sábado, 24 de marzo de 2018

Para 'Cartagena Sí Se Puede', Pilar Barreiro salva los presupuestos y su aforamiento


CARTAGENA.- Mientras López Miras invitaba en la Caridad a disfrutar de la Semana Santa, en la trastienda de su partido respiraban por la decisión de trasladar a los juzgados de Murcia el caso Pokemon. Ahora el reloj corre a favor de los que ayer eran investigados, y por la salida de Pilar Barreiro del grupo Popular en el Senado, eso sí, pasándose al Grupo Mixto consiguiendo de esta manera un "dos por uno", presupuestos y aforamiento, dice Cartagena Sí Se Puede (CTSSP). 

"A toda esta película podemos añadir el escándalo montado en torno a la desaladora de Escombreras que habría derivado en el saqueo de las arcas de la Comunidad Autónoma en más de 500 millones de euros, según retoma hoy la prensa, inculpando a otros once presuntos implicados en la supuesta trama malversadora".
A instancias de CTSSP (Podemos) el pleno municipal del Ayuntamiento de Cartagena aprobó una moción para instar a la senadora a entregar el acta o al menos que el PP la expulsara de su grupo. "Pero finalmente ni se ha atrevido ella para no perder sueldos, privilegios y aforamiento, ni se ha atrevido el PP que sigue haciendo causa común con la exalcaldesa , y además consiguen el apoyo inestimable de Ciudadanos para aprobar los presupuestos".
"Mientras, le quitan a la jueza de Lugo el caso Pokemon, y se lo traen para Murcia, lo que supondrá que las declaraciones y demás diligencias que iban a practicarse el próximo mes de mayo ahora se retrasarán hasta después de las elecciones de 2019. Aún así nuestro partido Podemos se personará de nuevo en los juzgados de Murcia para que se esclarezcan los hechos denunciados por la jueza Pilar De Lara desde Lugo sobre los presuntos viajes por el mundo pagados por Hidrogea a concejales del PP de Cartagena, e incluso a la ex alcaldesa, y ahora ex senadora del PP, Pilar Barreiro", señala Pilar Marcos, portavoz de CTSSP.

La tuberculosis mantiene su tendencia regresiva en la Región, con 120 casos en 2017

MURCIA.- La tuberculosis mantiene su tendencia de descenso en la Región desde 2009, con 120 casos contabilizados en 2017. La incidencia de tuberculosis en la Región fue de 18,1 casos por 100.000 habitantes en 2009, que bajó a 12,6 casos por 100.000 habitantes en 2010, para iniciar un descenso oscilante en los siguientes años hasta alcanzar niveles de 7,8 en 2016, con 115 casos, y de 8,2 en 2017.

En España se declararon 4.900 casos de tuberculosis en 2016, lo que supone una incidencia de 10,4 casos por 100.000 habitantes para los casos autóctonos, con oscilaciones que van desde los 20,8 casos por 100.000 habitantes en Galicia hasta 5,88 en Canarias y tasas de 27,13 y 17,7 en las ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente.
El director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, destacó la tendencia regresiva de la enfermedad, "por lo que esperamos conseguir un descenso anual del diez por ciento, objetivo que la Organización Mundial de la Salud estima necesario en países de baja endemia para llegar a lo deseado, que es la eliminación de la tuberculosis para el año 2050".
Hoy se celebra el Día Mundial de la lucha contra la Tuberculosis, ya que fue un 24 de marzo, en 1882, cuando Robert Koch descubrió el bacilo causante de esta enfermedad. El lema para 2018 es 'Líderes para un mundo libre de tuberculosis', que tiene como objetivo involucrar a todos los sectores sociales para acabar con la enfermedad.
La tuberculosis afecta más a los varones, con tendencia ascendente a partir de los 20 años y se da principalmente en el grupo de 25 a 44 años de edad, mientras que en las mujeres el grupo de mayor incidencia se sitúa entre los 15 y 24 años.

Declaración obligatoria
La tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria y los casos son comunicados de forma individualizada al Sistema de Información de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (Sisedo). Las diferentes formas de tuberculosis son la respiratoria (incluye pulmonar, pleural, linfática intratorácica y laríngea) y la meningitis tuberculosa.
Se transmite por vía aérea al hablar, estornudar y toser y constituye una causa común de enfermedad y muerte en todo el mundo. Aunque puede afectar prácticamente a cualquier órgano, la forma más frecuente es la pulmonar. 
Los casos cuya baciloscopia de esputo resulta positiva adquieren especial relevancia por el grado elevado de contagio que alcanzan. Para contagiarse es necesario una convivencia cercana y prolongada, por lo que el estudio de contactos debe ser lo más amplio posible.
Desde el año 1999 se realiza una vigilancia activa a partir de la información microbiológica de los casos de tuberculosis en la Región de Murcia, que permite detectar casos no notificados al sistema de información y estudiar la existencia de resistencias a los medicamentos de primera línea y segunda línea.
El estudio de contactos con personas afectadas en los ámbitos familiar, escolar y laboral se realiza en el Centro de Prevención de Enfermedades del Tórax, que en 2016 estudió a cerca de 1.300 personas, que en su mayoría convivían con enfermos.
La tuberculosis se puede curar, si bien el tratamiento es largo y requiere controles frecuentes por parte del médico especialista. Es muy importante realizar el tratamiento completo sin interrupciones para evitar las recaídas y las resistencias a los fármacos antituberculosos (antibióticos). Se calcula que el resultado de curación fue próximo al 95 por ciento en 2015.

Policía Local y Bomberos de Murcia trabajan desde la madrugada para minimizar los efectos del viento

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia, a través de Policía Local, Bomberos, y los servicios de Limpieza Viaria, Parques y Jardines y Servicios Industriales, trabaja desde esta madrugada en un dispositivo especial para minimizar los efectos de la alerta naranja por viento, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el municipio. La alerta, activada por la Aemet, se prolongará hasta las 00:00 del domingo.

Así, Bomberos han cortado la calle Virgen del Carmen de Javalí Nuevo donde se ha desprendido el techado de una nave sobre un vehículo sin provocar heridos, árboles caídos en Puebla de Soto, Los Ramos, Santo Ángel, Monteagudo, Alquerias, Llano de Brujas, El Esparragal, Sangonera la Seca, Rincón de Seca, y diversas calles de Murcia (Torre de Romo, Cristo del Amparo, Manuel Carceles El Patiñero, Mahonesas, Ángel García Rabadan, Euologio Serrano). Numerosos efectivos trabajan también en la retirada de carteles, vallas, andamios, tejas y otros elementos desplazados por el viento. Hasta las 12:00 se habían realizado 19 intervenciones, la mayoría con vehículos de altura.
La Policia Local ha asegurado la circulación en el Cruce de las 4 Piedras, Avenida Ciudad de Almería, entorno de la Arrixaca, Primero de Mayo, Juan Carlos I, Aljucer, así como resueltos pequeños riesgos con particulares. 
Igualmente el Servicio de Parques y Jardines, que ha cerrado al tránsito peatonal el jardín de Floridablanca, ha realizado más de 20 actuaciones en lo que va de día. 
Por su parte, el Servicio de Limpieza Viaria está recolocando contenedores y ha aumentado la limpieza mecánica por el aumento de ramas y hojas en las calles y jardines de numerosas pedanías y de la ciudad. Las actuaciones más relevantes se han llevado a cabo en Huerto Pomares, Plaza Voluntarios, Carlos Valcárcel de La Alberca, Calle Apolonia, Calle Santa Úrsula, Calle Fabián Escribano y Carretera de Mazarrón.
Hay que destacar que la ágil intervención y la eficaz colaboración entre los distintos servicios municipales está permitiendo actuar rápidamente ante los distintos avisos derivados del temporal. 

