El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra la retirada del Estatuto de Autonomía

MURCIA.- El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el PSRM-PSOE para impedir la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia que se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados.

"El presente recurso de amparo ha sido turnado a la Sección Segunda de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, lo que se pone en conocimiento de las partes y del Ministerio Fiscal a los efectos oportunos", tal y como aparece recogido en la diligencia de ordenación emitida el pasado martes.

Cabe remontarse al 1 de abril de 2019, cuando el Pleno de la Asamblea Regional aprobó por unanimidad la reforma del Estatuto de Autonomía.

Sin embargo, la correlación de fuerzas en el parlamento autonómico cambió en la siguiente legislatura y el PP pudo seguir en el Gobierno murciano tras alcanzar un pacto con Ciudadanos. 

No obstante, en marzo de 2021 y con la legislatura ya comenzada, la formación naranja dio por roto su acuerdo y presentó una moción de censura junto al PSOE para desalojar a los 'populares' del Ejecutivo.

No obstante, esta moción no salió adelante debido a que tres diputados de Ciudadanos no respaldaron finalmente la moción. El Ejecutivo de Fernando López Miras consiguió seguir gobernando con el apoyo de esos tres diputados --que fueron expulsados de la formación naranja-- y de los cuatro diputados del Grupo Parlamentario Vox.

En ese contexto, los diputados de Ciudadanos, PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados comenzaron a elaborar enmiendas al Estatuto de Autonomía de la Región para modificar el texto durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, algunas de ellas relacionadas con el transfuguismo o con la limitación de mandatos del presidente del Ejecutivo autonómico.

De este modo, el 1 de diciembre de 2021, el Pleno de la Asamblea Regional aprobó la reforma parcial del Reglamento del parlamento autonómico para frenar la tramitación del Estatuto de Autonomía en el Congreso.

La iniciativa, a propuesta de PP y los diputados expulsados de Ciudadanos y de Vox, surgió para evitar los cambios sobre la limitación de mandatos y el transfuguismo que proponían PSOE, Podemos y Ciudadanos en la tramitación del Estatuto de Autonomía de la Región, que se encontraba entonces en el Congreso de los Diputados.

Un día después, el 2 de diciembre de 2021, la Asamblea acordó retirar el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía del Congreso de los Diputados con los 24 votos a favor del PP y los expulsados de Ciudadanos y Vox. Por contra, los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos decidieron ausentarse de la votación como protesta por lo que consideraron un "atropello democrático".

En marzo de 2022, el PSOE anunció que había presentado un recurso de amparo ante el TC por el que solicitaba la anulación de los acuerdos de la Asamblea regional "que permitieron al PP, sus socios tránsfugas y los expulsados de Vox solicitar la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso, donde ya se estaba tramitando".

En su recurso de amparo, el PSOE alegó que la Asamblea Regional acordó la retirada del Estatuto de Autonomía, pero sin aguardar a que la modificación del Reglamento del parlamento autonómico que amparaba ese movimiento estuviera publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia ni en el Boletín Oficial del Estado.

Por este motivo, el PSOE señaló en su recurso que esta modificación del Reglamento no estaba en vigor en ese momento y pidió que se declarara la nulidad del acuerdo que retiraba la reforma del Estatuto.

Además, el PSOE pidió al TC en su recurso que se declarare que "se ha vulnerado el derecho de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes, que se encuentra en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes".

Albricias socialistas

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Pepe Vélez, ha asegurado que el Partido Socialista "llegará hasta el final para defender la democracia en la Región de Murcia y, de esta forma, los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad autónoma".

Vélez ha realizado estas declaraciones tras conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE de la Región de Murcia contra la retirada del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región "que llevó a cabo el PP y los tránsfugas", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

A continuación, ha explicado que, después de la moción de censura, la Región de Murcia asistió al "capítulo más negro". 

"El PP, junto a los tránsfugas, modificó el reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, unilateralmente y de un día para otro, para poder retirar el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, que en esos momentos estaba dando los últimos pasos de la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados", ha señalado.

Además, ha lamentado que "lo retiró amparándose en la modificación del reglamento cuando ni siquiera había entrado en vigor".

"Fue todo un atropello democrático, ya que el Partido Popular retiró solo con la ayuda de los tránsfugas un proyecto de reforma del Estatuto que había sido aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos en 2019 y que ya había sido aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados en 2021", ha denunciado públicamente.

"Ante esto y ante el rechazo de todas nuestras reclamaciones por parte de la Asamblea Regional, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos vimos obligados a pedir el amparo al Tribunal Constitucional", según Vélez, quien ha subrayado que "el PP y los tránsfugas vulneraron los derechos fundamentales de los diputados y, por tanto, de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región".

"Nos alegramos de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite nuestro recurso", ha explicado. "Esperamos también que sirva para que el PP reconsidere su posición. Es necesario recuperar el acuerdo que se alcanzó en 2019 para reformar el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, con el fin de adaptarlo a las necesidades e inquietudes de nuestra comunidad autónoma en pleno siglo XXI", ha añadido.

Por otro lado, y para finalizar, el líder de los socialistas ha recordado que la legislatura pasada López Miras perpetró el mayor escándalo de transfuguismo y, por tanto, de corrupción política de nuestra democracia.

"Demostró que era capaz de todo con tal de seguir en el poder: firmó ante notario con los cuatro tránsfugas de Ciudadanos que los incluiría en la lista del PP para las siguientes elecciones autonómicas, según informaron los medios de comunicación; dejó el Gobierno regional en sus manos y sacrificó el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, que fue acordado por todos los grupos políticos en 2019", ha concluido.

Puntualización del PP

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha denunciado públicamente que "es muy preocupante que sobre un recurso de amparo presentado por PSOE ante el Tribunal Constitucional vaya a resolver Juan Carlos Campo, un magistrado que ha sido ministro con Pedro Sánchez".

Segado se ha referido así al hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el PSOE para impedir la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia que se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados.

A este respecto, Segado ha criticado que "el PSOE maneje una información del Tribunal Constitucional que el resto de grupos parlamentarios y la propia Asamblea Regional desconocen". 

En ese sentido, ha señalado que "desde el Grupo Parlamentario Popular hemos consultado a los servicios jurídicos de la Cámara y no ha habido ninguna comunicación oficial sobre este asunto".

El portavoz del PP en la Asamblea ha recordado que "en 2019 se acordó en la Asamblea regional un Estatuto de Autonomía por unanimidad de todos los grupos políticos", sin embargo "el mismo Pleno que lo había aprobado decidió retirarlo tres años después porque el PSOE y Podemos habían presentado 53 enmiendas al texto que previamente habían apoyado en la Cámara autonómica".

"Con esas enmiendas, PSOE y Podemos pretendían modificar en el Congreso de los Diputados con los votos de los socios habituales de Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes y vascos, lo que nunca hubieran conseguido cambiar en esta Asamblea regional con los votos de los ciudadanos de la Región de Murcia", ha apostillado.

"José Vélez, el secretario general del PSRM, pretendía cambiar en Madrid con los socios de Sánchez, que nada tienen que ver con la Región de Murcia, lo que en esta Asamblea regional se había acordado por unanimidad", ha incidido Segado.

 "Un menosprecio a las decisiones tomadas por la Cámara que representa a los ciudadanos de la Región que desde el Partido Popular no podíamos permitir", ha concluido. 

IU-Verdes eleva a Fiscalía las amenazas y mensajes de odio difundidas en la plataforma "No al CETI" de Cartagena

CARTAGENA.- La agrupación municipal de Izquierda Unida-Verdes de Cartagena ha expresado su profunda preocupación ante la creciente escalada de violencia verbal en un canal de Telegram de la plataforma "No al CETI", que según indican "se ha alineado con la campaña mediática de la ultraderecha". 

Desde la formación política, han denunciado que dicho canal "no solo difunde bulos y mensajes xenófobos, sino que ahora ha llegado al extremo de hacer abiertamente llamadas al homicidio contra personas migrantes alojadas en las instalaciones del CETI en Tentegorra".

