miércoles, 25 de abril de 2018

'Ecologistas en Acción' denuncia el desmantelamiento de la Dirección General de Medio Ambiente


MURCIA/CARTAGENA.- Ecologistas en Acción denuncia que desde el Gobierno Regional se quiere vaciar de contenido la Dirección General de Medio Ambiente para contentar al sector empresarial. Advierten de que un primer elemento ha sido cese de los funcionarios clave en la evaluación y control ambiental, como ha sido la anterior Directora de Medio Ambiente, posteriormente la Jefa de Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental y más reciente la del jefe de Servicio de Planificación y Evaluación Medioambiental.

Los ecologistas advierten que sin las estructuras necesarias, será imposible la correcta actividad en materia de medio ambiente, incluyendo la elaboración de los informes de calificación ambiental, la supervisión y el control de las autorizaciones ambientales, la gestión de residuos, los suelos contaminados o la calidad del aire, entre otros.
Para la organización ecologista no cabe duda de que estamos ante un claro intento de desmantelamiento de competencias clave, y ven con preocupación estos ceses, ya que temen que puestos clave acaben ocupándolos personas más afines a las políticas del gobierno regional y de la patronal de la región, y sobre todo, que el personal se precarice y sea más influenciable por presiones políticas a la hora de emitir informes técnicos.
Ecologistas en Acción denuncia que un ejemplo palpable de este desmantelamiento en las políticas de Medio Ambiente por parte de este Gobierno es la ausencia intencionada durante casi una década de medios, infraestructuras y recursos humanos para desempeñar el complicado y crucial trabajo en la Dirección General de Medio Ambiente, lo que además ha sobrecargado de trabajo y responsabilidad a funcionarios y personal adjunto.
Carencias que han sido recientemente criticadas por los funcionarios de esa Dirección, que han expresado su malestar.
En este contexto, la creación de la llamada Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA) a propuesta de la patronal CROEM, significa plegarse a los interéses de esta patronal y constituye un claro desmantelamiento de la Dirección General de Medio Ambiente, a la carta de las exigencias de un sector empresarial cuya visión del Medio Ambiente, la Sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa está anclada en una mentalidad del siglo pasado.
Además, supone abrir la puerta a mayores externalizaciones, con el consiguiente negocio para algunas empresas, en detrimento de la seguridad jurídica y la calidad, así como un paso más a la precarización del personal, como ha sucedido con otras privatizaciones y externalizaciones de la administración.
Ecologistas en Acción denuncia que la creación de la ARCA se ampara además en una nueva “simplificación de la burocracia”, una más. Esto supone despreciar la función de prevención y control de la legislación ambiental, y supone tratar de evitar la salvaguarda del interés público por encima del interés privado, reduciendo el control de los elementos de planificación y evaluación ambiental. En la práctica, significa dejar en manos de la patronal y sus expectativas de negocio los recursos naturales y la riqueza ambiental de la Región de Murcia.
Esto tendrá como consecuencia el aumento de las agresiones a los espacios naturales y especies protegidas de nuestro territorio, así como consecuencias sociales.
Ecologistas en Acción considera inaceptable el escaso valor que el Gobierno de López Miras da al patrimonio ambiental del que dependemos y a la legislación que lo regula y lo protege de las expectativas e intereses privados.
Falta de interés que en la última década ha llevado a cabo un mayor estrangulamiento de la Dirección General de Medio Ambiente, infradotándola de personal, presupuesto y medios materiales, de manera que luego se pueda justificar su “externalización” y la simplificación de las “trabas burocráticas”, que en realidad son garantía de que se cumple legislación ambiental crucial. 
Legislación que, por ejemplo, trata de evitar la contaminación del aire que respiramos, o la contaminación y muerte del Mar Menor.
Legislación que los sucesivos Gobiernos del Partido Popular se han empeñado en que no se cumpla, reduciendo la capacidad de control de la administración sobre el sector privado, con desastrosas consecuencias para el Medio Ambiente.
Para Ecologistas en Acción estos cambios abundan en la estrategia de desregulación del sector empresarial, y abren un horizonte de inseguridad jurídica, de falta de transparencia política y administrativa, y un deterioro significativo de los mecanismos, las normativas y salvaguardas que suponen la protección del medio ambiente en nuestra región.

Podemos acusa en la Asamblea al PP de 
«dejar en manos de la Croem» el trámite medioambiental 

Por otra parte, la diputada de Podemos María Giménez denunció que el PP «quiere dejar en manos de los empresarios de la Croem» la tramitación medioambiental. La formación morada reaccionó así al cese del jefe de servicio de Evaluación Medioambiental, José Mora.
María Giménez advirtió de que el consejero Javier Celdrán «abandona al cuerpo técnico de Medio Ambiente para vaciar de contenido su labor. El PP da un paso más en la precariedad laboral y la falta de medios para dejar morir de forma lenta y desmantelar a la administración medioambiental en la Región». 
Podemos acusa al PP de «ultimar» con Croem la nueva Agencia Regional del Clima y del Medio ambiente (ARCA).

Podemos considera que el PP "sigue enredado" en políticas de agua peores que las de hace 20 años

CARTAGENA.- María Giménez, diputada regional de Podemos, ha señalado que el gobierno "continua con la ceguera" acerca de la necesidad de incorporar la desalación como recurso fundamental a la política hídrica de la Región de Murcia. Desde Podemos "lo hemos dicho desde que entramos en la Asamblea, ahora parece que otros partidos empiezan a entenderlo. El agua desalada es el recurso por el que pasa el futuro de esta Región. Lo lamentable es que en el PP hasta con esto especulen y monten tramas corruptas".

Giménez ha asegurado que la Comisión Especial de Agua está "estancada" puesto que Francisco Cabezas "no ha aportado nada que ya no conozcamos". Si bien, ha dicho la diputada, el nuevo consejero de Agua, Agricultura y Pesca "a pesar de conocer perfectamente el tema y haber estado en la primera línea de la Consejería durante los últimos años, Miguel Ángel del Amor ha preferido esconderse y no dar la cara acerca de algo tan importante como es nuestra política hídrica".
Asimismo, María Giménez ha recordado que el Pacto Regional del Agua "representa las políticas fallidas y fracasadas que no han traído una gota de agua a la Región. Es más de lo mismo". 
Por ello, ha pedido al gobierno regional "que se pongan a trabajar en la política del agua de la Región de Murcia del año 2018 hacia delante. No podemos seguir anclados en los años más negros de esta comunidad autónoma en materia de agua".
Además, la diputada de Podemos ha pedido al gobierno del Partido Popular que "deje de mentir acerca de los trasvases. Nosotros no estamos en contra del Tajo Segura pero lamentablemente, no llueve lo suficiente en la cabecera del Tajo y nos podemos encontrar con tarde o temprano no hay agua para trasvasar". 
En este sentido, María Giménez también ha exigido al PP "que no manipulen más a la gente con la frase de donde sobra a donde hace falta. Todos sabemos, el PP, sus técnicos, etc, que es imposible que esa agua llegue a Murcia. Es inviable desde el punto de vista técnico, económico y legislativo. 
Por tanto, basta ya de usar y manipular. No podemos perder más tiempo y tenemos que trabajar todos y todas en consolidar políticas de sentido común para gestionar el agua en nuestra Región. Pongamos las desaladoras a trabajar al 100% y apliquemos la energía solar a las mismas para que tengamos un sistema innovador, eficiente y un coste aceptable".

'Cambiemos Murcia' pide al PP que cumpla con el realojamiento de las personas en situación de exclusión residencial

MURCIA.- Cambiemos Murcia ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno de mañana para que el Consistorio inste a la Comunidad Autónoma a cumplir con su obligación de proponer a los ayuntamientos los mecanismos para garantizar el realojamiento adecuado de personas en situación de exclusión residencial,regulado en la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, y combatir la pobreza energética.

La concejala Margarita Guerrero ha explicado que el Gobierno autonómico tendría que haber llevado a cabo esa acción hace 16 meses, es decir, tres meses después de la entrada en vigor de la modificación de la ley tras su aprobación en mayo de 2016 en el seno de la Asamblea regional con los votos favorables de PSOE, Podemos y Ciudadanos.
La citada ley contempla en su disposición final primera que "la Comunidad Autónoma debe proponer a la Administración local, en un plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor, los mecanismos para garantizar el realojamiento adecuado regulado por la Ley 6/2015 de Vivienda de la Región de Murcia".
Guerrero ha señalado que el Ejecutivo murciano incumple, además, otras cuestiones recogidas en la norma como la presentación y aprobación, también a los tres meses, de los documentos en los que se contengan los coeficientes que ponderen los ingresos para determinar las situaciones de riesgo de exclusión residencial.
Igualmente, no ha cumplido con otra de las disposiciones de la ley 10/2016 que apunta que el Gobierno desarrollará mediante un reglamento "las previsiones incluidas en la presente respecto de los procedimientos de mediación en ella previstos, los contenidos mínimos obligatorios de los convenios entre administraciones públicas y empresas suministradoras de agua, electricidad y gas".
Estos, juntos al incumplimiento de otros compromisos legales, demuestran que el Ejecutivo presidido por Fernando López Miras "vuelve a hacer caso omiso a los acuerdos normativos aprobados en la Asamblea regional, parlamento que, por otro lado, es el que le otorga su legitimidad como gobierno", ha sostenido la edil.
Para la formación municipalista, "se trata de un gesto más de irresponsabilidad del PP", a quien "no le importan en absoluto las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas" y el cumplimiento de la Constitución, que reconoce el derecho al acceso a una vivienda y a una vida digna, entre otros.
Además, ha recordado que el PP recurrió, "en su proceso de insumisión a esta ley", dos de sus artículos ante el Tribunal Constitucional, que ya ha sido rechazado en una parte, mientras que la otra se encuentra en estudio. Ninguno de sendos artículos tiene que ver con las medidas mencionadas anteriormente.

Diego Conesa: "Los socialistas consideramos vital e irrenunciable el Tajo-Segura, junto a la desalación"

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha afirmado que las y los socialistas de la Región de Murcia consideran vital e irrenunciable el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, junto con la desalación y demás aportes para garantizar la autosuficiencia.