El vertedero de Abanilla, a un paso del cierre definitivo


MURCIA.- El director general de Medio Ambiente, Juan Madrigal, visitó esta semana el inicio de la fase final de las obras para la clausura definitiva y regeneración del vertedero de Proambiente en Abanilla, unos trabajos que cuentan con una inversión de 1.818.716 euros de euros y un plazo de ejecución de doce meses.

Madrigal afirmó que “nos encontramos en la fase final de esta actuación que estamos ejecutando de forma subsidiaria forzosa y que permitirá la recuperación ambiental de todo este vertedero, tras mucho trabajo y en colaboración con la Comunidad Valenciana, ya que parte de la zona afectada pertenece a Alicante”.
Las obras, que ejecuta Tragsa, consisten en el recubrimiento con tierra vegetal y revegetación de los vasos y zonas con residuos, previa impermeabilización con arcillas y/o geotextil según las zonas. 
Previamente, ya se acometió el sistema de recogida y regulación de lixiviados, de extracción de gases y el sellado. Tras las mismas, se procederá a declarar la clausura del vertedero, iniciándose el plan de vigilancia post-clausura.
Desde octubre de 2015, la Comunidad Autónoma ha invertido 3.338.563 euros en actuaciones de emergencia en el vertedero y zonas afectadas de Abanilla, que incluyen las obras de adaptación a la Directiva de Vertederos realizadas y los costes de gestión de lixiviados. Estas actuaciones son una ejecución subsidiaria forzosa a costa de la mercantil Proambiente S.L., inmersa en un concurso de acreedores.

Caduca el expediente que abrió el Gobierno regional al letrado Arnaldos para anular su contrato por fuera de procedimiento

MURCIA.- El expediente abierto en enero de 2017 por el Gobierno de Murcia para revisar de oficio el contrato suscrito con el letrado de la empresa pública Desaladora de Escombreras Andrés Arnaldos por considerarlo nulo de pleno derecho ha caducado, por lo que no puede tener efecto jurídico.

A esta conclusión llega el dictamen que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha emitido a instancias de la Consejería de Agua, Agricultura y Ganadería.
Aunque por ese motivo el informe no entra en el fondo el asunto, no descarta que, como sostienen los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, el contrato firmado por esa empresa y el letrado para que la defendiera en unas demandas presentadas contra ella, por el que ha reclamado 1,4 millones de euros, fuera nulo de pleno por haber prescindido del procedimiento previsto en la ley.
Señala al respecto que "la inexistencia de designación realizada por los órganos sociales en cuanto al encargo para la defensa judicial de esa mercantil, según el informe del apoderado general de la sociedad, hace que pueda no existir la voluntad de la misma en el referido contrato y que concurriera una nulidad de pleno derecho".
Pese a declarar la caducidad del expediente, el CJRM dice a la Consejería que nada impide que pueda incoar otro nuevo para depurar las responsabilidades que considere oportunas contra Arnaldos, al que, junto con otras diez personas, entre las que se encuentra el exconsejero regional Antonio Cerdá, investiga un juzgado de instrucción de Murcia por varios presuntos delitos en la gestión y desarrollo de esa desalinizadora cartagenera.
Por otro lado, indica que también se pudo producir un daño patrimonial a la hacienda regional con la contratación del procurador de los tribunales que intervino en los mismos pleitos que Arnaldos en representación de la desalinizadora y que cobró una minuta de 318.000 euros, ya que también se hizo sin acudir a la convocatoria pública para adjudicar el servicio a la oferta económicamente más ventajosa.
No obstante -añade-, en ese caso el contrato no puede ser revisado de oficio porque esos honorarios ya fueron abonados por la empresa al atender el requerimiento de un juzgado de primera instancia de Murcia.
Para este órgano consultivo, el contrato con el procurador no existe en el mundo jurídico, por lo que no cabe la revisión de oficio y ha de haber quedado consumado con el pago de los honorarios.
Sin embargo, el CJRM comenta que puede haberse producido un daño patrimonial al erario público "que ha de examinarse en función de lo que establecen la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley de Hacienda".
Comenta el dictamen que la documentación remitida por la Consejería indica que el expediente que ahora se considera caducado en lo relativo a la contratación de Arnaldos fue incoado al considerar que esta fue nula de pleno derecho por haber prescindido absolutamente del procedimiento legal previsto.
Esa nulidad se consideraba que afectaba tanto a la contratación de este letrado para la dirección jurídica de Desaladora de Escombreras, de la que al mismo tiempo era administrador mancomunado, como a los encargos, "que debieron efectuarse verbalmente", para que la defendiera en las demandas planteadas contra ella en reclamaciones que sumaban varios millones de euros.
Durante la tramitación del expediente, Arnaldos defendió la legalidad de su contratación, que enmarcaba en un asesoramiento de su despacho que había comenzado en 2006.
También expuso que nunca planteó su retribución como problema y que la complejidad de los asuntos había aconsejado su continuidad en la asistencia jurídica por la experiencia acumulada.
El dictamen se hace eco igualmente del informe de la dirección de los servicios jurídicos de la administración regional que indica que se cuenta con dos actas de la sesión del consejo de administración de la desalinizadora el 31 de octubre de 2012 que difieren en cuanto a su contenido.
Mientras en una de ellas no se dice nada respecto a la defensa encargada a Arnaldos, en la otra se recoge que se le asignó que la defendiera en las dos demandas citadas.
Precisamente esa duplicidad de actas con contenido distinto es objeto de la investigación abierta en un juzgado de instrucción de Murcia tras la denuncia de la fiscalía por si se ha podido incurrir en un delito de falsedad y, en su caso, descubrir a los autores.
Esos indicios de una presunta falsificación de documentos públicos ya fueron recogidos por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma en su informe.


La decisión de la juez del caso de la desaladora de Escombreras de imputar al exconsejero Antonio Cerdá y a otros once sospechosos levantó una oleada de reacciones por parte de los distintos partidos políticos.
PSOE, Ciudadanos y Podemos coincidieron al exigir explicaciones sobre el supuesto saqueo a las arcas regionales. Los tres partidos apuntaron, además, que la comisión de investigación sobre este asunto ya apuntó a una clara responsabilidad del Cerdá y del expresidente Ramón Luis Valcárcel.
El presidente regional, Fernando López Miras, eludió atender a los periodistas durante la visita que hizo a La Unión, acompañando a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Nadie salió ayer desde el PP, ni desde la Comunidad Autónoma, para valorar el contundente auto desvelado por 'La Verdad'.

El portavoz regional de Ciudadanos en Murcia, Miguel Sánchez, reclamó explicaciones al PP por la investigación judicial de la desaladora, que calificó de «acontecimiento vergonzante producto de la corrupción» del partido en el Gobierno autonómico.
Sánchez consideró «demoledor» el auto de la juez instructora y se preguntó «hasta cuándo abusará el PP de la paciencia de los murcianos», con lo que aludió también a la declaración del expresidente Pedro Antonio Sánchez en un juzgado de Lorca por el 'caso Pasarelas'.
El presidente López Miras, insistió el portavoz de C's, «se empeña en ocultar el pasado ominoso de corrupción del PP, pero la corrupción está en la médula espinal de su partido».