La formación de izquierdas advierte que "no cabe tolerancia de ninguna forma ante este tipo de mensajes", subrayando que las personas migrantes del CETI no están causando ningún tipo de problema de seguridad y que "estas actitudes de odio e ignorancia son lo que deteriora realmente la convivencia" en la ciudad portuaria.

En un comunicado emitido esta mañana a través de la red social "X", anteriormente conocida como Twitter, Izquierda Unida-Verdes se ha comprometido a tomar medidas contundentes para asegurar que estos actos no queden impunes. 

"No permitiremos que la violencia verbal y el odio pasen impunes", han declarado, enfatizando su disposición a colaborar con las autoridades judiciales.

En este sentido, el coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha asegurado que se elevará a la Fiscalía toda la información necesaria para que se investiguen posibles delitos de odio promovidos desde este canal de Telegram.

 "No podemos permitir que se siga extendiendo el racismo y la xenofobia a través de bulos que ya hacen llamadas al homicidio contra personas migrantes en Cartagena", ha afirmado Álvarez-Castellanos, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta firme tanto por parte de la justicia, como de la sociedad en su conjunto.

"No toleraremos que el odio se traduzca en violencia: llevaremos a la Fiscalía estos mensajes que atentan contra la coexistencia pacífica en Cartagena", concluyó Álvarez-Castellanos, remarcando el compromiso de IU con la defensa de la convivencia y los derechos humanos frente al auge del discurso del odio promovido por la extrema derecha en la Región de Murcia.

Los soldados españoles acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para no tener que dejar el Ejército al cumplir 45 años

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Vox Murcia lleva a los tribunales el vertido de aguas residuales de la EDAR Mar Menor Sur a Cala Reona

 CARTAGENA.- El pasado 9 de agosto se hizo público a través de una publicación de prensa escrita, que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Mar Menor Sur, viene vertiendo continuamente aguas negras con una deficiente depuración a la Playa de Cala Reona.

Esta alarmante situación ha sido denunciada por diversas asociaciones y vecinos de la zona, quienes han detectado altos niveles de fósforo y nitrógeno en los análisis realizados a pie de playa y junto a la reserva marina de Cabo de Palos.

El diputado regional de Vox, Ignacio Arcas, ha calificado de "intolerable e inadmisible" la persecución y criminalización que el Gobierno regional ha dirigido hacia el sector primario, en particular a agricultores y ganaderos. 

"Es inconcebible que se impongan sanciones millonarias y procedimientos penales a estos trabajadores, tratándolos como delincuentes por la contaminación de nuestro medio ambiente, mientras que organismos públicos contaminan impunemente con la connivencia del propio gobierno", ha denunciado Arcas.

"Desde Vox no damos crédito a que ESAMUR, como empresa pública, permita estos vertidos que ponen en riesgo la salud de los usuarios de Cala Reona y dañan gravemente el medio ambiente de nuestra costa. Sin embargo, el Gobierno de López Miras no actúa con la urgencia que la situación requiere para evitar este sinsentido", ha remarcado el parlamentario.

Los técnicos públicos han manifestado que la zona en la que desagua la depuradora, Cala Reona, no está declarada como "zona sensible" debido a que no tiene aguas eutróficas o tendencia a serlo. 

"¿Qué clase de excusa es esa cuando se pone en riesgo la salud de las personas y se contamina deliberadamente un entorno natural tan valioso?", ha cuestionado Arcas.

"El Gobierno regional presume de la eficiencia de nuestras estaciones depuradoras y de bombeo, cuando la realidad es muy diferente. Estas instalaciones no tienen la capacidad suficiente para depurar y bombear el total de agua sucia que les llega, y esta situación debe terminar de inmediato. Como ya anunciamos, desde Vox estaremos vigilantes ante estos actos irresponsables y utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para perseguirlos", ha concluido.

Bayer sube más de un 8% tras una sentencia favorable en EEUU sobre el herbicida 'Roundup'

 HARRISBURG.- Las acciones del grupo químico y farmacéutico alemán Bayer llegaban a subir este viernes hasta un 8,56%, después de que un tribunal estadounidense de apelaciones haya fallado en contra de la reclamación de un particular que acusaba a la empresa de violar la legislación del Estado de Pensilvania en el etiquetado del herbicida 'Roundup', limitando así el riesgo de demandas para la compañía.

En el día de ayer, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos en Filadelfia rechazó la reclamación planteada por David Schaffner que alegaba que Monsanto, adquirida por Bayer, había vulnerado la legislación estatal al no añadir una advertencia sobre el riesgo de cáncer en la etiqueta del producto, ya que considera que las normas federales sobre etiquetado tienen prevalencia sobre la regla de un Estado.

En mayo de 2019, David Schaffner y su esposa presentaron una demanda contra Monsanto en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Allegheny (Pensilvania) alegando seis causas de acción conforme a la legislación estatal, incluida una por falta de advertencia.

En su sentencia, el juez Michael Chagares recuerda que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA), el estatuto federal que regula pesticidas como 'Roundup', "exige uniformidad a nivel nacional" en el etiquetado de pesticidas al prohibir a los estados imponer requisitos que sean adicionales o diferentes a los requisitos impuestos por la propia FIFRA.

Bayer ha reservado hasta 16.000 millones de dólares (14.553 millones de euros) para hacer frente a más de 100.000 casos relacionados con 'Roundup', que adquirió cuando compró Monsanto por 63.000 millones de dólares (57.304 millones de euros).

Detenidas trece personas por tráfico de seres humanos desde Argelia a la Región de Murcia

 MURCIA.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a trece varones de origen argelino como autores de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y asociación ilícita, al ser considerados los responsables de patronear las embarcaciones tipo 'patera' y trasladar a numerosas personas desde las costas de Argelia hasta el litoral de la Región de Murcia, han informado fuentes policiales en nota de prensa.

La intervención humanitaria que realiza la Policía Nacional junto con el resto de organismos, ONG y asociaciones implicadas en la recepción de inmigrantes, se complementa con una labor coordinada entre diferentes grupos de investigación, con el objetivo de poder determinar la existencia de organizaciones criminales dedicadas al Tráfico de Seres Humanos.

Durante la investigación, los agentes especializados de la Policía Nacional, pudieron recopilar las declaraciones de testigos e indicios necesarios para identificar plenamente a los patrones de las embarcaciones que habían llegado a las costas de la Región de Murcia, pudiendo imputarles delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y asociación ilícita.

Las travesías marítimas que realizan estos patrones de embarcación suponen un verdadero riesgo para la vida e integridad de las personas, al realizarse en embarcaciones muy precarias, sin ninguna medida de protección o seguridad, enfrentándose a condiciones climatológicas adversas y sufriendo los efectos nocivos de la larga exposición al sol y al agua de mar.

Finalmente, los trece detenidos fueron puestos a disposición judicial, decretándose su inmediato ingreso en prisión, a la espera de la celebración del correspondiente juicio oral, pudiéndose enfrentar a penas de prisión entre cuatro y ocho años de privación de libertad.

El partido político 'Valores' se personará en el Supremo como acusación popular contra Sánchez y Begoña

MURCIA.- El partido político Valores anuncia que se va a personar como acusación popular en el momento en que sea admitida a trámite la denuncia en el Tribunal Supremo contra el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y su esposa. El pasado 20 de mayo, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, Manuel Romeral, que también es el Presidente de Valores en la Comunidad de Madrid, presentaba, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, denuncia contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez en la que se detallaban una serie de acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y otros delitos relacionados.

A Pedro Sánchez se le atribuyen la autoría de presuntos delitos de los artículos 428, 439 y 451 del Código Penal y a su esposa, Begoña Gómez, se le acusa de cometer presuntos delitos de Tráfico de Influencias recogidos en los artículos 429 y 430 del Código Penal.

"Los hechos relatados, de confirmarse, son de una gravedad nunca antes vista en la democracia española. Confiamos, ahora más que nunca, en la independencia del Poder Judicial para dictaminar la apertura de la investigación al Presidente del Gobierno que, por su cargo, está aforado.

Lo que sí nos preocupa, dice Alfonso Galdón, presidente nacional de Valores, es la dilación en el tiempo de respuesta de la admisión a trámite o desestimación de la denuncia por parte del Tribunal Supremo, que tiene, desde hace dos meses la denuncia de la AECC, Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. 