"Más de dos millones de españoles bebemos agua del Tajo-Segura. Y creemos firmemente en avanzar, desde un uso racional, sostenible, público y transparente del agua, hacia la autosuficiencia hídrica que nos garantice la seguridad de suministro que hoy no tenemos", ha señalado.
Este es uno de los puntos de la resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva Regional (CER) del PSRM. "La forma de trabajar que quiero transmitir desde la CER es la de buscar consensos dentro y fuera de mi partido. Las guerras, las batallas, utilizar los medios para generar falsos conflictos y no plantear soluciones a la ciudadanía es lo que ha hecho, precisamente, que la sociedad hoy esté harta de la política".
"Lo que tenga que solucionar, lo solucionare en una mesa, con el convencimiento de trabajar para el interés general de la Región de Murcia", ha añadido el líder socialista.
Ha explicado que otro de los puntos aprobados por la CER es que el PSRM-PSOE mantiene su apuesta firme por una escucha activa y debate social sobre los grandes desafíos que ha de afrontar nuestra Región.
Por ello, el PSRM-PSOE sigue apostando por la culminación del Pacto Regional del Agua y el Pacto Nacional en esta materia, donde se planteen propuestas para resolver, a medio y largo plazo y en igualdad de condiciones que el resto de españoles, el déficit hídrico estructural de la cuenca del Segura.
Según Diego Conesa, a corto plazo, la gestión de las necesidades de agua para beber y para vivir de la Región de Murcia, le corresponde al Gobierno de España.
"En definitiva, las propuestas de la resolución son las que hicimos en febrero y que seguimos manteniendo en el PSRM-PSOE, llueva o no llueva", ha concluido.

Las enfermedades profesionales en la Región tienen rostro de mujer, según CC OO

MURCIA.- El próximo 28 de abril es el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y desde CCOO lo vamos a reivindicar con el lema "Es tu salud, es tu derecho", en relación a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que sufren las plantillas en sus empresas.

Si analizamos los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social vemos que la incidencia media de accidentes laborales a nivel nacional durante el 2017 se sitúa en 3.338,8 accidentes por cada cien mil trabajadores, estando la incidencia media en Murcia en 3.535,5 accidentes laborales. Este dato sitúa a Murcia entre las 10 Comunidades Autónomas que están por encima de la media nacional.
Lo mismo ocurre con la incidencia media por accidentes mortales, que a nivel nacional es de 3,20 mientras que en Murcia dicha incidencia es de 5,42 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores.
Si nos centramos en las enfermedades profesionales tenemos que Murcia es la octava comunidad autónoma que más partes presenta por enfermedades profesionales con un total de 1.156 en el año 2017 de las 21.188 partes que hubo a nivel nacional. Estamos después de Valencia, Pais Vasco, Cataluña, Madrid, Navarra y Aragón.
De los 1.156 partes presentados durante el año 2017, 497 corresponden a hombres y 659 corresponden a mujeres, por lo que podemos afirmar que las enfermedades profesionales en nuestra Región tiene rostro de mujer y se da en sectores muy feminizados como son comercio al por menor, servicios de comidas y bebidas, servicios a edificios y actividades de jardineria.
Si analizamos las causas que las provocan nos encontramos que las causadas por agentes químicos son las que se producen por trabajar en contacto con metales y las ocasionadas por agentes físicos son debido a enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo, donde se produce inflación de las articulaciones.
Con estas dos causas sumamos que se dan 1.031 enfermedades profesionales en nuestra Región durante el 2017, de las 1.156 obtenidas, siendo insignificante el resto de causas.
El rango de edad entre los mujeres donde más enfermedades profesionales se producen se da entre 45-49 años, mientras que en los hombres se dan por igual entre los 40-44 años y los 50-54 años.
CCOO denuncia que existen muchas enfermedades profesionales sin detectar por derivarse al sistema público de salud como enfermedad común y aboga porque los instrumentos negociados, como el Protocolo de detección de enfermedades profesionales, creados para este fin, se pongan en marcha para visualizar las enfermedades profesionales reales existentes.

IU-Verdes Lorca denuncia que abortar con dolor es una imposición del PP por causas ideológicas

LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha tachado de trato "cruel, degradante e inhumano" obligar a las mujeres que interrumpen su embarazo antes de la semana 12 de gestación a hacerlo "con dolor" o a pagar de su bolsillo el coste de la sedación. 

Es "aberrante" que tengan que abonar entre 90 y 100 euros para pagarse la anestesia, tal y como ha denunciado la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia (ADSP-RM).
Con su decisión de no financiar la anestesia en los abortos quirúrgicos, la Consejería de Salud del Gobierno murciano también alienta la "inseguridad jurídica médica" ya que fuerza a los ginecólogos a incumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como el propio Código de Ética y Deontología Médica, lo que supondría "incurrir en falta disciplinaria tipificada en los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial". 
Esto podría afectar a los facultativos de las cinco clínicas concertadas que realizan interrupciones voluntarias del embarazo en la Región de Murcia, una de ellas radicada en Lorca.
Martín recordó que en la Región se practican más de 3.000 abortos al año es la sexta comunidad con mayor tasa por cada mil mujeres de los que prácticamente el 90% son derivados a estas clínicas concertadas. 
"La excusa oficial es la objeción de conciencia del personal sanitario, pero la realidad es que el Servicio Murciano de Salud se niega a poner los medios suficientes para garantizar que este servicio sanitario reconocido se pueda practicar en los centros públicos de manera segura, gratuita y respetando el criterio de proximidad", dijo. 
En ese sentido, recordó que algunas mujeres son derivadas a Madrid para ser sometidas a un legrado. "En una situación de gran vulnerabilidad las mandan a 400 kilómetros con un billete de tren, lo que infringe un terrible desamparo por parte de las autoridades sanitarias regionales", lamentó.
Según la edil de IU-Verdes, la causa de todo ello es "puramente ideológica". 
"Utilizar el dolor de las mujeres como moneda de cambio para contentar a los sectores más integristas del Partido Popular y a la Iglesia Católica es indecente", aseguró Martín quien también criticó el "silencio cómplice" de Ciudadanos, que sustenta al PP en el Gobierno murciano. 
"Elegir sobre nuestra maternidad es un derecho fundamental de las mujeres y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios", aseguró.

La Justicia investigará a la alcaldesa por vulnerar presuntamente los derechos fundamentales de MC Cartagena

CARTAGENA.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cartagena ha informado de la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de MC Cartagena a la participación en los asuntos públicos, reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución Española.

Con este auto se confirma que la Justicia investigará a la alcaldesa de la ciudad Ana Belén Castejón por cercenar los derechos fundamentales de la formación cartagenerista. En este caso, a raíz de vetar la participación del portavoz de MC Cartagena, José López, tras la reanudación del Pleno municipal del 26 de febrero, un hecho que impidió la defensa de las mociones planteadas por su Grupo municipal.
Aquel día, entre los asuntos evitados por la Alcaldía se encontraban las veintisiete preguntas relacionadas con el suministro de agua potable, tras no haberse respondido éstas en el Pleno del 12 de febrero, cuando fueron presentadas.
Tras tener conocimiento del auto, Isabel García ha manifestado que "la Justicia empieza a refrendar lo que venimos denunciando desde hace meses. La persecución a la que Castejón somete a MC, utilizando una vara de medir para nosotros y otra más benévola y sonriente para el resto. Nos congratula que el proceso siga su cauce. Todos han comprobado su obsesión por torpedear nuestra labor y, de manera casi obsesiva, con nuestro portavoz".
"Realmente, más allá de impedirnos continuar con el debate de las iniciativas, aquel día, Castejón trató de evadir responder las veintisiete preguntas sobre el contrato del agua y la revisión de las tarifas para 2018, presentadas el 12 de febrero", ha continuado la edil.
"Este jueves tendrán una nueva oportunidad, la cuarta, para responder a lo que le planteamos hace más de dos meses. Esperamos que se contradigan y, por una vez, abandonen su obcecación por ocultar los datos sobre el contrato del agua y nos faciliten la información que no nos dieron ni cuando formábamos gobierno", ha concluido García.

Podemos considera que el panorama del empleo en la Región es "defraudador"

CARTAGENA.- Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos en la Asamblea, ha señalado que hay mucho fraude en las contrataciones y esto ha defraudado las expectativas y esperanzas de mucha gente trabajadora que se ha esforzado por sacar a la Región de la crisis".

 Tras la comparecencia del secretario general de UGT, Pedreño ha explicado que la crisis económica "se la han cargado sobre sus espaldas los trabajadores y trabajadoras de esta Región. El gobierno en vez de salir por la vía de la recuperación de los salarios y las condiciones dignas, castiga a los murcianos y murcianas a la precariedad y a muchos de ellos a no llegar a final de mes a pesar de tener trabajo".
Pedreño ha lamentado que el gobierno del Partido Popular "no se preocupe por devolver a las personas de esta Región todo el esfuerzo y el sacrificio que han hecho durante la crisis en forma de derechos y salarios. El mercado de trabajo al que nos enfrentamos es el de la pérdida de derechos, salarios miserables, contratos precarios y sin derechos sociales. Muy alejados también de la prevención de derechos laborales".
"Lo que también se ha demostrado" ha dicho el diputado de Podemos es que "la pérdida de todo lo anterior ha creado una red empresarial que prefiere contratar mano de obra barata a invertir en la innovación y el desarrollo tecnológico de sus empresas".
Asimismo, Andrés Pedreño ha señalado que el gobierno "no hace nada por la distribución de la riqueza entre la mayoría de la población y esto lo que provoca es que no haya incentivos para ser una Región que estimula la innovación productiva y tecnológica. Es más, se estimula los contratos baratos y el fraude laboral".
Para Andrés Pedreño, diputado de Podemos, el nuevo consejero de empleo trasmite una "falsa imagen" del mercado laboral al de ir que han crecido los contratos indefinidos. 
"Por un lado, el consejero oculta que lo que más crecen son los empleos temporales y ya estamos por encima del 35% de la tasa de temporalidad. Por otro, falsea la realidad también pues los contratos indefinidos que están creciendo son pocos y encima los que más crecen son los menos estables dentro de los indefinidos (como los fijos-discontinuos)" ha detallado.
Por último, Pedreño ha confirmado que Podemos va a apoyar las movilizaciones sindicales con motivo del 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se va a presentar una iniciativa para recuperar el Instituto de Seguridad y Salud Laboral como organismo autónomo, con presupuestos y personal propio, para que este sea "la autoridad en la Región que puede frenar el fraude en las empresas sobre riesgos laborales".

