sábado, 23 de marzo de 2019

La OTAN elige la UCAM para la creación de un centro de excelencia sobre "legal resilience"


MURCIA.- Andrés Muñoz, director de la Asesoría Jurídica del Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas de la OTAN en Europa (SHAPE) visitó la Universidad Católica de Murcia, donde fue recibido por el presidente de la UCAM, José Luís Mendoza, el vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación, Pablo Blesa Aledo, y el capitán auditor Juan Carlos de la Cerra, director del Máster en Derecho Militar de la UCAM.

Además de impartir docencia en la asignatura de Estudios Europeos del Grado en Derecho y en el Máster on European Unión and Human Rights, la visita del Andrés Muñoz se enmarca en la fase preparatoria de tres acciones de gran relevancia para la UCAM: la firma de un convenio UCAM-OTAN por el que se establecerá un centro de excelencia OTAN en "legal resilence"; la visita de los alumnos del Máster de Derecho Militar al cuartel general OTAN en Mons (Bélgica) durante el mes de mayo, así como la concesión durante el curso de la visita del Premio Serge Lazareff 2018 al vicerrector Pablo Blesa Aledo.
Respecto al primer aspecto, el asesor jurídico de SHAPE declaró que "ambas instituciones coinciden en la defensa de los mismos valores, y en la importancia de fomentar la educación y formación de los futuros dirigentes europeos". 
En consecuencia, Andrés Muñoz manifestó en la visita su deseo de implantar en la UCAM un centro de excelencia sobre "legal resilience". 
Este concepto nuevo empleado por la OTAN debe de entenderse como la habilidad de un Estado y sus estructuras para detectar, prevenir y, si fuera necesario, resistir, gestionar y recuperarse de un desafío disruptivo, también desde una óptica estrictamente jurídica.
En cuanto al segundo aspecto, la estrecha vinculación de la OTAN con la UCAM se remonta a años atrás, con la incorporación del Derecho Atlántico al plan de estudios del Máster en Derecho Militar. 
Su director, el capitán Juan Carlos de la Cerra, declaró que el futuro convenio con la OTAN abre una panoplia de oportunidades a los alumnos del Máster on European Union and Human Rights, a los del Máster en Derecho Militar Español, y también a los futuros alumnos del Máster en Derecho Penal Internacional, que se impartirá a partir del próximo curso en el Campus de los Jerónimos. 
Entre los beneficios a destacar, el intercambio de alumnos y profesores, y la participación en actividades en otras instituciones internacionales.
Asímismo, el convenio facilitará las visitas que llevan a cabo los alumnos de estos másteres UCAM al cuartel general de la OTAN en Mons (Bélgica). De nuevo por tercer año, los alumnos del Máster en Derecho Militar visitarán las instalaciones OTAN durante la primera semana de mayo. 
En la OTAN, recibirán docencia sobre cuestiones tan importantes como logística, operaciones especiales, inteligencia y asesoramiento jurídico en las diferentes misiones internacionales en las que la OTAN se encuentra embarcada.
En tercer lugar, en el marco de esa visita a la OTAN, el vicerrector Pablo Blesa Aledo recibirá el premio Serge Lazareff 2018, un galardón prestigioso que ostentan en España únicamente ocho personas, y que se concede a profesionales de valía comprometidos con los valores de la Alianza.

Un total de 30 empresas de la Región participarán este año en cinco ferias internacionales de Calzado

MURCIA.- Un total de 30 empresas de la Región del sector del calzado participarán este año en cinco ferias en Riva del Garda (Italia), Tokyo (Japón), Las Vegas (Estados Unidos), Sídney (Australia) y Shanghái (China) dentro del programa de misiones y las ayudas directas a la internacionalización al sector.

Según explicó el director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, "el sector del calzado está altamente internacionalizado, las ventas al exterior superan ya más de la mitad de la totalidad de facturación de las 180 empresas de la Región de Murcia y el Plan Sectorial Calzado se centra este año en el mercados de Estado Unidos, Australia, China y Japón".
Dentro de esta línea de trabajo, una delegación de la Región de Murcia, ya ha participado en el primer evento del calendario internacional de la temporada, la feria italiana 'Expo Riva Schuh' en Riva del Garda, para la presentación de colecciones de calzado para la próxima temporada.
En concreto, participaron las empresas Pinaz Footwear; Maypol; Calzados D'Felino y Grupo Lollans, det Caravaca de la Cruz; Calzados Bonadona de Cehegín; Dinamic, Relax Footwear y Okyti, de Alhama de Murcia; y el grupo Xti, de Yecla, organizadas en torno a la asociación Calzia-Yute.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el pasado año las empresas murcianas del sector vendieron al exterior por un importe total de 103 millones de euros y a 80 países. El director del Info concluyó que "las empresas de la Región apuestan la innovación y la internacionalización sobre la base del uso de las nuevas tecnologías, el diseño y localidad para incrementar sus ventas".

"La atención de infartos en el Hospital 'Santa Lucía' sólo siete horas al día aumenta un 5% su mortalidad"

CARTAGENA.- El tratamiento de infartos a los pacientes del Área de Salud de Cartagena en el Hospital de Santa Lucía disminuye la mortalidad de estas patologías en un 5% respecto a la atención de las mismas crisis arteriales después de un traslado en ambulancia hasta el Hospital Virgen de la Arrixaca, según revela un estudio del servicio de Cardiología del centro hospitalario cartagenero al que ha tenido acceso el Partido Cantonal y disponible para cualquier lector en la página web oficial la Sociedad Española de Cardiología. 

