LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes ha exigido hoy
responsabilidades en el Ayuntamiento por el requerimiento a una
afectada de los terremotos para que aporte un certificado final de obra
cuando el plazo para justificar la subvención que le concedieron acaba
el próximo 25 de enero.
Se trata de un
procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de Lorca, a través de la
oficina del terremoto, relacionado con una ayuda municipal para la
demolición de viviendas que fueron declaradas en ruina y no contaban con
cobertura aseguradora. El requerimiento un reparo de justificación ni
siquiera contiene la rúbrica ni la firma electrónica de la trabajadora
municipal que lo efectúa, lo que Martín calificó de "inadmisible" en una
administración pública.
"¿Cómo es posible que nuestro Ayuntamiento esté
obligando a los ciudadanos a firmar papeles que no ofrecen ninguna
garantía frente a una posterior alteración o manipulación de su
contenido y que no identifican de manera inequívoca al firmante frente a
una posible exigencia de responsabilidades como exige la Ley?", se
preguntó Martín.
Al margen de esta "chapuza
administrativa", la concejala de IU-Verdes tildó de "gravísimo" que el
Ayuntamiento esté exigiendo certificados a una damnificada de los
terremotos cuando faltan 44 días para que acabe el plazo del que
dispone, "bajo la amenaza de que, de lo contrario, el Ayuntamiento
continuará con los trámites", tendentes a que la afectada devuelva la
ayuda.
J.M.G., de 78 años, solicitó esta ayuda municipal
después de que su vivienda, dañada por los terremotos, fuera declarada
en ruina económica. Tras la demolición, la afectada solicitó
inmediatamente la licencia de obras, tal y como establecen las bases de
la convocatoria de esta ayuda, que le fue concedida el 25 de enero de
2018.
A partir de ese momento, contaba con un plazo de 24 meses para
ejecutar la obra, que se cumplirán dentro de 44 días. Martín explicó que
en la oficina del terremoto conocen la complicada situación de esta
vecina que, con una pensión de 600 euros mensuales, se vio obligada a
pedir otra ayuda para la reconstruir su vivienda, cuyos daños estaban
tasados en 200.356,80 euros.
Antes de la
declaración de ruina económica la afectada recibió 20.500 euros de una
ayuda para reparación. Una cantidad que ha sido descontada de la ayuda
de reconstrucción por valor de 94.416,48 que finalmente le fue concedida
cuando el inmueble fue declarado en ruina económica.
Se trata del único
dinero del que ha dispuesto hasta el momento J.M.G porque de la ayuda
para reconstrucción, aprobada el pasado mes de mayo por la Consejería de
Fomento, no ha percibido aún ni un solo euro a pesar de que la
administración ha dado por justificado el inicio de la obra y la
ejecución del 50%.
"Esta vecina está haciendo todo el esfuerzo posible,
pero su delicada situación económica le impide terminar la obra si
Fomento no le abona la ayuda que le corresponde", dijo Martín, quien
explicó que la afectada ha llegado a solicitar un préstamo al banco que
no le ha sido concedido debido a su avanzada edad y a sus escasos
recursos económicos.
"En vez de ser sensibles a esta situación,
absolutamente justificada, y de modificar las bases de una convocatoria
municipal, ahora su Ayuntamiento le asfixia pidiéndole documentación
antes de tiempo para quitarle la ayuda de 5.445 euros que le dieron para
demoler su casa", denunció Martín.
Al respecto, la concejala de
IU-Verdes lamentó amargamente que sea el propio Ayuntamiento de Lorca el
que ahora da una nueva vuelta de tuerca para ahondar en el calvario que
están sufriendo las víctimas del terremoto.
No se
trata de la única persona afectada por la amenaza de devolución de las
ayudas municipales para demolición, de las que se beneficiaron 60
familias en Lorca. Al despacho de IU-Verdes ha llegado otro caso, el de
un vecino ya fallecido que demolió su vivienda pero no pudo acometer las
obras de reconstrucción debido al avanzado estado de su enfermedad de
Parkinson. Ahora, su heredero quiere cumplir con todos los requisitos
pero el problema de los plazos se lo impide.
Martín
recordó que la movilización social hizo que la Asamblea regional
aprobase hasta dos leyes para facilitar los procedimientos de
justificación a los afectados por la devolución de las ayudas para
reparación, mientras ahora el Ayuntamiento es incapaz de modificar unas
simples bases para permitir a los damnificados cumplir con los plazos.
Por
si fuera poco, el pasado mes de septiembre el equipo de gobierno
municipal solicitó a Fomento devolver 1.248.642,74 € correspondientes a
las ayudas para demolición que no se habían justificado, a pesar de que
el convenio con la comunidad autónoma en esta materia estará vigente
hasta el 31 de diciembre de este año. El gobierno municipal solicitó
expresamente que esa cantidad fuera empleada en "obras pendientes de
ejecutar del Banco Europeo de Inversiones que no disponen de
financiación".
Es decir, sin dar la oportunidad a los beneficiarios de
estas ayudas para que puedan cumplir con todas las condiciones, el
Ayuntamiento pretende "reinvertir el dinero destinado a paliar su
tragedia" exigiendo incluso los mismos intereses de demora que
supuestamente piden que el Estado condone al conjunto de los afectados.
"Nosotros no queremos que nadie se salte la ley, pero del mismo modo que
Fomento cedió a nuestras presiones para que fuera posible modificar
plazos y poner en marcha mecanismos flexibles de justificación,
esperamos que el Ayuntamiento haga ahora lo mismo", reclamó Martín.
"Quizá para algunas personas 5.000 euros no sean nada, pero para otros
representan la diferencia entre poder vivir dignamente o quedar en la
ruina, cuando el Ayuntamiento sabe perfectamente que el objeto de la
ayuda, que era la demolición de las viviendas siniestradas, está
cumplido", concluyó.