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Guillamón, ha afirmado que "la reforma laboral del Gobierno de Rajoy ha supuesto un claro retroceso en la estabilidad y calidad del empleo, al tiempo que ha propiciado la construcción de un mercado de trabajo con los pies de barro, con un claro predominio de la temporalidad, bajos salarios y precariedad laboral".
Guillamón hizo estas declaraciones al término de la Comisión Especial de Empleo, donde ha comparecido el secretario general de Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia (UGT) Antonio Jiménez Sánchez.
El diputado socialista manifestó que con la inestabilidad actual es muy difícil crear empleo de calidad. Una preocupación que ha quedado patente es desempleo de larga duración, que constituye ya el 43 por ciento -según datos del cuarto trimestre de la EPA de 2017-frente al 17 por ciento del cuarto trimestre de 2008.
"Con esta situación es muy difícil promover los objetivos que pretende el Gobierno regional para conseguir un empleo de mayor calidad, porque habría que empezar por cambiar las políticas y actuar de manera diferente".
También se ha puesto de manifiesto que el gasto dedicado a la política de fomento del empleo se ha recortado al 50 por ciento desde que gobierna Rajoy. "Esta rebaja tan sustancial en las políticas activas de empleo fomenta un mercado laboral incierto e injusto para los trabajadores".
Otra de los temas abordados ha sido el de la siniestralidad laboral. Antonio Guillamón indicó que desde 2013 se ha registrado un aumento del número de accidentes laborales en la Región, debido al recorte presupuestario dedicado al fomento de la prevención y porque no contamos con un Plan regional de riesgos laborales.
Para el diputado socialista "es necesaria voluntad política para solucionar este grave problema, además de partidas suficientes en los presupuestos regionales".

Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra Roque Ortiz y confirma que 'no cometió delito alguno'

MURCIA.- La Fiscalía ha archivado la denuncia que presentaron los concejales del PSOE de Murcia contra el ex concejal del PP, Roque Ortiz, quien dimitió tras filtrarse unas grabaciones de una reunión interna celebrada fuera del Ayuntamiento.

El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma ha notificado la resolución acordada en las diligencias de investigación incoadas a raíz de la denuncia del PSOE por un presunto delito de prevaricación, procediendo a su archivo por estimar que los hechos objeto de la denuncia 'no son constitutivos de delito alguno'. 
Contra esta resolución, además, no cabe recurso.
De esta forma se corroboran las manifestaciones que realizó Ortiz cuando presentó su dimisión pese a no estar imputado ni investigado en ninguna instancia judicial, ni de carácter administrativo ni penal.
El Partido Popular, de forma general, y Roque Ortiz, en particular, demuestran que saben estar a la altura de las circunstancias y responder a las demandas que exigen los vecinos, pero los hechos confirman que 'el listón ético y la exigencia moral no es igual en unos y otros", expresó Rebeca Pérez, quien esta mañana ha exigido a los grupos de la oposición que pidan disculpas.
En enero, cinco de los seis concejales socialistas -Susana Hernández, Enrique Ayuso, Begoña García Retegui, Juan Vicente Larrosa y Maite Espinosa- montaron un espectáculo ante las puertas de los juzgados para presentar una demanda que, como se ha comprobado, no tenía ninguna justificación, salvo, quizá, su desmesurado afán por acaparar la atención mediática. Por eso, ahora, tres meses después, la portavoz del PP reclama que organicen 'un festín similar pero, en este caso, para reconocer su error y pedir disculpas públicas a Roque Ortiz y al Partido Popular'.
'El postureo se les ha ido de las manos. Acusaron si base alguna con el único objetivo de hacer daño, y en justa medida ahora deben retractarse ante los murcianos, porque no puede ni debe salirle gratis', asevera Rebeca Pérez, quien añade que en Partido Popular 'jamás tuvimos un ápice de duda respecto al proceder de nuestro compañero en el Equipo de Gobierno hasta hace tres meses, y la ejemplaridad y generosidad que demostró adquieren ahora, si cabe, una mayor dimensión'.
Ha recordado que Roque Ortiz abandonó el Ayuntamiento 'única y exclusivamente para no poner en riesgo el proyecto de ciudad que hemos impulsado', insistiendo en que Ortiz salió del Ayuntamiento con la cabeza muy alta, después de haber puesto en marcha los proyectos estratégicos de transformación de la ciudad. 'Y lo hizo apelando a la tan demandada regeneración democrática que, cuando llega el momento, hay partidos que no se aplican a sí mismos', explica la portavoz.
'Otros partidos no pueden decir lo mismo. Si por algo destacan es por su intento de judicializar la política siempre que encuentran un resquicio, buscando en los tribunales el respaldo que no obtienen de los vecinos', añade Pérez, quien ha invitado a los grupos de la oposición a 'reflexionar y comenzar a aplicarse su propia receta'.

Ciudadanos exige al Gobierno regional una línea de ayudas específica para el sector de la flor cortada

CEHEGÍN.- Ciudadanos va a llevar al Pleno una propuesta para que el Gobierno regional estudie la implantación de una línea de ayudas específicas para el sector de la flor cortada, “en la que se deben incluir recursos para la ampliación y modernización de las instalaciones, así como dotar al sector de fondos para potenciar su I+D+i, así como fomentar su participación en ferias internacionales sectoriales”. 

Así lo ha explicado el portavoz local, Jerónimo Moya, que también quiere recabar del Pleno un apoyo sin fisuras para reclamar al Ejecutivo “la redacción y desarrollo del Plan Estratégico de Apoyo a la Flor Cortada, que fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Regional en mayo de 2017 y del que todavía no tenemos noticia alguna”. 
“Hay que convertir en realidad este proyecto, aprobado por unanimidad y que queremos que no quede en papel mojado o un brindis al sol del Gobierno regional”, ha añadido Moya, quien ha transmitido su preocupación al no encontrar en los presupuestos regionales de este año las partidas que deberían dotar este Plan Estratégico.
Ciudadanos refuerza con esta iniciativa a nivel local y regional su compromiso con el sector, para el que también ha pedido ayudas de carácter nacional, tal y como trasladó recientemente a las cooperativas y empresas afectadas el diputado Miguel Garaulet
Por su parte, el portavoz local considera que el apoyo y el respaldo de los grupos políticos locales “será clave para incentivar la inversión en un sector estratégico para nuestro municipio y toda la comarca”. 
“Ciudadanos siempre ha estado con el sector de la flor cortada, como demuestra su apuesta por la mejora de la carretera de Cañada García. Es un sector clave para Cehegín, el Noroeste y la Región, que fija la población y crea empleo y riqueza. El año pasado, las empresas murcianas de la flor cortada exportaron 20,5 millones de euros, pero esa cifra, aun siendo importante, representa una caída del 8% respecto al anterior año, cuando el resto del sector nacional creció un 11%”, ha añadido Moya.
En la Región de Murcia, la producción de flor cortada se concentra en las pedanías ribereñas del Argos en Cehegín, así como en Puerto Lumbreras y Alhama de Murcia. Con una facturación anual que supera los 60 millones de euros, de los que 20,5 millones en 2017 proceden de la exportación, que ha experimentado un retroceso del 8%, único dato negativo en toda la geografía española. 
El clavel ocupa el 50% de la producción para un regional total de 350 hectáreas dedicadas al cultivo de la flor cortada, de las que algo más de 200 hectáreas se ubican en las pedanías de Cehegín, que destacan por la calidad de la flor producida. 
En la Región de Murcia no existen líneas de apoyo a las que puedan acogerse cooperativas y empresas dedicadas a la floricultura desde el año 2011, más allá de las ayudas genéricas para nueva implantación de jóvenes agricultores.

Jesús Navarro: "El Partido Popular en materia de agua lecciones, ninguna"

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Jesús Navarro ha manifestado que el Partido Popular en temas de agua no puede dar lecciones ningunas ni reprocharle al PSOE nada. "En los últimos años, el PP no ha traído ni agua ni infraestructuras para paliar la sequía ni soluciones para mitigar el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Además, el PP es el responsable de que las desaladoras del Arco Mediterráneo no estén funcionando al cien por cien de su capacidad".

Navarro reprochó el doble discurso del PP en materia de agua, ya que mientras en la Región sigue manipulando con el tema del trasvase del Ebro, en Aragón piden a Rajoy que nunca más se incluya. Y lo mismo ocurre con el Trasvase del Tajo en Castilla-La Mancha.
Esta mañana ha comparecido en la Comisión Especial del Agua, el director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas.
El diputado socialista se mostró en desacuerdo con Cabezas sobre su defensa del Memorándum y afirmó que esa Ley tan restrictiva ha ocasionado muchos perjuicios a la Región de Murcia. 
"Es injusto que el Trasvase del Tajo-Segura sea el único que tiene un límite trasvasable fijado para su cabecera, mientras otros trasvases no tienen impuesto ningún límite. Nos parece imperdonable esa cesión que se hizo a Cospedal y a Castilla-La Mancha en detrimento de las necesidades de nuestra Región".
Otra de las quejas que ha expresado Jesús Navarro ha sido la ausencia del nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en la Comisión Especial del Agua, tal y como estaba previsto.
"La Comisión se ha quedado descafeinada y nos molesta que el nuevo consejero no haya venido excusándose en los cambios del gobierno regional y prefiera esconderse en lugar de dar explicaciones en la Asamblea".
Agregó que esta ausencia no tiene excusa, ya que el nuevo consejero no es nuevo en este ámbito y ha participado y es conocedor del documento suscrito por los grupos políticos PSOE, Ciudadanos y Podemos en el Pacto del Agua.
En este sentido, le preguntó por el motivo por el que después de dos meses sigue sin aprobar el documento regional del Pacto del Agua, que tiene que ser remitido al Gobierno de España para que se apruebe el Pacto Nacional del Agua.