En la actualidad, el centro hospitalario cartagenero sólo atiende ataques coronarios los días laborables de ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. A partir de ese momento y todos los fines de semana, una UCI móvil acerca al enfermo agudo a Murcia y en estos casos las posibilidades del fatal desenlace aumentan, según deja claro esta investigación.
Este trabajo ha analizado durante tres años una muestra de 459 pacientes con ataque cardiaco, de los cuales 174 recibieron tratamiento en el Santa Lucía en horario de mañana, y 285 enfermaron por la tarde, noche o madrugada y sufrieron, por lo tanto, el desplazamiento al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, ya que la unidad de Hemodinámica de Cartagena sólo permanece operativa siete horas al día en un único turno matutino. 
Los fallecimientos después de la atención in situ en la ciudad portuaria alcanza un porcentaje del 4% mientras que los cartageneros que perdieron la vida durante el viaje al principal centro hospitalario murciano o una vez ingresados en el mismo sube hasta el 9,1%. Una rebaja a la mitad de las muertes si el infartado recibe una rápida intervención en Cartagena.
La Consejería de Salud prometió hace dos años y medio un servicio de Hemodinámica durante las veinticuatro horas en el Santa Lucía. La fuerte campaña de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Salvemos el Rosell, a la que pertenece el Partido Cantonal, obligó a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma a asumir esta reivindicación como propia en 2016. 
En la actualidad, este compromiso ha quedado en agua de borrajas y los enfermos con graves dolencias cardiovasculares del área de salud 2 (que aglutina a los municipios de Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón) corren mayor peligro de perder su vida según la hora del día en el que sufren el infarto.
El candidato a alcalde y secretario general del PCAN, Celestino García Alfaro, considera que la mortalidad de los cartageneros aumente al doble en los enfermos que padecen crisis cardíacas con tratamiento en Murcia respecto a las atendidas en Cartagena es un despropósito mayúsculo. 
Detrás de ese porcentaje hay fallecidos con nombres y apellidos que podrían haber salvado su vida. "Cuando jugamos con la salud de las personas, las promesas políticas incumplidas rozan la perversión", asevera García Alfaro

"Nos obsesiona los 32 millones de euros que pagarán los cartageneros por la chapuza urbanística del PP”, dice C's

CARTAGENA.- “Le reconozco al señor Diego Ortega que Ciudadanos tiene una obsesión con el PP, no sé si ridícula o enfermiza, pero si lo suficientemente importante para que no la olvidemos tras las elecciones de mayo de 2019, y tiene que ver con su política urbanística y medioambiental en Cartagena cuando gobernaba este municipio y que ya suma, entre condenas y reclamaciones, 32 millones de euros que tendrán que pagar todos los cartageneros en los próximos años en un municipio paralizado e hipotecado gracias a otro desastre y chapuza del PP: el PGOU tumbado por el Supremo", ha señalado hoy el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín.

 Sostiene que "sobre esto, el señor Ortega no tiene nada que decir, sólo siente la necesidad de socavar mi imagen y despreciar el tremendo trabajo de mi Grupo Municipal". 
"Es evidente que a este concejal popular le motiva más hacer méritos ante su nueva jefa y proteger su sueldo público y su ‘puestesico’ que abordar asuntos más graves y serios".
Para el portavoz de Cs, que el PP califique de “fracaso” el trabajo de Cs en Cartagena desde 2015 “es de chirigota: lo dice un partido que tiene a seis de diez concejales parados desde 2015 que cobran más de 1.000 euros sólo por levantar un brazo en las votaciones de las sesiones plenarias, el mismo partido que ha retrasado en 2016, 2017 y 2018 las inversiones en barrios y diputaciones con el superávit por su fobia al acuerdo y al diálogo, que incluso se atrevió a eliminar con una enmienda la partida para pagar a nuestros bomberos; un partido que no se ha contentado con haraganear durante toda la legislatura sino que ha promovido la paralización usando sus diez concejales para impedir que salgan adelante los presupuestos". 
Para Ciudadanos, es público y notorio que el PP es un partido que practica con placer la apropiación de políticas ajenas para pasarlas como suyas, “no es algo nuevo ni se limita al ámbito municipal” y pone de ejemplo el proyecto para reactivar la ZAL de Los Camachos, la ampliación de la cuota cero de autónomo para jóvenes y desempleados, el plan de simplificación administrativa docente,  la protección de la gredas de Bolnuevo, la eliminación del impuesto de sucesiones, la reducción del tramo autonómico del IRPF, la climatización en los colegios, entre decenas y decenas de ejemplos.
“Podríamos escribir un libro con eso, buena parte de su comunicación consiste en ocultar que es un partido agotado, sin ideas, y vender como propio el empuje y la frescura de un partido como el nuestro”, afirma Padín.
Según el portavoz liberal, “lo que de verdad  le molesta al señor Ortega es que Ciudadanos haya solicitado la revisión de la legalidad y la publicación del listado de convenios que ha firmado el PP desde 1995, lo que le molesta al señor Ortega es que Ciudadanos pida en la Asamblea responsabilidades por todos los años en lo que el PP permitió a las empresas contaminar en El Hondón, en Peñarroya, o en nuestra Sierra Minera, lo que realmente le preocupa al señor Ortega es saber que Ciudadanos no entrara en ninguna coalición con el PP si antes no se produce una regeneración radical de nombres y sobre todo de políticas”.
“Estoy seguro que si el concejal del PP pudiera nos pondría una mordaza para silenciarnos, y no decir por ejemplo, que el Observatorio del Deporte (que el PSOE sigue sin poner en marcha) aprobado en el Pleno gracias a Cs es idéntico a ese ‘órgano municipal de participación’ que ahora, al parecer, se le acaba de ocurrir a la candidata popular, de manera que criticarlo es un acto (esta vez sí) ridículo”, sostiene Padín. 
Avisa que “nada ni nadie nos va a callar para recordar que “además de fusilar en Cartagena el acelerador de proyectos emprendedores, el asesoramiento personal, el plan para la convivencia y contra la ocupación, han llegado incluso a redactar y presentar mociones que ya estaban aprobadas gracias a Cs en el Pleno para que revisen y doten de seguridad los parques infantiles de Cartagena”.
A nadie debe extrañarle por tanto –continua el portavoz de Cs-  que a Ciudadanos le sorprenda y le parezca una vergüenza que una persona que quiere llegar a la alcaldía de Cartagena con una campaña que comenzó cuando era consejera y portavoz del Gobierno regional (con el sueldo y los recursos públicos correspondientes) que fue colocada a dedo por un señor al que se le amontonan los procesos judiciales por corrupción, no haya dicho una sola palabra sobre las millonarias condenas por los incumplimientos de convenios en la época del PP que desangraran nuestras arcas, y ni una palabra sobre el drama que viven miles de cartageneros por las consecuencias de la contaminación por metales pesados en Sierra Minera, o sobre por qué el PP todavía no ha declarado los terrenos de El Hondón contaminados desde que se denunció en los años 90 la situación, lo cual bloquea la reclamación de las empresas responsables.
A Manuel Padín le molesta “no tanto lo que dice Noelia Arroyo, esas burdas copias del trabajo de Cs, sino sobre todo lo que calla, lo que evita y es vital para nuestro desarrollo y nuestro progreso”. 

