El Gobierno regulará los productos financieros abusivos o complejos

MADRID.-   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo "regulará" los productos financieros abusivos o subproductos debido a la "complejidad" del mercado y ha apuntado que serán medidas "preventivas" a la hora de firmar una hipoteca.

   En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha precisado que ayer trató este tema con la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, en la reunión que mantuvieron para analizar el problema social de los desahucios y allí ya conversaron sobre la necesidad de regular estos productos.

   "Ayer nos anticipamos a lo que se ha conocido hoy. Desde el Gobierno teníamos la preocupación de que a esos subproductos hay que darles un tratamiento específico por la complejidad del mercado financiero", ha afirmado.

   También ha explicado que "no son medidas paliativas", sino "preventivas a la hora de constituir una hipoteca" e irán dirigidas a cómo hacer que las cláusulas sean "equilibradas para el acreedor, para el deudor", para hacer que los productos puedan ser conocidos o incluso eliminar determinados subproductos de naturaleza abusiva. "Eso es uno de los puntos que van a analizar los expertos de ambas partes", ha insistido.

   La vicepresidenta también se ha referido a la reunión que mantuvo ayer con Valenciano para analizar el problema social de los desahucios y ha recordado que llegaron a la conclusión de que hay que "proteger" los núcleos familiares que, "por circunstancias de la crisis o la pérdida del empleo de uno de los dos miembros de la pareja" se ven abocados dejar de pagar la hipoteca teniendo hijos a su cargo.

   También se velará por las unidades familiares de las que dependan mayores con pensiones pequeñas y que, por pérdida del empleo, tengan que abandonar su vivienda.

   "Nos fijamos en estos ámbitos para analizar las posibilidades en relación a los umbrales de exclusión o a la necesidad de adoptar medidas particulares para esas familias que han devenido, sin responsabilidad por su parte, en una situación económica peor y que encima tienen cargas familiares que hacen que la situación de tener que salir de su casa sea mucho más traumática", ha agregado.

   La 'número dos' de Mariano Rajoy ha matizado que ahora será un grupo de expertos el que continúe con el proceso de análisis teniendo en cuenta cómo trata la legislación a los puntos familiares y ha insistido en que habrá que diferenciar entre aquellas unidades que realmente tengan problemas por causas ajenas a su persona de quienes tienen responsabilidad en la deuda. "Hay que evitar el fraude", ha apostillado.

   En cuanto a los plazos en los que se podrían poner en marcha estas medidas, la vicepresidenta ha manifestado que se ha planteado una tramitación de urgencia y ha avanzado que incluso se ofreció la posibilidad de aprobarlo por decreto ley en el caso de que se llegue a un acuerdo.

   Además, ha adelantado que el grupo de expertos está convocado "el mismo lunes" para continuar con los trabajos en esta línea y ha confiado en que las marcha de las negociaciones sea "buena", porque quieren ir "sin prisa pero sin pausa".

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno dispondrán de muchos menos coches oficiales

MADRID.- La reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado supondrá en España un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años, según ha asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha precisado que la reducción total será del 53 por ciento, pero que la que se aplique a los que utilizan los altos cargos --presidente, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales-- alcanzará el 66 por ciento.

   La vicepresidenta explicó que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado hoy al Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se "transforma el parque móvil ministerial en parque móvil del Estado". Una reforma del sistema en la que "se cambian los usos del coche oficial bajo los principios de austeridad y eficiencia" y para ello "se reduce el número de altos cargos que tienen vehículo asignado".

   A partir de ahora, según explicó, los directores generales no tendrán coche oficial, sino que dispondrán de coches de incidencias que estarán a disposición de todos los trabajadores de la dirección general para desarrollar sus tareas.