Hay que recordar que España no es Estados Unidos y, por tanto, aquí no existe la oficina de la Primera Dama, que por cierto, es otra figura política, que tampoco existe en España. Por tanto, la señora de Sánchez, no tiene agenda pública ni puede recibir a empresarios o delegaciones de países extranjeros en el complejo de La Moncloa como, al parecer, ha sucedido".

En el escrito de denuncia del pasado 20 de mayo, además del presunto tráfico de influencias, llaman la atención los contratos públicos que recibió la empresa Inmark, empresa de la que Gómez es accionista, así como la fragmentación de los rescates millonarios, con dinero público, de Air Europa y de Globalia, aprobados por el gobierno de Pedro Sánchez y sin el consentimiento europeo. 

"También, la reunión de la señora de Sánchez en la embajada de Ghana el 31 de enero de 2022 y que fue publicitada por la propia Embajada de Ghana el 18 de febrero donde se hace alusión a la misma en la que se reunieron " el embajador Muhammad Adam y la esposa del Primer Ministro español". 

Los contratos al Señor Barrabés, imputado recientemente por este tema, son también motivo de denuncia de la AECC, así como otra serie de hechos concretos que se detallan en el amplio escrito de denuncia de 21 páginas.

Por último, Manuel Romeral y Alfonso Galdón han querido enviar un mensaje de tranquilidad a la sociedad española: " La Justicia es lenta, pero segura ", haciendo ver que, tarde o temprano, los tramposos pagarán por sus fechorías. 

Para Valores, los delitos de corrupción no deberían prescribir y llegado el caso, cambiaremos la Ley para que así sea.

Valcárcel alega rechazo ante los medios para no acudir a la Audiencia Provincial de Murcia el 9 de julio y la Sala accede

MURCIA.- El letrado Diego de Ramón (en la imagen superior), se ha personado como acusación popular en el procedimiento de la desaladora de Escombreras, se opone por escrito a las alegaciones del ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso, para no comparecer el próximo 9 de julio ante la Audiencia Provincial para una eventual vista de conformidad y a la ulterior providencia a favor de su pretensión por parte de la Sala correspondiente, con el argumento de una exposición a los medios de comunicación, que dice le perjudica.

La sección Tercera de la Audiencia Provincial ha dejado sin efecto ese señalamiento de conformidad previsto para el próximo 9 de julio en el marco del conocido como caso La Sal II o Desaladora, en el que está procesado el expresidente.

Providencia judicial

"Se acuerda:

Dejar sin efecto el señalamiento de conformidad previsto para el próximo 9 de julio de 2024. Dejar sin efecto la citación personal formulada al acusado.
Solicitar a las partes que indiquen sobre cuáles de los testigos están investigados en fecha actual en las DPA 956/2016 del Juzgado de Instrucción no 5 de Murcia.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, haciéndoles saber que la misma no es firme y que pueden interponer recurso de SÚPLICA en el plazo de TRES DÍAS a contar de la última notificación practicada a las partes personadas, mediante escrito presentado en este Tribunal".

Cabe recordar que Audiencia Provincial notificó el pasado 24 de mayo la citación de Valcárcel para una vista de posible conformidad, en la que se podría haber alcanzado un acuerdo entre las partes si Valcárcel reconociera los hechos.

El Fiscal solicita para el acusado penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.

La acusación popular eleva estas penas a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa que multiplica por seis el dinero presuntamente defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.

Escrito de Diego de Ramón a la Sección Tercera de 

la Audiencia Provincial de Murcia

"Que habiendo sido notificado la providencia de fecha 10 de junio de los corrientes, en el que se me comunica, que se deja sin efecto el señalamiento de conformidad previsto para el próximo día 9 de julio, sin ninguna justificación procesal penal o de extrema gravedad de salud del encartado acusado, Sr. Ramón Luis Valcárcel, sino solo alegando en su escrito que es una “persona mediática”, para así justificar la comparecencia judicial notificado a su representación procesal y después haber sido requerido de forma personal, Y A AMBAS QUIERE EL ACUSADO SUSPENDERLO, Y DE HECHO SE HA ACCEDIDO A ELLO POR ESTA SECCION TERCERA DE LA EXCMA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA, ante ello, esta parte de la acusación popular, dentro de plazo y término, interpone RECURSO DE SUPLICA, ante este Alto Tribunal, en los siguientes términos:

A L E G A C I O N E S  EN SÚPLICA

PRIMERO.-Al hacer lectura personal de esta providencia, que ahora recurro en su totalidad, me ha producido una gran tristeza jurídica, después de haber estado ejerciendo más de 45 años de abogado, en todo el  territorio nacional, y llevando casos de corrupción, donde en muchos casos se han producido agravios judiciales de magnitudes apocalípticas, como el caso de la contaminación del Rio Segura, después de más de 20 años alegando los acusados la prescripción de los delitos.

1 En este caso, el encartado y acusado, Sr. Ramón Luis Valcárcel, en su escrito “justificativo, de suspender las citaciones judiciales, la procesal al procurador y abogado que representa y al personal, de que es una persona mediática”.

1.1.-Entiende este letrado que ahora es un simple ciudadano, sin ningún poder político, económico, o social, inmerso en un presunto caso de corrupción, que tiene que resolver el tercer Estado de Derecho, que es la Administración de Justicia, que ejerce la tutela de impartirla por nuestro ordenamiento constitucional español, y la normativa europea de superior rango que a la nuestra, en perseguir las acciones tipificadas como delito.

1.2.- Si ahora según dice el acusado es “mediático”, lo será también dentro de un mes, de dos o de cinco.

1.3.- Más que el acusado son personas mediáticas, y acudieron religiosamente a las citaciones judiciales, la Infanta Cristina en el caso judicial de Noos; la esposa del actual presidente de nuestro Gobierno, la Sra. Begoña Gómez, tiene una citación para el próximo día 5 de julio, y no está anulada; el caso del antiguo ex presidente de la Comunidad Valenciana, Sr. Francisco Camps; en el caso Koldo, todos tienen citaciones judiciales y han sido y son mas mediáticos que el acusado Sr. Valcárcel.

1.4.-La interpretación que esta parte puede entender como un posible beneficio al acusado Sr. Valcárcel, de que caso de ser condenado intente rebajar las penas impuestas por el motivo de “dilaciones indebidas“ en un grado o incluso alegar la prescripción.

SEGUNDO.-Por lo expuesto, solicito igualdad jurídica para todos los ciudadanos, sin privilegios o prebendas medievales, con la asistencia personal a los Tribunales, siendo este ente el encargado de ejercer la tutela de la justicia, su observancia, celo y diligencia debida en el proceso penal, ya muy retrasado, sin culpa de esta parte que ejerce la acción popular y el Ministerio Público. Haciendo cronología medieval, en la justicia anglosajona y francesa, el Cardenal Tomás Moro, compareció ante la Justicia Real; y en Francia, también acudió el rey Luis XVI ante la citación de la justicia popular, para cumplir la condena, con su propia cabeza, el rey absolutista. (el Estado era él mismo).

TERCERO.-Por todo los expuesto y escribiendo este recurso con gran tristeza judicial, esperando ver la alegría personal, una vez sea revocada dicha resolución dictada de dejar sin efecto el señalamiento del acusado Sr. Ramón Luis Valcárcel, no siendo esta persona superior en nada a todos los antecedentes anteriores relatados, incluyendo por ser la más reciente la citación para el próximo día 5 de julio de este año a la Sra. María Begoña Gómez Fernández, sin anular, y los señalados, en los que todos fueron a comparecencia judicial cuando fueron citados, ninguno quedó excluido por ser mediáticos, que lo eran, pero no el Sr. Valcárcel, es un simple ciudadano sin ningún privilegio o prerrogativas, al que un importante sector social de clase media, está esperando verse satisfecho en la justicia a aplicar, (inocente o culpable, con solvencia o sin solvencia) quedando por ver todo esto.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por presentado este recurso de súplica, dentro de plazo y término, y se dicte resolución judicial, revocando el dejar sin efectos las citaciones judiciales personales y procesales al acusado Sr. Ramón Luis Valcárcel Siso, por ser de justicia que espero merecer y todavía insatisfecho esta parte de su terminación, por ser de hacer en justicia que pido respetuosamente en Murcia, a trece de junio del año dos mil veinticuatro.

