viernes, 13 de octubre de 2023

La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Murcia por el incendio de Atalayas, que se ha personado en diligencias


MURCIA.- La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha iniciado una investigación para determinar si el Ayuntamiento de Murcia incurrió en responsabilidad civil o penal en los incendios de las discotecas de la zona de ocio de Las Atalayas, que se cobraron la vida de 13 personas. Así lo ha confirmado el fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, en declaraciones a Onda Regional.

En concreto, Díaz Manzanera ha señalado que la Fiscalía "ha iniciado ya la investigación del apartado relacionado con la actuación del Ayuntamiento" y, de hecho, ha incoado diligencias de investigación penal "con la finalidad de recabar toda la documentación de los diferentes expedientes administrativos, de la índole que sea, en relación con los locales" calcinados.

"Ya iremos concretando si existe algún tipo de irregularidad en esa actuación y las consecuencias, en su caso penales y civiles, que puedan derivarse de esa actuación", ha apostillado.

En cuanto al posible llamamiento de responsables políticos municipales de la Corporación actual o anterior, ha señalado que "ahí no se descarta nada, de los anteriores o de los actuales, ya sean responsables políticos o los responsables funcionarios".

En este sentido, ha asegurado que van a reclamar "todo" y, "posiblemente", la Fiscalía tendrá que pedir explicaciones y llamar a declarar a funcionarios o cargos políticos "en el concepto de testigos o investigados, ya veremos".

"Puesto que el Juzgado no se va a centrar, ahora mismo, en ese auto apartado de la posible actuación del Ayuntamiento, es el fiscal el que va a recabar esa información", tal y como ha precisado Díaz Manzanera.

"Después, a raíz de esa documentación que recibamos y de las conclusiones a las que lleguemos, se aportarán al procedimiento judicial y, en su caso, lo mismo se puede llevar también por separado en un procedimiento judicial distinto", ha aclarado.

Díaz Manzanera también se ha referido al hecho de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes la personación del Consistorio en las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia en relación al incendio de las discotecas de la zona de ocio de Las Atalayas.

Al personarse en el procedimiento penal, que se encuentra bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento de Murcia podrá conocer todas las actuaciones que se han realizado y ejercer todas aquellas acciones que sean necesarias para la defensa del interés público, incluidas las responsabilidades que proceda exigir a las sociedades mercantiles que hayan podido incumplir la legalidad.

"Si se considera que el Ayuntamiento puede tener responsabilidades, casi seguro que se va a denegar la personación en concepto de acusación", ha zanjado a este respecto.

Cabe recordar que el incendio, que se registró el pasado 1 de octubre, costó la vida de 13 personas y el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia se ha hecho cargo del caso. La Policía Nacional sigue investigando el origen del fuego.

El aeródromo de Murcia-Corvera no logra remontar los resultados que tuvo en 2019


MURCIA.- El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) gestionó un total de 729.985 pasajeros desde enero hasta septiembre de este año, lo que implica un crecimiento acumulado del 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a todo, esta cifra queda un 19,3% por debajo del resultado del 2019, un año que aún no se ha conseguido superar.

En lo relativo a los vuelos durante estos mismos meses, éstos aumentaron un 0,5% con 5.431 operaciones registradas, según informaron fuentes de Aena en un comunicado.

En relación a los viajeros de septiembre, el aeropuerto murciano gestionó 111.457 pasajeros, lo que supone un incremento de tráfico del 5,4% respecto al mismo mes de 2022. En cuanto a la comparación con el 2019, este crecimiento no resulta suficiente para superar las cifras prepandemia, pues los viajeros siguen un 14,6% por debajo de aquel récord de afluencia.

De la cifra total de viajeros registrada en septiembre, 110.455 correspondieron a pasajeros comerciales. De ellos, el tráfico internacional fue nuevamente el mayoritario, y superó en un 3,8% las cifras de 2022 con 98.523 viajeros registrados.