   En el caso de los subsecretarios, éstos tendrán coche oficial, pero no será exclusivo para ellos, sino que también estará a disposición del personal de la subsecretaría. Estas dos medidas significarán una reducción del 66 por ciento en el número de vehículos oficiales de altos cargos, que pasarán de ser los 307 actuales, a 103 a lo largo de este año y el próximo, ya que la reducción será progresiva. El ahorro en este capítulo será del 66,45 por ciento.

   También se reducirán los coches destinados a las autoridades de órganos constitucionales y al servicio de la Administración de Justicia y de manera también "muy llamativa" los coches de la administraciones periféricas del Estado, como las Delegaciones del Gobierno y las Subdelegaciones. La reducción, en su conjunto, supone un 53 por ciento a lo largo de este año y 2013.

   Según los datos facilitados por Moncloa, la flota total del Parque Móvil que había en diciembre de 2011 --cuando el PP llegó al Gobierno-- en servicios centrales era de 921 vehículos, de los cuales 819 eran coches, 66 motos y 36 vehículos de otras categorías (furgoneta, motocicleta, monovolumen, etcétera).

   La previsión es que al cierre de 2014 el total de vehículos se situará en 652, lo que supone una reducción de casi el 30 por ciento, en relación con los existentes, incluyendo los coches de altos cargos y los de incidencias.

   El número de trabajadores también se reducirá. En total, entre Parque Móvil y servicios periféricos se reducirán 222 conductores hasta 2014. De los 1.303 que había en diciembre de 2011 se pasará a 1.081 conductores, lo que supone un 17 por 100 menos.

   Sin embargo, según precisó la vicepresidenta, no se llevará a cabo ningún expediente de regulación de empleo entre los conductores. Lo que se pondrá en práctica, dijo, serán: "bajas de servicio", de tal manera que no se doblen turnos; se realizarán las jubilaciones que correspondan por la edad y no habrá tasa de reposición.

   En este sentido, explicó que lo primero que ha hecho la subsecretaria de Hacienda ha sido analizar la situación laboral de los trabajadores del parque móvil, muchos de los cuales tienen "gran antigüedad". Según los cálculos realizados, entre la supresión de dobles turnos y las jubilaciones, la reducción será del 15 por ciento y en el caso de la Administración periférica, con gente más cercana a la edad de jubilación, la reducción será del 24 por ciento.

   Según Sáenz de Santamaría, la antigüedad media del parque es de ocho años y de once para los vehículos blindados y la flota estará amortizada en 2013 porque no se repondrá. En la administración periférica el número de vehículos es de 569, pero la flota es más moderna porque se renovó en un 79 por ciento entre 2006 y 2008. Entre esas fechas se compraron 440 vehículos nuevos.

   El plan consiste en amortizar los vehículos que estén en peores condiciones, reubicar los más modernos y los sobrantes llevarlos a subasta. En este punto, señaló que ya se han realizado algunas subastas de coches oficiales.

   Sáenz de Santamaría detalló que el ahorro de 10,5 millones provendrá de: personal, 7,5 millones; combustible y mantenimiento, 1 millón --del que 500.000 euros son de combustible, 265.000 en reparación, 213.000 en seguros-- y el paso a coches de incidencias de los coches oficiales, dos millones.

   Admitió que esta cifra de 10,5 millones de euros no es "elevada", pero la consideró "muy significativa" porque supone una "nueva concepción en la utilización de los vehículos oficiales" ya que, dijo, se pasa del coche oficial por cargo al coche oficial a disposición de los departamentos.

   Además, respondió a quienes dicen que el ahorro no es significativo, sino que se trata del "chocolate del loro": "empiezas a sumar loros y te encuentras con una pajarería".

   La vicepresidenta expuso que la segunda fase de este plan se estudiará en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Ahí se analizarán los coches de servicio de las instituciones y sobre todo de las empresas públicas y los coches de empresa, con el fin de aplicar una medida de racionalización y eficiencia.