 

 

ALEGACIONES DE LA DEFENSA DE VALCÁRCEL

 

 

Primera.- "Sobre la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad en el procedimiento que nos ocupa y, en consecuencia, sobre la falta de utilidad de la convocatoria prevista para el 9 de julio de 2024.

En primer lugar, y a la vista de las circunstancias del presente procedimiento, considera esta parte que en el procedimiento que nos ocupa, no será posible en ningún caso ningún caso el dictado de una sentencia de conformidad, Sentencia de conformidad, fundamentalmente, porque el Sr. Valcárcel Siso se considera plenamente inocente de todos los hechos objeto de acusación y, en consecuencia, entendemos que dicho extremo implica inexorablemente la necesidad de celebrar un acto de enjuiciamiento en el que se practiquen todas las pruebas propuestas por las partes en sus respectivos escritos de calificación provisional.

En tal medida, y con la finalidad de evitar dilaciones indebidas y molestias a la Ilma. Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos, por medio del presente escrito venimos a solicitar respetuosamente que se deje sin efecto dicho señalamiento para, en su lugar, dictar nueva resolución en la que se acuerde la programación de la celebración del presente juicio oral.

Adicionalmente, interesa destacar a esta parte que las comparecencias anteriores del Sr. Valcárcel Siso a los Juzgados han provocado una desproporcionada atención mediática que le provoca un daño difícilmente reparable a su imagen personal, extremo que previsiblemente se repetirá en el caso de que se insista en su comparecencia personal para la realización de un trámite que carece de la más mínima posibilidad de prosperar.

Segunda.- Sobre la citación a nuestro mandante mediante emplazamiento a su procuradora y la solicitud de un plazo mayor para comparecer.

Adicionalmente, y en línea con lo manifestado anteriormente, el Tribunal al que tenemos el honor de dirigirnos ha optado por notificar el señalamiento de la vista del 9 de julio de 2024 mediante un emplazamiento, a través de su procuradora, para comparecer una vez más personalmente a la sede de los Juzgados, otorgando además los brevísimos plazos de dos días y una audiencia, respectivamente, para acudir personalmente a recibir la correspondiente notificación.

En este sentido, y como antes señalábamos, las comparecencias personales del Sr. Valcárcel Siso a los Juzgados como consecuencia del presente procedimiento, han venido acompañadas siempre de una importante atención mediática que le ha provocado un daño a su imagen de difícil reparación, motivo por el cual, por medio del presente escrito venimos a solicitar respetuosamente que se acuerde su citación por medio del servicio de correos, a fin de evitar dicho asedio mediático que previsiblemente se producirá en caso de que tenga que acudir personalmente. 

 

A estos efectos, huelga señalar que el emplazamiento personal del acusado para la notificación del señalamiento de vista de conformidad a través de procurador de los tribunales, a juicio de esta parte, contraviene lo previsto en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual:

"Las notificaciones, citaciones y emplazamientos podrán hacerse a los Procuradores de las partes.

Se exceptúan:

1.° Las citaciones que por disposición expresa de la Ley deban hacerse a los mismos interesados en persona.

2.° Las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria de éstos."

En cualquier caso, ya adelantamos que no es voluntad de esta parte provocar molestias o retrasos en la tramitación del presente procedimiento, sino únicamente tratar de minimizar daños a nuestro mandante como consecuencia de la desproporcionada atención mediática del presente procedimiento, máxime si los mismos son evitables mediante otras vías de tramitación.

Precisamente por ello, en el supuesto de que no se acceda a la solicitud formulada por esta parte en méritos del presente escrito, venimos a solicitar que se acuerde un mayor plazo para el emplazamiento del Sr. Valcárcel Siso, dejando constancia de que el mismo comparecerá personalmente en la sede del Tribunal si así se considera necesario.

En méritos de lo expuesto,

SUPLICO A LA SALA: Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo, para que luego de seguidos los trámites legales de rigor, acuerde haber lugar a lo solicitado en el cuerpo del mismo, disponiendo lo necesario para su práctica y efectividad".

La Audiencia Provincial de Murcia confirma la fianza de 74 millones al expresidente Valcárcel por el 'Caso Desaladora'

 MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel contra la resolución judicial que le exigía una fianza de casi 74,2 millones de euros tras decretarse la apertura de juicio oral contra él por el caso de la Desaladora de Escombreras, según avanza la agencia Efe.

El expresidente regional está acusado por la Fiscalía de los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos en su gestión durante la construcción y rescate de la desaladora de Escombreras (Cartagena).

El tribunal entiende que la fianza exigida en concepto de responsabilidad civil está justificada y desestima que la cuantía sea desproporcionada, irracional y arbitraria, como argumenta la defensa de Válcarcel. Contra esta resolución, según se indica en la misma, no cabe recurso.

La acusación estatal reclama que sea condenado a once años y medio de prisión, veinte de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que la acusación popular solicita quince años de cárcel y otros quince de inhabilitación.

Según el fiscal, el impulsor de la obra fue el expresidente murciano y su actuación ha supuesto un sobrecoste de 74 millones de euros solo en el contrato de arrendamiento de la planta, por lo que pide que sea condenado a pagar una indemnización por ese importe.

El próximo 9 de julio, la Audiencia Provincial de Murcia ha citado a Valcárcel a una vista de conformidad que, en caso de acuerdo, evitaría el juicio. En la vista solo participará el expresidente regional por si hubiera reconocimiento de los hechos de los que se le acusa y, si fuera así, se dictaría en esa misma vista la sentencia firme, con el atenuante de reconocimiento.

La jueza instructora del caso de la desaladora de Escombreras ordenó en marzo de 2023 la apertura de juicio oral contra el que fuese durante 19 años presidente de la Región de Murcia (1995-2014) después de advertir indicios de presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude.

Al conocerse esa decisión, el expresidente tramitó su baja voluntaria en el Partido Popular de Murcia, que presidía de forma honorífica hasta entonces. Ramón Luis Valcárcel ha defendido siempre su inocencia al señalar que lo único que persiguió con la construcción de la desaladora fue conseguir los recursos hídricos que la Región necesitaba.

Citan a Valcárcel el 9 de julio a una vista para posible conformidad por el caso de la desaladora de Escombreras

                                                                                                                 Abogado Diego de Ramón

MURCIA.- El expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha sido citado el próximo 9 de julio a una vista para posible conformidad por el caso de la Desaladora de Escombreras, según han confirmado fuentes judiciales.

La Audiencia Provincial notificó a última hora de este jueves la citación del expresidente para una vista de posible conformidad, en la que se podría alcanzar un acuerdo entre las partes si Valcárcel reconociera los hechos. De no hacerlo, se volvería a señalar una nueva vista.

El Fiscal solicitaba penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.

Penas que la acusación popular - que detenta el letrado Diego de Ramón - eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa que multiplica por seis el dinero presuntamente defraudado. 

Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.

Según amplía La Opinión, Valcárcel se sienta en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía considera a Valcárcel máximo responsable de los contratos con cláusulas «leoninas» que fueron suscritos por el Ente Público del Agua (EPA) para garantizar un suministro de caudales ficticios a los 26 municipios de la Región que firmaron convenios para recibir el agua desalada, dado que el volumen comprometido duplicaba la capacidad de producción de la planta y no había red de suministro.

La Audiencia Provincial reabrió la causa contra el exjefe del Ejecutivo regional a principios de abril, que había sobreseído el Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia, y admitió en parte el recurso de apelación de la Fiscalía, que consideró el archivo «prematuro» y poco motivado. 

La resolución de la Sala Segunda de la Audiencia, contra la que no cabe recurso, se produjo quince meses después de que el fiscal Juan Pablo Lozano recurriera contra el archivo de la pieza separada abierta para investigar la implicación de Valcárcel en la gestación de los contratos de la desaladora con las empresas del grupo ACS firmados en 2006.

La Audiencia considera «evidente que el aquí investigado estaba sumamente informado no sólo de las líneas generales del proyecto de la desaladora, sino también de muchas peculiaridades e irregularidades habidas en el desarrollo y financiación del mismo, que se fueron produciendo durante su mandato a lo largo de muchos años».

