Las entidades son sus funcionarios y sus políticos dirigentes, y
la denostada Comisaría de Aguas del Segura (CAS) es, sobre todo, un
organismo fuertemente ideológico (ultra) dedicado a amparar tropelías
sobre el agua pública, lo que hacen con fruición muchos de sus
funcionarios. Veamos, si no, las cuatro líneas del escrito que firma
José Manuel Ruiz Sánchez, jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces
de esa CAS, órgano principal de la Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS).
Cuatro líneas de nada, y además redactadas como con
desgana y por cumplir, no por obligación, no se vayan a creer, que
tampoco la denuncia es para tanto: como perdonando la vida a los
atrevidos ciudadanos que, desde la Asociación para la Custodia del
Territorio y el Desarrollo Sostenible (ACUDE), denuncian el atentado
cometido contra el río Turrilla, en las pedanías altas de Lorca,
cortando su curso y bombeando el agua para consumo de las granjas
porcinas del entorno.
Breves líneas, sí, pero tan enjundiosas que merecen un esfuerzo
para ver si se le acaban atragantando, que lleva tiempo al mando del
control de las denuncias, es decir, de la función básica de la CAS y, en
definitiva, del papel antisocial y antiecológico de la CHS como un
todo; y eso es mucho. Me ceñiré al análisis del estilo, o técnica
redaccional empleada, porque de ahí se derivan tanto la filosofía como
los objetivos del funcionario, de la CAS y de la CHS en el incontrolable
agrocantón murciano.
De la técnica empleada en ese escrito, tres “reflejos” pueden
observarse: la mentira, la deformación y la ocultación. La mentira en el
escrito de don José Manuel pertenece al tipo “fluyente”, es decir,
sobre la marcha, casi cantarina y como si fuera lo más normal del mundo:
algo muy reconocible entre los funcionarios con el colmillo retorcido,
existentes en todos los lugares y servicios.
Mentira es, por ejemplo,
que las obras denunciadas se realizaran para “retener las aguas del
manantial…”, ya que lo que hacen es cortar el flujo hídrico para
absorberlo en su totalidad. Aludir al Arroyo de los Campos cuando
hablamos del río Turrilla no se sabe muy bien si es por despistar o
corregir un defecto (inexistente) de la denuncia, como si no supiéramos
todos de qué cauce público se trata. También es falso que “desvíen parte
de las aguas” del río: es todo el caudal el que se beben.
El apartado de las deformaciones de la realidad se enriquece,
primeramente, con la observación de que las aguas se desvían “para usos
que no se han podido determinar”, cuando lo más fácil del mundo es
enterarse de a dónde van a parar esos caudales, bien siguiendo la
tubería, preguntando a los vecinos o –en un extremo de arrojo
administrativo–, consultando la documentación existente: tareas todas
ellas que dependen de este funcionario, y que ni ha cumplido ni cumple.
Y, en segundo lugar, subrayando, con estilo insuperable, que la presa
fue construida “al menos hace 50 años”, como si el tiempo transcurrido
quitara validez o importancia a los hechos denunciados, o como si hace
50 años (o 100) se hubiera podido permitir a un concesionario que se
adjudicara toda el agua de un río (grande o pequeño).
El oficio en
cuestión deforma la realidad, por otra parte, cuando se refiere a que
“las obras consisten en la reposición y acondicionamiento de la presa
construida…”, ya que bloquear el libre curso de un río no puede
describirse con esas palabras, que quisieran dotar de inocencia a los
autores.
Oculta mucho ese escrito, que ya digo que es de circunstancias y
no revela el menor celo profesional. Por ejemplo, cuando alude a los
tres predios a donde van a parar esas aguas escamoteadas se guarda mucho
de citar al verdadero beneficiario, el empresario Fernando Francés, o
bien su empresa, Explotaciones el Francés, S. L. Y eso que cita el
expediente que regula esos usos del agua retenida, APM-52/2010, en el
que debería figurar la denominación a que aludimos.
