En la pantalla iluminada del móvil se leen tres letras mayúsculas: RLV.
Conecto la llamada, y al instante se derrama sobre mí una bronca como
no conocieron los siglos. El expresidente brama, a voz en grito, en un
tono insólito en él en lo que a mí respecta, aunque alguna vez ya
percibí asomos y otras fui testigo involuntario de arrebatos similares
con otras personas, también vía telefónica. No doy crédito a lo que escucho, sobre todo por los modos y las maneras.
Está fuera de sí. «Ya empezaste con aquello de Domingo Valera,
y ahora acabas con esto». «No te has leído el auto». «Si te hubieras
leído el auto, verías que no se refiere a mí, sino a otros... o a
otras». «O rectificas mañana o te llevo a los juzgados». Son algunas de
las frases que recuerdo entre lindezas menos reproducibles. Intento
mantener el diálogo „qué diálogo; es su monólogo„, en previsión de que,
en efecto, no haya leído con la debida atención el primer auto el juez
Abadía sobre el caso Novo Carthago.
Estoy en casa y no lo tengo a mano. Mi lectura de él está en el periódico de esa mañana: «El juez señala a Valcárcel como el Señor X del caso», había titulado mi artículo.
Algunos colaboradores de Valcárcel me advirtieron tiempo atrás de que
el recitado de sus broncas telefónicas siempre lo hacía en presencia de
testigos, para demostrar su dominio ante terceros, y mientras escucho su
desaforada imitación de negrero me pregunto quién podría estar a su
lado.
Lo que tengo muy claro es que debo contenerme. A otro, lo habría mandado a freír monas, por decirlo así, pero se trataba del expresidente de la Comunidad, y
mis impulsos personales en estos casos están condicionados por el
respeto a mi oficio. Poco importa que quien, como él, representa a
instituciones públicas y cobra de nuestros impuestos se salte las normas
de cortesía y recurra incluso a la amenaza. Alguien tiene que mantener
la calma.
Acudo a la Redacción y releo con todo detalle y precisión el auto, y al hacerlo veo con más claridad que el Señor X,
aunque innominado, es Valcárcel para el instructor, y que éste, con su
llamada, ha pretendido que derive esa interpretación hacia Pilar Barreiro, que sí aparece mencionada, lo que resulta expresivo de su solidaridad con el propio staff.
Hay
que recordar en ese contexto que el abogado de la entonces alcaldesa de
Cartagena había lanzado las sospechas hacia la Comunidad, lo que
provocó un rifirrafe personal entre un familiar directo de Valcárcel que abordó de malas maneras a Barreiro, incidente del que sólo existe información off the record.
Por
supuesto, no rectifico mi valoración sino que me ratifico en ella en el
artículo del día siguiente, si bien durante un tiempo, cada día que abro el buzón, espero encontrar la denuncia judicial de Valcárcel, que nunca llegó.
Supongo que no se produjo porque hubiera reflexionado „nunca me llamó
para pedirme disculpas„, sino porque al poco, el siguiente auto del
instructor dejaba claro que Valcárcel era presuntamente el jefe de la trama Novo Carthago, aunque hasta hoy se haya visto libre de imputación por su calidad de aforado.
Algunos
compañeros intentan aliviarme del temblor de piernas que
inevitablemente produce el hecho de que el tipo políticamente más
poderoso de tu Región te amenace a voz en grito con meterte una
querella.
Son gajes del oficio, me dicen. Yo no lo entiendo así. En
una sociedad libre y democrática no es de recibo que los políticos
investidos de poder, con la autoridad moral que les delegan los votos,
intenten amedrentar a los comentaristas políticos o, pongamos por caso,
acudan a los editores de los periódicos a pedir las cabezas de sus
directores si no les bailan el agua. Es preciso considerar estos
movimientos en la categoría a que corresponden, sin despreciarlos como
incidencias circunstanciales.
