MADRID.- El Tribunal de Cuentas detectó bastantes incidencias en los contratos celebrados en los ejercicios 2013 y 2014 en entidades locales de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia y, por ello, reclamó "mayor rigor" y "control", especialmente en las fases de preparación y adjudicación.
Así lo pone de manifiesto el organismo fiscalizador en el
informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de
estas cinco comunidades autónomas -que carecen de órgano de control
externo propio- en los ejercicios 2013 y 2014.
En el citado informe, el Tribunal de Cuentas detalla las
múltiples incidencias detectadas que están relacionadas con la
preparación de los contratos, la tramitación de los expedientes, los
criterios de adjudicación y la adjudicación, el afianzamiento de los
contratos y en su ejecución.
Muchas de estas "deficiencias" ya fueron advertidas por el
organismo fiscalizador en su informe del ejercicio 2012. Por ello, el
Tribunal de Cuentas sostiene que los órganos de contratación "deberían
establecer mecanismos" para llevar a cabo el seguimiento del
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en materia de
contratación para "depurar y mejorar la gestión de este área clave de la
actuación local".
El citado informe explica que muchas de las incidencias se
produjeron durante las actuaciones preparatorias de los expedientes
contractuales y reclama a las distintas regiones que incorporen en
dichos informes las existencia de "necesidades públicas" que fundamenten
la celebración del contrato.
También percibe una "insuficiente" determinación del objeto
en los pliegos de cláusulas administrativas ya que, en la mayoría de los
casos, no se concretan las características, requisitos y condiciones de
varios contratos "cuando estos extremos deben fijarse unilateralmente
por la Administración antes de la licitación".
También ve falta de definición en los criterios de
adjudicación de varios de los pliegos de cláusulas administrativas
analizados; y advierte del "carácter desproporcionado o anormal" que
existe en las ofertas presentadas a la licitación en algunos de los
contratos.
De hecho, el Tribunal de Cuentas avisa de que existen
aspectos que no se ajustan a la normativa de contratación y de que otros
no resultan conformes "con los principios de publicidad, transparencia y
objetividad" que han de informar la contratación pública.
Controles para el correcto cumplimiento
En relación con la ejecución de contratos, el órgano
fiscalizador observa incidencias al no acreditarse la "correcta y
completa" ejecución del objeto del contrato o "no haberse ejercido por
las entidades locales los correspondientes controles para asegurar su
correcto cumplimiento".
Y habla de "significativas demoras" en la ejecución de
algunos de los contratos analizados y ve "algunas" incidencias en la
facturación de otros.
Además, las entidades locales de las citadas comunidades
autónomas también incumplieron "en su mayoría" la obligación de remitir
al Tribunal de Cuentas la información contractual correspondiente a los
ejercicios 2013 y 2014. Aunque posteriormente, a expresa solicitud del
órgano fiscalizador, sí lo reenviaron más del 90% de entidades locales.
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas realiza más de una
decena de recomendaciones a las entidades locales objeto de la
fiscalización -en 2013, un total de 1.927 entidades; y en 2014 un total
de 1.923-.
El organismo fiscalizador recomienda a las entidades locales
de estas regiones que tramiten con "mayor rigor" las fases de
preparación y adjudicación de los contratos, para que no se produzcan
modificaciones que implican "demoras y retrasos" en los mismos que
"implican incremento de costes y desviaciones temporales".
También pide a las entidades que acrediten "con precisión"
la necesidad de celebrar el contrato público y que se faciliten con
"mayor claridad y precisión" los criterios de adjudicación.
Asimismo, les reclama que adopten las medidas necesarias
para establecer un mayor control en la ejecución de los contratos para
garantizar el cumplimiento de los plazos, y que utilicen los mecanismos
previstos en la normativa para exigir responsabilidades a los
contratistas si procede. Además, insta a las corporaciones locales a que
sean más "eficaces" en la gestión del gasto derivado de la
contratación.