El portavoz del PSRM, Francisco Lucas, por su parte, reprochó al Gobierno regional y a su presidente, Fernando López Miras, que continúen «impasibles» ante la «trama» de la desalinizadora de Escombreras, uno de los «mayores escándalos» de las últimas décadas en la Región, lo que los hace «cómplices». Lucas remarcó que los ciudadanos de la Región siguen «pagando las consecuencias de los desmanes megalómanos» del PP y del expresidente Ramón Luis Valcárcel.

El secretario general de Podemos Murcia, Óscar Urralburu, también aludió, en sus valoraciones, al antiguo jefe del Ejecutivo murciano y subrayó que Valcárcel se «esconde» como «principal hacedor de la trama». Urralburu señaló que «ya es hora» de que los responsables políticos del «desastre» de esta planta, que «puede costar 600 millones de euros» a las arcas regionales, empiecen a «desfilar por los juzgados para que se dirima su responsabilidad».

El 41% de los parados en la Región son de larga duración

MURCIA.- La proporción de parados de larga duración sobre el total de desempleados registrados en Oficinas del Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Región de Murcia se ha situado en su mínimo desde el inicio de la recuperación económica y de empleo. En concreto, el peso de este colectivo es del 40,99 por ciento actualmente, la cifra más baja desde agosto del año 2012.

En este periodo de casi seis años, el punto en el que los parados de larga duración alcanzaron un mayor cupo fue mayo de 2014, cuando representaban un 47,28 por ciento del total. Así, desde ese ‘techo’ se registra una caída de 6,29 puntos, apoyada en un descenso del paro en este colectivo a niveles más intensos que en el conjunto de la población.
De hecho, en el escenario de los últimos doce meses se acumulan 5.395 parados de larga duración menos, lo que supone una caída del 10,55 por ciento desde febrero del pasado año y dobla el descenso general del paro en la Región durante ese mismo periodo, que es del 5,08 por ciento.
Por lo que se refiere a las cifras del último año, el peso de los parados de larga duración ha descendido 2,51 puntos desde febrero de 2017, cuando representaban un 43,5 por ciento del total de desempleados. Se trata del periodo de doce meses con una mayor bajada en esta estadística desde el año 2009.
La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, a través del SEF, dirige al colectivo de parados de larga duración diversas medidas para facilitar su acceso a un puesto de trabajo, que van desde la orientación personalizada y la activación a las acciones formativas específicas, pasando también por las ayudas a empresas para su contratación y por las ayudas para facilitar que se establezcan como autónomos.
Las ayudas a la contratación, por ejemplo, han sido activadas recientemente, y permiten que una empresa de la Región que realice un contrato fijo a un parado de larga duración pueda recibir 6.000 euros a través del SEF en caso de ser un vínculo a tiempo completo, y 3.000 si es a tiempo parcial. En caso de ser un parado de larga duración mayor de 45 años, la ayuda llega a los 7.000 euros, y a 9.000 si además tiene cargas familiares.
Dentro de las ayudas de fomento del autoempleo, la Comunidad lanzó por primera vez el año pasado la Cuota Cero para este colectivo, que les permite no pagar la tarifa de autónomos en su primer año de actividad, y sólo 50 euros al mes en su segundo año. Además, reciben una ayuda al inicio de entre 2.000 y 3.500 euros.
Fueron un total de 102 personas en esta situación las que solicitaron beneficiarse de la Cuota Cero desde el 2 de octubre hasta el 31 del mismo mes, periodo durante el que estuvo abierta la subvención. Por tanto, se registró una media de 3,5 solicitudes al día, todas ellas de personas inscritas como demandantes de empleo en el SEF durante, al menos, 12 de los últimos 18 meses. En todos los casos, el orientador laboral incluyó el autoempleo como opción dentro de sus itinerarios de inserción.

Declarado el nivel 1 de emergencia a causa del viento

MURCIA.- El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, en su calidad de director del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia ha decidido activar la fase de emergencia de nivel 1 del Plan como consecuencia del episodio de viento.

El nivel 1 se activa para "aquellas emergencias que, o bien afectan a más de un término municipal, o por su gravedad o alcance precisan de la intervención de los recursos de la Comunidad Autónoma no adscritos previamente al Plan Municipal al verse totalmente superados los recursos municipales". 
Así, el número de efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) supera hoy las 120 personas (entre bomberos, sargentos, técnico y operadores de mando y control), cuando normalmente ronda los 70.
Hasta las 17 horas, el 112 ha recibido un total de 210 llamadas que han supuesto la gestión de 157 asuntos de emergencia. La mayoría se referían a la caída de objetos a la vía pública. El municipio más afectado es Murcia (84 asuntos).

El frío y el viento acompañarán a este inicio de Semana Santa

MURCIA.- La Semana Santa murciana arrancará este Sábado de Pasión con un descenso generalizado de las temperaturas de hasta 5 grados, apenas superarán los 18 grados, y un aviso naranja por vientos que se extenderá a toda la Región, con rachas que incluso podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Precisamente, será esto la nota característica de este sábado, ya que los vientos serán muy intensos, así como su duración, dado que pueden llegar a ser muy persistentes, "un fenómeno meteorológico importante" prácticamente en toda la Comunidad Autónoma, según ha avanzado el meteorólogo y portavoz de la delegación de Aemet en Murcia, Juan Andrés García.
El episodio característico de los fuertes vientos este sábado dará paso a cielos muy nubosos este Domingo de Ramos, que será un día frío para la época del año, así como el lunes. Días desapacibles y desagradables y un ambiente más fresco de lo normal, según García.
No obstante, conforme avance la semana las temperaturas se recuperarán hasta el punto de que a partir del Martes Santo y hasta el Viernes Santo las temperaturas serán cálidas, incluso podrían estar por encima de los valores propios de la época dado que superarán en algunos puntos los 25 grados.
Hasta el Viernes Santo las precipitaciones no harán acto de presencia en la Comunidad Autónoma y la situación se caracterizará por tiempo estable y cálido.

Adiós a los 100km/h: el inesperado cambio que prepara la DGT para las carreteras españolas

GRANADA.- El aviso está dado. Según el Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico (DGT) baraja incluir una reducción de velocidad de 100 a 90 km/h en algunos tramos de carreteras convencionales, en la reforma de la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, según adelanta el diario Ideal.

Esta reducción, según indica el ministro Ignacio Zoido, ya se contempló en la reforma que se realizó en 2015, cuando María Seguí era directora de la DGT, aunque finalmente no se aplicó, debido al dictamen desfavorable del Consejo de Estado.
Ahora, sin embargo, la DGT rescata esta medida para el proyecto de reforma actual. Esta norma, de aplicarse, indicaría que el límite en carreteras convencionales para coches, motos y cuadriciclos debe reducirse:
-De 100 a 90 km/h cuando el ancho de la vía sea de al menos 6,5 metros.
-De 90 a 70 km/h si es menor de 6,5 metros y no hay líneas discontinuas entre los carriles.
-A 30 km/h cuando se trate de vías secundarias sin pavimentar.

