MADRID.-La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) pide al nuevo Gobierno poder trabajar conjuntamente con el Ministerio de Defensa para ver cómo la coordinación entre el tráfico civil y el militar y, sobre todo, el uso flexible del espacio aéreo pueden beneficiar a ambas partes.
Su presidente, Javier
Gándara, ha matizado que la defensa nacional es "un bien fundamental" y
tiene que ser una prioridad, pero "a ver cómo se puede contabilizar con
otro bien fundamental como es la conectividad de los viajeros".
Por ello, la patronal, que representa a setenta y cinco
aerolíneas regulares que operan en España, tanto nacionales como
internacionales, considera clave que el sector pueda colaborar con
Defensa en este tema y se puedan conseguir los objetivos de ambas
partes.
La asociación pide al Ejecutivo que ayude a
mejorar la colaboración entre los distintos interlocutores que
intervienen en el sector de transporte aéreo, incluidos los ministerios
involucrados.
En su opinión, el Gobierno debería
liderar todo ese proceso y que "no dependiese sólo de la buena voluntad,
que la hay", del operador aeroportuario Aena, el gestor de la
navegación aérea Enaire o la Dirección General de Aviación Civil (DGAC),
sino que también viniese desde los ministerios.
Para
Gándara, una cosa importante es que el Gobierno comprenda "el rol
fundamental que tiene la aviación, no solamente en el turismo, sino en
la economía española".
A su juicio, se debería
intentar que las compañías se involucren cada vez más, a través de la
participación de sus asociaciones en organismos como, por ejemplo, los
comités de coordinación aeroportuaria, en la toma de decisiones de
distintas cosas que pueden afectar al futuro del sector.
Además de estas cuestiones más estructurales, a las puertas del inicio
de la temporada de verano y la congestión de los cielos europeos que se
genera en ese período, ALA cree necesario que las diferentes
organizaciones implicadas en el sector asuman su responsabilidad en los
retrasos o cancelaciones.
Además, pide que se
repartan los costes de compensaciones entre ellas, ya sean los gestores
aeroportuarios o de navegación aérea, las aerolíneas o terceros que
alteran la operativa estándar.
En este contexto, el
director general de Eurocontrol, Eamonn Brennan, ha reconocido que este
verano "va a ser la miseria" para los pasajeros y peor en cuanto a
demoras que el verano de 2018, en el que se registraron retrasos en el
33 % de los vuelos y un promedio de demora de 49 minutos vuelo.
Las aerolíneas han asumido el entorno de congestión como la nueva
normalidad y siguen poniendo muchos medios para evitar o mitigar el
impacto de las alteraciones sobre los pasajeros.
Sin
embargo, demoras y cancelaciones, incluso por causas ajenas a las
compañías, repercuten en ellas económicamente, ya que el reglamento
europeo CE 261/2004 las obliga a hacerse cargo de los pasajeros
afectados (manutención, alojamiento, reembolso o búsqueda de un
transporte alternativo) también en caso de circunstancias
extraordinarias fuera de su control.
Por este motivo,
las aerolíneas creen que lo justo y razonable es buscar fórmulas para
una posible repercusión, de al menos una parte de estos costes, en
aquellos que directamente hayan causado el retraso o la cancelación, ha
señalado Gándara, quien confía en que el reglamento sobre derechos de
compensación, cuya revisión quedó parada, se retome y active tras las
elecciones europeas.