   La vicepresidenta expuso que algunas CCAA han llevado a cabo también ajustes en sus vehículos oficiales --citó, entre ellas, a Galicia y Castilla La Mancha-- y añadió que se llevará la experiencia del Gobierno en este asunto a la Conferencia de Presidentes. En este sentido, recalcó que la concepción del coche oficial ha cambiado mucho y tiene que cambiar aún más. Debe, dijo, estar más ligado a la actividad profesional, a la demanda, antes que ser "un servicio que tienes ahí y no usas".

Valcárcel advierte ahora que el aeropuerto de Corvera "requiere de una serie de trámites burocráticos nada fáciles"

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, ha dejado claro que en lo que respecta al aeropuerto de Corvera "estamos trabajando y se está trabajando bien", aunque ha dejado claro que "requiere de una serie de trámites burocráticos nada fáciles".

   "Vamos a ver en cualquier lugar de España o del mundo qué tiempo se tarda en abrir el aeropuerto y si además de todo hay una complejidad de abrir uno a partir del cierre del otro, a ver qué tiempo lleva eso", ha dicho.

   Así, Valcárcel ha pedido que "se nos deje trabajar en la medida en la que lo estamos haciendo", porque, ha insistido, "este aeropuerto se ha hecho porque el Gobierno se empeñó en que se hiciera y lo hemos hecho".

Por su parte, el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, ha manifestado este jueves que la Región "acogería de manera entusiasta a Ryanair" de haber conflicto con Alicante, porque "precisamente por comenzar de cero tenemos la capacidad de llegar a muchos mejores pactos y de que el modo de operar de esta aerolínea se vea más satisfecho en Corvera".    Tras el anuncio de que Ryanair amaga con desviar a Murcia miles de pasajeros del aeródromo alicantino de El Atlet, el consejero ha remarcado que el aeropuerto de Corvera "tiene un potencial increíble", pues además de su posicionamiento geográfico, ha apuntado, "está el hecho de que es un aeropuerto nuevo y que se puede amoldar a las necesidades y exigencias de las aerolíneas".
   Evidentemente, ha señalado, el modelo que se ha impuesto en el tráfico aéreo mundial es el 'low cost', que supone romper con el modelo tradicional en virtud del cual las aerolíneas se ajustaban a lo que le ofrecía el aeropuerto y le resultaba más rentable.
   Pero ahora no, ha agregado el consejero del ramo, en estos momentos "son los aeropuertos los que se tienen que ajustar a las necesidades de las aerolíneas". Por lo que si hay conflicto con Alicante, ha remarcado, "acogeríamos de manera entusiasta a Ryanair".

El alcalde Cámara juega a pijadas mientras espera la decisión judicial en puertas para imputarle

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha asegurado este jueves que reducir de cinco a cuatro las unidades de coordinación del equipo de Gobierno local "no supondrá ningún incremento ni de personal ni de gasto", todo lo contrario, "esperamos llegar a más sitios y hacer más cosas con menos recursos".

   El objetivo, ha explicado en declaraciones a la COPE, "es hacer más eficiente y eficaz la gestión de los recursos municipales y asegurar la coordinación de los servicios, a fin de proporcionar una mejor atención a los ciudadanos".

   Hasta ahora existían seis áreas de coordinación en el que se iban coordinando diferentes políticas, y en este momento, "donde tenemos que dar una respuesta más rápida y ser mucho más ágiles", esta reducción "nos va a permitir mejorar ostensiblemente los servicios municipales", manteniendo las propias competencias de cada concejal delegado, "influyendo en las políticas directas que afectan a las personas", ha agregado Cámara.

   En declaraciones a la COPE, el primer edil murciano ha asegurado que llevaba meses "dándole vueltas la forma de poder coordinar mejor todas las actuaciones" y la mejor manera, en su opinión, es que las nuevas unidades se pongan en marcha aprovechando los nuevos presupuestos para 2013, por eso empezarán a funcionar a partir del 1 de diciembre.