El expresidente de Murcia declara como imputado por tercera vez en un año

MURCIA.- Pedro Antonio Sánchez, ex presidente de Murcia, ha declarado este viernes en calidad de investigado —antigua figura de imputado—, por tercera vez en el último año. Tras sentarse ante el juez acusado de media docena de delitos en los casos Auditorio y Púnica, Sánchez se enfrenta ahora al caso Pasarelas, que estudia si se fraccionaron contratos de manera fraudulenta para adjudicarlos a dedo, tal como recuerda El País.

El caso se remonta a sus años como alcalde en el municipio de Puerto Lumbreras, un cargo que ocupó entre 2003 y 2013, y está estrechamente relacionado con el caso Auditorio, a raíz del cual el juez abrió esta pieza separada. Sánchez ha llegado a los juzgados de Lorca a las ocho y media de la mañana, nada más abrirse sus puertas, y ha abandonado los juzgados dos horas más tarde, sin hacer ninguna declaración a los periodistas más allá de un escueto "Buenos días, gracias".
El juez instructor del caso, Antonio Morente, investiga si Sánchez cometió alguna irregularidad al adjudicar en 2007 el proyecto de rehabilitación y embellecimiento de un puente y una pasarela sobre la rambla de Nogalte, unos trabajos que se encargaron al arquitecto Martín Lejárraga, el mismo que construyó el auditorio y que también está investigado en ambas causas.
La primera instructora del caso Auditorio, Consuelo Andreo, apreció en su día indicios de delito en la forma de contratación pública llevada a cabo para esas obras, que se fraccionaron en cinco lotes, siempre por un importe inferior a los 12.020 euros que establece la ley de Contratos como máximo para los contratos menores. De esa manera, se adjudicaron a Léjarraga los proyectos sin sacarlos a concurso público, aunque todos juntos sumaban una inversión de 54.500 euros.
La jueza decidió separar esta pieza del caso Auditorio y la investigación recayó en el juzgado de Instrucción número 3 de Lorca, cuyo titular, Antonio Morente, incoó diligencias en julio de 2016 y envió las actuaciones a la Fiscalía. El ministerio público esperó hasta enero de 2017 para pedir que se declarase la complejidad del plazo y ampliar así la fase de instrucción. El plazo máximo para esa solicitud estaba caducado por dos días y el juez decidió archivar el asunto. Pero, a finales de noviembre de 2017, la Audiencia Provincial de Murcia ordenó su reapertura, ampliando de nuevo la tormenta judicial que llevó a Sánchez a dimitir como presidente de la comunidad autónoma el 3 de abril de 2017, y como diputado y presidente del PP murciano el 27 de septiembre de ese año.
Los casos Auditorio y Púnica, que estaban siendo juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia al estar Sánchez aforado, regresaron tras su dimisión a los tribunales que los instruían en primera instancia —a Lorca, el primero, y a la Audiencia Nacional el segundo— y se encuentran a la espera de la apertura de juicio oral.
En el caso Auditorio, el ex presidente está acusado de los delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental por su gestión durante su etapa de alcalde de la adjudicación, ejecución y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras. El edificio se construyó con una subvención de seis millones de euros concedida por la comunidad autónoma y la obra se recepcionó en 2011 a pesar de no estar finalizada.
En cuanto a la operación Púnica, el juez encuentra indicios de delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada que habrían tenido lugar en 2014, cuando Sánchez era consejero del Gobierno murciano y presuntamente habría contactado con empresas de esa trama para contratar con cargo a los presupuestos de su consejería trabajos de mejora de su imagen en internet de cara a impulsar su candidatura como cabeza de lista del PP en las elecciones autonómicas del año siguiente. Sánchez siempre ha defendido que esos contratos no llegaron a materializarse, si bien no ocurrió así porque la trama estalló antes.

El expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez pagó por un informe que nadie encuentra


MADRID.- El expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pagó con dinero público a su arquitecto de confianza, Martín Lejarraga, por un informe que no aparece por ningún lado, según las últimas evidencias que obran en la instrucción del ‘caso Pasarelas’. Así lo indica una carta del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia incorporada al sumario del caso el pasado 16 de marzo, a la que ha tenido acceso El Periódico.

"Realizada la búsqueda en los archivos colegiales, no consta en los mismos la presentación ni en el año 2006 ni en ninguna otra fecha de trabajos de estudio previos, ni anteproyecto de acondicionamiento de espacios públicos, pasarelas, en Ronda de Nogalte, de Puerto Lumbreras". Estas líneas encabezan el documento colegial, que era una de las evidencias clave de cara a la comparecencia prevista para este viernes 23 del expresidente Sánchez y el arquitecto Lejarraga, en calidad de investigados, ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Lorca.

Pagos irregulares

El titular de ese juzgado, magistrado Antonio Morente, investiga las supuestas ilegalidades, entre ellas posibles prevaricación y malversación de fondos públicos, en la rehabilitación y embellecimiento en 2007 de un puente y una pasarela sobre el cauce seco (rambla) del río Nogalte, en la localidad murciana de Puerto Lumbreras. Pedro Antonio Sánchez era entonces el alcalde, y Martín Lejarraga su arquitecto preferido, y también el preferido de diversos ediles del PP murciano.
El ‘caso Pasarelas’ es una escisión del ‘caso Auditorio’-el supuesto pago de una obra pública millonaria al mismo arquitecto sin que la hubiera terminado-, que ha dado al traste con la carrera política de quien llegó a la presidencia autonómica y del PP regional auspiciado por el aparato de Génova. En abril de 2017, Sánchez dimitió de su cargo para afrontar sus batallas judiciales.

No aparece

El juez ha citado a ambos imputados para que expliquen, entre otros asuntos, el misterio de un informe de estudios previos pagado con cargo al erario que no aparece por ninguna parte. El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras también certifica, con un documento fechado el pasado 1 de marzo, que no está entre sus archivos ningún “estudio previo” de la obra sobre el Nogalte.
Pero sí se guardan en sus archivos un conjunto de notas de contabilidad con el pago del informe, por 9.200 euros, la factura presentada por Martín Lejarraga por un "estudio previo" y, también, la firma de Sánchez aprobando el dispendio en una nota de “obligaciones” del presupuesto municipal.
El Juzgado nº 3 de Lorca trata de aclarar si ese pago forma parte en realidad de un conjunto de pequeños pagos fraccionados hasta sumar más de 54.400 euros. La instrucción judicial ha apreciado en este caso, de momento, la existencia de un conocido truco para conceder obras sin pasar demasiados controles: "La tramitación de diferentes expedientes de contratación con infracción de la Ley de Contratos, fraccionándose el objeto del contrato en la prestación de varios servicios, siempre de cuantía inferior a 12.020 euros, que es el límite máximo para considerarlo un contrato menor", según explicó la instructora del ‘caso Auditorio’, Consuelo Andreo, antes de desgajarlo de su causa.

Hay que quitarse de encima este poder judicial / Marià de Delás *

Hay individuos y también colectivos que no saben disimular su tendencia a apoyar a los privilegiados, a los poderosos o a todo aquel que tenga pinta de ‘jefe’. No lo hacen por obligación. Se trata normalmente de personas educadas en el servilismo, a menudo humilladas, a veces corruptas, pero esto no las hace necesariamente crueles y desprovistas totalmente de buenos sentimientos. Sus codazos, sus acciones insolidarias, y también sus omisiones, para obtener algún beneficio o promoción, a menudo resultan asquerosas, pero hasta cierto punto, a veces, resultan relativamente comprensibles.