Los surcoreanos combaten la contaminación con grasa

SEÚL.- Cada vez que las partículas de polvo inundan el aire en Corea del Sur, aumentan las ventas de carne de cerdo. 

Esta extraña correlación en la cuarta economía más grande de Asia, donde la contaminación del aire supera a la de otros países industrializados, se deriva de una antigua creencia atribuida a los mineros del carbón, que consideraban que la grasa de cerdo contribuía a limpiar la mugre de sus gargantas.
Para el estudiante de secundaria Han Dong-jae, comer tripas de cerdo asadas en un día con altos niveles de polución es una lección vital que le enseñó su madre.
“Como más cerdo en días como hoy, cuando hay una densidad alta de polvo fino”, dice este joven de 15 años mientras come carne de una parrilla en un restaurante de barbacoa en Seúl con su madre después del colegio.
“Creo que es útil, porque la carne de cerdo tiene grasa y la grasa me alivia la garganta”.
Los científicos dicen que no hay argumentos que validen esta creencia, pero las ventas de carne de cerdo aumentaron alrededor de un 20 por ciento interanual en el periodo entre el 28 de febrero y el 5 de marzo, cuando agentes tóxicos cubrían grandes zonas del país, según mostraron los datos de los grupos de distribución E-Mart y Lotte Mart.
Corea del Sur se enfrenta a una batalla contra el aire contaminado, resultado de las emisiones en el país procedentes de centrales eléctricas y automóviles que funcionan con carbón, así como de agentes contaminantes procedentes de China y Corea del Norte.
Su calidad del aire era la peor entre los países industrializados en 2017, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Corea del Sur registra 25,1 microgramos por metro cúbico de partículas finas de menos de 2,5 micrómetros al año, algo más del doble de la cifra de la OCDE, en 12,5, pero muy por debajo del promedio mundial de 44,2.
La contaminación ha afectado a la legislación y la actividad empresarial de Corea del Sur, impulsando al mismo tiempo en la bolsa las acciones de las compañías que fabrican purificadores de aire y máscaras.
Este mes se aprobó una norma que designaba el problema como un “desastre social”, lo que podría desbloquear fondos de emergencia.
Cho Seog-yeon, profesor de ingeniería ambiental en la Universidad de Inha, pidió un estudio más detallado del daño exacto causado por los altos niveles de contaminantes concentrados, y agregó: “No sabemos ahora cuál es el daño (de la contaminación del aire)”.
La gente lucha contra la contaminación del aire usando máscaras y permaneciendo en sus hogares. Pero en un país donde el 28 por ciento de los hogares tiene una mascota, los animales del hogar también son una prioridad.
Las ventas de máscaras para mascotas se multiplicaron por cinco a principios de marzo, dijo Suh Hyuk-jin, director del fabricante de productos para mascotas Dear Dog.
Cho Eun-hye, que vive en la ciudad de Incheon, en el noroeste del país, compró una máscara para Hari, un perro de Chindo marrón de 18 meses de edad, que necesita que lo saquen a pasear dos veces al día.
“Es un inconveniente, pero creo que tenemos que seguir viviendo con esto”, dice esta oficinista de 36 años.

Madrid ya tiende a concentrar más inversión extranjera que Barcelona

MADRID.- El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmCham Spain), Jaime Malet, ha afirmado hoy que existe una "tendencia clara" de que la inversión extranjera que llega a España se concentra cada vez en más en Madrid en detrimento de Barcelona por la coyuntura política.

"La realidad es que Madrid se ha posicionado como el lugar de todos y Barcelona, por desgracia, como el lugar solamente de Cataluña", ha dicho Malet en una entrevista en el programa Converses de Cope Cataluña.
Ha considerado que este posicionamiento, a su juicio, de Barcelona, "es un error que hay que cambiar" porque esta ciudad encierra un gran atractivo para la captación de inversiones y de talento.
Para Malet, Barcelona "estaría mucho mejor proyectándose hacia el resto de España", y ha advertido sobre el peligro de la pérdida de sedes sociales en Cataluña, que cifra en unas 4.000, de las que más de tres mil estaban radicadas en la capital catalana.
"La gente que piensa que no pasa nada por la marcha de las sedes sociales se equivoca. En el mundo se pelean por tener las sedes empresariales. Esto es importante, porque a la larga tras las sedes se van los centros de decisión", ha subrayado.
Considera que, aunque es un proceso lento porque las inercias empresariales son muy fuertes "primero se van los auditores, luego los abogados, los centros de decisión, los presidentes y al final un día despiertas y las empresas ya no están en Cataluña".
Por ello, cree que la marcha de sedes sociales puede marcar una "decadencia enorme" de la economía catalana porque acarrearán la marcha de los centros de decisión, y se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de que todas estas empresas regresen.
En este sentido, ha opinado que un tercio de ellas "no volverán nunca" a Cataluña, mientras que el resto podría volver sólo si se produce un marco político de "mesura" que hoy día no ve en esta comunidad.
"En Quebec salieron 800 empresas durante un proceso independentista de diez años, mientras que en Cataluña se han marchado 4.000 en un año", ha subrayado Malet, que ha instado a "los líderes que han llevado a esta situación" a que "piensen en sus responsabilidades con la gente".

La banca española pierde en bolsa más de 42.000 millones de euros

MADRID.- Los grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter- siguen sufriendo un importante castigo bursátil y en los últimos doce meses su capitalización se ha reducido en más de 42.000 millones, lastrados por el retraso de la ansiada subida de tipos de interés por parte del BCE.

Este volumen supone una pérdida del 23,5 % del valor en bolsa de los bancos del IBEX 35, que a cierre del primer trimestre de 2018 alcanzaba los 179.459 millones de euros, frente a los 137.269 millones de este viernes.
De los cinco bancos que cotizan en el principal indicador, los más expuestos a España y con una cartera hipotecaria ligada al euríbor, Sabadell, Bankia y CaixaBank, han visto cómo su capitalización bursátil caía por encima de la media del sector.
Destaca negativamente el Sabadell, ya que su valor en bolsa ha retrocedido un 44,74 % en el último año, de 9.266 millones a cierre de marzo de 2018 a los 5.120,5 millones de este viernes, en este caso no sólo por el retraso en las subidas de los tipos de interés sino también afectado por los costes de la integración de su filial TSB.
En el mismo período Bankia ha perdido un 35,42 % de su valor en bolsa, que se ha reducido actualmente hasta los 7.250 millones, lo que complica aún más la privatización de la entidad, cuyo principal accionista sigue siendo el Estado.
En el caso de CaixaBank, su capitalización se ha reducido desde marzo del año pasado hasta este viernes un 27,63 %, lo que equivale a casi 6.400 millones de euros, hasta los 16.754 millones.
A continuación figuran las pérdidas en bolsa del Banco Santander, cuya capitalización se ha reducido en casi 18.125 millones en apenas doce meses, un retroceso del 21,21 %, a pesar de la diversificación geográfica del grupo.
BBVA, por su parte, tras un buen arranque bursátil este año, acumula una caída del 19,30 % desde marzo de 2018; y en el caso de Bankinter roza el 17 %.
Tras el descalabro sufrido por los mercados a finales de 2018 y un repunte en los primeros meses de 2019, el sector financiero se ha vuelto a ver muy castigado en bolsa, y esta vez, por las decisiones adoptadas en política monetaria por los bancos centrales.
El primer jarro de agua fría llegó el pasado 7 de febrero de manos del BCE, que tras rebajar las previsiones económicas dejó claro que no habrá subida de tipos al menos hasta finales de 2019.
La decisión del organismo que dirige Mario Draghi provocó fuertes pérdidas en el sector bancario, que esa misma sesión llegó a perder unos 5.000 millones de capitalización.
Aunque el BCE anunció nuevas inyecciones de liquidez a partir de septiembre, la banca acusó la decisión de no subir los tipos, una medida que sigue estrechando sus márgenes.
Y esta semana ha sido la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) la que ha rebajado sus estimaciones de crecimiento económico y ha adoptado una postura muy prudente respecto a su política monetaria, dando a entender que no volverá a subir tipos hasta 2020.
El sector financiero fue el gran damnificado por esta decisión, según coincidieron los analistas consultados, que recordaron que, en el caso de España, Sabadell llegó a caer más del 3 %.
A pesar del peso que tiene la banca en la bolsa española, el principal indicador nacional avanza en el año casi un 8 %, si bien hay siete compañías en negativo y cuatro son bancos: CaixaBank se deja casi el 11,5 %; Sabadell, el 9 %; Bankia, más del 8 % y Bankinter, el 1,14 %.

El Gobierno deja tirada a Alicante: ni soterramiento ni estación intermodal del AVE

ALICANTE.- No habrá soterramiento del AVE ni estación intermodal en Alicante. En contra de las afirmaciones categóricas de ministros, consellers, responsables políticos y técnicos durante al menos la última década, la mayor obra pública proyectada actualmente en la ciudad se quedará a medias y con poca solución de continuidad, al menos si tenemos en cuenta lo que se había proyectado inicialmente, revela hoy la edición alicantina de El Mundo. 

La decisión la ha materializado el Gobierno, quien este viernes aprobó en una reunión del Consejo de Ministros la resolución para desbloquear el proyecto de reparcelación y urbanización paralizado desde 2015 pero matizando los objetivos estipulados por la sociedad Avant (la constituida para ejecutar estas obras) en el año 2003.
Más concretamente, se elimina el contenido de la disposición tercera, donde Ministerio de Fomento, Renfe, Ayuntamiento y Generalitat recogían el compromiso de «sustituir la actual estación de Alicante por una estación intermodal de transporte capaz de atender el previsible crecimiento de los servicios ferroviarios». 
También se preveía la «reconversión de los accesos ferroviarios a la nueva estación mediante la construcción de un trazado» que fuese compatible tanto con la red existente como con «el soterramiento del pasillo ferroviario de acceso a la estación desde el entorno de Vía Parque». El objetivo, decía el acuerdo, era ,para la realización de la actuación urbanística».
Ahora todo ese párrafo desaparece. En su lugar el Gobierno ha incluido otro, en el apartado «actuaciones futuras», donde se incluye poco más que los proyectos de urbanización y reparcelación. No aparece ni la estación intermodal ni el soterramiento. 
Sí se añade lo siguiente: «Únicamente, en el caso de que existan excedentes económicos (...), se abordará la ejecución de aquellas actuaciones previstas en el convenio de 2003 y no ejecutadas, decidiéndose en el seno de la sociedad el orden de la prioridad en su realización» y «teniendo en cuenta los condicionantes técnicos para su ejecución y la necesidad de que se garantice en todo momento la explotación ferroviaria».
Y aquí viene la trampa. Esas obras no se van a poder ejecutar porque, tal como señala un reciente informe del Tribunal de Cuentas (febrero de 2019), no va a haber un excedente económico. De hecho, el déficit que arrastran las obras del AVE en Alicante es de 146 millones de euros. 
El organismo fiscalizador explica que, cuando se firmó el convenio de 2003, «el importe total del conjunto de las actuaciones estaba previsto que se financiase en su totalidad por las aportaciones de los socios y con los ingresos derivados de las plusvalías a obtener como consecuencia de la venta de los terrenos desafectados del uso ferroviario, por lo que inicialmente el déficit de estas actuaciones de integración era nulo».
El problema es que ese convenio no incluía el procedimiento a seguir en caso de que hubiese un déficit de financiación, algo que sucedió cuando se actualizaron las previsiones de ingresos por plusvalías urbanísticas en una reunión de Avant de 2016.
Es ese mismo documento se detalla que, a 31 de diciembre de 2016, de los 931,84 millones de euros previstos a dicha fecha para todas las actuaciones se encontraban pendientes de ejecución 718,31 millones, lo que representaba un 77,08% del total programado.
Al respecto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, compareció en rueda de prensa para explicar que la Administración local «no va a firmar este nuevo acuerdo» del Consejo de Ministros e instó al Gobierno valenciano «a que haga lo mismo». 
Barcala exigió «explicaciones» al «ministro valenciano [de Fomento] José Luis Ábalos», de «por qué en Valencia sí se financian las obras del AVE y en Alicante tenemos que pagarlas nosotros». 
En este sentido, el primer edil llamó a «la unidad» a toda la corporación municipal, y abogó por «sentarnos a negociar con el Gobierno para exigir que se haga el proyecto tal como estaba previsto», aunque eso implique que el Estado «asuma íntegramente el coste de las actuaciones». 
«No queremos ser más, pero tampoco menos» dijo Barcala.
Por su parte el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, aseguró que este acuerdo se alcanzó «en julio de 2017», con el Gobierno de Mariano Rajoy, y que es «lo que permitirá desbloquear en una primera fase el parque central». 
En el acuerdo, de hecho, se incluye que el Estado asuma la deuda de Avant, por lo que calificó al PP de «irresponsable» y le pidió que «rectifique por el bien de la ciudad».

El Supremo refuerza el blindaje legal de la tauromaquia al vetar las consultas populares sobre los toros

MADRID.- El Tribunal Supremo ha reforzado el blindaje legal de la tauromaquia levantado por el Partido Popular en 2013 cuando disfrutaba de mayoría absoluta en el Congreso. Los magistrados han prohibido realizar consultas sobre las corridas de toros, revela www.eldiario.es

En un mes ha rechazado los recursos de San Sebastián (Gipuzkoa) y Ciempozuelos (Madrid) que pedían levantar el veto a las consultas populares sobre los toros impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017. La declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural funciona como cortafuegos.
En sendos casos, el Supremo se remite al carácter de patrimonio cultural que el PP otorgó a la tauromaquia por ley. 
"La Ley no da libertad a las Administraciones Públicas para promover o no la conservación de la tauromaquia", ha dicho sobre la localidad madrileña en una sentencia de 7 de marzo. Ciempozuelos pretendía preguntar a los vecinos si querían que hubiera presupuesto municipal destinado a la tauromaquia. Y añade que hay una obligación de poner estos espectáculos en valor por ser considerados patrimonio cultural. El Ayuntamiento deberá abonar 4.000 euros de costas procesales.
En el caso de la ciudad vasca  –que quería preguntar si las instalaciones municipales debían ser destinadas a estos espectáculos–, los magistrados fallaron en febrero pasado que "no es una medida inocua en cuanto al deber de fomento del patrimonio cultural, del que la tauromaquia forma parte". 
No se quedaron ahí ya que expusieron que, si los donostiarras decidieran que no desean dedicar la infraestructura a los toros, "no existe otra instalación que permita celebrar corridas con la garantía de seguridad que ofrece el pabellón multiusos".
La ley aprobada en 2013 establece que "es competencia de la Administración General del Estado, garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles". 
Este texto se ha revelado una poderosa arma para frenar cualquier iniciativa oficial que cuestione los toros. Ante la convocatoria en 2017 de estas consultas, el Ejecutivo las prohibió. Los ayuntamientos recurrieron y el Tribunal Supremo ha contestado a inicios de 2019.
El blindaje ha servido para, por un lado, que la tauromaquia sea objeto de un proyecto específico de promoción llamado Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia (Pentauro). El plan nació "del cumplimiento del mandato al Gobierno" de esta precisa ley, según informaba el Ministerio de Cultura al presentarlo. 
La idea del Pentauro es "fomentar y garantizar el libre ejercicio de la Tauromaquia, actualizando y transmitiendo a la sociedad la trascendencia de su valores y la vigencia de su cultura".  
Contempla una amplia lista de medidas económicas, tributarias, estadísticas sobre Seguridad Social, educativas, ganaderas y arquitectónicas en las que se implicaba como responsable al Gobierno.
Además, su carácter legal de patrimonio cultural bajo el paraguas del Ejecutivo ha bastado para salir al cruce de proyectos como los referendos ahora vetados, la ley catalana que prohibía las corridas o la balear de bienestar animal que introducía condicionantes para que evitar sufrimiento y muerte de las reses. La norma de 2015 fue recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
De nuevo, la regla de 2013 funcionó. A finales de diciembre de 2018, el Tribunal Constitucional estableció que los animales deben morir para no desvirtuar el carácter cultural de la tauromaquia regulado por ley. 
Según el fallo, era "imposible reconocer las características nucleares", de las corridas de todos si se realizaban de acuerdo  la normativa aprobada por el Parlamento balear. El reglamento taurino establece que la lidia tienen que acabar con la vida del toro. Si no muere el toro, la tauromaquia no es cultura. 

Comienza la Oposición al Cuerpo de Inspectores de Educación con 73 aspirantes para 7 plazas

MURCIA.- Las pruebas de la Oposición al Cuerpo de Inspectores de Educación en la Región de Murcia han comenzado este sábado para los 73 aspirantes finales. Se han ofertado 7 plazas que completarán la plantilla de inspectores de educación tras los procedimientos selectivos convocados en 2014 y 2017 con los que se cubrieron 42 plazas de esta categoría. Esta nueva oferta tiene como objetivo dar estabilidad a la plantilla.

El procedimiento selectivo se inició el pasado jueves 21 de marzo con un acto de presentación de carácter personal y de presencia obligada, en el que los opositores acreditaron su identidad y en el que se dio lectura por parte del tribunal único a los criterios de valoración de las diferentes partes de la prueba, así como a todos aquellos aspectos necesarios para el correcto desarrollo del proceso. Tras la celebración de esta fase, de los 89 aspirantes iniciales el número de opositores quedó en 73.
Las pruebas selectivas constan de tres partes eliminatorias, además de una fase de concurso de méritos. La primera parte se corresponde con el ejercicio práctico que se ha desarrollado este sábado, y deberá ser leído por cada aspirante ante el tribunal en el momento en que sean citados para esta lectura.
Se trata de un ejercicio en el que se deben analizar uno o varios casos prácticos sobre las técnicas inherentes a la actuación de la Inspección, y en el que los aspirantes pueden consultar documentación impresa que haya sido objeto de publicación en los diferentes boletines oficiales de todo el Estado.
Una vez se publique la lista de opositores que han superado esta prueba, la segunda parte consistirá en la exposición oral ante el tribunal de un tema referido a la parte 'B' del temario de oposiciones, elegido por cada candidato de entre dos extraídos por sorteo por el tribunal. En esta parte se incluyen 35 temas, tanto de legislación nacional como autonómica.
Aquellos candidatos que superen esta segunda parte deberán realizar un ejercicio escrito que consiste en el desarrollo de un tema de la parte 'A' del temario, elegido por cada aspirante de entre dos extraídos por sorteo por el tribunal. Esta parte consta de 55 temas de legislación nacional.
Finalmente pasarán a la fase de concurso aquellos candidatos que hayan superado las tres partes de la prueba, con una puntuación ponderada de manera que la puntuación obtenida en la primera parte será valorada en un 40 por ciento del total y las otras dos partes en un 30 por ciento cada una.
En esta última fase se valorará la trayectoria profesional de los candidatos, así como sus méritos específicos como docentes, entre los que se encuentra el desempeño de cargos directivos, la pertenencia a los cuerpos de catedráticos, el ejercicio de la función inspectora y otros méritos de tipo académico o de formación. La puntuación final se obtendrá ponderando en dos tercios la fase de oposición y un tercio la fase de concurso.
La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, deseó suerte a los aspirantes antes de comenzar la prueba que tuvo lugar en el edificio Rector Sabater, en Murcia. 
Además, explicó que los aspirantes que fueron inicialmente admitidos a esta oposición, un total de 89, son funcionarios de carrera de diferentes cuerpos docentes, de la Región y de otras administraciones educativas, ya que se inscribieron 33 aspirantes de fuera del ámbito de la Comunidad (15 de Andalucía, 7 de la Comunidad Valenciana, y el resto de Melilla, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Madrid).
La titular de Educación apuntó que se espera que este procedimiento selectivo esté finalizado para el mes de junio, e informó de que los inspectores que resulten seleccionados se incorporarán a sus nuevos puestos de trabajo para el comienzo del curso 2019-2020, en el que comenzarán una fase de prácticas, que será evaluada, tras lo que serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación.