Los pasajeros nacionales también crecieron en septiembre con 11.932 viajeros registrados, un 12,4% más.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto murciano gestionó 799 movimientos en septiembre, un 5% más respecto a los vuelos de 2022.

Los precios ya crecen hasta septiembre un 3,9% en la Región


MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de la Región de Murcia subió un 3,9% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, nueve décimas por encima de los datos de agosto, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa interanual de la Región de Murcia (3,9%) se situó cuatro décimas por encima de la media en España (3,5%), y solo por detrás de Canarias (+4,3%); Cantabria (+4,1%) y Baleares (+4%), es decir, que ha registrado el cuarto mayor incremento por comunidades autónomas

Por otro lado, el IPC aumentó un 0,2% en la Región de Murcia en septiembre con respecto al mes anterior, y en lo que va de año creció un 3,2%.

Por grupos, los más inflacionistas en términos mensuales en la Región fueron Transporte (1,2%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (1%); Vestido y calzado (0,6%); Vivienda y Menaje, ambos con un 0,4%; Hoteles, cafés y restaurantes (0,3%); y Otros (0,1%).

Por contra, la congelación de precios en Enseñanza y el descenso experimentado en Ocio y Cultura (-3,4%); Medicina (-0,6%); Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,4%); y Comunicaciones (-0,2%) evitaron un aumento mayor de la cesta de la compra en la Región de Murcia en septiembre.

MC impulsa la comarcalización regional al instar a la Asamblea a poner en marcha de inmediato el proceso


CARTAGENA.- Movimiento Ciudadano (MC) ha registrado una solicitud de Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cartagena con objeto de que se inste a la Asamblea Regional a poner en marcha de forma inmediata el proceso de comarcalización, sirviendo como base para el desarrollo legislativo la "Proposición de Ley de Creación de la Comarca del Campo de Cartagena" elaborada por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, Francisco Manuel García Costa, presentada el 15 de marzo de 2017.

Esta solicitud, que han dado a conocer la coordinadora regional de MC, Esther Guzmán; el portavoz municipal de la formación cartagenerista, Jesús Giménez Gallo; y el concejal de MC, Juan José López Escolar; fue anunciada el pasado martes en la reunión mantenida en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), y que contó con representantes de partidos independientes de esta Región tales como Unidad por Alguazas UxA, MC Cartagena, CIFA Fuente Álamo, UID Mazarrón, Pleamar San Javier, AISP San Pedro del Pinatar y Partido Independiente de Torre Pacheco, junto a la Plataforma 2es+.

Según la coordinadora regional de MC, Esther Guzmán "de esa reunión, al menos dos grupos independientes manifestaron que iban a hacer llegar esa propuesta a sus ayuntamientos, a través de mociones similares a la nuestra".

Y ha hecho especial hincapié en "plasmar nuestro máximo interés en la comarcalización, tema que ya llevábamos en nuestro programa electoral y que MC quiere desarrollar de forma contundente. 

Así, este tipo de reuniones con grupos independientes con inquietudes similares se van a mantener. De hecho la próxima va a ser en Torre Pacheco. Manifestar ese interés de MC de luchar por la comarcalización, por esa segunda descentralización que siempre hemos venido promulgando".

El mecanismo se va a poner en marcha

Por su parte, el líder cartagenerista Jesús Giménez Gallo, ha indicado que "contamos con que tanto el ayuntamiento de Torre Pacheco, como el de Fuente Álamo y el nuestro lo deben aprobar, en cuanto llegue la solicitud por parte de tres ayuntamientos, entendemos que el mecanismo se va a poner en marcha. No creemos que vayan a ser tan perezosos los diputados de la Asamblea".

Y añade que, "habría que preguntarles: Ustedes, después de estar 41 años sentados en Cartagena, en la Asamblea Regional, cobrando de los habitantes de toda la Región, no les da un poquito de vergüenza no haber comarcalizado, no haber establecido reglas, y que tengan que venir estos señores de MC desde Cartagena a recordárselo. Van a dar lugar a que les llegue el papel o se van a poner a hacerlo ya".

