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jueves, 10 de julio de 2025

El PP justifica el ataque a Sánchez con negocio de saunas de la familia de su mujer

 MADRID.- La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha justificado este jueves que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ataque al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el negocio de “saunas-prostíbulos” de la familia de su mujer y le ha recalcado que “la verdad a veces es dura”. Además, ha señalado que es de un “cinismo absoluto” que el presidente del Gobierno “utilice” la ley de abolicionismo de la prostitución para “blanquear su propio partido”.

En el debate del Congreso sobre corrupción celebrado este miércoles, Feijoó aseguró que Sánchez es “partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución”.

 “¿Pero con quién está viviendo usted?”, preguntó, en alusión a negocios atribuidos al padre de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.

En una entrevista en 'Antena 3', Muñoz ha justificado que Feijóo aludiera en el Congreso a los negocios de saunas del suegro de Pedro Sánchez tras utilizar previamente el presidente “noticias fabricadas” contra el presidente del PP. 

Al ser preguntada expresamente por qué Feijóo decidió traspasar esa línea roja que él mismo se había marcado, Muñoz ha rechazado que el presidente de su partido haya traspasado “ninguna línea roja” y ha subrayado que “las cuestiones familiares de Pedro Sánchez se han convertido en públicas” desde el momento en que “su mujer está imputada por cuatro delitos por beneficiarse de estar en la Moncloa y ser la mujer de Pedro Sánchez”.

“Entonces hay cuestiones que ya no son personales. Personal, por ejemplo, es cuando Pedro Sánchez, desde la tribuna, utiliza noticias que han sido fabricadas y que son bulos para atacar a la pareja del presidente Feijóo. Eso, por ejemplo, sí es hacer cuestiones personales. O acusar a la hermana de Feijóo de que le dan contratos por pertenecer a Eulen, una empresa con miles de trabajadores en toda España y que contrata con todas las administraciones de todos los colores políticos en España”, ha relatado.

En este sentido, ha defendido las declaraciones de Feijóo porque “la familia de la mujer de Pedro Sánchez tenía negocios de saunas prostíbulos de los cuales se ha beneficiado”.

 “Ayer el presidente Feijóo lo que dijo fue la verdad. Yo entiendo que la verdad a veces es dura”, ha aseverado.

La portavoz del PP ha calificado de “broma” que el presidente del Gobierno diga que quiere “abolir la prostitución” cuando “forma parte de un Gobierno que ha contratado prostitutas para ministros en empresas públicas”. 

“Utilizar esa ley, la ley de abolicionismo de la prostitución, para blanquear su propio partido, nos parece un cinismo absoluto”, ha apostillado.

Y ha insistido en que “la familia de la mujer de Pedro Sánchez tenía negocios de saunas prostíbulos” de los cuáles se ha “beneficiado” el presidente del Gobierno “porque los pisos donde ha vivido y que ahora tiene alquilado y por el que reciben una remuneración han sido pagados con los rendimientos de esas empresas”.

Muñoz ha resaltado que habrá gente que piense que una sauna “es un spa” pero “las saunas de la familia de Begoña Gómez, que ella regentaba y llevaba las cuentas, eran sitios donde se intercambiaba sexo, unas veces libre y otras veces mediante pago”. 

“En ocasiones con inmigrantes jóvenes que venían a prostituirse. Por lo tanto, yo creo que la verdad es dura, yo lo comprendo, pero es la verdad”, ha manifestado.

Por otra parte, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha afirmado este jueves que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "perdió los papeles" este miércoles en el Congreso de los Diputados y le ha calificado como "el político más sucio que ha habido en primer nivel en España".

"Llegó al presidente de la Asamblea de Galicia por una campaña de fango y no ha hecho otra cosa en Madrid", ha indicado, para agregar que "llegó para echar a Casado porque estaba denunciando las supuestas corruptelas de la señora Ayuso, ha hecho pactos con la ultraderecha por toda España y está haciendo una campaña desaforada basada en el insulto permanente y en romper todos los puentes".

"Ayer vimos a un señor Feijóo que pierde los papeles y que rompe todos los puentes. Lo único con el que mantiene los puentes es con la ultraderecha, lamentablemente", ha abundado. 

lunes, 7 de julio de 2025

La nueva portavoz del PSOE recuerda el histórico "coqueteo de Feijóo con el narcotráfico" en Galicia

MADRID.- La nueva portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se estrenó hoy lunes en su cargo pidiendo la expulsión de Alberto Núñez Feijóo del PP cuando apenas llevaba minuto y medio compareciendo desde Ferraz.

«Quiero empezar por una manera diferente de hacer las cosas. El nivel de exigencia es tan alto en el PSOE que, ya que hemos visto que el PP nos llega mirando, insultando, criticando todo el fin de semana. Con el nivel de exigencia que tenemos en el PSOE, el señor Feijóo, que ha estado coqueteando con el narcotráfico hace años que hubiera sido expulsado de este partido», señaló Mínguez.

La portavoz comenzó y terminó la rueda de la misma manera, porque en su última intervención reiteró: «El señor Feijóo hubiera sido expulsado de militancia hace muchos años».

En los próximos meses se celebrarán juicios por 30 casos pendientes que afectan al partido de Feijóo y a varios de sus gobiernos regionales. 

El PSRM recuerda al PPRM que "dos de los cuatro presidentes del PP que ha tenido la Región están manchados por la corrupción"

 MURCIA.- Para la secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, el Partido Popular (PP) "no puede dar lecciones en la Región de Murcia, ya que dos de los cuatro presidentes que ha tenido la Región del PP están manchados por la corrupción". 

Así ha contestado a las palabras del vicesecretario general del PP, Joaquín Segado, que ha afirmado que el secretario general de los socialistas en la Región, Francisco Lucas, es "el principal valedor de la corrupción del sanchismo".

Al hilo, López ha tildado a López Miras, de "heredero de la corrupción" y ha afirmado que Lucas "defiende la honestidad y la decencia sin mochilas", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

En este sentido, López ha apuntado que Pedro Antonio Sánchez, el antecesor en el cargo de López Miras, "el que lo eligió a dedo para sucederle, está condenado a prisión por corrupción, y para Valcárcel,- anterior presidente regional- el fiscal pide más de 11 años de prisión y más 20 de inhabilitación absoluta".

"Estamos hablando del Partido Popular que ha sido condenado por financiación ilegal, que pagó la reforma de su sede con dinero negro. Mientras Rajoy mandaba mensajes de 'sé fuerte' a Bárcenas, el PSOE tomó medidas inmediatas a las dos horas de leer un informe. No hemos esperado a una sentencia, ni siquiera a la apertura de juicio oral en los tribunales", ha señalado.

Además, ha señalado que, este fin de semana, en el Comité Federal del PSOE, Francisco Lucas defendió que el Partido Socialista "siga actuando con la máxima contundencia frente al más mínimo indicio de corrupción política".

"Lucas seguirá defendiendo la regeneración y la honestidad, frente a la indecencia", ha dicho. "Mientras el Partido Popular consiente y tapa la corrupción, el Partido Socialista actúa con contundencia y rapidez para erradicarla. En el PSOE no hay sitio para corruptos", ha concluido.

miércoles, 2 de julio de 2025

El PP exige al PSRM explicaciones al detalle sobre el papel de Pedro Saura en la trama de corrupción de los socialistas

 MURCIA.- El senador por Murcia José Ramón Díez de Revenga ha exigido este miércoles con contundencia al secretario general del PSRM, Francisco Lucas, explicaciones al detalle "del grado de participación" de uno de sus más destacados militantes, Pedro Saura, en la trama corrupta que presuntamente adjudicaba contratos de obra pública previo pago de comisiones ilegales, en el Ministerio de Transportes del que era secretario de Estado de Infraestructuras.