Casi la mitad de los 7.673 habitantes que gana la Región son extranjeros

MURCIA.- La Región ganó un total de 7.673 habitantes durante 2017, lo que supone un aumento del 0,5% con respecto al año anterior, con lo que su padrón se sitúa en 1.477.946 personas. Es una de las ocho autonomías donde creció la población, según el avance de la Estadística del Padrón Continuo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de habitantes, 202.034 de ellos son extranjeros, a fecha 1 de enero de 2018, lo que supone 3.769 más que el año anterior (un 1,9% más). De acuerdo a estos datos, los extranjeros representan el 13,7% de la población total de la Región de Murcia, por encima de la media nacional, que está en el 10,1%.
En España, el padrón suma 46.698.569 habitantes. De este total, 41.979.151 personas tienen nacionalidad española (el 89,9% del total de inscritos) y 4.719.418 son extranjeros (el 10,1%). El incremento supone un aumento de 126.437 personas (un 0,3%) respecto a los datos a 1 de enero de 2017 y representa el primer crecimiento que se produce en el país desde hace cinco años. 
En términos absolutos, Madrid (68.825 personas más), Cataluña (40.301 más) y Canarias (18.658 más) experimentaron las principales subidas, mientras que las mayores reducciones se registraron en Castilla y León (18.151 personas menos), Extremadura (7.861 menos) y Galicia (7.369 menos).
Durante 2017, el número neto de españoles inscritos descendió en 20.174 personas (un -0,05%), pero el de extranjeros aumentó en 146.611 (un 3,2%). Entre estos últimos, los pertenecientes a la Unión Europea (UE-28) se incrementaron en 2.709 (un 0,2%) y los no comunitarios crecieron en 143.902 personas (un 5,1%).
El INE recuerda que, desde que en 1998 se comenzaron a publicar las cifras de población provenientes de la revisión padronal, la población empadronada en España había aumentado todos los años hasta 2012. 
A partir de ese año empezó a disminuir, manteniéndose esa tendencia hasta 2016. En 2017 se produjo una nueva inflexión al aumentar en 126.437 personas, según los datos provisionales.
Desde el año 2000 el aumento fue debido, fundamentalmente, a la inscripción de extranjeros, cuya cifra pasó de 923.879 ese año a 5.751.487 a 1 de enero de 2011. A partir de ese momento la cifra de extranjeros comenzó a descender, produciéndose el mayor descenso durante 2013 (-522.751). 
Esta tendencia, detalla el INE, se mantuvo en los años siguientes aunque en 2016 el saldo (-45.774) fue el de menor intensidad. En 2017 el número de extranjeros volvió a crecer, con un aumento de 146.611 personas.
Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que en los extranjeros el porcentaje de hombres es mayor (50,2%). Por edades, el 15,8% de la población tiene menos de 16 años, el 36,7% entre 16 y 44 años, el 28,4% tiene entre 45 y 64 y el 19,1%, 65 o más años.

Murcia se persona en la causa contra ACS por la 'trama' de la desaladora

MADRID.- El Gobierno de la Región de Murcia, que preside el popular Fernando López Miras, se ha personado en la causa abierta contra ACS por el supuesto amaño en el contrato de una desaladora en la localidad de Escombreras, según publica El Economista

La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, María del Mar Azuar, está investigando, en concreto, si bajo el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, también del PP, se creó una trama para la adjudicación a dedo de la planta a Cobra, una filial del grupo que preside Florentino Pérez, con un compromiso de desembolsar 600 millones de euros en 25 años. Es un importe que multiplicaría por cinco el importe real de la construcción.
Fuentes del Ejecutivo regional, consultadas por este periódico, confirmaron que "nos hemos personado como parte interesada", entre otras cosas para tener acceso a la información, insistiendo, no obstante, en que "la desaladora de Escombreras es una infraestructura imprescindible para cubrir las necesidades hídricas y que, actualmente, está al máximo de su rendimiento".
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional implica en un informe, adelantado por El Confidencial, a altos cargos del Ejecutivos autonómico, entre los que se encuentra el que fuera hasta 2015 consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, imputado el pasado mes de marzo; así como distintos directivos del grupo ACS, empresarios locales y bufetes de abogados. Supuestamente, todos ellos habrían participado en el presunto amaño, cargando las deudas de la desaladora a los presupuestos regionales con contratos y facturas falsas.
La investigación se abrió a raíz de una querella presentada por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales de Murcia, que fue admitida a trámite en 2015 a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, "lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público".
 La juez considera que podrían haberse cometido posibles delitos de malversación de fondos públicos, fraude y administración desleal, entre otros.
En su último auto, la magistrada apunta ya que, aunque la planta fue creada con capital privado, el propósito inicial era transformarla en empresa pública, "asumiendo así el erario público todas las operaciones millonarias buscadas sin aplicación de la legislación sobre contratación pública, sin garantizar que los contratos suscritos por ella se ajustasen a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia". 
En la instalación de Murcia se habría replicado así, supuestamente, según la investigación llevada a cabo, el mismo esquema que con el almacén de gas Castor en Castellón.

La ocupación de los hoteles murcianos alcanzó el 52,5% en marzo, por debajo de la media nacional

MURCIA.- La ocupación de los hoteles de la Región de Murcia fue en marzo del 52,5%, un punto por debajo de la media nacional. Los precios de esos establecimiento subieron un 6,2% con respecto al mismo mes del año anterior, según la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH).

Por otra parte, las pernoctaciones en los hoteles de la Región de Murcia aumentaron en marzo un 18,1 por ciento respecto al año anterior hasta alcanzar las 281.425, lo que supone 11 puntos más que en el conjunto de España, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística.
Especialmente relevante es el aumento de las pernoctaciones de los residentes en España, que se incrementaron un 25,4 por ciento y alcanzaron una cifra de 224.225. Por zonas, el número de pernoctaciones aumentó en la Costa Cálida un 19,3 por ciento; en Cartagena un 17,6 por ciento; y en Murcia un 17,5 por ciento. Asimismo, el grado de ocupación en marzo en los establecimientos hoteleros de la Región fue 5,5 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2017.
Respecto a los viajeros, se registró un 13,8 por ciento más que en el mismo mes de 2017, hasta llegar a los 111.867 turistas. El mayor aumento en este apartado se dio en la Costa Cálida, con una subida del 17,8 por ciento en el número de viajeros, 9,1 puntos por encima de la media nacional. En Cartagena aumentó un 17,6 por ciento y en Murcia un 7,4 por ciento.
El director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, resaltó que "de enero a marzo, la cifra total de viajeros en hoteles regionales ha crecido un seis por ciento, hasta los 268.090, un punto más que en el conjunto de España, una tendencia al alza que se ha visto beneficiada tanto por el auge de las visitas de los viajeros nacionales, 212.817, que aumentaron un 6,6 por ciento; como por el de los viajeros extranjeros, 55.274, con un 3,7 por ciento".
En el total del trimestre, estos viajeros generaron 616.202 pernoctaciones, un 9,7 por ciento más que en el mismo intervalo de 2017 (3,5 por ciento en España), lo que supone los registros más altos, tanto de viajeros como de pernoctaciones, desde que se tienen datos.
La facturación media en marzo de 2018 en los hoteles de la Región de Murcia por cada habitación ocupada (ADR) fue de 55,74 euros, lo que supone 2,52 euros más que en el mismo mes del 2017.
El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) alcanzó en marzo de 2018 los 33,73 euros de media en la Región, cuatro euros más que en marzo de 2017 o, lo que es lo mismo, un 13,5 por ciento más, una cifra que duplica el incremento medio nacional del 6,1 por ciento.
En este sentido, Fernández-Delgado apuntó que "los buenos resultados en la rentabilidad se ven ratificados además por la Encuesta de Confianza de Empresarial de Exceltur, que refleja un balance muy positivo de la actividad en el sector de alojamiento turístico regional durante el primer trimestre".
Los datos de esta encuesta concluyen que el 79,1 por ciento de las empresas turísticas de alojamiento de la Región aumentó sus precios, el 84 por ciento aumentó sus reservas, el 84,7 por ciento incrementó sus ventas y el 84,7 por ciento mantuvo o aumentó sus resultados.

Rosa Peñalver ve «difícil» un acuerdo esta legislatura para reformar el Estatuto

CARTAGENA.- La presidenta de la Asamblea Regional y de la ponencia para la Reforma del Estatuto de Autonomía, Rosa Peñalver, admitió que tiene «sospechas» de que «va a ser difícil» que se llegue a un acuerdo esta legislatura para aprobar un nuevo texto normativo. Peñalver señaló que los avances en la modificación del Estatuto de Autonomía «son más lentos y complicados» que los del Reglamento de la Cámara, cuya ponencia se reunió ayer.

La presidenta de la Asamblea Regional achacó el menor ritmo en la negociación a que los cambios que requiere el Estatuto entrañan «más envergadura» y que la «posición ideológica» de cada grupo «tiene más presencia» que en el caso del Reglamento, cuya reforma, según aseguró, sí va a salir adelante. Peñalver desveló que un grupo parlamentario ha pedido un mes más de prórroga para presentar su borrador para el texto del Estatuto, que los partidos deberían haber presentado el 6 de marzo y que, posteriormente, se prorrogó hasta el 20 de ese mes.
Respecto a la reforma del Reglamento, la ponencia decidió que los Servicios Jurídicos de la Cámara presentarán el 15 de mayo un informe sobre la parte del texto que ya se ha abordado, de forma que en las siguientes reuniones a esa fecha se puedan cerrar más de un centenar de artículos. Los grupos trataron de incorporar dos artículos al texto del Reglamento por el que se explicitará que los medios de comunicación tendrán facilidades para desarrollar su trabajo en la Asamblea Regional y que la Cámara cuente con un Portal de la Transparencia.