El 9 de julio Ramón Luis Valcárcel se convertirá en el segundo expresidente de la Región de Murcia que se sienta en el banquillo, después de que Pedro Antonio Sánchez (PP) hiciera lo propio por el caso Auditorio.

Sánchez se convirtió el año pasado en el primer presidente de la Comunidad condenado por corrupción después de que el juez Juan del Olmo apreciara que sí que cometió los delitos de prevaricación por las irregularidades en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras y le condenara a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación.

La reproducción de los pinchazos telefónicos en el juicio retrata la “organización criminal” del cartagenero Zaplana

VALENCIA.- La tecnología ha avanzado a pasos agigantados desde el primer pinchazo policial, en el marco del 'caso Naseiro' en 1990, en el que se oía al cartagenero Eduardo Zaplana: de las cintas de casete de la época en las que quedó registrada la necesidad del político del PP de hacerse rico al moderno sistema de escucha Sitel utilizado en el 'caso Erial', casi tres décadas después, según relata elDiario.es. 

El sonido es más nítido, tal como se pudo comprobar en directo en la sesión del pasado jueves del juicio en el que Zaplana es el principal acusado en el banquillo, celebrado en la sala Tirant de la Ciudad de la Justicia ante la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. 

Pequeñas traiciones, piques, chanzas, insultos, comentarios crípticos, lenguaje en clave, tacos, e incluso temores y miedos. La fase de la prueba documental incluyó, a petición de las defensas, la reproducción de los audios de las llamadas telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante las pesquisas secretas a la presunta trama liderada por el ex ministro del PP. Unas conversaciones muy poco honorables para todo un expresidente de la Generalitat Valenciana que retratan más bien una “organización criminal” comandada por Eduardo Zaplana, tal como mantiene la Fiscalía Anticorrupción. 

Al presidente del tribunal, el magistrado Pedro Castellano, le tocó leer de viva voz algunos de los diálogos, incluyendo algún taco. Sin embargo, con el tono formal y poco dramatizado del juez, se perdió la viveza de los diálogos en contraste con los audios originales. 

Se perdía, por ejemplo, el tono de voz de Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confeso de Zaplana, cuando le testimoniaba al abogado Nino Suanzes, también acusado, que estaba “cagao en los pantalones” porque se había publicado una lista de empresas pantalla con cuentas en la Banca Privada d'Andorra (BPA) que le podía salpicar gravemente.

 “Tú pasabas por allí”, trataba de tranquilizarlo Suanzes, hermano de una ex diputada del PP que también se sienta en el banquillo de los acusados.  

Las conversaciones más incriminatorias fueron intervenidas por la UCO en 2018, durante los meses previos a las detenciones. Los diálogos telefónicos que mantenía Pachano resultaron ser los más comprometedores. 

El 20 de marzo de 2018, a las 18.07, el ex ministro del PP conferenciaba con “Pachanito” usando un lenguaje críptico que, según los investigadores, se refería a testaferros de la trama: “He hablado con estas tías con las que tenemos que quedar”, dice Zaplana.

 “Estaba la tía relajadísima, que le había venido la regla y estaba todo en orden”, agregaba en otro momento del diálogo, en el que Zaplana descartaba que la tercera persona, a la que se referían en lenguaje velado, hubiera quedado “preñada”. Se trata, según la UCO, de un “lenguaje convenido” que aludía a los supuestos testaferros.

En el banquillo de los acusados no estaba sentado en su sitio el testaferro confeso. Estaban Zaplana, su secretaria, Mitsouko Henríquez, y Elvira Suanzes. Los tres han acudido a todas las sesiones del juicio. A la derecha del trío, con dos sillas de separación, se sentaba Juan Francisco García, ex jefe de gabinete de Zaplana que, al igual de Pachano, aceptó un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y rebajar la condena.  

Con las conversaciones entre el testaferro y el abogado Nino Suanzes, la UCO pudo vincularlos a las cuentas de la trama en la BPA. Suanzes ejerce su propia defensa y se sienta en la zona lateral de la sala reservada para los letrados.

 “Me acojona por lo que tú ya sabes”, le dice Pachano al abogado en una de las conversaciones. 

“A ver qué nos dice el de arriba, que sabrá más que nosotros”, contesta Suanzes. En la llamada más extensa entre ambos, acaecida el 13 de marzo de 2018, el tono de voz de Pachano delata inquietud y miedo. El testaferro reconoce que está “muy preocupado”.

En otra conversación, una semana después, Pachano insiste en que le daba “pavor” que su mujer acabara salpicada. “La tranquilidad absoluta es que sabemos que no hemos tenido nada que ver a ciencia cierta”, contesta Nino Suanzes. 

El letrado mantenía un semblante serio en la sala mientras escuchaba el audio y comprobaba la transcripción de la conversación. “El problema es que el nombre de Fernando está saliendo en todos lados”, afirma Suanzes.  

Se refería a Fernando Belhot, el fiduciario uruguayo que también confesó los hechos y entregó a la justicia española casi siete millones de euros (pertenecientes a Zaplana, según declaró). 

“Está en la lista Falciani”, recuerda Pachano. Nino Suanzes también le anuncia en el mismo diálogo que el gestor en Barcelona de la BPA que había movido los fondos en metálico de la presunta trama, el excanterano de Barça Lluís Majó, había sido imputado en la Audiencia Nacional. “Tiene un pollo montado del carajo”, dice a modo de resumen.

“Pelagatos”, “hijo de puta” o “gilipollas”

Esa conversación entre ambos acusados fue una mina para apuntalar la acusación. Un Pachano deslenguado acabó reconociendo por teléfono que Paco Grau, el asesor fiscal de Zaplana, fue el “artífice de toda esta ingeniería”, en referencia al tinglado financiero para ocultar las presuntas mordidas en el extranjero de la trama.

“Tiene los huevos como el caballo de Espartero”, contesta Nino en referencia a Grau. Éste último, con autorización del tribunal, se ha venido sentando en los asientos de la sala reservados para el público durante casi todas las sesiones, para seguir trabajando con su ordenador portátil mientras avanzaba el juicio. Sin embargo, esta semana Paco Grau se acomodó en una mesa detrás de las defensas, al fondo de la sala, desde donde escuchó el audio. 

Pachano y Grau se llevaban fatal. De hecho, tal como informó elDiario.es, Zaplana tuvo que mediar entre ambos en una serie de conversaciones telefónicas que también fueron intervenidas por la UCO. 

En la fase de prueba documental en el juicio se escucharon algunos de los epítetos que le dedicaba el testaferro al asesor fiscal: “pelagatos”, “hijo de puta” o “gilipollas”. 

Más allá de los entresijos de la trama, la fonoteca del 'caso Erial' vino a retratar unos diálogos inconfesables de una presunta organización criminal que llegó a mover una 'cifra de negocio' de 20,6 millones de euros.

La Audiencia Provincial deniega la personación a Podemos en la investigación de las muertes en el incendio de Atalayas

 MURCIA.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso de apelación presentado por Podemos contra el auto del juzgado de Instrucción nº3 de Murcia que denegó su personación en las diligencias que se instruyen para investigar la muerte de 13 personas en el incendio de Atalayas, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJMU) en un comunicado.

El tribunal apunta que los recurrentes reproducen los argumentos esgrimidos ante la juez de instrucción a los que la instructora ya dio respuesta "de forma muy motivada, por lo que ello implicaría, sin más, dar por válido y correcto el auto que se pretende recurrir".

No obstante, y "a pesar de la falta de motivación del recurso de apelación" la sala entra en el fondo y recuerda que en el momento que se intenta la personación el procedimiento penal en la fase de instrucción "está limitado a la investigación de los delitos de homicidio por imprudencia temeraria".

Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, la resolución recoge que se reconoce legitimación a la acusación popular, aun contradiciendo la posición procesal del Ministerio Público, en infracciones que "tutelan intereses sociales" que no radican en nadie en particular, sino que son difusos, colectivos, de forma que no puede señalarse un concreto perjudicado diferente al genérico cuerpo social.