   Asimismo, ha apuntado que esta decisión no va contra el resto de concejales, pues, ha puntualizado, "cada uno sigue manteniendo sus propias competencias, van a seguir trabajando exactamente igual con plena autonomía dentro de lo que son las líneas generales de la acción del Gobierno municipal".

   "El efecto que tiene es esa coordinación interna en cada una de las áreas que luego también se coordinan entre ellas", ha insistido el alcalde de Murcia, "los concejales delegados siguen manteniendo sus propias competencias y serán responsables de ejecutar las políticas que se visualizan en los Presupuestos municipales".

   De tal forma, ha proseguido, se "refuerza todavía mucho más la utilización de los recursos materiales y humanos del Ayuntamiento para que aprovechemos todas las oportunidades y sobre todo para que las personas reciban un servicio más rápido y eficiente".

   Esto supone un trabajo añadido para las concejalas, porque, ha enfatizado, "siguen manteniendo sus delegaciones propias y al mismo tiempo se incorporan a la coordinación del resto de las áreas del Gobierno", aunque, ha aclarado, "no supone ningún incremento ni de personal ni de gasto; todo lo contrario, esperamos llegar a más sitios, hacer más cosas con menos recursos".

   Con este cambio se modifica el acuerdo de Alcaldía suscrito en junio de 2011, que establecía cinco departamentos, entre los que se encontraba la Unidad de Atención a las Personas; la Unidad de Servicios a la Comunidad; la Unidad de Empleo, Innovación y Economía; la Unidad de Relaciones Institucionales y Gobierno Interior y la Unidad de Participación Ciudadana y Distritos.

   A partir de ahora, habrá un Área de Políticas Sociales, de Empleo, Culturales, Deportivas y Educativas, que dirigirá la Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad, María del Carmen Pelegrín. Coordinará las competencias de Bienestar Social y Sanidad; Deportes, Juventud y Turismo; Cultura; Empleo, Comercio y Empresa; Educación y Políticas de Igualdad y Cooperación al Desarrollo.

   El Ayuntamiento también dispondrá de un Área de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Planificación, coordinado por la teniente de Alcalde de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá. En ella se integran las concejalías de Medio Ambiente; Tráfico y Transportes; Calidad Urbana e Infraestructuras; Obras y Servicios Comunitarios; Limpieza Urbana y Gestión de residuos y Urbanismo y Vivienda.

   Por su parte, el Área de Servicios Generales, Recursos Humanos y Descentralización, dirigida por la teniente de Alcalde de Seguridad y Recursos Humanos, Nuria Fuentes, engloba los departamentos de Seguridad y Recursos Humanos, Contratación y Patrimonio, Relaciones Institucionales, Mercados, Consumo y Descentralización y Distrito nº 8.

   Por último, habrá un Área de Economía y Hacienda, dirigida por la concejala de Economía y Hacienda, Isabel Martínez Conesa, que, según indica el alcalde, "es fundamental en estos momento para tener rigor presupuestario y al mismo tiempo eficacia en las políticas sociales que están destinadas a las personas".

La Oposición centra el tema

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, ha criticado que las 'superconcejalías' del alcalde, Miguel Ángel Cámara, no son más que "una cortina de humo para tapar su ausencia y falta de gestión", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.
   López lamenta que el alcalde Cámara "pierda el tiempo en montar paripés de cara a la prensa sobre la puesta en marcha de cuatro 'superconcejalías' que no aportan nada nuevo y, lo que es más grave, que no solucionan ninguno de los problemas que afectan a los vecinos de Murcia", lamenta.
   En este sentido, el portavoz de pregunta "en qué beneficia al ciudadano este baile de concejalías", y reprocha a Cámara "su ausencia del día a día, lo que se traduce en una falta de gestión más que manifiesta, a tenor de problemas tan significativos como el conflicto del transporte público que arrastró el pasado agosto y que sigue en el aire".
   Asimismo, cita entre estos problemas "los 45.000 desempleados que hay en Murcia, el caótico traslado al nuevo edifico Abenarabi y las dudas en torno a su seguridad, la caída en picado del pequeño comercio, con los peores datos de toda España, y una ciudad pendiente de qué va a pasar con la reivindicación histórica del soterramiento de las vías del tren, entre otros asuntos".
   A juicio del portavoz socialista, el alcalde Cámara "está escondido, más preocupado de sus problemas personales, con la Justicia y con el interno de su partido, que de la gestión municipal".