No hay que tener miedo, claro, pero hay que estar prevenidos.
Véase lo que se ha llevado por delante la simple instrucción del caso
Novo Carthago. En primer lugar, una operación política perfectamente
diseñada para sacar la instrucción del TSJ, donde la investigación
estaba tocando las zonas sensibles: se forzó con urgencia la dimisión
del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, imputado en el caso, a fin
de intentar la prescripción o de que pasara a un juzgado ordinario y
quedara fuera del alcance del juez Abadía, quien había conseguido
aportar indicios muy ilustrativos acerca del interés en aquel desarrollo
urbanístico. Cerdá no se ha repuesto todavía de esto y no ha dado una
explicación a la opinión pública, dada su lealtad al presidente que lo
mantuvo en el cargo casi tanto tiempo como duró su mandato.
Pero una sola acción no bastaba, de modo que el también ´agradecido´ Vicente Martínez Pujalte contribuyó, con su visita impropia a la sede de la Fiscalía General del Estado,
a deducir la impresión de que intentaba influir en la desimputación en
el Supremo de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, no por amistad o
simpatía hacía ella, inexistentes, sino porque se intentaba cortar el
fuego del caso en su origen: si no existió delito en la tramitación
municipal, preceptiva para las autorizaciones de la Comunidad, podría
alegarse que el caso decaería.
Sea por la extraña visita del diputado por Murcia que se dedicaba a asesorar a empresas contratistas con la Administración a 5.000 euros el informe verbal ante un cafelito,
o sea por la propia convicción de la Fiscalía del Supremo, lo cierto es
que Barreiro se va librando, y con ella, tal vez, la responsabilidad de
quienes venían a respaldar la urbanización „recuérdese: 10.00o
viviendas en la linde del Mar Menor, zona LIC, ZEPA y ZEPIN y de
protección del trasvase, todo un canto al respeto ecológico„ desde el
Gobierno de la Comunidad.
La gestión de Martínez Pujalte, quemado él mismo en sus cafelitos, por los que está imputado, ha sido generosamente agradecida, y esto es un dato, al colocar a su esposa, Isabel Borrego, en el número tres de la candidatura del PP para el 20D y para el 26J, a pesar de que no es murciana. No es casual.
Y como tan sólo dos acciones no bastan,
el Gobierno central procedió a la destitución inmediata del delegado de
Hacienda en Murcia, quien había realizado un excelente trabajo de
investigación „a instancia judicial„ que había detectado algunos de los
presuntos manejos de influencia que permitieron la imputación de
familiares directos tanto de Valcárcel como de otros miembros del
partido, caso de Sánchez Carrillo.
Pero, por si faltaba algo, también hay que computar la comparecencia pública de Valcárcel, tras la publicación de la investigación inicial que desvelaba presuntos favores del promotor de Novo Carthago
a personas de su entorno, en la que insinuaba de manera impropia en un
dirigente público la existencia de intereses inconfesables, que no
detalló „lo hicieron después sus propios„ en el juez instructor, una
descalificación en toda regla del sistema judicial para intentar
justificar las evidencias que, en cualquier caso, quedaban a la vista.
Todo
un rosario de actuaciones a la desesperada, sin espacio para el
disimulo, con el fin de zafarse de las implicaciones de intentar
promover una urbanización planeada por amigos, como se deduce del hecho
de que el promotor, presunto empleador indirecto de la hija del
presidente, fuera invitado a la boda de ésta.
Si a esto añadimos los problemas que para el erario público está suponiendo la desaladora de Escombreras
„una iniciativa inicialmente privada que, sin embargo, puede acabar
repercutiendo en los impuestos de los murcianos con un coste de
seiscientos millones de euros„, que a todas luces es una instalación
concebida para suministrar recursos a la urbanización Novo Carthago,
tendremos el conjunto de claves que nos explican tanto nerviosismo,
tanto desafuero y, en origen, aquella llamada destemplada en la que
confundió a un periodista con uno de sus lacayos.