Cuesta más entender la satisfacción que expresan otros conciudadanos ante el sufrimiento de los diferentes, los insumisos, discrepantes, extranjeros, rebeldes…. Hay quien no se conforma con “hacer la pelota al encargado” y quiere ver castigado a quien no se resigna a ceder ante el más fuerte.

Entre estos, desde hace un tiempo, en Catalunya, llaman particularmente la atención las palabras de personas que quieren ver a otras privadas de libertad, por el hecho de haberse significado en defensa de derechos políticos elementales. Convendría entender el motivo real de ese deseo. Son los que han aplaudido el largo encarcelamiento de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn y los que no esconden su satisfacción por la privación de libertad de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull.

A determinados dirigentes ya les va bien la idea de intervenir en la vida política con adversarios apaleados, atemorizados, encarcelados, encausados o bajo la amenaza de serlo. No representan ninguna novedad. Los libros de historia están llenos de personajes que se mostraron dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir poder económico o administrativo, conservarlo y hacerlo crecer. Individuos que explotaron y explotan la extensión del miedo entre la población para conseguir negocios, fidelidades, adhesiones, envilecimientos, docilidades…

Es triste pero se entiende. Inquieta bastante más, sin embargo, el apoyo social que obtienen algunos personajes cuando reclaman medidas de castigo severo contra sus adversarios, por haber participado en una manifestación, una asociación, por haber organizado un referéndum, haber encargado o distribuido propaganda, protestado por la detención de cargos políticos por su actividad estrictamente política, defendido el derecho a voto o haber aprobado por mayoría parlamentaria leyes relacionadas con la soberanía nacional. Tendría que angustiar a cualquier demócrata o, incluso, a cualquier persona razonable.

Las palabras y actuaciones de dirigentes de los partidos que apoyan en el gobierno de Mariano Rajoy resultan sospechosamente coherentes con la conducta de altos estamentos de la Fiscalía y con las decisiones de la cúpula del poder judicial. Demasiado a menudo parecen coordinadas. Gobernantes que supeditan la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas a las decisiones de jueces y magistrados de dudosas convicciones democráticas. 

Y lo hacen sin complejos, abiertamente, sin vergüenza, impunemente. Fiscales y jueces que, cómo ha denunciado no hace mucho el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, se creen con la facultad de decir a los representantes de la voluntad popular a quien pueden elegir y a quien no, qué pueden hacer o dejar de hacer en su actividad parlamentaria.

Todo esto resulta muy preocupante. Mucho. Porque pone en cuestión la separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, minimiza el valor del sufragio universal y hace tambalear las bases de la democracia.

Pero desconcierta más todavía ver gente tradicionalmente considerada como progresista que se refiere a los dirigentes que se encuentran en prisión o exiliados en términos similares a los que utilizan los partidos que apoyan al gobierno de Mariano Rajoy. “Ya sabían que esto podía pasar”, “no respetaron la legalidad”, “han dividido a la sociedad catalana”, “han huido de la justicia”, “decidieron voluntariamente irse al extranjero”, “quieren aparecer como víctimas”, afirman.

Hay que buscar explicaciones al hecho de que fuerzas democráticas, más o menos comprometidas tradicionalmente con la justicia social, hagan hincapié en la falta de flexibilidad de las víctimas de la represión y acepten de forma sumisa, como un dato invariable, inamovible, como si se tratara de una fuerza de la naturaleza, la voluntad del gobierno del PP y de la cúpula judicial de intervenir las instituciones catalanas, encarcelar dirigentes políticos y sociales y de cargar contra el soberanismo sin miramientos.

Reproches, más que manifestaciones de disconformidad, contra los independentistas, y pasividad ante las resoluciones de un poder judicial que califica de violenta la acción pacifica de activistas de indudable trayectoria pacifista y que con esta conducta han acompañado la movilización permanente, pacífica y solidaria de millones de personas.

Gente que siempre se ha proclamado de izquierdas, defensora de los derechos humanos, que ahora regatea el reconocimiento como presos políticos de personas privadas de libertad desde hace meses por su ideología, que han podido escuchar como todo el mundo lo que dice la Fiscalía y lo que reconoce reiteradamente el propio juez instructor sobre los motivos reales de las órdenes de prisión preventiva.

Demócratas, que se resisten a considerar como exiliados a Puigdemont, Serret, Ponsatí, Comín, Puig, Gabriel y Rovira, y afirman que son “fugitivos”, por el hecho de no querer sufrir el mismo castigo que Junqueras, Forn, los Jordis y los cinco que han vuelto a ser encarcelados este viernes…, “fugitivos” de una “justicia” que no entienden los tribunales de otros países de nuestro entorno, y que han buscado refugio fuera del Estado español por considerar más útil la defensa de la democracia desde Bruselas u otras ciudades de Europa que desde Estremera, Soto del Real o Alcalá Meco.

Cuesta entender todo eso y conviene reflexionar, porque más allá de la maldad, que es una forma estúpida de comportamiento que caracteriza a algunos burócratas y que no conduce a la resolución de ningún conflicto, hay sensibilidades diferentes que en buena lógica tendrían que sentir que pertenecen al mismo bando.

Las víctimas de la represión que hoy practica el Estado contra el soberanismo catalán no son delincuentes comunes. Se encuentran en prisión o fuera del Estado español debido a su actividad política. Quién niega la evidencia o se instala en la neutralidad, en la equidistancia respecto a esta realidad complica la convivencia.

Hace falta que gente intelectualmente honesta, que en algún momento se ha proclamado como defensora incondicional de las libertades, se esfuerce al buscar explicaciones a los comportamientos brutales, al lenguaje gratuitamente hostil contra gente pacífica, al fomento de la represión que abre heridas que necesariamente dejan cicatrices, imborrables y que sólo se pueden curar con un tratamiento: democracia.

Todo hace pensar que pintan bastos, que se acercan tiempos de más represión. Todavía más represión.

El soberanismo popular sorprendió a sus propios dirigentes el día 1 de octubre. Una parte muy importante de la población catalana dio un ejemplo extraordinario de civilidad y eso sacó de casillas a los gobernantes que habían pensado, por decirlo de manera indulgente, que la convocatoria a las urnas se podía hacer fracasar a base de detenciones, registros, requisas, amenazas, pelotas de goma y golpes de porra a discreción.

Prometieron que el referéndum no existiría, pero existió, con menos participación de la deseada por los participantes, pero mucho más alta de la prevista, teniendo en cuenta la intimidación de las “autoridades” de Madrid, y equiparable a la registrada en otras convocatorias a las urnas no desautorizadas por el Estado.

Y como que no pudieron impedirlo, y como que el Parlament de entonces no pudo ignorar el resultado, el ejecutivo del PP aplicó mucha más mano dura. Disolvió el Parlamento destituyó el gobierno de la Generalitat, cesó a 260 cargos de la Administración catalana. Entendió que el artículo 155 de la Constitución le autorizaba a ignorar totalmente la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana y en ello sigue.

Su objetivo no es el pacto, ni ninguna solución dialogada. Lo que exige es la capitulación de un amplio sector de la sociedad catalana y cree que lo conseguirá con una escalada de medidas coercitivas.

“La situación en Catalunya es de completa normalidad”, dice y repite el ministro portavoz, con aquel aire de personaje de “buena familia” franquista que siempre habla de “la Generalidad”. A estas alturas ya saben que el soberanismo tiene raíces profundas y por eso pretenden normalizar la situación actual, normalizar la represión contra una sociedad que persiste en el deseo de votar “incorrectamente”.