Revenga cree que hay "hay sospechas claras de que Saura intervino en operaciones del Ministerio de Fomento que están bajo la lupa de la UCO". Es por ello por lo que ha avisado de que el PP llegará hasta al final sobre las presuntas adjudicaciones a dedo de las obras de soterramiento del AVE de Murcia, que también investiga la Guardia Civil en la misma trama.

En este sentido, se ha preguntado "cuál fue la participación de Pedro Saura en toda esta trama corrupta, qué hizo para ayudar a que Santos Cerdán, ese hombre que hoy nadie conoce en el Partido Socialista, pero que era el número dos de la organización hasta hace solo unos días, pudiera cobrar todas esas comisiones ilegales. Qué sabía y qué tapó y, sobre todo, cómo contribuyó".

Ha advertido que mientras "Lucas no salga de su escondite y dé la cara, será cómplice y encubridor de los tejemanejes de la trama socialista".

De igual forma, Revenga ha recalcado que el PSOE debería explicar "cuánto dinero de todos los murcianos se le ha pagado a Santos Cerdán, a Ábalos y a Koldo de las obras del soterramiento desde la ciudad de Murcia en cuya financiación participaron tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento de Murcia".

Cree que los ciudadanos de la Región tienen derecho a saber "cómo y cuándo va a devolver el Partido Socialista los millones que han robado sus máximos dirigentes". Porque a su juicio "no basta solo con pedir perdón, con decir que han apartado a algunos implicados; hay que reparar el daño".

"El partido socialista presume de actuación contundente, pero para eso no basta con apartar a aquellos que presuntamente se han llevado dinero público a través de mordidas, y por eso tiene que reparar el daño que han hecho", ha añadido durante su comparecencia en la sede del Partido Popular en Murcia.

El senador ha recordado que han sido publicadas fotos de Pedro Saura con Santos Cerdán en la que se les ve participando en una negociación del Gobierno navarro con el Ministerio de Transportes para conseguir un apoyo de hasta 40 millones para las obras del túnel de Belate.

Esta adjudicación lleva tiempo en el foco de la UCO al existir dos denuncias por irregularidades en la mesa de contratación. Revenga recordó que entonces, Cerdán solo era diputado nacional y no tenía nada que ver en el ministerio ni en las negociaciones.

También es bueno recordar, ha concluido, que fue Santos Cerdán quien vino a Murcia a cerrar los detalles de la fallida moción de censura y que respaldó a su nuevo secretario general y a la estructura del partido, hace solo unas semanas.

"Así que está claro que la Región de Murcia era uno de los campos de juego donde operaba este señor con comodidad en sus conductas presuntamente delictivas", ha comentado.

sábado, 14 de junio de 2025

El PSRM recuerda al PP que López Miras es "hijo de la corrupción del PP" y que "su padre político está condenado a tres años de prisión"



MURCIA.- La secretaria de Organización del PSOE en la Región de Murcia, María Jesús López, ha señalado que López Miras es "el hijo de la corrupción del Partido Popular" y ha recordado que su padre político, el expresidente Pedro Antonio Sánchez, "ha sido condenado a tres años de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por dos delitos de prevaricación".

"El expresidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez (en la imagen), eligió a dedo a López Miras para sucederle cuando se vio obligado a dimitir, acorralado por los escándalos de corrupción", ha añadido.

De esta forma, la socialista ha respondido a las últimas declaraciones del vicesecretario de Comunicación, Organización y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, sobre el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas.

Asimismo, López ha manifestado que "la historia del PP en la Región de Murcia es la historia de la corrupción", y ha destacado que "dos de los cuatro presidentes que ha tenido nuestra comunidad del Partido Popular están manchados por ella".

En este sentido, ha recordado que la Fiscalía solicita para el expresidente Valcárcel 11 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación continuada, otro de fraude y un tercero de malversación de caudales públicos.

Por otro lado, la secretaria de Organización del PSRM-PSOE ha denunciado que López Miras "traiciona continuamente a la Región de Murcia anteponiendo los intereses personales de su jefe, Feijóo, al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad".

"Los diputados y senadores del PP en las Cortes Generales votan continuamente en contra de los intereses de la Región de Murcia. El Partido Popular ha votado en contra de que la Comunidad Autónoma disponga de más recursos para atender las necesidades de la ciudadanía", ha indicado.

En esta línea, ha recordado que el PP ha votado en contra de las entregas a cuenta y de la flexibilización de los objetivos de déficit, así como ha rechazado la condonación de la deuda de la comunidad autónoma y está bloqueando la actualización del Sistema de Financiación Autonómica.

"Frente a un Partido Popular que solo ofrece bulos y confrontación, el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, está defendiendo, por encima de todo, los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la Región", ha manifestado.

Al respecto, López ha subrayado que Francisco Lucas lo ha demostrado "ofreciendo un acuerdo sin líneas rojas para que los presupuestos regionales no dependan de la ultraderecha, o consiguiendo que, en los próximos meses, se liciten los anteproyectos de dos nuevas desaladoras, una en Águilas y otra en Torrevieja, un hito importante en su objetivo de garantizar agua para siempre".

Para terminar, la secretaria de Organización del PSRM-PSOE ha reiterado que, mientras el Partido Popular "ampara y oculta la corrupción", el Partido Socialista, "ante el más mínimo indicio, actúa con rapidez y contundencia".

 "No somos lo mismo. La diferencia está en la respuesta frente a la corrupción", ha concluido.

sábado, 11 de enero de 2025

Denuncian el despilfarro en Calasparra de fondos públicos en publicidad inútil

CALASPARRA.- El Partido Popular de Calasparra quiere denunciar públicamente un nuevo episodio de derroche injustificado de fondos públicos por parte del equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento. "En los últimos meses, el consistorio ha destinado miles de euros a campañas de publicidad en el periódico local El Mirador de Cieza, una publicación irrelevante con una tirada de apenas 100 ejemplares por edición", dice en un comunicado.

"El último caso, especialmente escandaloso, ha sido la publicación de una contraportada a todo color, fechada el 11 de enero, promocionando actividades navideñas ya finalizadas. Desde el Partido Popular nos preguntamos: ¿qué interés puede tener un vecino de Cieza en leer, fuera de tiempo, sobre eventos pasados en Calasparra? Este hecho, además de absurdo, pone de manifiesto la falta de control y planificación del actual equipo de gobierno".

"Este derroche adquiere un cariz aún más grave cuando se descubren las conexiones políticas detrás de estas decisiones. El Mirador de Cieza está gestionado por Miriam Sánchez Martínez, pareja del concejal socialista de Cieza, Antonio Ignacio Martínez Real, ex edil de Hacienda en ese municipio. Es evidente que el Ayuntamiento de Calasparra está utilizando los recursos públicos para beneficiar a personas cercanas al PSOE, en lugar de invertirlos en iniciativas que realmente beneficien a los vecinos de nuestro municipio".

El Partido Popular de Calasparra también quiere recordar que el responsable de esta decisión, el concejal de Comunicación, Sr. Merino, "tiene graves acusaciones judiciales pendientes. La fiscalía solicita 8 años y medio de prisión por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, lo que refuerza la percepción de una gestión arbitraria, opaca y orientada a intereses personales".

"En un momento en el que las necesidades de los calasparreños son muchas, resulta inaceptable que el dinero de los impuestos se utilice para publicidad inútil en un periódico sin repercusión, cuya vinculación con el entorno del PSOE de Cieza es más que evidente.

El Partido Popular de Calasparra exige al equipo de gobierno explicaciones inmediatas sobre estos gastos y rinda cuentas de forma transparente. No permitiremos que se sigan malgastando los recursos públicos mientras las verdaderas necesidades de los ciudadanos de Calasparra quedan desatendidas".

"Desde el Partido Popular, reiteramos nuestro compromiso con una gestión responsable y eficiente de los fondos públicos. Los calasparreños merecen un gobierno que priorice sus intereses, no los de los amigos y allegados del partido en el poder. Seguiremos trabajando para garantizar que este tipo de prácticas desaparezcan de nuestro Ayuntamiento", concluye el comunicado del PP de Calasparra.