Para Giménez Gallo, "conscientes de la infrafinanciación, una de las cuestiones que tenemos claras es que las diputaciones provinciales mejoran en mucho la vida de los ciudadanos, porque al final el Estado envía directamente fondos a esa diputación provincial, que lo gestiona en beneficio de los ciudadanos, y dejamos de estar pendientes de lo que pase, en este caso, en San Esteban".

Y pone especial énfasis en que, "para nada MC deja de reivindicar la provincia, lo que no hacemos es mientras que avanzamos en la provincia, dejar de reivindicar las comarcas, porque esa segunda descentralización es regional, sin perjuicio de que haya una Provincia de Cartagena, que debe restituirse ayer mejor que hoy. Pero la Región debe tener también sus comarcas".

La Región de Murcia cuenta con 2.400 explotaciones equinas y más de 10.000 caballos, la mitad de pura raza española


LORCA.- La Región de Murcia cuenta con más de 2.400 explotaciones equinas y con 10.100 caballos, de los que la mitad son de pura raza española, además de 62 explotaciones inscritas en el registro de explotaciones equinas para la práctica ecuestre y tres Asociaciones Ganaderas de Defensa Sanitaria. 

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ofreció estos datos hoy durante su participación en la inauguración de la Feria Internacional del Caballo de Lorca (Fericab), que contará este año con la presencia de más de 140 caballos de 80 ganaderías nacionales e internacionales.

"En la Región de Murcia tenemos la suerte de contar con Fericab, la segunda feria del circuito nacional tras la de Córdoba, que reunirá a los mejores profesionales del sector con un completo programa", explicó la consejera, que citó el concurso nacional de doma clásica 'Copa ANCCE', el espectáculo ecuestre 'Así siente mi tierra' y las exhibiciones y ponencias programadas.

Esta feria "sitúa a Lorca como una de las grandes citas del calendario internacional y nos permite reafirmar la posición del sector ecuestre de la Región de Murcia como pieza clave para la protección y desarrollo de nuestro medio rural como atractivo turístico, incentivo económico y fundamental para la fijación de la población en nuestros territorios", destacó la consejera.

En el ámbito del sector equino, la Comunidad cuenta en el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (Cifea) de Lorca con un centro de sementales que dispone de un banco genético pionero de caballos de raza española, de carácter civil, que contribuye con actuaciones de apoyo a la calidad de los sementales y atiende las demandas de programas de formación por parte de los ganaderos.

Todos sus ejemplares han sido calificados aptos sanitariamente frente a las enfermedades de control oficial que marca la normativa, requisito obligatorio que garantiza la más alta calidad sanitaria de los animales y de las instalaciones.

Los patinetes no podrán circular por aceras y zonas peatonales de la ciudad de Murcia


MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes la primera ordenanza de movilidad de la historia del municipio, que contempla la prohibición de circulación de patinetes en aceras y el resto de zonas peatonales.  

Se cubre, de esta forma, "un vacío regulatorio" y un problema, reconoce el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, que ha avanzado que la aprobación definitiva de dicha ordenanza previsiblemente será en noviembre, después de varios trámites.

Aunque el objetivo de la misma no es sancionador, recoge multas que van desde los 100 hasta los 500 euros, según sean leves, graves o muy graves.

Este texto, que era "una demanda social por el uso que tiene este tipo de modo de transporte en el municipio", también sitúa en 15 años la edad mínima para el uso de vehículos de movilidad personal y prohíbe la circulación de más de un usuario en el patinete.

Además, recoge que será recomendable el uso del casco para los usuarios del patinete a partir de 16 años, siendo obligatorio cuando circulen por vías interurbanas.

Destacar también que las zonas preferentes para la circulación de los patinetes serán los carriles bici "marcados sobre aceras a velocidad moderada y no excediendo de 10 km por hora, calles de plataforma única con zonas limitadas de 30 y 20 km por hora y calzadas de ciclocalles y otras vías, donde la limitación de velocidad para la circulación esté a un máximo de 30 km por hora".