Distraer de 'problemas'

La concejala de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha tachado la reestructuración del Equipo de Gobierno Municipal de "operación de lavado de cara y de maquillaje" que puede ser "una maniobra para distraer de tantos y tantos problemas como tiene ahora mismo el Consistorio".
   Ha señalado que estos problemas "se le vienen encima" al alcalde, Miguel Ángel Cámara, como, por ejemplo, su imputación en el caso Umbra, a lo que hay que sumar el hecho de que el soterramiento del AVE a su paso por Murcia "está metido ahora en un callejón sin salida" y el transporte "es un caos".
   Además, ha añadido que "hay problemas en el ámbito presupuestario", y la modificación de la Ley local y las restricciones que está poniendo el Gobierno para la elaboración del presupuesto "ponen también en muchísimas dificultades las políticas municipales".
   En una rueda de prensa, Herguedas ha señalado que "todo el mundo tiene la impresión de que esta legislatura ha empezado con muy mal pie, que la crisis económica se les ha venido encima, y lo que eran las glorias del ladrillo se le están cayendo encima ahora con todos los ladrillos encima al alcalde Cámara y a su Corporación".
   Herguedas considera que el Equipo de Gobierno Municipal del PP "no ha sabido afrontar estos tiempos de crisis ni atender las necesidades de los ciudadanos".
   A su juicio, no se trata sólo de una "debilidad" de los miembros del Equipo de  Gobierno del PP, sino de la "propia incapacidad de un proyecto político que, fuera de aquellas glorias y de aquellos dineros que venían del ladrillo, no ha sabido dar respuesta a las necesidades ciudadanas".
   Hasta ahora, Herguedas recuerda que había una división en cinco "grandes 'superconcejalías' que no llegó nunca a ejecutarse ni a llevarse a cabo", por lo que se pregunta "a ver en qué queda" esta nueva reestructuración, aunque no cree que "vaya mucho más allá de la noticia de poner a cuatro mujeres como superjefas de la administración".
   "Es una noticia que queda muy bien en los titulares a todo color, pero no creemos que vaya mucho más allá en cuanto a políticas efectivas que puedan ver los ciudadanos".

Cuestión de imagen

Finalmente, el portavoz de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, valora la reordenación de las áreas de gobierno del Consistorio realizadas como un cambio "más de cara al exterior que una nueva organización eficaz".
   Para Serna no resulta muy creíble que precisamente dos ediles con dedicación parcial, como Adela Martínez Cachá e Isabel Martínez Conesa, se hagan cargo de dos nuevas áreas que incluyen respectivamente Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Planificación, y Urbanismo; y la de Economía y Hacienda.
   La nueva estructura, remarca Serna, "supone aumentar el trabajo para dos personas que mantienen sus respectivas ocupaciones fuera del Ayuntamiento de Murcia".
   Así, para el edil de la formación magenta los cambios anunciados por el alcalde Miguel Ángel Cámara, en los que se crean cuatro grandes áreas de gestión, obedecen más a "querer dar un refuerzo en la imagen hacia afuera" que un importante cambio en cuanto al funcionamiento del actual equipo de Gobierno.

Bernal anuncia que el Gobierno regional no contempla implantar nuevos impuestos en 2013

CARTAGENA.- El consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha presentado este jueves, ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional, los presupuestos de su departamento, adaptado a la actual situación económica, con una contención del gasto y optimización de recursos humanos y materiales, y de acuerdo con el principio de austeridad en materia de estabilidad presupuestaria, asegurando que "no se contempla implantar nuevos impuestos durante el próximo ejercicio". 