Convocadas las ayudas para mejorar las conducciones de riego de la Región

MURCIA.- La Comunidad Autónoma ha convocado las ayudas destinadas a mejorar las conducciones de riego que se encuentren anticuadas y que podrán ser solicitadas por las comunidades de regantes de la Región.

La convocatoria, que aparece publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), señala que la cuantía máxima asignada a la misma se eleva a 125.000 euros.
Por otra parte, el BORM publica así mismo una segunda línea de ayudas, en este caso, con una cuantía de 200.000 euros, para la mejora y puesta en valor de las infraestructuras de riego tradicionales.
En ambos caso, el plazo de solicitud de estas subvenciones será de un mes.

El tal Serrano presenta el doble de avales necesarios para ser candidato a secretario general del PSOE de Murcia

MURCIA.- El tal José Antonio Serrano ha presentado en la sede del PSOE un total de 270 avales de militantes del municipio de Murcia, cifra que duplica el número máximo establecido para ser nombrado candidato a la elección de Secretario General de la Agrupación Socialista del Municipio, cuyo límite se sitúa en 130 avales.

Dichos avales han sido suscritos por militantes de las trece agrupaciones socialistas de Murcia, por lo que Serrano ha manifestado que «son un símbolo de que vamos en la dirección correcta, la de construir un PSOE fuerte y unido que de respuesta a los problemas de la ciudadanía murciana», según informaron fuentes de la candidatura en un comunicado.
Ha expresado su «agradecimiento» por la «confianza y el apoyo» que está recibiendo de los compañeros y compañeras socialistas del municipio, que «personalmente me han trasladado su ilusión para que el PSOE avance en su coordinación y ofrezca la alternativa de cambio que el municipio de Murcia necesita».
También ha anunciado que, desde el primer minuto en que sea proclamado candidato, comenzará a reunirse con la militancia para «conocer de primera mano los problemas más acuciantes de cada rincón del municipio, poniendo especial atención en el abandono que sufren muchos barrios y pedanías».
Serrano está convencido de que en este proceso «el PSOE está realizando una demostración de responsabilidad, frente a otros partidos que están distraídos en sus peleas internas y no prestan atención a lo verdaderamente importante, que es el bienestar de las personas».
En este sentido, ha subrayado que, «en lugar de tanto gasto supérfluo hace falta dar soluciones a la falta de empleo, la pobreza, la falta de atención a las personas mayores, el estado lamentable de muchos colegios, los problemas del transporte o la inseguridad ciudadana, entre otros».
«Ofrecer soluciones a esos problemas va a ser la prioridad del PSOE de Murcia, porque nuestra fortaleza es que sabemos escuchar a la gente y compartir sus preocupaciones, que también son las nuestras», ha apostillado.

Castilla-La Mancha estudia personarse en un posible litigio sobre la desaladora de Escombreras

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando personarse en el caso de que haya un litigio jurídico en relación al presunto fraude de 600 millones de euros en la desaladora de Escombreras, en Cartagena.

Así lo adelantó el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, aunque también reconoció que, de momento, la información que maneja el Ejecutivo castellanomanchego sobre este asunto es la que ha aparecido en los medios de comunicación.
Hernando consideró que «se abrirá en España algún tipo de proceso jurídico» en torno a este asunto, en cuyo caso «la Junta está estudiando poder personarse».
No obstante, si no se produjera ningún litigio y puesto que el Gobierno regional está investigando las causas del posible fraude y analizando la documentación sobre este asunto, el portavoz indicó que el Ejecutivo quiere conocer si podría iniciar una demanda judicial.
Al margen del ámbito judicial, Hernando incidió en que al Gobierno de Castilla-La Mancha le compete el ámbito político y en este sentido remarcó que la finalidad es «usar este ejemplo para demostrar que realmente las desaladoras tienen que ser una herramienta útil y sobre todo limpia».
«Apostamos por las desaladoras independientemente de que otros hayan hecho apuestas con las desaladoras», apostilló.
Por otra parte, a preguntas sobre la posibilidad de que se amplíe la cantidad del trasvase, el portavoz del Ejecutivo regional avanzó que «a partir del día 3 de mayo hay una nefasta pero gran probabilidad de que el Ministerio aumente de 20 a 38 hectómetros cúbicos el trasvase al Levante».
Para Hernando, «no es solo un trasvase de agua, sino que es de renta», y lamentó que tanto la decisión del Gobierno de España como el Memorándum que firmó la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, «condenan a Castilla-La Mancha a tener una lámina mínima de 400 hectómetros cúbicos».
En este sentido, subrayó que la ampliación del trasvase sería «un paso atrás de nuevo» en el proceso para llegar a un Pacto Nacional del Agua, porque «el Gobierno de España no está en disposición de hablar de soluciones a medio o largo plazo y está concentrado solo en aumentar el trasvase a corto plazo, lo que nos deja con sequía permanente en el centro del país», apuntó.

Los murcianos reciclaron 16.024 toneladas de papel cartón en 2017

MURCIA.- Los hogares de la Región de Murcia incrementaron la recogida selectiva de envases ligeros un 7,3 por ciento el pasado año. Además, también aumentó la de papel cartón en un 5,8 por ciento, ambas subidas porcentuales son superiores a la media del territorio nacional.

El director general de Medio Ambiente, Juan Madrigal, dio cuenta de los datos en la jornada organizada por la Comunidad, la Federación de Municipios de la Región de Murcia y Ecoembalajes España S.A. (Ecoembes), para seguir fomentando en los municipios la recogida selectiva de envases, papel y cartón en los hogares.
En concreto, en 2017 se recogieron 15.593 toneladas de envases ligeros y 16.024 toneladas de papel cartón en los contendores específicos situados en las calles, a los que habría que añadir 2.622 toneladas procedentes de las recogidas puerta a puerta de papel comercial y 46 toneladas procedentes de las recogidas en puntos limpios.
Por otro lado, los datos de cierre de la recogida separada de envases de vidrio en contenedor de acera muestran un incremento del 1,4 por ciento durante el año 2017, reciclándose un total de 24.780 toneladas. En este sentido cada habitante de la Región de Murcia reciclo 16,9 kilogramos de vidrio durante el pasado año.
Madrigal resaltó la necesidad de que «todas las instituciones colaboren para que cada vez sean más los hogares de la Región en los que se haga recogida selectiva de envases para favorecer su reciclaje y mejorar el medio ambiente».
Para lograr este objetivo, en las jornadas se presentó los nuevos materiales de la campaña 'Recicla y respira'. 
Asimismo, se ofreció a los ayuntamientos los medios para la difusión de otra campaña basada en la reducción de 'impropios', es decir, de residuos que no corresponden a los contenedores verde, el azul y el amarillo, con el objetivo de aumentar la calidad de la recogida en los contendores que están distribuidos por las distintas calles de los municipios de la Región de Murcia.

«Que no exista delito en las grabaciones de Ortiz no le exime ni a él ni al PP de responsabilidad política», dice el PSOE

MURCIA.-El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha aclarado al PP que «llevamos a la Fiscalía las grabaciones difundidas por ex concejal del PP Roque Ortiz, donde él mismo revelaba una red clientelar de compra de votos a cambio de trabajo, por si eran constitutivas de delito, lo que sí está claro desde el principio es que tales declaraciones eran suficientemente graves para que se asumieran responsabilidades políticas y no solo por parte de Ortiz».

El Grupo Socialista responde así al PP, que ha anunciado hoy en rueda de prensa el archivo de la denuncia presentada por el PSOE, y advierte de que «respetamos las decisiones que se tomen desde el ámbito judicial, pero eso «no significa que la revelación de ex concejal sea políticamente aceptable ni que le exima de responsabilidad política», porque «no podemos permitir que un puesto de trabajo en una empresa con contrato público deba ser una moneda de cambio. Es una cuestión de honradez política y de pulcritud en la administración pública, por lo que no bastaba con la dimisión de Ortiz y por ello apostamos por la moción de censura».
Además, añade que «parece que el PP sigue teniendo cosas que ocultar con los grandes contratos del Ayuntamiento con empresas privadas, ya que no hay manera de revisar estos contratos porque tienen frenado desde hace meses el órgano donde deben estudiarse, de igual forma que tampoco ponen en marcha la Comisión de Investigación comprometida para el caso la red clientelar destapada».
Asimismo, recuerda a los populares que «quien grabó al ex concejal fue uno de los suyos y sabía el daño que le hacía al publicarlo, por tanto, el PP debe mirarse hacia dentro y preocuparse porque esas prácticas no se den más en el Ayuntamiento de Murcia».

La 'Froet' vaticina un incremento exponencial de la paquetería por el comercio electrónico

MURCIA.- La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia realizó este miércoles un balance positivo del sector durante el pasado año, con una tendencia de crecimiento que se refleja en varias magnitudes, como la creación de empresas y el número de vehículos. Igualmente, vaticinó un incremento exponencial de la paquetería, debido al auge del comercio electrónico.

Así se puso de manifiesto en la rueda de prensa que ofrecieron el presidente de Froet, Pedro Díaz Martínez y el secretario general, Manuel Pérezcarro Martín, previa a la celebración este jueves de la Asamblea General Ordinaria de la patronal regional del Transporte.
En este sentido, el número de empresas de transporte de la Región de Murcia se incrementó un 0,8% el pasado año, destacando especialmente el aumento de las mercantiles de vehículos ligeros, una evolución que se repite en el conjunto del país.
En cuanto al número de vehículos, el crecimiento del sector regional (7,9%) supera en más de un punto a la media nacional (6,8%). En la Región de Murcia hay 18.128 vehículos con licencia de transporte, de los que 15.008 son pesados, 1.792 ligeros y 1.328 autobuses.
Además, la Región de Murcia sigue liderando la clasificación de semirremolques frigoríficos por provincias, con 4.381, lo que supone el 16,34% del total nacional. A continuación se sitúan Almería (13,07%), Valencia (9,71%), Madrid (6,14%) y Sevilla (5,17%).
También tuvo una evolución positiva la exportación regional de productos hortofrutícolas y elaborados a Europa, al pasar de los 2.880 millones de kilos en 2016 a los 2.936 millones de kilos el pasado año (+1,9%), una décima por encima de la media nacional (+1,8%).
Froet contaba en 2017 con un total de 1.240 asociados, de los que 1.171 se dedican al transporte de mercancías y 69 a pasajeros. Las empresas asociadas suman una flota de 8.500 vehículos (6.700 pesados, 700 ligeros y 1.200 autobuses), de los que 4.800 cuenta con licencia para internacional.