Sobre esa base, considera la Sala que "interés público, a los efectos de legitimación procesal no equivale a conductas o hechos que puedan tener trascendencia en los medios de comunicación por su resultado dramático o porque puedan interesar a la opinión pública, sino porque el bien jurídico protegido por el tipo penal no sea eminentemente personal sino que trascienda a la colectividad, considerándose por tales aquellos referidos al buen funcionamiento de la Administración Pública, a protección del medio ambiente, a protección del orden jurídico y la paz social".

Sin embargo, añade la resolución, "no se puede hablar de interés público cuando los bienes ofendidos por el delito son eminentemente personales, tales como la vida, la integridad física, la libertad e indemnidad sexual o la libertad personal".

En segundo lugar, la Sala recuerda, "a mayor abundamiento" que la jurisprudencia se ha pronunciado también "sobre la cautela que ha de adoptarse cuando de personación de partidos políticos se trate, no por ser personas jurídicas, sino por la existencia de intereses no estrictamente jurídicos que pudieran existir".

Y cita dos autos del Tribunal Supremo en los que se alude a que "existe una cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación de los Partidos Políticos como acusación popular en causas contra políticos de otros partidos.

Pero ello no excluye que, aun admitiendo la personación, se adopten las necesarias cautelas "y a que la posibilidad de que los partidos políticos ejerzan la acusación popular es vista con disfavor por doctrina y tribunales pues "se corre el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política. La experiencia indica que la sentencia adversa no suele ser explicada por el partido accionante como la consecuencia jurídica de la valoración jurisdiccional de los hechos. Antes, al contrario, se presenta ante la opinión pública como la expresión de un condicionante ideológico que los Jueces han antepuesto a la realidad acreditada".

El juez procesa a la ex portavoz y al ex secretario general del PSOE en Albudeite por la presunta compra de votos

 MULA.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Mula ha dictado un auto por el que procesa a la ex portavoz del PSOE en Albudeite, Isabel Peñalver, y al ex secretario general de este partido en el municipio, Héctor Antonio Martínez, por la presunta trama de compra de votos en la localidad en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023.

Así aparece reflejado en el auto de transformación a procedimiento abreviado dictado este jueves, 2 de mayo, por el que el instructor da por cerrada la investigación y concreta los indicios para que continúe el procedimiento contra los investigados.

En concreto, en el auto aparecen 14 investigados, entre los que aparece Peñalver, que actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Albudeite; y Martínez, que también fue secretario de Formación de la Ejecutiva Regional del PSOE.

No obstante, el PSOE ha aclarado que Martínez presentó el pasado mes de mayo por escrito la dimisión de todos sus cargos. Además, la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista expulsó de forma provisional tanto a Martínez como a Peñalver. Por lo tanto, actualmente no cuentan con ninguna responsabilidad orgánica en el partido, tal y como ha señalado la secretaria de Organización del PSOE en la Región, Nuria García.

En el auto, el juez instructor explica que los hechos origen de este procedimiento, sin perjuicio de posterior calificación, pudieran presuntamente ser constitutivos de un delito electoral, así como de un delito de grupo criminal.

Para el magistrado, los investigados, "con las cautelas propias de este estadio procesal", podrían ser responsables de infracción penal en base a una serie de hechos e indicios.

Así, el juez recuerda que Peñalver, que se presentaba a las elecciones como candidata del PSOE a la Alcaldía de Albudeite, procedió a dirigir a una serie de personas de su núcleo familiar más cercano y compañeros de partido para que, en su nombre, contactaran con los votantes o con otros colaboradores ofreciéndoles "dinero, bienes materiales o beneficios" a cambio de que votasen su candidatura.

En concreto, el auto sostiene que Peñalver habría ofrecido ese dinero, bienes materiales o beneficios "una vez obtuviera la Alcaldía".

 El juez afirma que actuó en "connivencia" con esas personas de su núcleo familiar más cercano y compañeros de partido con el fin de "conseguir el mayor número de votos posibles para acceder a la Alcaldía".

En este sentido, el magistrado indica que en la "cúspide" de dicha organización se encontraba Peñalver, quien "dirigía a su núcleo más cercano y era consultada para que decidiera qué cantidad se podía pagar a cada votante".

"Una vez obtenían el consentimiento de los votantes para prestar su voto a la candidatura de Peñalver a cambio de algún beneficio, el modus operandi consistía en que los votantes solicitaban el voto por correo", según el auto.

Para no levantar sospechas, en vez de solicitar el voto en la oficina de Correos de la localidad de Albudeite, donde residían, lo solicitaban en las oficinas de Mula, Campos del Río y Molina de Segura.

Una vez les llegaba a sus domicilios la comunicación de que ya podían pasar por la oficina de correos a recoger la documentación para ejercer el voto por correo, uno de los hijos de Peñalver los acompañaba hasta la oficina de correos, esperándolos fuera.

"Desde el Partido Socialista, reiteramos nuestro más absoluto respeto hacia la justicia", según fuentes del PSOE, que esperan que "se aclare lo sucedido lo antes posible".

El pequeño partido 'Valores' se persona en Murcia en defensa de las menores tuteladas

 MURCIA.- Los servicios jurídicos del pequeño partido 'Valores' se han personado en un juzgado de la Región de Murcia solicitando ejercer la acción popular en el caso de las menores tuteladas agredidas sexualmente. Si, finalmente, el juez que lleva el caso, acepta que 'Valores' ejerza la Acusación Popular, presentará querella contra las personas denunciadas y sus autores en los diferentes grados y circunstancias. 

Se cumple así con lo acordado en la Junta Directiva Nacional de principios de mes y que facultaba a los abogados de 'Valores' a personarse en los Juzgados de la Región de Murcia para esclarecer lo que ha sucedido con esas dos niñas menores de edad y que son tuteladas por la Administración y, en su defecto, por una empresa privada que está sufragada con fondos públicos.

 "Tenemos un sistema de protección de menores que hace aguas por todos sitios y es nuestra obligación realizar cuantas acciones se vean oportunas para cambiar el destino de los más de treinta y cinco mil niños tutelados que hay en España" comentaba el presidente nacional de 'Valores', Alfonso Galdón, a las puertas de los juzgados murcianos.

Hace dos semanas, los eurodiputados del ECPM, partido político europeo al que pertenece 'Valores', se dirigieron a la comisaria de Asuntos de Interior de la Unión Europa, la sueca Ylva Johansson por la negativa del Partido Popular y de Vox en la Asamblea de Murcia para dar explicaciones por lo sucedido con estas niñas tuteladas. 

"También, llama la atención el sigilo con el que esta noticia ha pasado por la prensa regional y nacional".

Para Toñi Moreno, candidata de 'Valores' al Parlamento Europeo y portavoz de la Asociación Nacional del Menor Tutelado: "Que 'Valores' se persone es una buena noticia. Hasta ahora ningún partido político lo ha hecho. Vamos a llegar hasta el final, caiga quien caiga. No vamos a consentir más menores tuteladas agredidas sexualmente o prostituidas y que los responsables sigan en sus despachos como si nada".

La UCO y un piso de Zaplana en Cartagena

VALENCIA.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desgranado el uso que dio el cartagenero, expresidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro con el PP Eduardo Zaplana al dinero obtenido en la trama Erial y se ha referido, entre otros, a un reloj de 20.000 euros --que posteriormente "regaló" a un amigo-- y a dos televisores valorados --cada uno-- en 10.000 euros.

Así se han pronunciado tres agentes de la UCO encargados de la instrucción de Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITVs y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. 

El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros. Estos agentes comenzaron a declarar ayer en la Audiencia pero su testimonio se tuvo que interrumpir al estar prevista la declaración en el juicio del abogado uruguayo y testaferro confeso de Zaplana, Fernando Belhot.

"El que dirige todas las operaciones inmobiliarias y comerciales y toma las decisiones es Eduardo Zaplana", han afirmado los agentes de la UCO, quienes lo han situado en el centro del entramado societario creado para cobrar comisiones por las ITV y el plan eólico.

En esta línea, han detallado que tras algunas sociedades como Costera del Glorio, la persona que "verdaderamente estaba detrás" era Zaplana y no su amigo íntimo y testaferro confeso Joaquín Barceló --figuraba como administrador--. 