"El PPRM está condenado por corrupción", recuerda el PSOE de la Región de Murcia

 MURCIA.- La vicesecretaria general y portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Carmina Fernández, ha asegurado que el Partido Popular "no está legitimado para hablar ni de vivienda ni de corrupción, ya que el Gobierno incumple sistemáticamente la Ley de Vivienda y el PP está condenado por corrupción, además de que el expresidente y padre político de López Miras está condenado a 3 años de cárcel, también por corrupción".

Fernández ha hecho estas declaraciones en respuesta a la portavoz del PP, Miriam Guardiola, y ha denunciado que el Gobierno regional "incumple esta ley, a pesar de las enormes dificultades que tienen los ciudadanos y ciudadanas de la Región para acceder a ella, especialmente los jóvenes".

En este sentido, ha explicado que el Gobierno regional del PP "no está utilizando los instrumentos que pone a su disposición la Ley de Vivienda para actuar en las zonas más afectadas por la subida de los alquileres, como la regulación de los precios".

Y es que, según ha indicado, "ninguna de las medidas que ha aprobado el Gobierno regional durante estos años han servicio para resolver este problema, además de que el Gobierno de López Miras ha impedido que el Bono Alquiler Joven llegue a sus destinatarios, a pesar de que el Gobierno de España está transfiriendo continuamente fondos a la Comunidad para financiarlo".

 "El Gobierno regional usa este dinero para tapar sus pufos", añade.

Fernández ha señalado que "mientras, el Gobierno de España sigue tomando medidas. El pasado 19 de diciembre, el Consejo de Administración de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dio luz verde a la adquisición de cuatro solares pertenecientes al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). Uno de ellos en Sangonera La Seca, que se destinará a la construcción de viviendas asequibles".

Al hilo, la portavoz socialista ha explicado que el precio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia ha subido un 0,4 por ciento en noviembre respecto al mes anterior, y un 12,9 por ciento en su variación interanual, situando su precio en 9,13 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa

Este incremento interanual (12,9%) es el segundo más alto detectado en los últimos dos años, es decir, desde agosto de 2022.

"La Región de Murcia está entre las tres regiones de la OCDE donde más cuesta proporcionalmente acceder a la vivienda. Tan solo el 0,39% de las viviendas en nuestra Región son púbicas. Y, sin embargo, el Gobierno regional no ha construido ni una sola vivienda pública en los últimos 8 años", ha señalado.

domingo, 5 de enero de 2025

Bruselas denuncia a España: el 40 % de los concursos públicos solo tuvieron un único licitador

 MADRID.- Bruselas se ha hartado de los constantes incumplimientos de España en materia de contratación pública y ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no transponer correctamente varias directivas al respecto. Y es que el 40 % de las licitaciones solo encuentra un oferente, el doble del límite que pide la Comisión Europea, según recoge El Debate.

Se trata, concretamente, de la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; y la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Estas deberían haber sido transpuestas antes del 18 de abril de 2016, pero dada la pasividad del Gobierno, la Comisión ha optado finalmente por acudir a los tribunales.

Según Bruselas, la legislación española «se aparta considerablemente de las normas de la UE en lo que respecta a su ámbito de aplicación correspondiente a los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos que deben cumplir la legislación nacional sobre contratación pública por la que se transponen las Directivas».

La Unión Europea establece una serie de normas mínimas armonizadas para todos los Estados miembro sobre la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios por parte de las administraciones. Así, la Comisión vigila especialmente que las licitaciones de un solo oferente no superen el 20 % del total, algo que, en nuestro país, solo no se cumple, sino que se supera con creces.

De acuerdo con los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), en el segundo trimestre de 2024, el 39,7 % de los concursos adjudicados solo tuvieron un licitador, porcentaje que llegó al 55,4 % en 2023. Desde que este organismo ofrece sus datos, en 2020, ningún trimestre ha estado por debajo del 30 %.

«La insuficiente adaptación de la normativa europea produce estos efectos perversos», señala Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho Navas & Cusí. «La emergencia del covid eliminó muchos controles y esas barreras no se han recuperado, generando serios problemas de transparencia e ineficiencia», agrega.

Cada año, las administraciones públicas de la UE gastan alrededor del 14 % del PIB, unos dos billones de euros, a la adquisición de suministros y en la contratación de obras y servicios. En muchos sectores, como el de la energía, el transporte, la gestión de residuos, la protección social, la sanidad o la educación, los principales compradores son estas autoridades públicas.

miércoles, 18 de diciembre de 2024

Ejecutado en China un antiguo funcionario regional condenado por corrupción

 PEKÍN.- Las autoridades de China han ejecutado este martes a un antiguo funcionario condenado por cargos de corrupción, aceptación de sobornos, malversación y colusión con una banda criminal, en medio de la campaña contra la corrupción en el gigante asiático.

El ejecutado, Li Jianping, antiguo secretario del comité del Partido Comunista de China (PCCh) en la zona económica de Hohhot, situada en la Región Autónoma de Mongolia Interior, fue sentenciado a muerte en septiembre de 2022, pena ratificada en agosto de este año.

Así, la ejecución, llevada a cabo en Mongolia Interior, ha tenido lugar después de que el Tribunal Popular Supremo diera su visto bueno, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Li fue acusado de malversar más de 1,4 billones de yuanes (cerca de 190 millones de euros) de fondos de empresas estatales, así como de recibir regalos y dinero por valor de 577 millones de yuanes (unos 75,5 millones de euros), además de permitir operaciones "ilegales" por parte de una banda bajo su supervisión.

A pesar de que el político apeló la sentencia a muerte dictada en 2022, los tribunales rechazaron esta posibilidad argumentando que los delitos cometidos eran de una gravedad extrema, tanto por las cantidades malversadas como por el "impacto social negativo" y "el inmenso daño a los intereses estatales" causado por estas acciones.

martes, 17 de diciembre de 2024

Mazón aprovecha los contratos de emergencia de la DANA para promocionar a empresas afines al PP de Murcia y Galicia

 VALENCIA.- La ensayista Naomi Klein explicaba en su libro La doctrina del shock la enorme oportunidad de negocio que abre lo que la autora denomina el “capitalismo del desastre”. La catástrofe de la DANA del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia no ha sido una excepción. 

La destrucción de las infraestructuras de carreteras y ferroviarias y de depuradoras y colectores, entre otros elementos, ha propiciado una enorme ventana de oportunidad para constructoras y demás empresas contratistas que han obtenido suculentos contratos de emergencia, adjudicados a dedo por definición. 

Entre las mercantiles que se han sumado a la lluvia de millones en la fase de la reconstrucción, figuran dos firmas en la órbita de las administraciones gobernadas por el PP en comunidades autónomas como Murcia o Galicia que han entrado en la lista de adjudicatarias de la Generalitat Valenciana y que se suman a las empresas vinculadas a tramas de corrupción de los populares en causas judiciales como 'Gürtel' o el 'caso Taula'.  

El Gobierno de Carlos Mazón ha adjudicado, al menos, casi 62 millones de euros a empresas que financiaron a distintas 'cajas B' del PP, tal como ha informado elDiario.es. Los contratos a dedo han ido a parar a empresarios condenados por la trama Gürtel para las obras en las infraestructuras ferroviarias o a la reparación de una presa seriamente dañada por la DANA.  

Sin embargo, se trata de empresas que históricamente habían sido adjudicatarias de la Generalitat Valenciana, incluido durante el periodo del Ejecutivo del Pacte del Botànic, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem y presidido por el socialista Ximo Puig.