El tiempo que se avecina es de más 155, más detenciones, más “investigaciones”, juicios, sanciones económicas, encarcelamientos, y esto pondrá a prueba la capacidad de entendimiento entre gente normal, dispuesta a defender su derecho a convivir en libertad y democracia.

Hará falta que las personas republicanas, independentistas o no, reflexionen sobre el apoyo social que se necesita para hacer efectivo en algún momento un régimen político republicano y que tomen conciencia tanto de las fortalezas como de sus debilidades, para ver si la República es realmente un objetivo o sólo una palabra representativa de un tiempo político del pasado y de unos “valores” imprecisos. 

Tendrán que identificar claramente quiénes son y dónde se encuentran sus aliados, y también sus enemigos, los responsables del deterioro de la democracia, los interesados al mantener la inseguridad, la precariedad, la pobreza… Y explicarlo.

Tendrán que revisar esquemas del pasado y distinguir entre quién defiende hoy en día privilegios de clase, de género y de poder administrativo y quien apoya a discriminadas y discriminados.

Y necesitarán mecanismos de solidaridad, de la sociedad civil, también económicos, porque a estas alturas ya son muchos lo que han tomado conciencia de la existencia de un conflicto de larga duración, en el cual el Estado, lejos de prestar protección, ha dejado y dejará damnificados.

El gobierno del PP no esconde sus cartas, herederas de una lógica militar. En vez de diálogo utiliza la fuerza. Y si el enemigo se retira, le persigue.

Lo que tiene delante, por el momento, es una movilización independentista excepcional, pacífica, atípica, no comparable a ninguna otra de las que se han visto en Europa occidental. La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió indica que los catalanes partidarios de la independencia habrían perdido apoyo en los últimos meses, del 48,7 al 40,8%; pero hay que recordar que, según el mismo estudio, si hubiera elecciones, los partidos independentistas podrían obtener en el Parlamento una mayoría algo más sólida que la actual.

Siempre queda la incógnita sobre si el tejido asociativo soberanista conserva su capacidad de convocatoria en la calle. Depende de la coyuntura, está claro, y de su propia organización, y de la conducta de sus dirigentes, pero no parece debilidatado. En las movilizaciones de este viernes no ha dado muestras de flaqueza.

Conviene, en cualquier caso, que demócratas de todas partes el Estado se pregunten por el escenario de un eventual repliegue del independentismo al autonomismo, del que provienen muchos de sus actuales representantes. Que se pregunten sobre quién sería el beneficiario de una eventual pérdida de impulso del movimiento soberanista catalán. 

Hace cuatro años, el actual teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, el constitucionalista Gerardo Pisarello, ya señalaba en Madrid que una derrota del proceso en Catalunya significaría una derrota para movimientos de todo el Estado. Hoy parece más evidente que entonces.

Si el soberanismo cede, ¿quién lo celebraría? ¿Quién sacaría provecho? ¿Habría menos represión si sus dirigentes renunciaran a lo que se aprobó el 1 de octubre? ¿El PP, C’s y el PSOE harían algún gesto de reconocimiento de la realidad nacional catalana?

El gobierno de España utilizará todos los recursos que tiene para impedir que el Parlamento trabaje como cámara con capacidad de legislar. Rajoy, Sáenz de Santamaría, Rivera, Arrimadas, Sànchez, Robles, Ábalos han negado de todas las maneras posibles la consideración de Catalunya como un sujeto político soberano, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Es por este motivo que ninguno de ellos ha pronunciado nunca en relación a Catalunya una frase tan sencilla como esta: “sentémonos a hablar”.

La intervención del Estado sobre la Administración catalana se convertirá en algo permanente. Lo dice y reitera el ministro portavoz. Lo confirma el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, hombre clave en la aplicación del artículo 155. Mientras no haya un gobierno catalán que se conforme con el actual orden constitucional y estatutario, el gobierno español seguirá en Catalunya, dice.

¿Qué se puede hacer con un Estado que considera delictiva una aspiración política como es el ejercicio del derecho de autodeterminación, que en tiempos de la transición reivindicaban todos los demócratas?

Un gobierno de la “Generalitat” adaptado a las actuales exigencias del aparato de Estado podrá utilizar, de la mejor manera posible los espacios institucionales propios de una comunidad autónoma, pero si la nueva izquierda y la tradicional no hacen frente al autoritarismo y al régimen monárquico, sin ambigüedades, si no se dispone a tejer alianzas con todos los soberanistas y republicanos para sacarse de encima un poder judicial estrechamente vinculado al poder político, los márgenes de actuación desde la Generalitat, y seguramente desde cualquier administración autonómica, se irán haciendo cada vez más estrechos.

Un “autogobierno” marcado por la doctrina del miedo, lejos de hacer respetar los derechos democráticos de la ciudadanía, dejaría pista libre para todo tipo de oportunistas, que entienden la política como un juego de maniobras, de golpes bajos, amenazas, inconfesables alianzas y traiciones, para conseguir adhesiones, fidelidades, negocios y espacios miserables de poder. Hay que hacer todo el posible para tener una administración cercana y totalmente alejada de los gustos de los que este viernes han celebrado o intentado ridiculizar el exilio de Marta Rovira y el encarcelamiento de Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva.



(*) Periodista

El despropósito de la Justicia: No en mi nombre / María José Pintor Sánchez-Ocaña *

Ni entiendo ni comparto la tesis soberanista de los independentistas. Quizá por eso, como bilbaína universal, constitucionalista y española, esperaba mucho más de mis instituciones. 

El despropósito de la Justicia en España –marioneta de un Gobierno al que se la ha ido la mano y que ya no sabe cómo parar esto- ha desbordado hoy del todo el vaso de lo razonable con el procesamiento por rebelión de Junqueras, Turull y Puigdemont.

Yo que he criticado abiertamente a Puigdemont por no dar la cara y huir, frente a la valentía de Junqueras, entiendo hoy que es imposible pedir tanto sacrificio a nadie por firme que sean sus convicciones.

Por eso entiendo más al líder del JxCat y, sobre todo, comparto los argumentos de Marta Rovira en esa carta de despedida –no sé si escrita antes o después de huir de España y dejar plantado al Tribunal Supremo- especialmente cuando hace referencia a la faceta más familiar y personal, cuando hace mención a su hija.

¿En nombre de quién el Gobierno y el Supremo se atreven a llegar tan lejos contra los líderes independentistas, tan soberanistas como pacíficos, sin sonrojarse siquiera?. No en mi nombre, desde luego.

Me avergüenzo de quien usa la fuerza en vez de la razón y más que nunca hago mía la universal frase de Unamuno a Millán Astray: “Venceréis pero no convenceréis”.

Cómo explicar a mi hija, que crece creyendo en valores, en nuestro país y nuestras instituciones, que las ideas llevan en España a la gente a la cárcel, al exilio, a penas de prisión más importantes que la que tendrá, probablemente, la asesina de un menor.

Cómo defender el bloque constitucionalista, el mío, cuando personas juzgadas y condenadas por corrupción, blanqueo y otras barbaridades siguen en libertad –por ejemplo Urdangarín- frente a quién pacíficamente –aunque yo creo equivocadamente- declara, apoya o vota un proceso de independencia y para ir a la cárcel no necesita ni ser juzgado.

No en mi nombre, repito. No en el mío y en el de miles de ciudadanos que queremos rebatir sus ideas a Junqueras y al resto de los líderes independentistas mirándoles a la cara, en mutua libertad y sin tener que avergonzarnos de nuestras instituciones.