Todo esto explica la filosofía. o ideología, de esta práctica
funcionarial, que evidencia los esfuerzos por proteger, o castigar poco
(en realidad, simbólicamente), a los grandes acuatenientes pese a sus
trampas e ilegalidades, haciendo la vista gorda por costumbre. A esta
“pulsión protectora” del poderoso pertenece la alusión a que la presa
denunciada desvía “parte de las aguas para usos que no se han podido
determinar”: es toda el agua la que se capta y va a las granjas de El
Francés.
Para proteger al poderoso, las denuncias, numerosas e
insistentes, se encaminan por una ruta sin salida, a veces simplemente
van a un cajón/pozo sin fondo donde se pierden, ya que ni siquiera pasan
a registro ni dan lugar a expediente alguno. Otras veces, los
expedientes se alargan para que caduquen o se pierdan. Las denuncias
procedentes de ciudadanos normales y corrientes, o de asociaciones de
modesta entidad, suelen seguir ese itinerario del pozo, o cajón, negro.
Esta filosofía aparece, pues, íntimamente ligada a un objetivo que, dada
la situación hidrológica e “hidrostrófica” (entiéndase: gestión
catastrófica de las aguas, desde el punto de vista ecológico y ético) de
la Cuenca del Segura, puede resumirse, sin miedo a errar, que es
proporcionar sus aguas, con largueza y amabilidad, a empresas y
personajes conocidos del negocio, al mismo tiempo que se actúa, directa o
indirectamente, mediante mecanismos que llevan a la ruina o la
desaparición de los pequeños regantes o propietarios, hacia los que se
dirigen todo tipo de dificultades y castigos.
Curiosa es, también, la forma que adopta el “acuse de recibo” de
la denuncia de ACUDE por parte del jefe de Policía de la CAS, al que
seguimos en su cuidada redacción: se cita la denuncia, sí, y también la
visita girada por parte del personal de Guardería fluvial de este
Organismo (personal, aclaro, que no se había enterado antes del abuso
sobre el Turrilla, aunque se ve perfectamente desde la carretera), pero a
continuación adjudica esta inspección al “escrito del Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Lorca, adjuntando denuncia realizada por el
SEPRONA, recibido con fecha 10 de junio de 2021”. Como si, al denunciar
los de ACUDE, ya estuviera en marcha la maquinaria de vigilancia de la
CAS, martillo de infractores.
Nada se dice de otras denuncias por el
mismo asunto, anteriores a todo esto, como las que llevan fecha de
septiembre y octubre de 2019, también ante el SEPRONA y que fueron
dirigidas por este Servicio a la CHS, sufriendo –según todas las
apariencias– el triste destino del insondable, a la vez que bien
nutrido, pozo negro.
Un funcionario de tan altas condiciones no debería pasar
desapercibido, por su trabajo por las empresas y contra el agua pública.
Por eso son los ecologistas quienes mejor lo conocen y con más interés
siguen sus andanzas funcionariales. Esos ecologistas que tienen al
susodicho que echa chispas porque –según quienes lo han oído– “están
consiguiendo que se le dé más importancia a cuatro ranas que a una
empresa”; lo que confirma la sensibilidad y las preocupaciones de don
José Manuel.
Son esos ecologistas, representados en este caso por Ecologistas
en Acción, los que le acaban de lanzar una denuncia penal, junto a su
jefe el señor comisario de Aguas (quien respalda, por cierto, con su
firma escrito tan ejemplar), y la empresa del Francés. A ver si todos
ellos, y en amigable compañía, dan oportunidad a los jueces de airear el
caso y mostrarse un poco más interesados por el agua, la cosa pública y
los piratas que la acosan y saquean, tan seguros siempre de su
impunidad.
(*) Profesor, ingeniero, sociólogo y activista ambiental
https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/comisaria-aguas-ve-oye-entiende-caso-rapto-rio-turrilla_132_8475593.html