Los sindicatos se oponen a la reducción de las juntas de personal en el SMS

MURCIA.- Los sindicatos que conforman la Mesa General de Función Pública abandonaron la negociación de la nueva Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma, según han informado fuentes de estos sindicatos. 

El abandono se produjo ante el intento de la Administración regional de recortar sus derechos en el Servicio Murciano de Salud (SMS), ya que han propuesto reducir de nueve a tres las juntas de personal de la Sanidad murciana, tal y como explicaron.
Las organizaciones presentes en la Mesa General son la Federación de empleados y empleadas de Servicios Públicos de UGT, el sindicato de enfermería, Comisiones Obreras, el sindicato médico de Murcia, el sindicato de profesionales de la Sanidad de la Región de Murcia La Intersindical y CSIF-sector de sanidad Intersindical han abandonado dicha negociación.

El ex director general del agua, imputado por la tubería del Carmolí

MURCIA.- Andrés Martínez Francés, antiguo director general del agua, declarará el próximo 2 de mayo en calidad de investigado por el caso de la conocida como 'tubería del Mar Menor', que partía desde la rambla del Albujón hasta la red de la Comunidad de Regantes Arco Sur atravesando el espacio protegido de La Marina del Carmolí, con el objetivo de derivar caudales de la rambla del Albujón a los regantes de Arco Sur. 

A Martínez Francés se le investiga por "presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio", según las diligencias del caso, a las que ha podido tener acceso este diario.
El ingeniero técnico forestal de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente José Luis Manovel García, también investigado por las mismas causas, ya declaró por el caso, a cargo de la magistrada Miriam Marín e iniciado a raíz de una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción.

La Policía cifra en 32 los implicados en la trama de la desaladora de Escombreras

MURCIA.- El caso de la desaladora de Escombreras, que está siendo investigado por el juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, ha tomado un nuevo impulso a raíz del informe que ha realizado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). 

Estos expertos económicos revelan en el escrito enviado a los tribunales en enero pasado -que ha trascendido ahora- que hasta 32 personas habrían participado en un presunto fraude que conllevaría un pelotazo de 600 millones para la constructora ACS, que cobraría ese dinero del erario público por la citada planta.
El informe de la UDEF fue adjuntado a la causa por la jueza de instrucción nº 5, María del Mar Azuar, que levantó el secreto de sumario de este caso, denominado en los tribunales ´caso La Sal´, el pasado 7 de marzo. 
En ese auto judicial, la magistrada ya alude al documento policial, del que dice que «corrobora los indicios expuestos en la querella», denuncia que fue interpuesta hace dos años por el entonces fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, actualmente fiscal superior de la Región. 
Manzanera en su querella indicaba que en la gestión y explotación de la desaladora de Escombreras se habrían cometido seis delitos, entre ellos, el de fraude, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos y fraude de subvenciones.
Los expertos de la Policía Nacional en delitos económicos consideran que el Gobierno regional de entonces y la constructora ACS se habrían puesto de acuerdo para licitar la desaladora sin tener en cuenta la Ley de Contratos del Estado y para burlar la Ley de Aguas, con el objetivo de impulsar 26 convenios urbanísticos para ordenar 180 millones de metros cuadrados y construir 250.000 casas (la Confederación Hidrográfica no daba la autorización para más casas, tal y como es preceptivo en la Ley de Aguas), según recogía el periódico digital El Confidencial.
Tanto la UDEF como el fiscal y la jueza del caso creen que la desaladora de Escombreras fue un proyecto preconcebido, contando desde el principio «con la connivencia activa y preconcebida de al menos, los responsables públicos que participaron en su desarrollo», afirma la magistrada en su auto. 
Así, ACS constituyó en enero de 2006 la empresa Desaladora de Escombreras y casi un mes después el Gobierno regional, entonces presidido por el actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, creó la empresa pública Hidronostrum SA para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras, por lo que el proyecto de la planta desalinizadora estaba mayoritariamente participado por la Administración.
La compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni de los servicios jurídicos regionales -indicó El Confidencial-, conllevó que la Comunidad asumiera todas las cargas a las que se había comprometido la empresa de Florentino Pérez previamente. 
Entre ellas, la obligación de abonar a la constructora y a los socios locales el arrendamiento de la planta y su producción hasta 2034. También debía comprar las instalaciones cuando concluyera ese periodo.
Posteriormente, ACS trata de salir de la sociedad, al empezar a tener la desaladora problemas financieros, y la Administración le compra el 49% de sus acciones. Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos, una demanda que si le sale bien le supondría unas ganancias de 600 millones pagadas por el erario público.
Los empresarios regionales que estaban en la sociedad inicial a la que después se unió ACS, que posteriormente creó la mercantil Desaladora de Escombreras, se desmarcaron ayer del caso y precisaron que la investigación judicial toma como punto de partida finales de 2005, quedando fuera la gestión anterior.

El Mar Menor recibe 42 hm3 anuales del acuífero del Campo de Cartagena

CARTAGENA.- Un estudio encargado a expertos por la comunidad de regantes Arco Sur ha concluido que la descarga real al Mar Menor de agua procedente del acuífero del Campo de Cartagena es de entre 38 y 46 hectómetros cúbicos (hm3) anuales, dependiendo de la pluviometría de ese año.

El informe, realizado por cuatro técnicos de empresas hidrogeológicas, cuantifica ese vertido subterráneo a la laguna salada mediante una modelización del acuífero superficial cuaternario de la comarca.
Otra conclusión es que el volumen de recarga anual del acuífero es de entre 12 y 200 hm3, dependiendo de la lluvia caída, y el promedio anual es de 74.
Se estima entre 63 y 83 hm3 al año, con un valor medio estimado de 71, el volumen de descarga potencial al Mar Menor sin contar las extracciones por bombeo en pozos y drenajes ni las transferencias de agua hacia capas inferiores del acuífero.
El promedio de descarga real entre 2000 y 2016 osciló entre 38 y 46 hm3 al año, con una horquilla de unos 10 según se consideren años húmedos o secos.
La mayor parte de la descarga a la laguna se concentra, según el informe, en los sectores próximos a la rambla de El Albujón y al norte del Campo de Cartagena, al tiempo que la llegada de agua al Mar Menor en el ámbito de esa comunidad de regantes es "apenas representativa" y se estima en un 5 por ciento como máximo.
Arco Sur ha señalado que hasta ahora no se había logrado "responder con certeza" a las preguntas sobre el volumen de recarga del acuífero, los caudales descargados y las principales áreas de descarga y de llegada de agua a la laguna.
Los regantes han indicado que el modelo de simulación generado integra toda la información disponible sobre el acuífero superficial que hasta ahora estaba "dispersa".
Ello permite conocer el estado actual de las aguas subterráneas y las aportaciones del acuífero al Mar Menor, con lo que resulta una herramienta "indispensable" para la gestión del acuífero, han añadido.
El informe sirve de base para un sistema de seguimiento y apoyo a la toma de decisiones y permite evaluar los "impactos ocasionados en el ecosistema derivados de la puesta en práctica de diferentes estrategias de gestión de los recursos hídricos en la zona", han concluido.

Los precios industriales bajan un 1% en marzo en Murcia

MURCIA.- Los precios industriales bajaron un 1 por ciento el pasado mes de marzo en la Región de Murcia respecto al mes anterior, una décimas más que en el conjunto nacional (-0,9 por ciento), según el Índice General de Precios Industriales publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, en términos interanuales, los precios industriales en la Región de Murcia aumentaron un 1,4 por ciento y en lo que va de año descendieron un 1,1 por ciento.

La alcaldesa de Cartagena acusa a Fomento de soterrar el AVE en ciudades solo gobernadas por el PP

CARTAGENA.- La alcaldesa, Ana Belén Castejón, denuncia, tras conocer el proyecto para soterrar el AVE a su llegada a Lorca, que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, solo acomete las obras para que la alta velocidad llegue bajo superficie en Murcia y Lorca, donde gobierna el PP.

En un comunicado, Castejón aseguró que no va a «consentir de ningún forma», que Cartagena «salga perjudicada ni discriminada otra vez», por las decisiones en política ferroviaria, tras «demasiados años soportando la falta de concreción y definición» en los proyectos de esta índole.
La alcaldesa también achacó al ministro de Fomento que, con su anuncio en Lorca, haya dejado patente que Cartagena no es una prioridad para el Gobierno de España, y recalcó la importancia ahora de la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales del municipio en este asunto. 
«Los ciudadanos de Cartagena no entenderían que el Gobierno del Partido Popular trabaje para conseguir el soterramiento en Murcia y Lorca, y eso mismo no se defienda en Cartagena», señaló.
La regidora recordó que los representantes municipales manifestaron en la última reunión de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad a los técnicos de Adif y de la Comunidad Autónoma que la propuesta de Fomento dificultaría el desarrollo de Cartagena, especialmente del puerto, además de afectar a Alumbres y de los barrios Virgen de la Caridad y Torreciega e «hipotecar» el futuro desarrollo urbano en El Hondón. Pese a ello, dijo, el Ministerio ha hecho oídos sordos.
«Nuestra situación en estas zonas es similar, o incluso peor, a otras para las que el Ministerio está proponiendo soluciones soterradas en la Región, por lo que no quiero llegar a pensar que los gobiernos regional y central estén discriminando a Cartagena porque no es de su color político», destacó.
El Ayuntamiento considera que la opción más beneficiosa para los intereses de Cartagena es la alternativa oeste. Ésta permitiría conectar a Cartagena con la red de Alta Velocidad real y que se solucionara definitivamente cuestiones trascendentales para el futuro del municipio, como son la conexión ferroviaria del puerto con las ZAL de Los Camachos y Alcantarilla; la de cercanías con el resto de la Región; la de Cartagena con el aeropuerto de Corvera; y la consecución de un tráfico adecuado de trenes de media distancia con el resto del país y, sobre todo, con las regiones limítrofes. 
Por último, cree que esa opción daría la posibilidad de dar salida mediante ferrocarril a las mercancías desde el puerto de Cartagena hasta el Corredor Mediterráneo y en el Corredor Central proyectado.