En mi nombre pido perdón por tanta injusticia, sufrimiento innecesario y por unos hechos de un Gobierno que ni respeta la separación de poderes ni el juego democrático.
No en mi nombre. ¡Qué vergüenza!



(*) Periodista




Creo en el cuarto poder / Jerónimo Tristante *

Una prensa libre, junto con la absoluta independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, son lo mayor garantía para tener un sistema plural y justo. En España, desde aquella horrible frase atribuida a Alfonso Guerra de «Montesquieu ha muerto», fuimos muchos los que perdimos la esperanza de que esto pudiera funcionar como lo hacen las democracias históricas del mundo occidental. 

De la prensa en el franquismo, ni hablamos; los que se dedicaban a contar noticias hacían lo que podían y gracias, pero es que después de aquella censura llegó algo peor, la autocensura.

Una obsesión. Es una auténtica obsesión de nuestros políticos. El 'tole tole' eterno. Quieren controlar los medios de comunicación. En nuestra ya no tan joven democracia hemos vivido momentos en que la prensa libre ha destapado grandes asuntos pero, en general, la cosa ha ido empeorando año tras año. La maquinaria de los partidos puesta al servicio de la verdad única ha ido minando día a día la moral de aquellos periodistas empeñados en demostrar que el valor más importante para ellos es la independencia. 

Tengo muchos amigos periodistas y sé lo que han sufrido - y siguen sufriendo- en estos últimos años. La crisis económica fue la puntilla que diezmó las redacciones y que otorgó al poder la potestad de ser el máximo inversor publicitario en unos medios que necesitan, lógicamente, de la publicidad institucional para seguir trabajando. El periodista autónomo medio gana menos de mil euros.

Desinformación. Esto provoca que teniendo más medios de comunicación que nunca, estemos desinformados hasta grado extremo. Me di cuenta de ello el otro día, cuando escuchando la radio, encuestaban a los oyentes sobre qué había pasado en Lavapiés. Los ciudadanos que hicieron aportes manifestaron algo escalofriante: «no podían saberlo dado que unos medios decían una cosa y otros otra. Y los políticos, igual». Me dio que pensar porque, ¿quién puede creer lo que diga un diputado del PP? ¿Quién va a creer lo que diga uno de Podemos? 

Esto es, ya de por sí, lamentable; pero luego vienen los medios: unos decían que el senegalés murió perseguido, otros que fue un infarto, simplemente. Y mientras tanto, los ciudadanos en la inopia. Cualquiera con dos dedos de frente entiende que, aunque el infarto hubiera aparecido tras una persecución policial, este se produjo por una cardiopatía congénita e igual podía haberle ocurrido subiendo unas cajas a casa o haciendo otro esfuerzo. Pero es que, además, se produce tras un ataque epiléptico cuando caminaba con un amigo.

¿Y los ciudadanos con qué nos quedamos? Las intromisiones de los políticos, el chantaje con la publicidad institucional, «las líneas editoriales» de los grandes grupos, los accionistas... Todo esto coloca al periodista ante tamañas presiones, que se les hace imposible contar bien lo que ocurre. Vivimos con ordenadores, internet, Twitter y su puta madre, y resulta que en el siglo XIX la gente se enteraba mejor de las cosas. Si un periodista decía que a un tío le había caído un ladrillo, es que le había caído un ladrillo. Y punto.

Corren tiempos en que desaparecen columnas de nuestros periódicos porque hay artículos certeros que molestan al poder y se presiona -sin complejos- al medio donde ejerce esa persona para que deje de «causar molestias». Esta semana una columna muy seguida a nivel regional ha caído y me consta que no ha sido culpa del propio periódico. Una sociedad desinformada es una sociedad que queda a merced de los bandidos. Yo soy afortunado, me dan libertad para escribir lo que quiera, aquí y en otros periódicos en los que he colaborado. Pero no todos los medios actúan así.

Valen por lo que callan. Recuerden aquella famosa frase de José María García y no olviden nuestros señores políticos que los periodistas hacen bien su trabajo. Yo conozco a muchos y sé que ellos lo saben todo. Investigan, preguntan, se mueven y, repito, lo saben todo. Otra cosa es que lo puedan contar porque, a veces, hay que tener cuidado con lo que puede ser demandable; otras, hay que proteger una fuente, y en otros casos sufren presiones. 

La maldita crisis atenaza a grandísimos profesionales que sufren más presión que en el franquismo, porque no hay peor censura que la autocensura. Los lectores y los oyentes deben defender a esos periodistas independientes. Entiendo el miedo de esos jefes que saben que enfrentarse al poder puede hundir su periódico, su emisora o su tele. Entiendo por lo que pasan ellos y sus periodistas y sé cómo hacen encaje de bolillos para poder contarnos las cosas que nos cuentan. Y yo, se lo agradezco.



(*) Escritor y profesor de Secundaria



2.060.000 rebeldes / Ramón Cotarelo *

Continúa el carrusel del disparate en todos los desórdenes. Todos/as a la cárcel. Cárcel también espera a los del exilio si los pillan. A la cárcel los representantes electos. ¿Por qué? Por la presunta comisión de varios delitos. Dejemos los delitos en sí y vayamos a la acción de delinquir. 
 
Según la teoría de la representación aquí aplicable más o menos laxamente, estos representantes son los mandatarios de los electores que son los mandantes. ¿Y el mandato? Declarar e implementar la República catalana independiente. Lo han cumplido hasta donde los han dejado. ¿Es eso delito? ¿Es delito el referéndum del 1-O? 
 
De serlo son delincuentes los autores materiales (los representantes) y los intelectuales (los representados), así que, en efecto, 2.060.000 delincuentes, todos a una, Fuenteovejuna. Si el 1-O era ilegal, votar, salvo en acto de sonambulismo, era ilegal. Es lo que tiene poner las instancias judiciales al servicio de las políticas.

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Se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución de 1978. Y se celebra bajo mandato del partido algunos de cuyos miembros originarios votaron en contra de ella. Como también se celebra estando en vigor el artículo 155, el bucle se cierra. Si quienes votaron en contra en 1978 querían que España siguiera sin Constitución, lo han conseguido. España carece de Constitución pues el art. 155 la deja en suspenso. Quienes sostengan que, pues el 155 es un art. de la Constitución, esta está en vigor, que relean las aventuras del barón de Munchhausen, el que se sacaba del pantano tirándose de los cabellos.
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Ahora reaparecen las famosas órdenes internacionales en pintorescas modalidades. Como están las cosas, adelantar una negativa generalizada en Europa a esta demasía no es arriesgar mucho. El mayor desprestigio de la justicia y la judicatura españolas está garantizado. Todo el mundo ha visto ya que se trata de una causa política general de un tribunal que atiende a las necesidades del gobierno y pretende resolverle por vía jurídica lo que aquel no puede, no sabe o no quiere resolver por vía política. Pero jurídicamente esto es una vergüenza estilo justicia de Peralvillo.
                                                          
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Política y paradójicamente estos encarcelamientos han resuelto las reservas y recelos del bloque de partidos  independentistas. El Estado ha zanjado la cuestión con una declaración de guerra de hecho. Y todos a la cárcel. Política de mano dura y escarmiento. Estilo autoritario de la casa. Verás tú cómo ceden. Pero no ceden. Aquí puede acabar cumpliéndose la impresión de Palinuro: para vaciar las cárceles, primero habrá que llenarlas. Para traer a la gente del exilio hay que ir a buscarla. 