En relación con esta sociedad, uno de los agentes ha detallado que adquirió una parcela en La Finca, en Madrid, que dos años más tarde vendió y generó una plusvalía de más de tres millones de euros.

"Inferimos que la compra no respondía a una operativa real de adquisición sino que se confeccionó para generar la plusvalía en Costera. Esta operativa estaba relacionada con Zaplana, según pudimos ver reflejado en varios documentos", ha señalado, y ha apuntado: "En la agenda --del 'ex president-- vimos reuniones relacionadas con personas vinculadas a esta operación".

Con la plusvalía generada en esta operación, los agentes han explicado que comenzaron a producir otras adquisiciones, entre ellas, la compra de un inmueble en Núñez de Balboa, en Madrid, en enero de 2010, que firmó Barceló como administrador de Costera. "Nuevamente en todo lo que analizamos, la persona que aparecía relacionada como propietaria real del inmueble era Zaplana", han dicho.

"Vimos de nuevo --han agregado-- en la agenda intervenida a Zaplana reuniones con visitas al inmueble así como para programar la reforma de la misma y la adquisición de enseres. La reforma, por unos 90.000 euros, la gestionó una persona muy vinculada con Zaplana, su asesor personal", han apostillado.

Respecto a esta operativa, los agentes también se han referido a la emisión de un cheque de 20.000 euros por la compra de dos televisores para el piso y, sobre este aspecto, la UCO refiere que el día antes de la compra se observó en la agenda personal de Zaplana una visita de éste a la tienda que vendió los televisores.

En cuanto a los inmuebles, los agentes desconocen quién los adquirió pero, cuando se decidió vender el piso, Barceló comentó que los mismos iban a ir destinados a un piso "de una tercera persona" en Cartagena. 

Al respecto, los peritos averiguaron que las hijas de Zaplana habían pagado "tras una donación" una señal en ese tiempo para adquirir dos inmuebles en Cartagena. "De nuevo el verdadero propietario de los muebles era Zaplana", han apostillado.

Los agentes también han hecho referencia a que fue Zaplana el que contrató a una mujer para que limpiara el piso de Núñez de Balboa y el que ordenó confeccionar una carta de despido. Cuando se le tomó declaración a esta persona, afirmó que el único usuario del piso durante los ocho años que estuvo ella había sido Zaplana.

"Cuando se le detuvo a Zaplana se le intervino un maletín personal en el que tenía, entre otros documentos, uno relacionado con gastos por la compra de un garaje en el edificio de Núñez de Balboa, otro con la mujer de la limpieza y un documento privado del piso para el cambio de la propiedad", han detallado.

Los agentes también se han referido a que Zaplana podría ser el propietario o interesado en unos áticos, tal y como figuraba en un documento intervenido a una inmobiliaria titulado 'Áticos Zaplana', y han señalado que usó embarcaciones y abonó dinero de esos viajes con amigos con dinero de la trama.

 "No salió de sus cuentas dinero alguno para el disfrute de yates de recreo y, sin embargo, se le encontró en los registros documentación relacionada con gastos de estas embarcaciones", han apostillado los peritos.

Por otro lado, han indicado que la secretaria de Zaplana era la encargada de recibir dinero en efectivo para el 'expresident' y se han referido a 50.000 euros que entregaron al exministro, importe sobre el que los agentes han indicado que comprobaron que el Zaplana no había sacado esa cantidad de sus cuentas.

En la sesión de este jueves ha continuado Belhot con su declaración que comenzó ayer y, a preguntas de las defensas, ha reiterado que "el dinero era de Zaplana" y ha agregado que era el que "gestionaba y decidía, el que tenía los contactos en España y en los bancos", ha dicho.

También ha señalado que en su propio despacho no sabían que los activos eran del exministro "por un tema de confidencialidad" y ha reiterado que únicamente dejó una carta escrita a su exmujer, escondida en un cofre, en la que le indicaba, si le pasaba algo, que esas cuentas y bienes pertenecían al 'expresident'. 

Ha señalado que no se la entregó a la UCO porque era "una nota personal, de mi puño y letra, y no un documento oficial", ha señalado.

El testigo ha recordado que se enteró de que el dinero era de Zaplana "con el tiempo", puesto que inicialmente se le comentó que era de Barceló. "Me fui dando cuenta de que quien tenía el poder de decisión y tomaba la iniciativa en las reuniones era Zaplana, hasta que un día me confesó que en realidad él era el titular de los activos en el exterior", ha narrado, y preguntado por cuánto tiempo pasó hasta que se enteró, ha dicho que aproximadamente un año.

Además, ha señalado que Francisco Grau, exasesor fiscal de Zaplana, "sabía todo esto perfectamente". 

"Lo sabía por los hechos, porque conocía a Zaplana de muchos años antes y había montado la estructura en España y en Luxemburgo", ha señalado.

Respecto a Mitsouko Henríquez, exsecretaria de Zaplana, ha repetido que era la encargada de recibir dinero en efectivo para trasladárselo a Zaplana --en total, unos 2,3 millones de euros--. 

A preguntas de la letrada de la acusada, ha manifestado que Henríquez recibía el activo porque al cambista --persona que se contrataba para la entrega-- se le daba el nombre y el teléfono de ella.

"¿Cómo se iba a entregar el dinero a otra persona distinta con la que se hablaba por teléfono?", ha preguntado el testigo, a lo que ha añadido: "Mitsouko era la persona de confianza de Zaplana. El dinero se le entregaba a ella en un lugar pactado pero yo no me enteraba dónde", ha dicho.

Denuncian por corrupción y otros varios presuntos delitos a Úrsula von der Leyen como presidenta de la CE

 

PARÍS.- Se ha presentado una denuncia penal contra la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por la usurpación de funciones y títulos, la destrucción de documentos públicos, la toma de intereses ilegales y la corrupción, según revela https://www.voltairenet.org/article220691.html

Se trata de un contrato de unos 35 000 millones de euros entre la UE y Pfizer. Su marido Heiko von der Leyen, fue director de Orgenesisis, una empresa que jugó un papel central en la campaña de inoculaciones de la UE. 

Orgenesis y Pfizer tienen los mismos grandes accionistas. Y la CE concedió 320 millones de euros en subvenciones a Orgenesis en 2022. 

Además de esos millones de dosis de medicamentos anti-Covi mRNA (etiquetados como vacunas) por valor de 4.000 millones de dólares se perdieron.

El lobbista belga Frédéric Baldan presentó una denuncia penal contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 5 de abril de 2023 por "usurpación de funciones y título", "destrucción de documentos públicos", "asumir intereses ilegales y corrupción". 

Posteriormente, Hungría y Polonia se unieron. Sin embargo, a iniciativa del nuevo primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que Polonia retiraba su denuncia.

Hungría y Polonia están siendo demandadas simultáneamente por Pfizer, esta vez por impago de dosis ordenadas en su nombre por la Comisión Europea. El Tribunal de Bruselas dictó una primera sentencia provisional el 3 de abril de 2023 y ahora debe pronunciarse sobre el fondo.

En juego en la denuncia se encuentran los 20.000 millones de dólares, y potencialmente 35. 000 millones de dólares, entre la UE y la multinacional farmacéutica Pfizer. Además, se perdieron millones de dosis de medicamentos anti-Coví mRNA (etiquetados erróneamente como "vacunas") por valor de 4.000 millones de dólares.

La queja se centra en un intercambio de mensajes de texto, revelado por The New York Times, entre von der Leyen y el jefe de Pfizer, Albert Bourla.

El periodista Alexander Fanta (Netzpolitik.org) intentó en vano obtener una copia de los mensajes de texto. Los esfuerzos de la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O-Reilly, han fracasado.

 El New York Times ha presentado una denuncia contra Ursula von der Leyen en virtud de los artículos 41 y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que otorgan un derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

Una directiva obliga a los fiscales nacionales a notificar a la Fiscalía Europea los casos por los que creen que podría ser competente. Sin embargo, un año después, la Fiscalía Europea (EPPO) aún no ha respondido a la notificación que le ha presentado la Fiscalía de Bruselas.

Las leyes no imponen plazos.