El próximo lunes 25 de marzo finaliza el plazo para asegurar la uva de vino frente a las heladas

MADRID.- Los viticultores tienen hasta el próximo lunes, 25 de marzo, para asegurar su cosecha 2019 frente al riesgo de helada con el seguro de primavera de uva de vino, excepto en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, cuyo período ya finalizó. 

La adversa climatología durante 2018 elevó la siniestralidad en uva de vino hasta los 55 millones de euros, con declaraciones de siniestro en un total de 116.000 hectáreas, de las cuales más de 67.500 resultaron afectadas por las tormentas de pedrisco, que se extendieron a lo largo de los meses de verano. 
También las heladas, ocurridas en primavera (momento en el que el estado del cultivo lo hace especialmente vulnerable), afectaron a cerca de 37.700 hectáreas. Solo ambos riesgos acumularon más del 90% del total de la superficie de viñedo siniestrada.
Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha fue la más afectada, con alrededor de 57.400 hectáreas siniestradas. Por detrás, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana, que registraron, cada una, declaraciones de siniestro en alrededor de 14.000 hectáreas.
Este contexto de incertidumbre que se plantea pone de manifiesto la importancia de contar con un seguro agrario y los agricultores están cada vez más concienciados de la necesidad de incluirlo como un coste fijo más de su explotación. 
En concreto, a fecha 15 de marzo se ha asegurado un 7,3% más de producción de uva de vino para la cosecha 2019 que en el mismo período de 2018.

Involución británica contra el Brexit / José Javaloyes *

Mientras al redactar esta nota cientos de miles de británicos afluían, a la manifestación de este sábado en Londres para  pedir otra votación popular sobre el Brexit, en demanda de otra consulta que lleve a  la derogación de la primera  final de una“larga pesadilla”.

La última prueba demoscópica arroja la salida estimación de que serían cuatro millones los británicos que votarían contra el anterior veredicto: el que se pronunció por la escisión del Reino Unido de la Unión Europea.

La tan enérgica inflexión demoscópica parecería estar traduciendo en sentido inverso el calvario político que han supuesto para la ‘Premier’ sus últimas visitas al otro lado del Canal. 

Por la misma regla de tres, tal cosa cabría entenderla como el Waterloo de los enemigos británicos de la causa de la Unidad Europea. 

Aunque también de todos de cuantos en el seno de naciones creadoras de la vieja Europa se empeñan en descoyuntarlas, ebrios de burricie mental y onanismos sin tasa, al compás de chistus y tenoras.


(*) Periodista y abogado


Se está jugando con fuego / Carlos Elordi *

"Son trucos electorales, del tipo de los que hizo Steve Bannon para Trump". "No hay que darles pábulo, eso es lo que ellos quieren". Además de la sorpresa y la indignación, esas son las reacciones que están provocando las barbaridades que salen de la boca de las gentes de Vox. 

Sí, no hay que exagerar, ese tipo de cosas suelen pasar en las campañas electorales. Pero si el sentido de lo que dicen las huestes de Santiago Abascal empieza a coincidir con los mensajes del PP, cabe preocuparse un poco o bastante más. Y eso es lo que está ocurriendo.

Porque Cayetana Álvarez de Toledo ha afirmado que el procés es un golpe de estado más grave que el 23-F y eso, aparte de ser una mentira flagrante, también conlleva la clara pretensión de reducir la importancia de la intentona de Tejero, Milans y otros muchos más, un baldón que pesa sobre la derecha española. 

Y porque hace unos días, Pablo Casado reverdeció la teoría de la conspiración en torno a los atentados de Atocha y prometió que cuando sea presidente del gobierno reabrirá otra vez el asunto. Como si eso no fuera un desacato a la justicia, que sentenció en firme sobre la cuestión. Y solo para borrar el error garrafal que entonces cometió Aznar.

Y porque en la campaña de las elecciones andaluzas el hoy líder del PP avanzó ideas sobre la inmigración que no distan mucho de las Vox. Es cierto que no ha vuelto a sacar el tema, pero lo dicho dicho está y puede volver a decirse de nuevo. Lo mismo que sus críticas, incoherentes y confusas pero críticas a la postre, a las leyes contra la violencia de género y de protección de los derechos de la mujer.

Hace nueve meses, en el Congreso que le dio la presidencia, Casado empezó a entonar un nuevo discurso para el PP. Escorado fuertemente a la derecha respecto del de su inmediato pasado. El éxito electoral de Vox obtuvo en las andaluzas acentuó ese sentido. 