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¿Y los indepes? Deliberando. Y hacen bien. El momento lo requiere. No se cede, pero tampoco se salta al vacío que es lo que las provocaciones del Estado buscan. Ellos lo llaman "aplicar la ley" pero todos saben que esta solo es ya la voluntad omnímoda de un hombre como M. Rajoy. 

El Parlament, reunido hoy solo podrá investir a un lazo amarillo. El candidato propuesto es secuestrado (políticamente hablando) por un órgano judicial que se sitúa por encima del legislativo. Este, sin embargo, en teoría, puede hacerlo todo. Pase, pues, de la teoría a la acción y haga algo, manifieste su voluntad. Invista a Puigdemont. Agote los dos meses proponiendo candidatos pero no votándolos. Diga a los representados, a la gente, cómo se va a responder a la enésima agresión. 

La gente. He visto llamamientos a acciones colectivas de boicots viarios o de otro tipo. Las reacciones espontáneas de indignación son lógicas pero no siempre oportunas y suelen ser descoordinadas y, por tanto, fáciles de aplastar por la represión. Si la densidad impide la represión y se producen formas de coordinación también espontáneas, aquí no se ha dicho nada. Lo evidente, palpable, manifiesto en la sociedad es una voluntad de acción colectiva que, partiendo del 1-O está dispuesta a sostener formas pacíficas de resistencia y desobediencia. Existe la fuerza; faltan las directrices tácticas. La estratégica sigue siendo la de siempre. Aquí debe proponer el Parlament y también la terza gamba del movimiento independentista.

El bloque de partidos independentistas. Los ha reunido de nuevo la virulencia (por lo demás, esperable) del último ataque. Es este el que dará sentido a la nueva etapa del conflicto en la que es probable se entre en una dinámica electoral que acabará en el referéndum. El tercero desde el 1-O de 2017. Y ese sentido consiste en desplazar el eje de la acción colectiva de la independencia a la democracia. Nadie quiere volver a la dictadura, que es el programa del 155. No en Catalunya. 
 
En el resto del Estado, ellos sabrán. La lucha es hoy por la democracia. Entiéndase bien: no por la independencia (que también, claro es), sino por el derecho a ser independentista, el derecho a tener derechos, como defendía Hannah Arendt, a no ser arbitrariamente perseguidos por razones políticas con ficciones jurídicas. Esa lucha interpela a sectores catalanes más amplios que los puramente independentistas. Debiera interpelar a sectores populares y de la izquierda española. Pero esa es otra historia.

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¿Qué ha pasado con la izquierda española? Sencillo: el PSOE apoya el 155 en los términos que M. Rajoy, considera "de sentido común": la Generalitat solo puede estar presidida por quien él quiera, es decir, por un candidato "limpio". Lo dice quien lo dice y el PSOE calla. 
 
Pero donde el PSOE calla, Podemos habla: ¡qué horror encarcelar igual que Santiago Matamoros segaba cabezas de infieles! ¡Qué falta de juridicidad! ¡Qué prevaricación! Bien, de acuerdo, y ¿qué más? ¡Ah! España sin los catalanes es inconcebible. España, porras, es plurinacional. Los catalanes deben sentirse fraternalmente tratados en España. 
 
Olvidemos el adverbio que tiene mucha miga porque fraternales eran las relaciones de Caín y Abel y no sé yo sí... El asunto es que, tanto si la fraternidad es la de Caín y Abel o la de los Graco, la tierra en que florecerá es España. El derecho a irse de España no existe, dicen los más españolistas; y, si existe, no se reconoce jurídicamente, dicen los del aparato; salvo que medie un acuerdo político universal de los españoles en el que voten hasta los del Valle de los Caídos, dicen los utópicos. 
 
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La lucha catalana tiene una gran resonancia internacional y despierta crecientes simpatías. Asimismo el modo en que el Estado lo trata, suscita escrúpulos hasta en el bloque del 155. Pero los indepes catalanes saben y saben bien sabido que, en último término, solo cuentan con sus propias fuerzas. Que son muchas. Cada vez más. 
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Un país en estado de shock / José Antich *

Catalunya es un país en estado de shock después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya acordado devolver a la prisión a Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, donde ya se encuentran Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En total, seis miembros del Govern, la presidenta del Parlament en la anterior legislatura y los exlíderes de la ANC y Òmnium. 

Además, se han cursado euroórdenes de detención y extradición sobre los miembros del Govern en el exilio, el president Puigdemont y los consellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. Y una orden de detención internacional en el caso de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que se encuentra desde este viernes en Suiza a donde ha viajado para eludir su entrada en prisión. 

Pablo Llarena ha cerrado precipitadamente la causa y ha jugado fuerte con el objetivo de tener lo más rápidamente que pueda en prisión a los seis líderes independentistas actualmente en el extranjero y que se sumen a los nueve que ya se encuentran en los centros penitenciarios de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco. A nadie se le puede escapar que la decisión del magistrado del Supremo es, además de injusta y del todo desproporcionada, enormemente grave. 

La presentación de los hechos que efectúa el magistrado en el auto de procesamiento ni justifican la rebelión —¿cuándo y cómo se produjo el alzamiento que justifique una acusación tan grave?— ni acreditan la malversación de dinero público. Lo mismo sucede con la sedición, apreciándose tan solo el delito de desobediencia. 

Pero es obvio que si todo eso lo puede asegurar una persona carente de conocimientos de derecho como yo, mucho más lo sabe un magistrado de los conocimientos de Llarena o el propio ministerio fiscal. Pero la causa general, que se ha emprendido contra el independentismo precisa poco de hechos y mucho de literatura. Como precisa de un gran consenso político y mediático. El primero para aplaudir las medidas adoptadas y el segundo para acríticamente explicar los hechos aunque sean falsos.

Decía al principio que Catalunya es un país en estado de shock. Lo está todo él o una parte muy, muy, amplia. No un partido o unos partidos. Unas entidades u otras. Que oscila entre la depresión y la indignación. Entre la rabia y la desolación. Entre la defensa de las instituciones y la defensa de la calle. Entre el independentismo más enardecido y el más pragmático. Un país que llora más que sonríe. Pero también un país, que nadie se confunda por más errores que la mayoría política haya cometido, que no se dejará arrebatar la dignidad por más que las altas esferas del Estado hayan decidido aporrear la democracia. 

Las manifestaciones improvisadas en los cuatro rincones de Catalunya son una expresión. Encontrar una salida en el laberinto basada en el diálogo fue la propuesta del candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Turull en la tarde del jueves, ofrecida con toda la solemnidad desde la tribuna del Parlament. La respuesta en esta ocasión ha tardado menos de 24 horas.

Ha ido tan rápido y ha sido tan abrumadoramente cruel que fijar el rumbo de la navegación no va a ser fácil, por más que en una situación absolutamente excepcional incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya requerido al estado español a que adopte las medidas para asegurarse que Jordi Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos sin restricciones. 

Algo que sucedió cuando fue designado hace unas semanas candidato a la presidencia de la Generalitat y su nombre decayó cuando Llarena le impidió abandonar la prisión de Estremera. ¿Problemas? Que España dispone de seis meses para presentar alegaciones al Alto Comisionado de la ONU. Un tiempo demasiado precioso en el momento de discusión actual.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia