López Abad salió de la prisión de
Navalcarnero tras depositar ayer mañana la fianza, según informaron fuentes judiciales. El
ex director general de la CAM ha permanecido cinco días en esta prisión
tras dictar la semana pasada Gómez Bermúdez la orden de prisión eludible
bajo fianza de un millón y medio de euros. López Abad ha estado en total seis días en las prisiones de Soto del Real y Navalcarnero (Madrid).
El ex director general de la CAM está siendo investigado
por haber desviado 247 millones a un paraíso fiscal en el Caribe.
El magistrado ordenó igualmente el ingreso en prisión bajo fianza de 400.000 euros del que fuera director general de
empresas de la CAM Daniel
Gil,
que abono la cuantía en tan solo 12 horas.
Gómez Bermúdez justificó su decisión en
el riesgo de fuga y en el elevado patrimonio de ambos, para los que la
Fiscalía había pedido fianzas de 2 millones para López Abad y de 500.000
euros para Gil.
Sin embargo, el magistrado las rebajó porque
López Abad tiene bienes bloqueados y embargados en la pieza principal de
la CAM, por la que le impuso una fianza solidaria de 35 millones de
euros, rebajada el pasado octubre a 27 millones.
Según Gómez Bermúdez, López Abad y Gil
"están en los dos escalones superiores de la CAM" y desempeñaron un
"papel esencial" en las decisiones sobre la financiación de proyectos
por parte de la sociedad Valfensal, de la que la CAM poseía el 30 %.
Añade que los
exdirectivos de la CAM no tuvieron "ningún reparo" en situar inversiones
de la caja "en territorio calificado de paraíso fiscal".
Eso
sucedió cuando los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó -a
los que también ordenó detener, pero que están en paradero desconocido-
les anunciaron su intención de adquirir una sociedad a la que desviar
los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en
México, Costa Rica y la República Dominicana.
La estructura
fiscal se creó con el asesoramiento del asesor fiscal del despacho de abogados
Garrigues, Jaime Escrivá, que defendió en varios
informes la legalidad de la utilización de una sociedad pantalla
-Jacksonport Corporation, domiciliada en Curazao- para canalizar los
beneficios de Valfensal.
Esos informes fueron utilizados por
López Abad y Gil para justificar ante los órganos de control de la CAM
la legalidad de la estructura societaria, "venciendo así toda
posibilidad de resistencia por parte de los órganos de la caja
Gómez Bermúdez, por otro
lado, dejó en libertad al exdirector de la División Internacional y
Negocio Hotelero de la entidad César Véliz y al antiguo director de
Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) –filial de la caja-
Vicente Sánchez.
También quedó en libertad el empresario Francisco Climent, que fue
director económico de Valfensal, la sociedad matriz de la trama
defraudatoria.
El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Luis
Rodríguez Sol, había solicitado una fianza de dos millones de euros para
López Abad y de 500.000 euros para Gil.
El juez imputa a López
Abad, Gil, Véliz, Climent y Sánchez delitos contra la Hacienda Pública,
falsedad documental, falsedad contable, administración desleal y
apropiación indebida.
Gómez Bermúdez dictó el pasado martes un total
de cinco órdenes de detención, pero dos de los reclamados –los
empresarios alicantinos José Baldó y Juan Vicente Ferri- no
fueron finalmente arrestados por encontrarse en el extranjero. La
Guardia Civil detuvo además a seis personas por iniciativa propia.
El
instructor de la Audiencia Nacional sostiene que los imputados
aprovecharon el desembarco de la CAM en la sociedad Valfensal –creada en
2003 y de la que poseía el 30 por ciento- para captar dinero de la
entidad y desviarlo a través de empresas pantalla hasta las
Antillas Holandesas (la actual
Curaçao), un paraíso fiscal.
Los
empresarios Juan Vicente Ferri y Jose Baldó y los entonces directivos
de la CAM López Abad, Gil y Véliz elaboraron y pusieron en marcha un
plan mediante el cual obtenían de la entidad la financiación necesaria
para invertir en la compra de hoteles en el Caribe, principalmente en
México y la
República Dominicana, a través de Valfensal.
Los
imputados, una vez garantizada la financiación de Valfensal,
adquirieron la sociedad
Jacksonsport Corporation, radicada en las
Antillas Holandesas y que utilizaron como empresa pantalla para sus
negocios irregulares. La trama utilizó en concreto esta sociedad para
concentrar la mayor parte de los ingresos que obtenían con sus hoteles.
La
trama falseó la contabilidad de Valfensal para que no repartiera
dividendos, con lo que sustraían el dinero que debía retornar a la CAM y
lo desviaban a Curaçao.
La
Intervención General de la Administración del Estado
ha tasado en 333 millones de dólares (247 millones de euros) los
ingresos sustraídos a la entidad y derivados a la sociedad Jacksonport
entre 2004 y 2011.
Los autos de prisión dictados por Gómez Bermúdez
señalaron a modo de ejemplo que la trama dejó de pagar a Hacienda en los
ejercicios de 2009, 2010 y 2011 un total 5.280.685 euros, “lo que en el
mejor de los casos supone la comisión de tres delitos fiscales
castigados con penas de hasta cuatro años de prisión cada uno”. El juez
añadió que los empresarios, con la ayuda de López Abad y Gil, “habrían
estado eludiendo el pago de impuestos a la Hacienda Pública española en
los últimos nueve ejercicios tributarios”.
Gómez
Bermúdez aseguraba en el auto que los detenidos podrían fugarse a las
Antillas Holandesa, territorio “con el que no existe convenio de
extradición”. “Cuentan con medios económicos y relaciones con el
exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose
en Curaçao”, apuntaban los autos de prisión.
El juez señaló además
que López Abad “ha cobrado recientemente una indemnización de 3.888.000
euros” y añadió que “ha adquirido una casa en México por casi 600.000
euros”. Gil, por su parte, cobró en febrero de 2011 “algo más de
1.000.000 de euros”.