Ahora lo que falta saber es qué extraños interés concurren alrededor de la titular del juzgado ordinario que ha ratificado las imputaciones del primer instructor del TSJ,
porque algo tendrán que decir sobre ella para descalificarla como a su
antecesor so pena de dar por buena la previa instrucción.
No cabe esperar que Valcárcel acepte el requerimiento de declarar voluntariamente,
pues para algo está el recurso del aforamiento (aunque no sea por causa
de su función en el Parlamento Europeo, que es lo único que la
justificaría), y querrá mejor arroparse en los jueces del Supremo, que
por algo los nombra el Gobierno.
Lo que sí va quedando claro es
el motivo por el que el presidente del PP no asistió esta semana al
mitin de Rajoy en Murcia, una vez advertidos en el PP de que a partir
del jueves podrían producirse decisiones judiciales como la dictada
sobre Novo Carthago, lo que habría producido un álbum
de fotos que podrían haber creado cierta incomodidad en el candidato
popular a la presidencia del Gobierno, aunque éste, es sabido, no se
incomoda por nada. Una pena, porque, según su costumbre, podría haberle
dicho de viva voz a Valcárcel: «Ramón Luis, sé fuerte».
Piezas separadas
- El Gobierno quiere ´unir´ s a Secuoya y GTM.
El Gobierno regional pretende que la actual concesionaria de la
televisión autonómica, Secuoya, comparta sociedad con el Grupo de
Televisión Murciana (GTM), la anterior titular del canal, con la
perspectiva de la renovación de la concesión, que se habrá de producir
en los últimos meses de este mismo año. Como modo de resolver el
conflicto entre ambas empresas, el Gobierno aspira a una solución
salomónica que le permitiría prorrogar la concesión, pero con la
incorporación de nuevos accionistas, los procedentes de GTM, que
mantienen emisiones a través de su canal privado de televisión local.
Falta saber si el Gobierno se limita a plantear esa sugerencia o
intentará actuar como mediador, pero la negociación se prevé difícil,
pues tendrá que decidirse, no sólo qué empresa mantiene la mayoría del
accionariado, sino que parecería obligado que GTM retirara el abundante
número de denuncias y querellas que mantiene contra Secuoya tanto por el
concurso de la concesión como por presuntos incumplimientos de su
contrato público.
- Pedro Antonio Sánchez dispone de interlocutores en la dirección nacional de Ciudadanos.
Las relaciones políticas entre el Partido Popular y Ciudadanos en la
Región de Murcia son complicadas, no sólo por la natural competencia
política entre ambas formaciones sino porque los populares aseguran que
encuentran muchas dificultades para distinguir a interlocutores sólidos,
y ya se han producido muchos casos en que, tras un acuerdo entre ambos
grupos parlamentarios, Ciudadanos ha cambiado de posición en el último
momento, a veces durante el mismo debate de la cuestión a desarrollar.
En el PP aseguran que a falta de confianza en los distintos portavoces
que se dicen autorizados, el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio
Sánchez, ha establecido contactos con la dirección nacional a fin de
hallar interlocutores válidos que le permitan llevar a cabo estrategias
que le permitan conocer de antemano si cuentan con el apoyo del partido
de Albert Rivera, un supuesto aliado natural que sólo actúa como tal en
ciertas ocasiones y no siempre las esperadas.
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/06/19/ramon-luis-fuerte/746525.html
Ante la falta de candidatos a sustituirla -ella no se había presentado a la reelección para dar opción a otros cofrades con personal interés de cara al Año Jubilar 2017- y tras la intervención de varios hermanos asistentes en el sentido de renovar el mandato de la actual Hermana Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz en base a su experiencia acumulada y buen hacer, Elisa Giménez-Girón Marín dió un paso adelante y aceptó el honor de continuar en sus funciones hasta el año 2018.