   Así, Bernal ha señalado que su departamento "no contempla aplicar nuevos impuestos en el próximo año", ya que "las estimaciones de los ingresos tributarios se han realizado en un marco de absoluta prudencia, a fin de no alimentar el déficit por la vía de los ingresos, ya que se estima una caída del 5,9 por ciento, fundamentalmente de los impuestos indirectos, como transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados".

   Según ha destacado, "el cumplimiento del objetivo de déficit, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas son las herramientas esenciales que permitirán generar confianza y credibilidad en la economía, y por tanto, el mejor punto de partida para la recuperación económica de la Región".

   La Consejería de Economía y Hacienda presenta para el ejercicio 2013 un presupuesto de 67,7 millones de euros, lo que supone un incremento de 17,4 por ciento respecto al ejercicio anterior, debido a la incorporación del contrato del concurso de gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo.

   La Administración regional continúa desarrollando políticas en las que se optimizan los recursos humanos, por lo que se pondrán en marcha nuevas cartas de servicio en todos los centros directivos y se continuará avanzando en la Administración electrónica y en la simplificación de los procesos.

   Igualmente, se priorizará la oferta formativa a través del Programa de Calidad de las Unidades, con un incremento de los cursos de teleformación en torno a 2.500 plazas, y un aumento de la oferta sobre herramientas tecnológicas y competencias digitales.

   Durante su comparecencia, Bernal ha dicho que "el elemento clave para la Región en los próximos años pasa por el diseño de una estrategia para retomar la senda del crecimiento: el Plan Estratégico de la Región 2014-2020, en cuya elaboración trabajan todos los sectores sociales, políticos y sindicales".

   En este Plan se recogerán las estrategias y líneas de trabajo de un nuevo modelo, que "sea sostenible", y servirá de documento de orientación e impulso a la iniciativa privada. También será el documento base para las aportaciones de la Región al Contrato de Asociación de España con la UE, y el documento de partida de los próximos programas operativos de Fondos Europeos, también para el periodo 2014-2020.

   En la promoción de la Sociedad de la Información se ponen en marcha nuevas líneas de actuación dirigidas a ciudadanos y empresas de la Región; y se apuesta por introducir las TIC orientadas a las empresas, principalmente en el sector turístico, así como potenciar el portal 'Región de Murcia digital' y el Cecarm, dirigido a la formación de empresas y emprendedores en el negocio electrónico. Asimismo, en 2013 se celebrará el foro de la Sociedad de la Información, Sicarm.

   La ley General de la Comunicación Audiovisual permitirá en 2013 la adjudicación del concurso de gestión indirecta de este servicio público en la Región, "lo que garantizará un mejor servicio al ciudadano, con una televisión moderna, adaptada a la actual situación económica", ha dicho Bernal.

   En materia de radiodifusión, se completará el proceso de evaluación y concesión de las licencias de comunicación radiofónica con el que completará el mapa de la Frecuencia Modulada regional. Con todo ello, "se definirá una política audiovisual que potencie este emergente sector industrial en la Región, mediante el fomento de la creación de contenidos digitales".

   Por otro lado, ha informado que la Agencia Tributaria de la Región, con un presupuesto de 14,3 millones de euros, contribuirá a establecer una gestión integral en materia tributaria regional, a luchar contra el fraude fiscal y a colaborar con otras Administraciones públicas y con la Administración tributaria estatal.

   En línea con la política de austeridad de la Administración, se pondrá en funcionamiento una central de contratación del sector público regional y de las entidades locales que se quieran adherir, que implantará un sistema permanente de ahorro en cuanto a la adquisición de suministros y servicios.

   A ello se suma una ampliación de la relación de compra de bienes y servicios homologados, con lo que se conseguirá una disminución del consumo y una rebaja en el precio de las adquisiciones.