El encargado argelino de una empresa murciana podría ir a la cárcel por explotar a sus trabajadores

MURCIA.- El fiscal ha pedido tres años de cárcel y multa de 1.800 euros para B. H., un hombre que ha sido convocado por la Audiencia Provincial de Murcia para este viernes por si reconoce que vulneró los derechos de los trabajadores que tenía a su cargo y que, además, al verse descubierto, amenazó, presuntamente, al dueño de la empresa.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía solicitan también para el denunciado, natural de Argelia, una multa de 360 euros por las amenazas que vertió sobre el propietario de la empresa cuando este, tras una Inspección de Trabajo, decidió apartarle del puesto.
Señala el relato que hace el ministerio público que el acusado trabajaba como encargado de la empresa C., S.L., con sede en la pedanía murciana de Los Ramos y que dentro de esa función llamaba a empleados para la recogida de cítricos.
Y añade que exigía a los mismos seis euros por el traslado a las fincas donde se iba a realizar la recogida y que lo hacía en furgonetas de la empresa.
Además, siempre según la acusación estatal, distrajo cajas que habían recogido los trabajadores para atribuírselas a su esposa y a otros once trabajadores, de manera que estos habrían recibido en un mes 6.775 euros que corresponderían a quienes realmente habrían hecho la recogida.
El escrito de acusación añade que a raíz de la actuación de la Inspección de Trabajo, que intervino para investigar el presunto trato vejatorio del encargado y sus supuestos abusos, el dueño de la empresa lo cesó en el puesto, por lo que recibió amenazas de muerte.
B.H ha sido convocado por el tribunal de la Audiencia por si reconoce los hechos y se conforma con cumplir la pena que puedan acordar el fiscal y su defensa, lo que evitaría la celebración del juicio.

Mañana jueves seguirán las lluvias en la Región hasta la tarde

MURCIA.- La Agencia Estatal de Metereología prevé para este jueves cielos nubosos con chubascos, que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas en la primera mitad del día, tendiendo a disminuir la nubosidad y las precipitaciones por la tarde en toda la Región. 

Temperaturas en descenso, localmente sin cambios para las mínimas. Vientos flojos de componente este en el interior y del noreste en el litoral, donde disminuirán por la tarde.
La lluvia ha vuelto este miércoles a la Región de Murcia y los pluviómetros reflejan datos de hasta 8 litros por metro cuadrado, como es el caso del situado en el Reguerón. 
Los medidores en el Rincón de Berniscornia, Beniel o Murcia también rondan los 7 litros. Más al sur, los datos reflejan menos cantidad de lluvia, con 6,5 litros en la rambla de Las Moreras o 6,2 en Perín, Cartagena. 
No se recogen precipitaciones en el Altiplano y Noroeste de la Region.

Educación convocará 506 plazas de profesores para la Región de Murcia este año

MURCIA.- Las administraciones educativas convocarán este año más de 22.000 plazas en total para maestros y docentes de enseñanza no universitaria, como resultado del acuerdo para la mejora del empleo público firmado en 2017 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos para reponer las bajas producidas. 

Para la Región de Murcia, el número de plazas convocadas para profesorado de educación secundaria, escuelas oficiales de idiomas y de arte, así como de Formación Profesional es de 506.
Así lo ha constatado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que en un comunicado ha recordado que es el propio proyecto de presupuestos generales del Estado el que contempla este objetivo, en aras de preservar la «estabilidad del empleo de los docentes».
En lo que respecta al propio Ministerio, se han convocado 162 plazas en Ceuta y Melilla, que son de su propia competencia, así como otras 2.000 referidas al año 2017 en Cataluña, debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. 
Para el resto de autonomías, el número de plazas son: Andalucía (3.000), Aragón (763), Asturias (630), Baleares (607), Cantabria (406), Canarias (previsión en torno a las 2.000 plazas), Castilla-La Mancha (923), Castilla y León (1.200), Cataluña (2.000), Extremadura (1200), Galicia (1345), La Rioja (137), Madrid (1.624), Navarra (211), País Vasco (1.211) y Ceuta y Melilla (162). 
Además, en cuanto a plazas de maestros, se han convocado 401 en Baleares, 574 en Galicia, 69 en La Rioja y 3.000 en la Comunidad Valenciana.
Con esta convocatoria, el Ministerio de Educación «apuesta por la reposición de efectivos del 100 % de las bajas producidas» en el sector y por la «estabilización del empleo temporal del profesorado interino», ya que se prevé que la tasa de cobertura baje al 8 % en el período 2018-2020.

El fin de la 'happy hour' y las copas en los parques de bolas

MADRID.- La ley para retrasar el inicio del consumo de alcohol por parte de los menores tomó forma este martes en el informe que ha aprobado la Comisión Mixta del Congreso y Senado para el estudio del problema de las drogas, que incluye nuevas prohibiciones sobre consumo y exhibición de alcohol ante los menores de edad, tal como recuerda 20Minutos.

También recupera otras, como la prohibición a menores de 18 años de entrar a espectáculos y conciertos donde se venda alcohol y propone revisar la contabilidad fiscal de los impuestos especiales de todas las bebidas en relación con su cantidad de alcohol puro, con la idea de ir elevando "progresivamente" esta tasa.
Estas y otras medidas que, tras escuchar a 38 expertos, la comisión quiere que se refleje en una futura ley.
Fin de la "happy hour". El informe prohíbe las ventas reducidas en horarios específicos porque "fomentan el consumo de atracón". Los bares, además, deberán suministrar agua gratuitamente o a "precio reducido". Prohíbe la venta ambulante de bebidas alcohólicas, en gasolineras y venta online y recomienda prohibirlo también en máquinas autoexpendedoras, así como endurecer las medidas para el reparto a domicilio de bebidas alcohólicas, con el fin de asegurar que los compradores no son menores.
Botellón. El informe insta a las administraciones públicas, sobre todo a los ayuntamientos, a asegurar que no hay menores consumiendos en espacios públicos, haciendo botellón, y pide prestar "especial atención a la dispensación gratuita y la venta a menores en fiestas, festejos o eventos de gran confluencia".
Propone prohibir también el consumo en la vía pública, salvo terrazas o áeras autorizadas, y pide a las administraciones públicas que se pongan de acuerdo en las restricciones que se pueden aplicar los macrobotellones y botellódromos.
Lejos del niño. Para no promocionar la cultura del alcohol, la ponencia propone prohibir su venta en lugares donde haya menores de edad. Además de colegios e institutos, cita centros deportivos, parques temáticos, ludotecas, museos, biblotecas o cines. También pide que se revise "la densidad" de puntos de venta alrededor de lugares destinados a menores o frecuantados por ellos, un perímetro en el que tampoco se podrá publicitar.
Asimismo, propone prohibir la exposición de bebidas alcohólicas en los escaparates e insta a supermercados y grandes superficies, a aumentar la vigilancia sobre los productos alcohólicos y a colocarlos detrás del lineal de cajas para que "sea imposible su robo".
Tasa "0". Para los menores de edad, la tasa de alcoholemia debería reducirse de 0,25 a 0 y las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían poder hacer controles de aire respirado a menores aun cuando no estén conduciendo o requistar envases con supuesto contenido alcohólico.
Por lo que respecta a la autoridad, el informe también propone dar potestad para que responsables de bares o de venta a domicilio puedan obligar a que se les muestre el DNI del cliente para comprobar su edad.
"Ni una gota" . La publicidad ocupa varios apartados de un informe que propone modificar la recomendación de "consumo moderado" o "es tu responsabilidad" por otro más taxativo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota". Propone campañas contra el consumo entre menores similares a las campañas de "circulación vial".
Cierre de bares. La ley contra el consumo de alcohol por parte de menores incluirá sanciones, entre ellas, el cierre de bares o comercios que les vendan alcohol"de manera reiterada". También, aumentar las sanciones para establecimientos que vendan fuera de los horarios permitidos, así como por consumir en la calle, en cuyo caso se contemplan más sanciones o su sustitución por "trabajos para la comunidad".
En este punto, el informe regresa a la responsabilidad de padres y tutores –a quienes dedica un capítulo anterior para que sean vigilantes– y para los que establece también sanciones "proporcionadas" y con "una clara orientación educativa".
Por eso, propone que los tutores puedan "condonar la sanción" con "actividades reeducativas" junto a los menores a su cargo. En caso de "reincidencia grave", el informe se remite a la ley de Protección del Menor.
Conciertos y espectáculos. Si obedece al informe, la futura ley contra el consumo de alcohol entre menores daría un paso atrás respecto a leyes autonómicas que, en la Comunidad Valenciana o Cantabria, permiten la entrada de menores a conciertos sin su tutor. La ponencia busca prohibir "la entrada  de menores de 18 años en establecimientos cerrados que sirvan  bebidas alcohólicas, como salas de fiesta, discotecas, eventos o espectáculos salvo que vayan acompañados".
Cada vez beben más y más pronto. En su introducción, la ponente del informe, la diputada Tania Sánchez (Unidos Podemos) dibuja un panorama alarmante sobre los hábitos de consumo de alcohol entre los menores de edad, que cada vez empiezan antes y entre quienes son frecuentes los "atracones". "Más de 700.000 menores admiten beber cinco o más copas en un corto espacio de tiempo", señala.
El informe alude a estadísticas que señalan que 14 años es la edad a la que empiezan los menores a consumir alcohol.
El "consumo de atracón", prosigue el informe, ha provocado en los últimos años  fallecimiento de niños y niñas por tomar excesivas cantidades de alcohol y, en algunos casos, importantes daños para su salud. Al menos 6.000 menores fueron ingresados por comas etílicos en el año 2016, dice el documento.