La Fiscalía Europea (EPPO) no es un órgano comunitario, sino un conjunto de cooperación reforzada. Sólo 22 de 28 estados lo reconocen. Pero ni Hungría ni Polonia. La Comisión ha nombrado a la Fiscal General de Rumanía, Laura Codrusa Kávesi, tras las negociaciones con el Parlamento Europeo.

Heiko von der Leyen se convertió de repente en director de Orgenesis, una empresa que ha desempeñado un papel central en la campaña de vacunación de la UE. Sin embargo, Orgenesis y Pfizer tienen el mismo accionista importante de referencia. 

En 2022, la Comisión Europea concedió 320 millones de euros en subvenciones a Orgenesis. La revelación de estas subvenciones llevó a Heiko von der Leyen a renunciar a su cargo.

Este caso llega cuando Ursula von der Leyen busca un segundo mandato al frente de la Comisión Europea.

El Ayuntamiento de Murcia arremete contra un abogado de la acusación particular en el 'caso Atalayas'

MURCIA.- "El abogado José Manuel Muñoz Ortín está realizando una manipulación torticera de hechos que no tienen vinculación en el tiempo, ni relación alguna con el caso del incendio de Atalayas, con el objetivo de crear una apariencia de ilegalidad con la que intenta engañar al órgano judicial, a los medios de comunicación y a la opinión pública", dice el Ayuntamiento de Murcia en un comunicado.

"Ante la manipulación torticera y las acusaciones infundadas que el abogado José Manuel Muñoz Ortín ha realizado en relación a la supuesta destrucción de documentación vinculada al incendio de Atalayas, de la que se han hecho eco algunos medios de comunicación de la Región, el Ayuntamiento de Murcia quiere realizar las siguientes aclaraciones:

1.    No se ha destruido ningún documento relacionado con el expediente de la discoteca Teatre.

2.    Las bolsas con papeles triturados que aparecen en las imágenes publicadas por algunos medios de comunicación no son actuales, sino que corresponden al pasado 9 de febrero de 2024, última fecha en la que el Servicio de Protección Civil tuvo que retirar documentación antigua relativa al voluntariado, con el objetivo de habilitar espacios para la incorporación de nuevo personal, con el procedimiento habitual para estos casos.

3.    Las cámaras de seguridad demuestran que nadie entró ni salió de las instalaciones de Protección Civil entre las 15.00 y las 3.00 horas en el día del miércoles por la puerta del garaje, tal y como insinúa el abogado. El motivo por el que esta puerta se encontraba abierta es una avería en la célula fotoeléctrica. La puerta quedó reparada ayer.

4.    Este abogado está haciendo una manipulación torticera de hechos que no tienen vinculación en el tiempo, ni relación alguna con el caso del incendio de Atalayas, con el objetivo de crear una apariencia de ilegalidad con la que intenta engañar al órgano judicial, a los medios de comunicación y a la opinión pública.

5.    El expediente de la discoteca Teatre fue remitido en su totalidad al Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia, competente en la investigación del incendio.

6.    El abogado José Manuel Muñoz, que además de ser representante legal de algunas de las familias de las víctimas también es letrado de la organización Ecologistas en Acción (en cuya sede ha ofrecido ruedas de prensa en relación al incendio de Atalayas), ya ha intentado anteriormente sin éxito acusar al Ayuntamiento de destrucción de pruebas, siendo todas sus infundadas acusaciones rechazadas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia.  

7.    Este Juzgado, en un auto del 17 de noviembre de 2023, señaló claramente que "el Ayuntamiento de Murcia, tan pronto fue requerido por policía judicial, fue facilitando desde el primer momento todos los expedientes administrativos habidos para con la discoteca Teatre y demás, aportando a policía documentos físicos y digitales, que consta agrupados en el último atestado obrante en autos".

8.    Ante esta situación tan grave, en la que se ha valido de la manipulación, excediendo todos los límites éticos y legales, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia están estudiando ejercer acciones penales y de cualquier otra índole que pudieran corresponder".

El partido 'Valores' se personará en el caso de las menores tuteladas de Murcia

MURCIA.- En los últimos días ha trascendido la negativa de Vox y Partido Popular a dar explicaciones de lo sucedido con las dos niñas tuteladas por la Comunidad Autónoma de Murcia y que fueron obligadas a prostituirse. 

Los hechos sucedieron un día laborable, un 8 de febrero y la información salió a la luz casi un mes después. Silencios que no convencen a la dirección del partido Valores y, por eso, se ha decidido que los Servicios Jurídicos comiencen el proceso para personarse en el caso como Acusación Particular. 

Para el Secretario Nacional de Defensa del Menor, el cirujano murciano Juan Mariano Pérez Abad, "la Fiscalía de Menores debe llegar hasta el final, caiga quien caiga. Lo sucedido con estas dos niñas es de una gravedad nunca vista, al menos que haya salido a la luz pública, en la Región de Murcia".

"España con los niños tutelados, en los que se ataca la dignidad de miles de madres y padres, a los que se les arrebata la custodia de sus hijos sin orden judicial, pisoteando la Constitución y eliminando la tutela judicial efectiva, lo cual es muy grave, pasando así a estar tutelados por empresas que viven de la desgracia de otros y a las que hay que exigirles responsabilidad por las negligencias que cometen", añade

Además, Valores ha trasladado toda la información que se tiene sobre este caso a los cinco eurodiputados que pertenecen al ECPM, partido político europeo al que está adscrito Valores. 

Para Toñi Moreno, candidata nº 3 de Valores al Parlamento Europeo, " lo de Murcia pone de manifiesto lo necesario que es cambiar la Ley de Protección del Menor, algo que haremos en cuanto los españoles nos den su confianza".

Por último, tanto Pérez Abad como Moreno, han querido dejar claro que Valores es el único partido político español que está dando la cara por los menores tutelados y sus familias. 

"La política no es estar al servicio de unos pocos lobbies, es estar al servicio del más débil, del más necesitado", argumentan.

Dos activistas ambientales van a juicio por intentar paralizar las obras legales de un chalé en la Cala del Pino, de La Manga

CARTAGENA.- Dos integrantes de la asociación eco-ciudadana 'Por un Mar Menor Vivo' se enfrentarán a un juicio este viernes, 5 de abril, a las 9.30 horas, en Cartagena, por intentar paralizar las obras legales de construcción de un chalé en la ladera de la Cala del Pino, en La Manga del Mar Menor, hace aproximadamente un año.

La obra disponía de todos los permisos administrativos, incluidos los de Medio Natural, para trasladar dentro de la misma parcela una serie de especies vegetales que precisaban protección. 

Las dos mujeres fueron denunciadas por acceder a una propiedad privada y tratar de paralizar la maquinaria. La Fiscalía, por otra parte, ha archivado sus denuncias contra los promotores.

Para la plataforma, que aglutina a organizaciones sociales y vecinales, el juicio representa una "intimidación a quienes defienden el Mar Menor del urbanismo depredador" y afecta a dos ciudadanas que "tuvieron el coraje de levantarse contra la construcción ilegal" en el enclave costero.

Este espacio es "uno de los pocos que quedan naturales sin construir en La Manga", según apunta 'Por un Mar Menor Vivo', que no entiende "cómo es posible que en pleno siglo XXI, en una supuesta democracia, se permita que los intereses económicos de unos pocos prevalezcan sobre el bienestar de toda una región".

Caroline Riviere, integrante de la asociación, ha asegurado que las acusaciones sobre las dos mujeres "no son correctas" y que aquellos que se han opuesto a las obras han sufrido una "presión tremenda por todos lados".

"Denunciar una construcción ilegal no es un delito, es un acto de valentía y responsabilidad cívica. Es hora de que las autoridades escuchen la voz de los ciudadanos y actúen en consecuencia", ha agregado 'Por un Mar Menor Vivo', para la que "la corrupción y la impunidad no pueden seguir siendo el pan de cada día en nuestra sociedad".

En este sentido, ha exigido "justicia ambiental, transparencia en las decisiones políticas y un compromiso real con la protección de nuestro patrimonio natural".

"¡Basta de abusos! ¡Defendamos nuestro derecho a un medio ambiente sano, limpio y seguro! Es evidente que no nos van a silenciar y seguiremos luchando por defender nuestro entorno y nuestras convicciones", concluye el comunicado de la asociación eco-ciudadana.