   Se continuará con la regulación y reestructuración de los edificios públicos y con la concentración de departamentos para una mayor operatividad de los espacios y evitar arrendamientos innecesarios. Asimismo, se ejecutará la segunda fase del proceso de enajenación de activos inmobiliarios.

   En esta línea, se procederá a una gestión "eficiente" del parque móvil regional mediante la reducción de la flota correspondiente a cada una de las consejerías y organismos autónomos, además de la redistribución de vehículos y el mantenimiento de convenios con federaciones de personas con discapacidad.

   Por su parte, la Agencia Tributaria pondrá en marcha la implantación del expediente electrónico, la notificación electrónica y la autoliquidación telemática del impuesto de vehículos, entre otras medidas.

   En cuanto a los planes de pagos a proveedores puestos en marcha durante este año "han permitido liquidar la mayor parte de las deudas pendientes, a fecha de 31 de diciembre de 2011, mecanismos a los que se ha sumado el Fondo de Liquidez Autonómica".

El consejero Cruz dice que Alicante y Almería tienen tradición turística más prolongada que Murcia

MURCIA.-   El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto, ha destacado, tras conocer que Almería y Alicante destinan más del triple de dinero al sector turístico que la Región de Murcia, que tanto estas provincias como sus comunidades "tienen una tradición turística más prolongada y una conciencia social de lo que es el turismo y la necesidad que tienen del mismo", tras lo que ha destacado la necesidad de un cambio del modelo turístico regional.

   Ahora mismo se da la paradoja de que hay municipios como Roquetas de Mar o Benidorm que tienen más plazas hoteleras por sí solos que el conjunto de la Región de Murcia "y este es un problema que hay que subsanar de una manera urgente para poder ser atractivos para los turoperadores", y, según el consejero, la nueva Ley de Turismo puede favorecer a ello.

   A lo largo de estos últimos años, ha continuado, la reducción que ha habido en los presupuestos de turismo en ambas comunidades y provincias "ha sido muy semejante a la de Murcia" lo que pasa, ha explicado, "es que partíamos de un nivel muy inferior". Pero, a su juicio, "hay que dejarse de comparaciones y lamentaciones y trabajar lo mejor posible" con los 44,9 millones de presupuesto con los que cuenta su consejería para 2013.

   Aunque, ha apostillado, "también es verdad que como no cambiaremos el modelo turístico por mucho dinero que invirtamos en la promoción, nos vamos a encontrar siempre con un tope en la capacidad de desarrollo" y, según Cruz, el tema de las plazas hoteleras es un claro ejemplo.

   Así opina que hay que ir incorporando nuevos productos y complementar los existentes con otros, rejuvenecer los productos tradicionales como el sol y playa, pues, "en contra de la percepción general", este año "nos han visitado más turistas, el problema es que han pernoctado menos".

   Evidentemente, ha acentuado, "hay un contexto que es la crisis económica", pero "tenemos menos capacidad para retener a los turistas habida cuenta de que ya no nos basta el sol y la playa, hacen falta más complementos en el interior o más complementos de ocio; hay que ir trabajando en esa complementariedad a fin de que nuestro producto turístico sea más competitivo".

   Así, ha finalizado, "estamos trabajando en el turismo de salud, de golf, en la gastronomía, que está teniendo un enorme impulso, o en el turismo etnológico, así como en grandes proyectos como Paramount".

La justicia europea ve ilegal la norma española de desahucios

LUXEMBURGO.- La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

   El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.

   El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

   La ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

   En sus conclusiones presentadas ayer jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.

   No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.

   En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".

   "No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.

   Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".

   La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.

   El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.

Un informe del Tribunal de Cuentas, filtrado por IU, deja a Viudes a los piés de los caballos

CARTAGENA.- IU-Verdes ha iniciado una campaña en su perfil de Facebook recabando apoyos en solicitud del cese del actual máximo dirigente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, tras conocer el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el Puerto de Cartagena y observar el silencio del Ministerio de Fomento y la propia Comunidad Autónoma de Murcia.