También es recomendable para los usuarios de los patinetes que dispongan de un seguro de responsabilidad civil con cobertura en caso de accidente para daños a terceros, daños personales o daños materiales.

Llegan a las costas de la Región 15 pateras con casi 200 inmigrantes argelinos a bordo, entre ellos 15 menores


CARTAGENA.-  Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado durante la tarde-noche de este jueves un total de 15 embarcaciones con 184 inmigrantes a bordo, entre ellos 162 varones adultos, siete mujeres y 15 menores, todos de nacionalidad argelina. 

Las dos primeras fueron interceptadas en Cabo de Palos y el resto frente a Monte Cenizas, en la localidad de Cartagena, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

Tras ser reconocidos por Cruz Roja, que confirmaron su buen estado de salud, fueron entregados a Policía Nacional en Cartagena.

La Delegación del Gobierno ha reconocido el "incansable trabajo de los profesionales de Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo y Cruz Roja en el rescate y auxilio de estas personas".

Mueren 21 trabajadores en accidente laboral hasta agosto en la Región de Murcia


MURCIA.- Un total de 21 trabajadores fallecieron en accidente laboral entre enero y agosto de 2023 en la Región de Murcia, nueve menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 30%, según datos provisionales publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Del total de decesos registrados en la Región, 16 tuvieron lugar durante la jornada laboral y 5 'in itínere', esto es, al ir o al volver del lugar de trabajo. En concreto, 20 de los siniestros mortales fueron de asalariados y uno de un trabajador autónomo.

El número de accidentes con resultado de baja en la Región ascendió a 14.285 en los primeros ocho meses de 2023, de los que 12.539 se produjeron en jornada y el resto --1.746--, 'in itínere'. El 95% afectó a trabajadores por cuenta ajena.

La actividad económica que registró un mayor número de accidentes durante la jornada laboral en la Comunidad fue la relacionada con la industria manufacturera (2.845), seguida de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1.972), construcción (1.744); comercio (1.638) y administración y servicios auxiliares (1.249).

Soldadito español / Alfonso Ussia *


En 1927 se estrenó en Madrid la zarzuela del maestro Jacinto Guerrero La Orgía Dorada. Una mañana cualquiera, don Jacinto se sumó a la tertulia de «Molinero» que frecuentaba mi abuelo materno, don Pedro Muñoz-Seca.

—Perico, en mi nueva obra, La Orgía Dorada, se incluye una marcha militar y he pensado que sólo tú puedes escribir su letra.
 
Don Pedro no tenía buen oído, y don Jacinto, en su casa, en un viejo gramófono – en aquellos tiempos novísimo invento–, le repitió una y otra vez la melodía de la marcha.
 
—Ya lo tengo —le dijo de sopetón Muñoz-Seca. Y escribió, en apenas una hora, El Soldadito Español.
 
De don Pedro Muñoz-Seca se conocen sus obras teatrales, y con especial entusiasmo La Venganza de Don Mendo, que ha cumplido más de un siglo de vida y sigue llenando los teatros. Se trata, junto al Tenorio de Zorrilla, de la comedia más representada en la historia del teatro español. 
 
Pero su letra del Soldadito Español pasó desapercibida. Los derechos de autor de don Pedro, como los de todos los autores, se liquidaron hasta los ochenta años posteriores a su muerte. En El País y la SER, se escribiría y diría que «fue hallado muerto» en el llano del sopié de Paracuellos del Jarama. 
 
Lo cierto es que murió asesinado por un pelotón formado por socialistas y comunistas, y que compartió su sacrificio, en madrugadas diferentes, con cinco mil compatriotas más, un centenar de menores entre ellos. Sus herederos, entre ellos mi madre, cuando recibían la liquidación se asombraban por los derechos devengados del Soldadito Español.
 
En el CIR 16 de Camposoto, San Fernando, donde tuve el honor de servir a España durante quince meses, fui reclamado al despacho del Teniente Coronel Jefe de Instrucción, que creo recordar que se apellidaba Fernández Daplaza. Era un hombre de pocas palabras. Y por mi segundo apellido me preguntó
 
—¿Qué tiene usted que ver con don Pedro Muñoz-Seca?
 
—Soy su nieto, mi Teniente Coronel.
 
Por aquel entonces, y como consecuencia de mi meteórica carrera militar, era el Cabo 1º que portaba el guion del CIR 16 en las Juras de Bandera. De recluta a Cabo 1º no se puede esperar más.
 
—Pues prepárese a desfilar mejor que nunca, porque he ordenado que la marcha militar del desfile sea el Soldadito Español de su abuelo. Como comprenderá, no es por usted, sino por él.
 
Y desfilé de dulce de membrillo, con merecimiento de ser sacado a hombros, a pesar de los mordiscos de un puto mono amazónico, llamado «Puskas», que llevaba sobre mi hombro izquierdo y casi me deja sin orejas.
 
Soldadito español
Soldadito valiente,
El orgullo del sol
Es besarte en la frente.
 
Este jueves se ha celebrado el desfile militar del Día de la Hispanidad en Madrid. Los Reyes y la Princesa de Asturias en la presidencia de la tribuna. Cambio de escenario para evitar los abucheos a Sánchez, que de haber cumplido con el Servicio Militar tendría que recordar que, durante la interpretación del Himno de España hay que permanecer en posición de firmes, y no con las piernas despatarradas. 
 
No se pudieron evitar los abucheos y el mensaje unánime coreado por el público alejado de «¡Que te vote Chapote!». 
 
Por lo demás, plena brillantez aunque desentonaron los vehículos de las asociaciones civiles, muy dignas, pero no militares.
 
La estética de la mejor España. No vi a la sobona ni a la que suelta a los delincuentes sexuales… pero hay que quedarse con lo bueno. Una vez más, un año más, Las Fuerzas Armadas desfilaron para España ante su Rey.
 
No se interpretó Soldadito Español, pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras y, menos, los uniformes. El Soldadito Español desfiló maravillosamente. Un chute de buena Patria. Un acto cuyos protagonistas fueron la vocación de servicio, la heroicidad, el cumplimiento del deber, la honestidad y la decencia.
 
De ahí, el gesto de enfado e inferioridad del despatarrado.
 
(*) Periodista
 

El no derecho al aborto / Juan Carlos M. Torrijos *

 Una simplificación en la búsqueda del camino
 

Vivimos en una sociedad afortunada, en un tiempo privilegiado, pero parece que no somos conscientes de ello. 
 
Nuestro entorno, ciñéndonos a nuestro país, es privilegiado, tanto en el espacio como en el tiempo: en el espacio, porque en muchos países las mujeres no tienen garantizados sus derechos, como ocurre en Irán, Afganistán y otros muchos o en los que sus ciudadanos tienen que luchar a diario simplemente por sobrevivir al hambre, la inseguridad, las pandemias seculares... que amenazan su existencia y dónde, por ejemplo, la esperanza media de vida es de 53 años, como ocurre en Lesotho; cuando en España es de unos 83 años; siendo el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, detrás de Japón. 
 
En el tiempo, porque en la España de hace 100 años a la mujer le quedaban aún 12 para poder votar y en 1960 aún necesitaban permiso de su marido para determinados actos de contenido jurídico y patrimonial (es decir para disponer de sus propios bienes o dinero), situación está que se prolongaría nada menos que hasta 1975.

El camino equivocado

España hoy, y desde 1978 en que se aprobó nuestra vigente Constitución, es un país democrático y seguro jurídicamente hablando, en el que imperan la ley y el derecho y en el que todos los ciudadanos gozamos de unos derechos y libertades garantizados por nuestra norma suprema (o eso debería ser).

De todos esos derechos vamos a fijarnos solo en tres: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la tutela judicial efectiva. El artículo 15 de nuestra Constitución, al afirmar que “todos tienen derecho a la vida", viene a proteger a cualquier ser humano que se encuentre en España, sea o no ciudadano de nuestro país. Por su parte, el artículo 33.1 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la propiedad privada. 
 
Finalmente, el artículo 24.1 de la misma norma legal dice que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Consecuentemente, en España es delito asesinar o simplemente matar a una persona, robar sus bienes y, además, todos tenemos derecho a que la justicia vele por nuestros intereses.

A la vista de esto sería impensable conceder un derecho al robo legítimo del patrimonio privado y a nadie se le ocurriría (espero) legislar que se despenalice el robo o el hurto, aún en supuestos de necesidad económica grave, aunque se trate de casos en los que la cantidad sustraída fuera inferior a un determinado importe. 
 
Por ello, el Código Penal en su artículo 234, castiga la sustracción de bienes ajenos sin que medie violencia. Pero supongamos que el día de mañana esta progresía política que rige sin rumbo fijo nuestros destinos decidiera despenalizar, por ejemplo, lo que hoy es hurto leve (cuando el valor de lo sustraído es igual o inferior a 400 €) en algunos supuestos como el ya citado de necesidad económica grave. 
 
A pesar de ello, a nadie se le ocurriría decir (Dios no lo quiera) que esta despenalización consagra el derecho a sustraer bienes ajenos de escasa entidad y, aún menos, a criminalizar todo intento de oponerse a ser objeto de una sustracción de pequeñas cantidades de dinero o de bienes de escaso valor.

Sin embargo aunque nuestro patrimonio se halla protegido contra apropiaciones indebidas, aún cuando estás sean de escasa cuantía o valor, nuestra vida, valor supremo al del patrimonio para cualquier persona con dos dedos de frente, no está  igualmente protegida; porque a pesar de que en España se garantiza el derecho de todos a la vida, cuando uno de esos “todos” es de escasa cuantía (en este caso un embrión humano de menos de 14 semanas) o de "cuantía intermedia” (si el embrión es menor de 22 semanas y se practica una interrupción voluntaria del embarazo por causas contempladas en la ley), se le puede eliminar impunemente. 
 
Es más, a nivel social ya no se habla de "despenalización del aborto", cómo rezaba el título de la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio, que despenalizó lo que sigue siendo un delito: el aborto voluntario, en determinados supuestos, sino que se pretende elevar el aborto a la categoría de “derecho”,

Aquí entra en juego el tercer derecho: el de obtener la tutela efectiva de los jueces, que asiste a toda persona. En una interrupción voluntaria del embarazo hay tres tipos de actores: un sujeto activo, que es la mujer que decide abortar; un sujeto proactivo, que es quién facilita, mediante su intervención (y a menudo lucrándose de ella) la práctica del aborto y, el gran olvidado, el sujeto pasivo, que es el abortado o, en román paladino, el muerto (por no llamar asesinado) y a quien nadie parece querer proteger en nuestro país desde los poderes públicos.

Tristemente hemos llegado hoy al punto en el que en España se habla abiertamente de un derecho que no existe: el derecho de la mujer a abortar; pues aunque ella pueda considerarse dueña de su cuerpo, no lo es de la otra vida que lleva dentro de sí, que es un ser vivo diferente de la madre, en lo que hoy podemos encontrar un consenso casi universal y, además, no está en ninguna de los catálogos de derechos en la legislación española o en la internacional relativa a los derechos humanos (aunque no faltan quienes quieren convencernos de lo contrario).

Sin embargo, y aunque sea triste, en España hemos llegado de despenalizar lo que con un eufemismo comparativo podríamos denominar “hurto de vidas humanas de escasa cuantía” y estamos en camino de consagrar el derecho a hacerlo.