Otras dos empresas ligadas al PP se han consolidado como adjudicatarias de la Generalitat Valenciana. Se trata de STV Gestión SL, en la que el actual jefe de gabinete de Mazón, el secretario autonómico José Manuel Cuenca, fue responsable de comunicación y relaciones institucionales, antes de incorporarse, primero, al grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes, y tras las elecciones autonómicas de 2023, al Palau de la Generalitat.

El Gobierno de Mazón adjudicó uno de los primeros contratos de emergencia, para la limpieza de polígonos industriales afectados por la DANA, a la firma domiciliada en Murcia. El propio Mazón abrió la puerta de la provincia de Alicante, cuando presidía la Diputación, a STV Gestión SL, que también ha sido adjudicataria de contratos millonarios por parte del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, o del consistorio de Finestrat, cuyo alcalde, Juan Francisco Pérez Llorca, también es secretario general del PP valenciano y portavoz en el Parlamento autonómico. 

La mercantil pública Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, de la cual el jefe de gabinete de Mazón es consejero, adjudicó recientemente a STV Gestión SL el contrato —esta vez por procedimiento abierto— del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes, instalaciones de riego y gestión del agua de la Ciudad de la Luz de Alicante, por un importe total de 230.615 euros. 

Además, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) adjudicó un contrato de emergencia de 3,2 millones de euros a la empresa Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA, propiedad de varios accionistas de STV Gestión SL

Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA también obtuvo, el pasado 12 de diciembre por un importe de 1,4 millones de euros, un contrato de emergencia de la Diputación de Valencia, presidida por el popular Vicente Mompó, para obras en estructuras en dos barrancos en el término municipal de Yátova.  

Aunque no solo ha habido dinero de la reconstrucción para las obras tras la DANA. El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora), que depende del conseller José Antonio Rovira, ha adjudicado un contrato de emergencia de 1,2 millones de euros para las unidades móviles de empleo a la firma Silman 97 SL, especializada en comunicación y marketing, que ha recibido más de 10 millones de euros en contratos de la Xunta de Galicia, tanto con Alberto Núñez Feijóo como con Alfonso Rueda de presidentes.

miércoles, 30 de octubre de 2024

Una investigación de la Policía Judicial y la Fiscalía pone bajo sospecha al ex alcalde socialista de Lorca

LORCA.- El Ayuntamiento de Lorca ha recibido un oficio del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, del Ministerio del Interior, en el que se señala que "se les ha encomendado la práctica de gestiones de investigación a raíz de la información facilitada por este Consistorio en fecha 18 de junio de 2024 relativa a la sustitución de pago para el uso del recinto ferial municipal correspondiente al año 2022 por parte de la Asociación de Empresarios Industriales y Feriantes de Lorca, por la realización de diversas donaciones a varias oenegés, todo ello, al parecer, por indicación de autoridades locales.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Udef, solicitaba "diversa documentación a los Servicios de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento", para poco después personarse en dependencias municipales.

La portavoz del Gobierno de Lorca, Rosa María Medina, que ha informado a los medios de comunicación de este asunto junto a la primer teniente de Alcalde, Carmen Menduiña, ha manifestado que "esta mañana nos despertamos con que la noticia ha saltado a los medios de comunicación. Se trata de un tema delicado, comprometido, de mucha gravedad, del que les informo nos encontramos todavía haciendo averiguaciones internas. Pero al ser público, nos vemos en la obligación de dar cuenta de un asunto en el que venimos trabajando desde hace algún tiempo. Nada más llegar a la Alcaldía y con el inicio de los preparativos de la Feria y Fiestas de septiembre se tiene conocimiento de que los feriantes no habían hecho efectivo el pago de la tasa por la ocupación del Recinto Ferial del Huerto de la Rueda del año 2022 a la que están obligados, por lo que se les reclama".

La Asociación de Empresarios Industriales Feriantes de Lorca "aseguraba que las liquidaciones referidas al año 2022 por importe de 50.000 euros, por la ocupación de terrenos de dominio público, se habían realizado. Y en un escrito ponen de manifiesto que el pago por la ocupación de los terrenos de dominio público no fue ingresado en las arcas municipales, sino que, siguiendo instrucciones expresas de las 'autoridades locales', esos 50.000 euros se fraccionaron y fueron ingresados como 'donación' en las cuentas corrientes de diversas asociaciones del municipio", ha explicado la edil.

La Asociación de Feriantes "aportaba siete justificantes de ingreso de cantidades que oscilan entre los 5.000 y los 10.000 euros a otras tantas asociaciones del municipio, realizados todos el 24 de mayo de 2023, cuatro días antes de las elecciones municipales, excepto uno que fechado el 29 de mayo. Incorporando también un folio donde se indican las cantidades que debían ser ingresadas a cada ONG, facilitado según señala- por las 'autoridades locales'. 

La suma de esas transferencias, realizadas días antes de las elecciones municipales de 2023, ascienden a la cifra de 45.000 euros, por lo que aún faltarían otros 5.000 euros para completar el importe total", ha añadido la portavoz del Gobierno de Lorca.

A la vista de esta situación, ha relatado la edil, "la Alcaldía solicita informes a la Tesorería Municipal y a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Lorca, cuyas conclusiones señalan textualmente que: 'En nuestra opinión, no es posible pagar; ni admitirse como medio de pago de un canon, (incluso tasa) por utilización del dominio público, a cambio de donaciones a determinadas entidades sin ánimo de lucro, y, por tanto, ninguna autoridad municipal puede realizar indicaciones en dicho sentido'".

Las conclusiones, añaden, que "a falta de otras valoraciones, entendemos que las órdenes de la autoridad municipal, expuestas por la Asociación de Feriantes en su escrito, de ser ciertas, de que el pago al Ayuntamiento sea sustituido por donación a determinadas entidades sin ánimo de lucro, podría constituir un delito de malversación de uso (artículo 433 Código Penal) o incluso de responsabilidad por alcance, por todo lo anterior; y dados los indicios, el Ayuntamiento como tal, puede denunciar tales hechos y ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes (Fiscalía o Juzgado de Instrucción), al objeto de que se investiguen los hechos'. Por lo que en fecha 18 de junio de 2024 desde la Alcaldía de Lorca se da cuenta a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

La portavoz del Gobierno de Lorca ha indicado que "nada más tener conocimiento de esos pagos mediante un procedimiento presuntamente 'constitutivo de delito', se puso en conocimiento de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia quien ha iniciado diligencias de investigación procesal. Nos vemos en la obligación de aclarar que, en todo caso, no están los justificantes de todos los pagos. Hay una serie de transferencias que suman 45.000 euros, pero faltan 5.000, cuyo pago no ha podido ser justificado".

Rosa Medina ha manifestado que los pagos fueron efectuados "apenas unas horas del día de las elecciones municipales. Si esto no es un intento de compra de votos y voluntades, se le parece mucho. Resulta de una extrema gravedad que en fechas de elecciones se llame a consulta al presidente de una asociación y se le indique esta forma de actuar. No sabemos por qué recibe esas instrucciones para proceder a que se pague un impuesto no en la Caja del Ayuntamiento, sino con transferencias a una serie de asociaciones. La primera reacción que nos provocaron las informaciones que nos han ido llegando a lo largo de estos meses fue de incredulidad. Literalmente, no nos los podíamos creer".

Todos los servicios del Ayuntamiento han emitido los informes relacionados con este caso y "coinciden en que esta forma de proceder es contraria a la Ley. De acuerdo con lo manifestado por los funcionarios de este Ayuntamiento, no existe ningún documento, informe o consulta de los servicios municipales que señalara que el Consistorio no podía cobrar el dinero contemplado en el convenio con los feriantes, sino todo lo contrario, los informes manifiestan que el Ayuntamiento tiene la obligación de cobrar ese dinero e ingresarlo en las arcas municipales", ha asegurado tajante.