Según IU-Verdes, "tras analizar el último informe del Tribunal de Cuentas, el Sr. Viudes derribó sin licencia la nave “Bunge”, dando carta de legalidad a su personal interpretación de que la adquisición de los terrenos para completar el perímetro del muelle de Santa Lucía conllevaba, sin tener que tramitarla, la legalmente obligada y necesaria autorización de derribo".

Para IU, "la gestión de la Autoridad Portuaria en la adjudicación de contratos es ópaca y fomenta el clientelismo, ya que en el período analizado por el Tribunal de Cuentas adjudicó, por importe de 3,9 millones de euros, 81 contratos de entre 15 y 150.000 euros por el proceso de adjudicación directa. Otros 748.000 euros fueron adjudicados por el procedimiento de negociado sin publicidad. Igualmente, hizo lo propio con otros cinco contratos de entre 150.000 y 600.000 euros que, elevándose a un importe de 1,6 millones, se adjudicaron a través del mismo procedimiento, llegando al disparate de adjudicar un contrato de 10,5 millones de euros sin que mediase procedimiento de concurrencia pública ni publicidad".

"Es decir, dice IU, interpreta la Autoridad Portuaria como un cortijo donde se fomenta el clientelismo y se opera con opacidad absoluta. Para Izquierda Unida-Verdes es incomprensible que el propio Tribunal de Cuentas, conocidos estos hechos, no haya abierto pieza separada para la petición de responsabilidades de carácter administrativo y penal".

En relación con la ampliación de la Dársena de Escombreras, el Sr. Viudes "incumplió la obligación legal de utilizar el procedimiento de contratación abierto en lo referente a la reposición del camino de la Dársena de Escombreras y al refuerzo de las escolleras de las dársenas del Puerto de Cartagena. Lo hizo de modo restringido, cuyo límite económico se establece en 600.000 euros, cantidad que fue ampliamente superada", prosigue IU.

"Es igualmente criticable el que siendo el Puerto de Cartagena un ente de carácter comercial el propio Tribunal de Cuentas señale que los ingresos de los servicios comerciales del Puerto, como grúas, suministros de aguas, recogida de residuos sólidos y concesionarias de muelles, oficinas y despachos, sean inferiores en 2,5 millones de euros al coste de su prestación", continúa.

"Hecho que llama la atención cuando el Ayuntamiento de Cartagena en la subida de tasas y precios públicos incrementa la presión fiscal a los ciudadanos para que financien el total del coste de su prestación", matiza.

"La gota que colma el vaso es que el Sr. Viudes sa salta a la torera la Ley 48/2003 que obliga a publicar en el Boletín Oficial del Estado las adjudicaciones de concesiones que realizan las administraciones públicas y entes dependientes de las mismas. El Tribunal de Cuentas señala y concreta en tres incumplimientos flagrantes la violación de dicha ley. Además, de la falta de transparencia y la opacidad de su gestión, para Izquierda Unida-Verdes resulta especialmente torpe, dado que actúa con discreccionalidad y a escondidas, pero hasta su elección caprichosa resulta risible, llegando al caso de que las empresas arbitrariamente elegidas por él llegan a renunciar voluntariamente a la adjudicación", sostiene.

"Del mismo modo, Izquierda Unida-Verdes considera que, en su particular adicción al incumplimiento de las exigencias legales, parece tener brotes misoginos, dado que el propio Tribunal de Cuentas le señala que, tanto en los órganos de gestión del Puerto como en los pliegos administrativos que regulan la relación de la Autoridad Portuaria con las empresas privadas, la igualdad efectiva de las mujeres respecto a los hombres recogida en la Ley Orgánica 3/2007 es repetidamente desoída por este dirigente político", concluye IU.