del sector, ya que sin un mercado nacional fuerte será difícil que las marcas sigan fabricando en España".
   Además, dice que el parón en las ventas "ha frenado también la renovación del parque automovilístico de nuestro país, cuya media de edad se acerca a los ocho años, con las implicaciones negativas que ello tiene sobre la seguridad vial y el medio ambiente".

Murcia registra el mayor aumento del precio de la vivienda usada en enero

MADRID.-El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia registró en enero un aumento del 1,8 por ciento, siendo la Comunidad Autónoma que obtuvo un mayo repunte, frente al descenso experimentado en el conjunto del país, que se situó en el -0,6 por ciento tras haber subido en diciembre un 0,1 por ciento, lo que ha situado el precio del metro cuadrado en 2.258 euros, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista.com.

   Según idealista.com, el mes de enero ha supuesto un "frenazo" en la caída de los precios en muchos de las mercados, pues se mantienen en diez las comunidades autónomas donde los precios han bajado. Además, el coste de la vivienda usada sólo se redujo en enero en 23 provincias y 29 capitales.
   De esta forma, siete comunidades autónomas mantuvieron sus precios al alza durante el mes de enero. Los mayores repuntes correspondieron  a Murcia (+1,8 por ciento), Canarias (+1,2 por ciento) y Galicia (+1 por ciento), mientras que los descensos más acusados se los anotaron Cantabria (-1,5 por ciento), Extremadura (-1,2 por ciento) y Asturias (-1 por ciento).
   Por su parte, Euskadi, con (3.495 euros por metro cuadrado) y la Comunidad de Madrid (3.173 euros/metro cuadrado) son las autonomías más caras y las únicas en superar los 3.000 euros por metro cuadrado. Por debajo se encuentran Cataluña (2.650 euros por metro cuadrado) y Baleares (2.380 euros).
   En el lado opuesto de la tabla, con los precios más baratos, se sitúan Extremadura (1.355 euros), Murcia (1.463 euros) y Castilla-La Mancha (1.559 euros).
   Idealista.com destaca en su informe que, por primera vez, no son mayoría las provincias donde bajan los precios, con sólo 23 descensos de un total de 50. Las caídas más significativas correspondieron a Pontevedra (-2,5 por ciento), Albacete (-1,8 por ciento) y Zamora (-1,7 por ciento), mientras que los mayores repuntes se los llevaron las provincias de A Coruña (+3,9 por ciento), León (+1,9 por ciento) y Murcia (+1,8 por ciento).
   El 'ranking' de las provincias más caras se mantiene sin novedades, encabezado por las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, con 3.715 euros y 3.572 euros, respectivamente. Tras ellas se sitúan Madrid (3.138 euros) y Barcelona (2.912 euros). Álava se queda en quinto lugar, con 2.807 euros.
   Por el contrario, un mes más Badajoz (1.316 euros) se consolida como la provincia española más económica, seguida por Ourense (1.356 euros) y Ávila (1.365 euros).

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