"El Sr. Mateos (ex alcalde socialista) falta a la verdad cuando dice que no se había establecido ninguna obligación de realizar contraprestaciones económicas al Consistorio. Eso es falso, ya que la asociación de feriantes presentó un documento con registro de entrada oficial en el Ayuntamiento el 16 de julio de 2021 en el que se comprometía al pago de 'un canon anual por un importe establecido de la siguiente manera: 25.000€ el primer año, 50.000€ los años restantes'", ha aportado la edil.

Este documento, ha agregado, "estaba dirigido a la Junta de Gobierno, encabezada por el Sr. Mateos, que lo aprobó en la sesión celebrada el 3 de septiembre de 2021. Es decir, LO SABÍA PERFECTAMENTE. 

El PSOE y el Sr. Mateos tienen un problema y el intento por salpicar fango directamente contra los funcionarios de este Ayuntamiento empeora su situación".

En relación con las manifestaciones difundidas a este respecto por el entonces alcalde, Diego José Mateos, cabe señalar que "todos los servicios municipales han indicado que el Sr. Mateos tenía la obligación de cobrar ese dinero, en vez de desviarlo a quien a él eligiera arbitrariamente".

Medina Mínguez ha señalado que "Mateos se ha cubierto de "gloria" con sus declaraciones, "culpando a los funcionarios, sin aportar ninguna prueba, y señalando directamente, con nombre y apellidos, al presidente de los feriantes. La Asociación de Feriantes y su presidente son víctimas en este proceso".

De acuerdo con la documentación remitida al Ayuntamiento, "el Gobierno del PSOE instó a la Asociación de Feriantes de Lorca a efectuar una batería de pagos por importe de 50.000 euros en cuentas de determinadas asociaciones, no todas ellas oenegés, elegidas "a dedo" por el entonces alcalde, de forma arbitraria, sin ningún tipo de explicación, justificación ni soporte legal alguno", ha continuado.

El Sr. Mateos es "perfecto conocedor de lo que ha hecho. Y hay más concejales del PSOE implicados en este escándalo. Tienen que asumir su responsabilidad, es lo mínimo que se le exige a un político. Confiamos en que tanto el Sr. Mateos como el resto de concejales implicados en este escándalo sean capaces de encontrar el único camino que les queda desde hoy mismo. Si no lo encuentran, no dudaremos en señalárselo desde el Gobierno de Lorca".

El Gobierno de Lorca ha criticado que Mateos, en sus declaraciones a la prensa, "haya catalogado y discriminado a las oenegés entre "sospechosas o no de ser afines al PSOE". Resulta complicado encontrar un ejemplo más evidente de marginación partidista, invitación al clientelismo y trato de favor".

El Ayuntamiento ha aclarado que la asociación Apandis ha confirmado que no recibió ningún tipo de ingreso. Por último, ha aseverado que "hemos de aclarar que los feriantes han satisfecho los pagos con el Ayuntamiento correspondientes al resto de años sin ningún tipo de incidencia".

viernes, 12 de abril de 2024

Sumar pide citar al presidente de la Región de Murcia en la comisión de las mascarillas

 MURCIA.- Sumar ha propuesto la comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre contratos de compra de material sanitario durante la pandemia al diputado José Luis Ábalos, a la presidenta del Congreso, Francia Armengol, al exministro de Sanidad Salvador Illa y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

En su listado, a falta de completar el registro, solicita también la citación de la actual presidenta de Baleares, Margarita Prohens, de su homólogo en Murcia Fernando López Miras, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Como ya se había avanzado, el grupo plurinacional reclama que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja Alberto González Amador acudan para ser interrogados en este órgano parlamentario, centrado en indagar sobre presuntas tramas corruptas en la compra de mascarillas durante la crisis del Covid.

lunes, 19 de febrero de 2024

'Sumar' sugiere la creación de un Premio Nacional al denunciante de corrupción y urge a implementar la ley que les protege


MADRID.- Sumar considera urgente que el Gobierno ponga ya en marcha todas las medidas previstas en la Ley de Protección a los denunciantes de corrupción, aprobada hace justo un año, y, además, ha sugerido la creación de un Premio Nacional, de carácter anual, para reconocer a las personas que alerten sobre corruptelas graves.

Así lo plantea el diputado de Izquierda Unida y uno de los portavoces adjuntos de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, en una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. 

Santiago remarca como un hito importante la trasposición de la directiva europea sobre la protección a los denunciantes de corrupción y recuerda que únicamente contó con el rechazo del PP y Vox. Pero subraya que, un año después, ha llegado el momento de implementar la norma en toda su extensión.  

Así en su iniciativa insta al Gobierno a aprobar “a la mayor brevedad posible” el real decreto sobre el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, para que esta pueda empezar a funcionar desplegando las medidas de protección que contiene la ley también aplicando las sanciones a las entidades que las incumplan que, recuerda, pueden llegar al millón de euros.

Esa norma obliga a las entidades públicas y privadas a crear un canal interno de información que garantice que las comunicaciones que se presenten puedan ser tratadas de manera efectiva por personas formadas en la materia, que se cuide a quienes las plantean y que se tomen medidas contra quienes hayan incurrido en irregularidades, incluidas posibles represalias contra los denunciantes.

En este contexto, Santiago considera fundamental que el Estado apoye, mediante campañas informativas, a estas organizaciones públicas y privadas en la activación de esos canales internos y en la formación de las personas responsables de los mismos. 

Asimismo, apuesta por la aprobación de incentivos a la denuncia en las entidades públicas “para que la persona informante de corrupción sea percibida como un modelo, sin que ello signifique revelar la identidad de la persona informante sin su consentimiento expreso”.

Además, para incentivar las denuncias, Santiago sugiere la conveniencia de que el Ministerio de Justicia cree el Premio Nacional al denunciante “de manera desinteresada y haciendo frente a posibles represalias, destapen casos de corrupción especialmente graves”.

sábado, 10 de febrero de 2024

Juan Andrés Torres: "El goteo de presuntos casos de corrupción del PP en la Región es incesante"


MURCIA.- El secretario de Transparencia y Regeneración Democrática del PSOE en la Región de Murcia y diputado regional, Juan Andrés Torres, ha denunciado esta mañana que el goteo de presuntos casos de corrupción y trapicheos del Partido Popular en la Región de Murcia es incesante.

El socialista ha hecho estas declaraciones al conocerse, gracias a los medios de comunicación, que la Dirección General de Deportes de la comunidad autónoma ha concedido hasta 60.000 euros en subvenciones a una institución que estaba presidida por su jefe de servicio, que también forma parte del Consejo Asesor del Deporte de la Región de Murcia.

"Son muchos los casos en los que el Partido Popular ha utilizado las instituciones y los recursos públicos para beneficiar y enriquecer a sus amigos. Las redes clientelares del PP degradan las instituciones y le cuestan muy caras a los ciudadanos y las ciudadanas", ha añadido.

Torres ha explicado que todo parece indicar que el Gobierno de López Miras ha incumplido la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, pero que, en cualquier caso, es evidente que estamos ante un hecho fuera de toda ética.

 "Un jefe de servicio no puede presidir una entidad fuera de la administración pública directamente relacionada con su labor en el Gobierno regional".

"El Gobierno de López Miras tiene que aclarar si se ha producido algún tipo de injerencia o trato de favor en la concesión de estas u otras subvenciones", ha afirmado.

Al hilo, el socialista ha anunciado que el Grupo Socialista va a solicitar acceder a los expedientes de estas subvenciones para "despejar cualquier tipo de duda".

Por otro lado, el secretario de Transparencia del PSOE en la Región de Murcia ha destacado que "al Gobierno regional se le acumulan los posibles casos de corrupción" y ha recordado que, esta misma semana, la Fiscalía Superior de Murcia ha ordenado la apertura de diligencias por una denuncia contra López Miras por dar un millón de euros en subvenciones a fondo perdido a la asociación Zakut.

Al respecto, ha indicado que la Asociación Zakut fue creada el 24 de abril de 2021 y, tan solo cuarenta y cinco días después, ya era beneficiara de los primeros 500.000 euros, a pesar de haber obtenido la peor puntuación en la valoración de entre las tres entidades subvencionadas y de no estar inscrita en el Registro de Asociaciones de la Región.

"Hay que investigar si estamos ante un nuevo caso de financiación ilícita por parte del PP, como fue el caso Gürtel. Debe caer todo el peso de la ley sobre quienes esté prevaricando y desviando el dinero público", ha manifestado.

Para terminar, Juan Andrés Torres, ha reiterado que el Grupo Parlamentario Socialista ya ha registrado una solicitud de información en la Asamblea para que el Gobierno de López Miras aclare las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a esta asociación.

miércoles, 17 de enero de 2024

Podemos-IU-AV reclama a López Miras y Ribera la creación del Consejo del Mar Menor


CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos-Izquierda Unida y Alianza Verde (Podemos-IU-AV), María Marín, ha reclamado la creación del Consejo del Mar Menor al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En concreto, Marín ha denunciado públicamente este miércoles que "López Miras, Teresa Ribera y los alcaldes del Mar Menor han tardado nada más y nada menos que tres años y medio en poner en marcha la Comisión interadministrativa para coordinarse".

Debido a esta "demora", la portavoz morada considera que "no es un día para echar las campanas al vuelo, sino para preguntarles qué han estado haciendo todo este tiempo", según informaron fuentes de Podemos en un comunicado.

Además, Marín ha reclamado "que se cree ya otro órgano recogido en la ley como es el Consejo del Mar Menor", un organismo de participación en el que "deberían estar representadas las asociaciones de vecinos y los colectivos ambientales que llevan años luchando por la laguna".

En este sentido, ha lamentado que el proyecto de decreto para crear el Consejo del Mar Menor "lleva paralizado desde julio de 2021, cuando fue sometido a información pública".

"Su creación ha sido reclamada por organizaciones como ANSE o Ecologistas en Acción, que han criticado en reiteradas ocasiones que el actual Comité de Participación Social está formado exclusivamente por personas cercanas a la Administración regional", ha apostillado.

"Nuestra impresión es que no tienen ninguna intención de crear este Consejo porque tendrían muchas explicaciones que dar", ha afirmado Marín, que ponía como ejemplo "esas ayudas millonarias que Ribera ha dado a las multinacionales del 'agronegocio' que han contaminado el Mar Menor o el fracaso de los biorreactores de López Miras".

domingo, 19 de noviembre de 2023

Trayectoria y vínculos de Rubiales con José Miguel Monje, presidente Territorial de la RFEF en Murcia


MURCIA.- El 'caso Rubiales' y todo lo que le rodea ha puesto en el foco mediático a una figura dentro de la Real Federación Española de Fútbol casi desconocida para la mayoría de los aficionados al fútbol, la de los presidentes territoriales. Analizamos quién es José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación Murciana, decía el pasado mes de septiembre el digital deportivo www.eldesmarque.com.

¿Quién es José Miguel Monje Carrillo y cuál es su relación con Luis Rubiales?

José Miguel Monje Carrillo lleva como presidente de la Federación Murciana desde 2004. Es probablemente el mayor apoyo para Luis Rubiales dentro de la RFEF. Está enemistado con varios de los otros presidentes y fue de los que más aplaudió el discurso de Luis Rubiales en el que se negó a dimitir. 

Precisamente esos excesivos aplausos lo que ha provocado el enfado de otros presidentes territoriales. Según los compañeros de Relevo, el enfado llega hasta tal punto que hay presidentes que creen que "seguro que le contaba todo a Luis Rubiales".

Nacido en Águilas en 1956, accedió al cargo tras ganarle las elecciones a su antecesor en el cargo, José Luis Morga. En 2017, el CSD inició los tramites para que el TAD lo suspendiera cautelarmente tras ser investigado por la 'Operación Soule', de la que acabó saliendo sin cargo alguno.

Monje Carrillo sigue guardando silencio el pasado 1 de septiembre sobre el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, por ello, la diputada de Podemos en Murcia, María Marín, habría pedido ya entonces su dimisión.

lunes, 12 de junio de 2023

El ex diputado socialista cartagenero García-Pagán sigue cobrando una pensión que el Congreso eliminó en 2011


MADRID.- En 2011 las Cortes Generales decidieron eliminar las pensiones vitalicias a las que tenían derecho diputados y senadores una vez llegaba su jubilación. Pero la medida no tuvo efecto retroactivo. Así que quienes ya la recibían, podían seguir cobrándola. En la actualidad, 222 personas se siguen beneficiando de estas pensiones: 159 exparlamentarios y 63 viudas de exdiputados o exsenadores, tal como recoge Público.
 
El ex diputado socialista cartagenero García-Pagán sigue cobrando una pensión, en este caso de 1.000 euros mensuales, que el Congreso eliminó hace doce años, por lo que tendría que devolver a las arcas públicas no menos de 150.000 euros. Este político de la Región ya fue protagonista de diversas informaciones por su aparición en los Papeles de Panamá.

Ese desembolso supone más de 200.000 euros al mes de las arcas públicas. Este mes de mayo ha sido exactamente de 219.012,83 euros. El gasto, que depende de las Cortes, acaba suponiendo más de 2 millones y medio de euros anuales. Los 222 beneficiarios de estas pensiones han recibido este mes de mayo de media casi mil euros: 986,54.

 Actualmente los parlamentarios que abandonan su cargo solo tienen derecho a una indemnización tras el cese. Los que cumplen los requisitos pueden pedir esa prestación, que es una especie de 'paro' que pueden cobrar como máximo durante dos años. 

Una vez se reincorporan a otro trabajo y empiezan a percibir otro sueldo, dejan de recibirla. Actualmente la cobran Alberto Casero y Juan Bernardo Fuentes —más conocido como 'el Tito Berni'— después de que dimitieran como diputados. 

Pero antes los diputados sí tenían derecho a prestaciones vitalicias una vez llegara su jubilación o prejubilación. Existían dos tipos: las "pensiones parlamentarias" y la "complementación de ingresos".

El primer tipo se otorgaba a los diputados que no alcanzaban la pensión máxima de aquel entonces y para cobrarla había que haber estado al menos 11 años en las cámaras. En ese caso, el Congreso les daba la diferencia entre su pensión y la máxima. 

Sin embargo, si los diputados o senadores habían permanecido en el cargo entre siete y once años, recibían el 80% o el 90% de la diferencia entre la pensión que estuvieran cobrando y la máxima.

Esta pensión actualmente la perciben 120 exparlamentarios. En mayo cobraron un promedio de 1.080,14 euros. Esto sucede porque quien antes de su eliminación en 2011 tenía derecho a recibirla, lo mantuvo.

La otra tipología, la complementación de ingresos, se creó para que los parlamentarios que no habían alcanzado los siete años en el cargo no se quedaran sin prestación. Estos exdiputados o exsenadores podían pedir una compensación, pero esta no era automática como la otra ni se fijaba en una cantidad concreta por un baremo oficial. 

Los exparlamentarios debían pedirla a la Mesa del Congreso o del Senado y era este órgano, formado por diputados o senadores en activo, el que decidía si se le otorgaba la pensión y, en caso afirmativo, establecía la cuantía.

También fue eliminada en 2011, pero este tipo de pensión en la actualidad la cobran 39 exparlamentarios. No sólo ellos. También tenían derecho a pedirla las parejas de exdiputados o exsenadores que enviudaban o sus hijos menores de 25 años. En mayo 63 viudas —todas mujeres— tuvieron algún ingreso de este tipo. En total: 102 personas reciben aún este tipo de pensión que se otorgaba de forma discrecional.

Los beneficiarios de estos complementos reciben de media 876,44 euros, algo menos que los que cobran la pensión. Aún así, hay diferencias. Las viudas perciben menos dinero que los exparlamentarios y exparlamentarias. 

En mayo la media para las viudas ha sido de 795,02 euros. Para exdiputados y exsenadores, de 1.007,96 euros, una cifra muy similar a la de los beneficiarios de la que el Congreso conoce como "pensión".

Pero las medias no dejan de ser eso: promedios. Hay quien recibe mucho y quien recibe poco. En el caso de las pensiones, además, hay un motivo claro: los exparlamentarios cobran la diferencia de lo que les falta para alcanzar la pensión máxima —o un porcentaje de esta diferencia—.

Actualmente las prestaciones más altas las tienen concedidas el exsenador y exdiputado por UCD y por el PP Jaime Ignacio Del Burgo Tajadura, el exdiputado del PSOE Pablo Castellano Cardalliaguet y la exdiputada de CiU Maria Mercè Pigem i Palmes. Ingresan al mes 3.568,61 euros.

Las prestaciones más bajas son las de Teresa Nieto González, viuda de un exparlamentario que recibe 18 euros al mes, Manuel Arjona Santana, exsenador del PSOE que recibe 35,67 euros, y Clara María Santoro Sánchez, viuda que recibe 54,72 euros.

El PSOE, el más beneficiado

Los exparlamentarios que más se benefician de estas prestaciones son los socialistas. 77 exdiputados y exsenadores del PSOE reciben actualmente una de estas pensiones de las Cortes. Detrás se sitúa el PP, con 52 beneficiarios. Algunos de ellos, antes habían pasado por la UCD. 20 exparlamentarios del partido de Adolfo Suárez —incluidos los que luego repitieron cargo por el PP o el PSOE— reciben actualmente esta prestación.

También hay beneficiarios de Convergència i Unió, el PNV, Unión del Pueblo Navarro, el BNG o Coalición Canaria. Por parte de Izquierda Unida solo la recibe Cristina Almeida. La también abogada y tertuliana fue diputada de Izquierda Unida y luego senadora designada por la Comunidad de Madrid, cuando ya se presentaba en las listas del PSOE.

Almeida no es la única de este grupo que ha tenido presencia mediática en los últimos años, aunque por una razón muy diferente. El cartagenero Antonio García-Pagán, exdiputado socialista por Murcia que recibe casi mil euros al mes de pensión parlamentaria, fue protagonista de diversas informaciones por su aparición en los Papeles de Panamá, según explicó laSexta.

También están el exdiputado y exsenador del PP Jesús Merino Delgado, que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León y se le condenó a tres años y siete meses de cárcel por delitos de blanqueo de capitales y falsedad continuada en el caso Gürtel. Recibe 674,75 euros de pensión parlamentaria.

El exdiputado socialista Ricardo García Damborenea también cobra mensualmente del Congreso. Recibe el complemento que deben aprobar las Mesas de forma discrecional, ya que por poco más de dos meses no alcanzaba el mínimo de siete años en el cargo que se exige para obtener la pensión de forma automática.

El Congreso le ingresa 2.056,48 euros al mes. García Damborenea fue procesado en el caso de los GAL. Fue condenado y estuvo en la cárcel por el secuestro de Segundo Marey. No cumplió toda la condena al ser indultado por el Gobierno de Aznar. Unidas Podemos pidió el año pasado que se le retirara la pensión, pero actualmente la sigue cobrando.

sábado, 23 de julio de 2022

Un empresario revela pagos en negro en una incubadora de empresas del Gobierno de la Región con fondos europeos


MURCIA.- El Centro Europeo de Empresa e Innovación de Cartagena es, en principio, una asociación sin ánimo de lucro. Depende del Instituto de Fomento del Gobierno de la Región de Murcia (Info) y recibe fondos europeos para su funcionamiento. 

Los técnicos que trabajan allí deben asesorar de forma gratuita a empresas y startups en cuestiones contables o financieras. Pero un cargo de ese organismo cobró mordidas en negro a al menos una empresa a cambio de esos mismos servicios que debía prestar de manera gratuita, según revela en una grabación a la que ha tenido acceso elDiario.es el empresario al que se le reclamaron esos pagos. 

El cargo al que señala la grabación es José Carlos García, jefe de Desarrollo Empresarial y Financiación Europea del CEEIC, que habría pedido dinero negro a una startup por servicios que la entidad en la que trabaja debería ofrecer de forma gratuita. La grabación es una conversación entre dos personas, una de ellas el dueño de una de las compañías que acudió a ese vivero de empresas para recibir asesoramiento. 

El director de la entidad es Ángel Martínez-Conde, primo del exministro Federico Trillo, que contactado por este medio admite que les llegó una información en este sentido, pero que no actuarán hasta que haya una denuncia ante los tribunales.

Según la información a la que ha tenido acceso elDiario.es, García realizó servicios durante seis meses para una empresa dedicada a inteligencia artificial y ubicada en aquel momento en ese centro. Al inicio, los pagos se realizaron sin justificación alguna, pero pasado un tiempo, siempre según el empresario, para blanquear el dinero que entregaba a García, la empresa puso en nómina a su mujer y figuró como empleada pese a que el resto de compañeros ni la llegaron a conocer. 

De conversaciones a las que ha accedido este diario se desprende que la empresa contrató los servicios de García para que les redactara análisis financieros o proyecciones económicas de la compañía. Ninguno de los empleados tenía conocimientos de ese tipo y le hicieron pagos en negro para que fuera de sus horas de trabajo les resolviese diferentes trámites, como rellenar los formularios necesarios para solicitar una línea de préstamos. 

“Nosotros teníamos conocimiento técnico, pero no financiero ni económico. La opción más barata era: el técnico que tengo al lado, eso sí te lo digo, fuera de tus horas de trabajo, nos haces el emprendía”, explica en una conversación privada con otro trabajador. 

“El emprendia” es una línea de préstamos del propio Info para “favorecer el crecimiento de empresas innovadoras” o “proyectos novedosos de reciente creación para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo” en la región, dotadas con cantidades desde 25.000 hasta 300.000 euros.

En una conversación, el empresario se explica así: “El tío, como tiene esa ambición exacerbada, trabaja fuera, dentro, lo que sea. Nosotros lo contratamos bajo mano primero y después le pusimos una nómina a su mujer, con el objetivo de que hiciera servicios profesionales más allá del CEEIC. Que te digo, para mí no es malo”. 

En otro momento, el empresario reconoce que ni siquiera conoce a esta mujer y que la ha visto de pasada en un par de ocasiones.   

Esa relación comercial duró cerca de seis meses, hasta que la empresa necesitó contratar a alguien de forma fija para estos servicios. Durante ese tiempo, según reconoce el empresario en esas conversaciones, García les realizó diferentes cobros de entre 700 y 800 euros, divididos en una tarifa fija y otra variable, en función de si la empresa recibía o no los préstamos y ayudas que solicitaba para ella u otras variables. 

Algunos emprendedores y trabajadores del mismo centro reconocen en conversación con este diario haber escuchado “rumores” al respecto, aunque ninguno admite haber efectuado pagos a este técnico ni a otros de la entidad. 

Martínez-Conde, el director del CEEIC, afirma en declaraciones por teléfono que hace un tiempo –no recuerda bien cuándo– recibieron una información verbal sobre el tema, que él también atribuye a “rumores” y “comentarios”. 

A partir de ahí, dice, hicieron algunas preguntas y no encontraron nada, pero precisa que para hacer una investigación formal necesitan una “denuncia” o “al menos alguna prueba”. Según ha podido saber este diario, Martínez-Conde ha comenzado los trámites para prejubilarse y dejar la entidad en breve. Este movimiento ha sorprendido entre varios trabajadores del centro, que esperaban que se mantuviese en ese puesto hasta cumplir la edad legal de jubilación.

“Al principio hubo movimientos (...). Yo sé que eso se ha estado viendo y estamos viendo ahora a ver si hay alguna denuncia”, explica el titular del centro, antes de insistir: “Todavía la denuncia como tal no está establecida. Primero tiene que haber una denuncia y después actuar la empresa”. Conde no se refiere a una denuncia judicial, aclara más tarde, sino a que le hagan llegar un escrito con pruebas de que algo así está ocurriendo. 