Hacia el camino bueno

A pesar de que he tratado reducir la exposición de un grave problema a términos simples, soy consciente complejidad del asunto y de las graves situaciones que siempre conducen a tomar una decisión que ninguna mujer desea. Al fin y al cabo soy padre y abuelo de mujeres y un día pueden verse (también Dios no lo quiera) en esa tesitura.

No obstante en medio de esta complejidad y a semejanza de cuando en una marcha en medio de la Naturaleza nos desorientamos y hacemos un alto para tomar referencias y encontrar la senda adecuada, en este tema es necesario hacer un alto y plantearnos una reflexión que nos permita retomar la el buen camino.

Una vez hecho este alto, he llegado a una conclusión: creo que hay una vía teóricamente muy sencilla y en la práctica asumible, incluso en términos económicos, aunque los que viven del negocio del aborto intenten hacernos creer lo contrario y que, incomprensiblemente, parece que nadie la quiere abordar desde el poder.

Siguiendo el principio de derecho “quien puede lo más, puede lo menos”; es decir, que quien tiene poder para hacer cosas grandes o importantes, puede hacer sobre el mismo tema cosas menores, accesorias, o derivadas de las primeras, vamos a situarnos en el caso posiblemente más desagradable y difícil en esta materia: el del embarazo no deseado motivado por una agresión sexual, por una violación, cuando además la mujer es menor o económicamente dependiente. 
 
A partir de ahí, como supuesto de lo más, es fácil inferir que la misma solución es aplicable a lo menos, como pudiera ser un embarazo no deseado en el seno del matrimonio.

Desde el punto de vista de cómo actuar con el fruto de ese embarazo, se debería abordar ni más ni menos como lo que es, un accidente no deseado. Para clarificar esto pongo un ejemplo: si una persona viaja en cualquier medio de transporte como pasajero y el vehículo sufre un accidente que le produce una lesión irreversible, nuestra sociedad tiene asumido que hay que proteger a la víctima inocente y facilitarle al máximo que pueda llevar una vida plena. 
 
Con el embarazo no deseado, en el supuesto analizado hay que actuar igual: hay que proteger a ambos sujetos: madre e hijo no nacido. A la madre, facilitando que tenga todo tipo de ayudas desde el minuto cero del embarazo (sanitarias, económicas, sociales, psicológicas…) para llevar a buen término el mismo, aún no habiéndolo deseado, como víctima del “accidente" del embarazo. Al futuro bebé, al embrión, que también es sujeto de derechos, hay que protegerlo para garantizar su “derecho” a nacer. Y si la madre decide, por el motivo que sea, no quedárselo, deben ser los poderes públicos los que atiendan tanto a su cuidado con a su educación.

No sólo es una cuestión de pura humanidad (¿a alguno de nosotros nos gustaría estar en el lugar del feto que va a ser abortado?) sino también de supervivencia social. Los datos disponibles hablan de que en España se produjeron en 2022, 98.316 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supuso un incremento del 9,01% respecto al año anterior, lo que supuso casi el 30 % (29,8%) sobre el número de nacimientos registrados en España en ese año (329.892); es decir, la reducción de abortos podría suponer un incremento notable de la tasa de natalidad española (y aún así no llegaríamos a cubrir la tasa de fallecimientos anuales, que en 2020 alcanzó las 463.133 personas).

Como ciudadano aspiro a que el derecho a la vida sea una realidad absoluta en España y que el más débil, el no nacido, sea el más protegido, pero sin olvidar nunca a la madre, aun manteniendo claramente que el derecho a la vida impide dar carta de naturaleza al aborto como derecho y, consecuentemente, esto debería impedir dedicar fondos públicos a financiar, cómo lo hacemos, una actividad inmoral para una sociedad que se declara mayoritariamente católica (según el Centro Español de Investigaciones Sociológicas, el 56,8 % de los ciudadanos españoles se auto identifican como católicos, de los que el 37,9 % se definen como no practicantes, mientras que el 18,9 % como practicantes.



(*) Abogado actualmente