Plagio: por qué la Universidad es blanda con los tramposos

MÁLAGA.- Mientras las universidades cuentan cada vez con herramientas más eficaces para detectar plagios, siguen careciendo de un reglamento nacional y moderno que les diga a qué se enfrentan los que suelen trabajar con el copia y pega o los que directamente lo subcontratan, sobre todo trabajos de fin de grado o el de máster, como el polémico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recuerda El Mundo

En España, las sanciones al incumplimiento de los deberes académicos se recogen aún en un texto franquista de 1954 debido a que los distintos gobiernos han incumplido el plazo de un año para renovarlo que fijó en 2010 el decreto del Estatuto del Estudiante Universitario.
Entre los deberes de los universitarios está el "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". 
Ahí estaría el uso del pinganillo, las chuletas digitales, el pasarse las respuestas por el móvil y el fusilar trabajos a gogó. Pero, pillados en esas actitudes, no suele caber más que el suspenso en la asignatura.
Sin embargo, universidades como la Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han innovado en la interpretación de ese deber e incluyen en él "omitir conscientemente el reconocimiento de una persona en trabajos o actividades académicas, o falsear esta aportación. 
El plagio, la copia, las citas evidentemente incorrectas en los documentos y las demás carencias graves de respeto a la propiedad intelectual. La publicación duplicada de trabajos no autorizada, la supresión relevante de datos pertinentes o la inclusión de datos falsos". O sea, el plagio en sus muchas acepciones, con una sanción que puede llegar hasta la expulsión.
¿Qué ha pasado con el mandato para actualizar a Franco en 2018? Pues no mucho. El Ministerio de Educación informa de que está a la espera de que la Conferencia de Rectores (CRUE) mande sus aportaciones y, ésta, a su vez, reconoce que están en una fase "inicial" de diálogo con los representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceue). A su vez, fuentes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), finalmente, confirman: "Muy inicial". Ocho años después de la aprobación del estatuto, no hay ganas de derogar un texto franquista que, en su ejecución, además, resulta de lo más farragoso de aplicar, como explica Benito Arruñada, catedrático de la UPF, quien sólo recuerda un expediente abierto a un alumno.

El 'Remedio Turnitin'

Mientras, surgen portales como nohagasnada.com, donde se pueden encargar los trabajos universitarios por número de páginas y referencias que se quieran incluir. Pero, a la vez, herramientas de software como Turnitin les obligan a ser muy sofisticados en los trabajos, porque el programa, usado en universidades de todo el mundo, es muy eficaz detectando plagios. 
Es otra de las batallas que se libran en el ciberespacio: plagiadores y detectores.
Mientras, según el director del Secretariado de Promoción de la investigación y Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, Ricardo Chacartegui, en esta institución llevan ya un año de programa de prevención antiplagio, enseñando cómo usar Turnitin: "Tenemos campañas en todos los centros y los trabajadores de la biblioteca son muy buenos con ellas. Además, están todos muy conectados a redes de bibliotecarios por España y comparten buenas prácticas". 
El objetivo es que plagiar, copiar, esté muy mal visto, según Chacartegui. 
 Que nadie pueda ir presumiendo de lo que ha fusilado, además de ofrecer formación, porque hay ocasiones en las que los alumnos no saben cómo citar bien. 
Todavía parecemos estar algo lejos: hace sólo un año se ovacionaba a Fernando Suárez, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pese a las evidencias de que había copiado partes de trabajos en su trayectoria académica.
No obstante, debido al precio de las licencias de este programa, por ahora sólo se usa en Sevilla para los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. De todos modos, dos profesores consultados confiesan no tener ni mucho tiempo (ni ganas) para comprobar los plagios en los trabajos de las asignaturas. 
En las tesis es imposible que haya plagio- afirma Chacartegui-, por cómo trabajan los profesores con sus alumnos. En fin de grado y de máster sí ha habido casos en los que se han echado para atrás los trabajos, lo que supone de facto no conseguir el título.
Mientras, en países donde se lleva años usando la herramienta, como en Reino Unido, sí que hay ya informes sobre la incidencia en las prácticas universitarias y el descenso de los plagios detectados. Porque la compraventa de trabajos, por ejemplo, no es algo que sólo ocurra en España.
La batalla en el ciberespacio no es nada comparada a la que podría surgir entre partidos, sindicatos de estudiantes y rectores si se decidieran finalmente a regular las sanciones por estas faltas graves en esa parte del Estatuto que quedó por desarrollar.

¿Una propuesta fascista?

Federico Morán, catedrático de Bioquímica y ex secretario general de Universidades con José Ignacio Wert, no es optimista sobre la actualización del texto de 1954: "En España, cualquier norma sancionadora no nos gusta. 
Unos dirán que las propuestas son fascistas, otros que son populistas y no vas a poner de acuerdo a todos" en una norma que debería dejar claro por qué se puede expulsar de la Universidad a un alumno o a un profesor. 
Por plagio, por ejemplo, como ocurre en las universidades anglosajonas, donde hay códigos de conducta en los que, como en Harvard, dicen que vender apuntes o realizar trabajos por encargo es una falta disciplinaria que puede acarrear la expulsión.
Jesús de Alba, recién elegido presidente de la Creup, sí cree que hace falta un texto nuevo "que proteja a estudiantes y sus derechos, así como garantice la adecuación al actual marco normativo del procedimiento sancionador, puesto que la normativa que sigue vigente es preconstitucional y hace referencia a preceptos y tipos penales ya derogados" e insiste en el mandato de 2010. 
Además, enfatiza que "los plagios son un acto inaceptable que ataca la credibilidad de quien lo ejecuta y de la institución que lo sufre, cuestionando la calidad de la misma".
Algo en lo que está de acuerdo Lluis Val, representante de Turnitin en España, que cree que ahora mismo "todas las universidades son conscientes de la amenaza que supone el plagio" y pone la lucha contra esa práctica como una de las condiciones para que España alcance la élite universitaria mundial.
 La CRUE explica que el plagio tendrá su "tratamiento específico en la normativa a la que se ha hecho referencia, sin excluir acudir al Ministerio Fiscal en aquellos casos en que se estime necesario".
En Reino Unido, hace un año, se encargó un informe sobre lo extendida que estaba la práctica de pagar por trabajos que, allí, está considerada "plagio masivo". El informe de la agencia de calidad de las universidades hablaba de cientos de sitios web donde se podían encargar los trabajos y recomendaba medidas legales contra ellos inspirados en Nueva Zelanda, donde se cerraron y congelaron activos. 
También se aconsejaba las sanciones para los alumnos. Ellos ya han dado la batalla contra el plagio por concluida, gracias al software, pero están en cómo combatir los trabajos por encargo.
En nuestro país, mientras tanto, aún seguimos dándole vueltas a un texto de Franco.

China, paraíso del copia-pega


China es otro de los países que no penalizan mucho socialmente el plagio. Medio millón de universitarios chinos estudian en el extranjero y, con ellos, llega una cultura donde está asentado el 'subcontratar' trabajos académicos. 
En EEUU, en 2015, 8.000 de ellos fueron expulsados, provocando una situación curiosa: por un lado, los estudiantes asiáticos siguen manteniendo una imagen de esfuerzo e inteligencia pero, por otro, las nuevas hornadas de hijos de ricos son muy distintas.

Ultimátum de Sanidad a los productos homeopáticos

MADRID.- El Ministerio de Sanidad dará tres meses de plazo a los fabricantes de productos homeopáticos para que los preparados sean sometidos a las pruebas de seguridad y calidad por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). 

En caso de no presentarse, tendrán que ser retirados de las farmacias y su venta quedará prohibida en España, según se acordó durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, explicó al término de la reunión que todos los productos homeopáticos que pasen las pruebas tendrán que llevar la etiqueta de 'medicina homeopática sin indicación terapéutica'. Y es que, según subrayó la titular de Sanidad, sobre estos artículos «no hay evidencias terapéuticas».
Sanidad al realizar la transposición de la directiva de la Comisión Europea que regula estos preparados da la oportunidad a los fabricantes para que presenten los productos que consideren oportunos a los controles médicos y ensayos clínicos que, una vez superados, les darían la categoría de medicamento. 
«Esos controles serán los mismos a los que se somete cualquier otra medicina», apuntó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al término de una reunión que se prolongó ocho horas, en la que sobre este asunto concreto hubo unanimidad entre el Gobierno y los consejeros autonómicos.
La ministra de Sanidad recordó que España está obligada a trasponer esta legislación europea porque «de no hacerlo, no podríamos evitar la sanción». En todo caso, insistió en que la Aemps garantizará la transparencia y rigor en esta evaluación por lo que está previsto que, una vez determinados los productos de venta autorizada, el ministerio realizará una «campaña informativa sobre los que van a entrar en el mercado». 
Desde Sanidad insistieron en que no saben en este momento cuántos productos homeopáticos de las decenas de miles que actualmente están a la venta pasarán los exámenes.
Respecto a los profesionales de la medicina, el Consejo Interterritorial fue informado sobre el real decreto que creará la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En este punto, los consejeros requirieron que también fuesen aprobados en el futuro los de Urgencias y Enfermedades Infecciosas, lo que, según Montserrat, será abordado por la comisión de recursos humanos.
También fue analizado el futuro real decreto de indicación enfermera, para que este grupo de profesionales sanitarios queden habilitados para prescribir medicamentos o realizar vacunaciones, competencias actualmente de los médicos. 
De entrada, durante la sesión se insistió en la acreditación para estas labores de los titulados universitarios en Enfermería. Varios consejeros destacaron que la acreditación es automática en el caso de los titulados superiores, no así para los antiguos auxiliares técnicos sanitarios (ATS) que tendrán que demostrarla.
Por otra parte, Montserrat anunció a los consejeros que la próxima reunión del Consejo Interterritorial, que se celebrará el 16 de mayo en Toledo, será dedicada exclusivamente a la financiación sanitaria.