“Nosotros no podemos actuar porque venga alguien y nos diga 'me suena esto y me han dicho'. Nos han llegado rumores de que podía pasar todo eso, pero nada más. Estamos con los abogados viendo el sistema de compliance para ver qué hacer”, añade el director del CEEIC, en referencia a los mecanismos que tienen algunas empresas y en este caso el centro para velar por que no haya ninguna irregularidad dentro de la organización. 

“Había un rumor y hemos puesto en marcha el compliance. No estamos mano sobre mano, estamos en estudio por si hubiera, que tampoco lo tenemos claro. Tú puedes decirlo pero tienes que demostrarlo. Yo no soy un investigador. Primero tenemos que ver en qué se basa eso”, zanja.

El técnico José Carlos García niega de forma tajante en declaraciones a este diario que realizase ningún cobro a cambio de estos servicios adicionales y también rechaza que acordase con el empresario poner en nómina a su mujer para blanquear las transacciones. García achaca esta información al cambio de dirección en el centro, que se debe producir próximamente ante la jubilación de Martínez-Conde. Según dice, cuando se producen este tipo de cambios, se ataca a las personas con mejor desempeño.

Una incubadora del Gobierno regional sin ánimo de lucro

El CEEIC es una asociación sin ánimo de lucro, que fue creada en 1992 con el objetivo de acelerar y ayudar a innovar a las más de veinte empresas que ahora mismo se ubican en su sede. En concreto, los técnicos del CEEIC ayudan a autónomos y sociedades de reciente creación; incuban y aceleran startups y empresas de base tecnológica (EIBT); asesoran a pymes en sus procesos de innovación y de transformación digital; y fomentan la cultura emprendedora y el desarrollo del talento. 

 El centro tiene además un programa de ayudas del Info “dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El CEEIC depende del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que financia este tipo de entidades para promover la cultura emprendedora en la región. Aunque se trata de una asociación sin ánimo de lucro y está dirigida por Martínez-Conde, la principal vía de financiación es a través de esta institución regional y los fondos Feder.

La entidad cuenta además con participación del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio de Cartagena o la Universidad Politécnica, y de algunas de las principales empresas presentes en la región, como Repsol, Navantia, Iberdrola o Bankia, que aportan capital y financian después proyectos puntuales que se desarrollan en la entidad.


jueves, 14 de julio de 2022

En EE UU el dinero fluye cuantiosamente de las farmacéuticas a los médicos y a supuestas revistas científicas


NUEVA YORK.- En una entrevista con el periodista Paul D. Thacker, el ex investigador y oficial de seguridad de la Fuerza Aérea de EE. UU. Alex Rich explica por qué desarrolló un programa de software que vincula los pagos de las compañías farmacéuticas a médicos e investigadores.

Alex Rich cree que nadie en los EE. UU. tiene una idea clara del alcance y la escala de los pagos de las compañías farmacéuticas a los autores, generalmente médicos, de artículos publicados en revistas médicas.

Pero el ex investigador y oficial de seguridad de la Fuerza Aérea de EE. UU. cree que es importante tener esa información para determinar si un autor es parcial, por lo que desarrolló un software que extrae la literatura médica para descubrir los pagos de Big Pharma a los médicos.

En EE UU el dinero fluye cuantiosamente de las farmacéuticas a los médicos y a supuestas revistas científicas

En una entrevista con el periodista Paul D. Thacker , Rich dijo que su programa de software examina la brecha entre los datos de pago y los conflictos de intereses (revelados y no revelados) que pueden conducir a una influencia indebida por parte de las compañías farmacéuticas.

“Quiero que sea más fácil explorar las relaciones financieras entre los autores de artículos en revistas médicas y la industria, principalmente compañías farmacéuticas y de dispositivos”, dijo Rich a Thacker.

Thacker, autor de DisInfomation Chronicle, escribió una serie galardonada que expone la falta de transparencia entre los expertos que asesoran a funcionarios del Reino Unido y Estados Unidos sobre la política de COVID-19 .

Thacker también pasó años investigando el medicamento para la diabetes Avandia de GlaxoSmithKline, lo que llevó a que fuera retirado del mercado. Y su investigación sobre el encubrimiento de DuPont con respecto al teflón condujo a un escándalo y, en última instancia, a una importante demanda y a la película de 2019 » Dark Waters «.

Rich, que está cursando un doctorado, le dijo a Thacker que desarrolló el programa de software para «raspar» (es decir, extraer datos de) publicaciones indexadas en PubMed por médicos que figuran en la base de datos Open Payments  .

Luego, su software conecta las direcciones de los médicos con los pagos de las compañías farmacéuticas y los rastrea en un mapa de los EE. UU.

“La base de datos Open Payments se ha convertido en uno de los conjuntos de datos federales más sólidos e interesantes que existen”, dijo Rich. “Pero no se ha alcanzado la plena utilización porque es difícil vincularlo a otros conjuntos de datos. No tiene ninguna de las cosas normales que usaría para identificar a un médico o autor que usan otros conjuntos de datos”.

Rich cambió eso con su software, que tiene un código para extraer conflictos de intereses de los estudios.

Rich primero se dispuso a seguir el rastro del dinero entre los autores y la industria sumergiéndose en los detalles. Por ejemplo, dijo, si Purdue Pharma estaba tratando de influir en los médicos para que recetaran OxyContin, ¿cómo funcionó esa influencia?

«¿Donde se conocieron? ¿Quién habló? ¿Hacia dónde fluye la información? preguntó.

Rich analizó inicialmente muchas señales geográficas, como lugares en los que se paga a un médico por dar una charla y otros médicos reciben pagos por alimentos y bebidas.

“Finalmente, terminé mirando publicaciones revisadas por pares”, dijo Rich. “Cuando me encontré con médicos que publicaban en las principales revistas médicas y no revelaban sus conflictos de intereses financieros, realmente comencé a sentirme incómodo”.

Rich le dijo a Thacker que, si bien la mayoría de los médicos no se dejan influenciar por las compañías farmacéuticas, los incentivos financieros pueden tener efectos insidiosos en las opiniones y recetas de los médicos.

“Es un proceso sutil mediante el cual [los médicos] se sienten cada vez más cómodos con un conjunto de actores corporativos que tienen incentivos financieros muy fuertes para ver que todas las decisiones en los espacios grises de la medicina caigan a su favor”, dijo.

“La mayoría de estas personas creen que están haciendo lo correcto. Da la casualidad de que la mayoría de las cosas que dicen tienden a beneficiar a una corporación multimillonaria”.

Rich usó su software para exponer las acciones del Dr. Edward Michna del Pain Trials Center en Brigham and Women’s Hospital, quien testificó ante el tribunal en nombre de la industria de opioides.

Rich descubrió que, de más de 47.800 médicos de EE. UU. que recibieron pagos de Purdue Pharma (ahora en bancarrota después de declararse culpable de cargos de fraude relacionados con su comercialización de OxyContin), Michna estaba en el 0,2% superior con 52.512 dólares.

Michna también fue oradora pagada de Cephalon, que fue demandada por marketing engañoso de opioides.

Usando su programa de software, Rich descubrió que Michna repetidamente se olvidó de declarar como intereses contrapuestos los pagos de las compañías farmacéuticas en los estudios publicados.

Rich, quien también es el fundador de CitizenViz.org , dedicado a la “visualización de datos para una ciudadanía informada”, dijo que espera poder abrir el código de su software pronto.

“Debería haber más investigadores haciendo preguntas sobre los pagos”, dijo. “Esas conversaciones pueden mejorar la transparencia de toda la industria de la investigación médica y abrir nuevas líneas de pensamiento sobre el problema del sesgo en la investigación”.