Que no sólo no ha dejado de acentuarse, sino que no cabe esperar que lo haga de aquí al 28 de abril. Porque lo prioritario para el PP es evitar que el partido de Abascal obtenga el 12 o 14 % que le pronostican algunas encuestas. Y eso solo puede hacerse combatiendo en su mismo terreno, el de la derecha más radical.

Hay que preguntarse si todo eso nos puede conducir a un terreno peligroso. Hay que ir más allá de las explicaciones tranquilizadoras, de aquí, al final, no va a pasar nada. Porque ya está pasando algo tan inquietante como el que esté en marcha una revisión de nuestro pasado democrático, empezando por el 23-F y el 11-M y terminando por el rechazo del franquismo que se creía que había permeado, poco a poco, en la mayoría de la sociedad, que no en la derecha. 

Pero que ahora empieza a ponerse en cuestión, no sólo por las gentes de VOX, sino también en la calle, en donde cada día se oyen cosas que hasta hace muy poco habrían parecido aberrantes, incluso en boca de niños que repiten lo de que Franco no era tan malo o incluso que era bueno que oyen en sus casas.

Vox pelea por afirmarse contra el PP. Ha puesto en ello todo lo que tiene. Tertulianos y activistas de esas cadenas televisivas recónditas como Intereconomía o Libertad Digital, en donde llevan años repitiendo sus mensajes homófobos y machistas que ahora escandalizan. O colocando en sus listas a generales que en cuanto dejaron sus cargos, no pocos en gobiernos socialistas, se lanzaron a proclamar su adhesión a Franco.

Eso no debería preocupar demasiado. Porque esa realidad existe en la sociedad española y no ha dejado de hacerlo desde 1975. Lo que habría que saber es cuantos militares en ejercicio, en todos los niveles de esa profesión, comparten esas ideas. 

Y también cuantos policías, sobre todo a la vista de la solidaridad que algunos miembros de ese cuerpo han mostrado con González Pacheco, Billy el Niño, cuando se han empezado a poner en cuestión los privilegios de los que este goza. 

En otro orden de cosas, no deja de ser inquietante que en prácticamente todas las "manadas" de violadores detenidas en los últimos tiempos aparezcan uno o más miembros de las fuerzas armadas o de seguridad.

No porque haya riesgo de un golpe de Estado como el de 1981. No. Sino porque el PP, junto con Ciudadanos y Vox puede ganar las elecciones y gobernar. En un país que se está degradando institucionalmente a marchas forzadas, en el que cada vez hay menos fuerza institucional para defender y aplicar los principios. Y en el que la crisis catalana puede ser el argumento que justifique un giro autoritario que si se produce sería difícilmente reversible a corto plazo.

La derecha social, la de la gente de la calle, sintoniza cada vez más con la idea de que lo hace falta es mano dura y dejarse de contemplaciones. Ahí es donde se ha producido el cambio de verdad. 

No es que Vox se haya adelantado en la percepción de ese fenómeno que tiene mucho que ver con la crisis catalana, pero también con un nuevo y más fuerte rechazo a la izquierda y sus mensajes de siempre. El partido de Abascal ha tenido la suerte de estar en el sitio justo en el momento adecuado. Lo extraordinario es que siga siendo el rey de la fiesta.


(*) Periodista



Desobediencia pacífica / Ramón Cotarelo *

Estos eran los que venían con soluciones políticas para no "judicializar" el conflicto. Y procesan a los independentistas hasta por los lazos. 

Los visitantes de las redes, singularmente tuiter, encuentran de vez en cuando intervenciones apasionadas, tuits de los que ahora llaman "hiperventilados", verdaderos Bravehearts de la liberación catalana. Gentes indignadas que exigen a los políticos indepes que planten cara al Estado de una vez, que desobedezcan, que se rebelen y que, si no tienen agallas para hacerlo, se echen a un lado y dejen paso a quienes sí lo harán. 
 
No ha lugar ya a más arrastrar los pies, buscar excusas y componendas con una legalidad española que solo busca aniquilar Catalunya. A base de aceptar las imposiciones españolas acabaremos aceptando la vuelta a la autonomía y quién sabe si algo peor.

La fe en la existencia de un "pool" de políticos/as independentistas dispuestas a la ruptura final es eso, fe, porque es el futuro. Vayamos a lo de ahora. Torra ha desobedecido lo suficiente para poner en  marcha una nueva represión del Estado disfrazada de justicia.  
 
La fiscalía se querella por desobediencia y pueden caerle dos años de inhabilitación. Eso si la cosa no se complica, interviene Llarena y acaban pidiéndole 15 años por rebelión porque se alzó con intención tumultuaria a un balcón. Sí, es una broma; o debiera, pues con estos legionarios hispánicos nunca se sabe.

¿Qué más cabe pedir a Torra? ¿Qué más a los presos/as políticas? ¿Qué a Puigdemont? El juego consiste no en desobedecer la ley sin más, sino en demostrar que la ley asfixia los derechos de los catalanes y no queda otra que desobedecer. 
 
Quizá no sea tan llamativo como lo primero, pero es desobedecer y abre nueva vía represiva que, lógicamente, se trata de minimizar. No queremos mártires; queremos luchadores por la independencia de Catalunya que estén operativos el mayor tiempo posible.

No ha mucho lugar a la hiperventilación, sobre todo si se quiere ser justo con lo que la gente da y hace por la causa común. Torra ya dijo hace un tiempo que estaba dispuesto a ir a la cárcel por la libertad de Catalunya. Y lleva camino de probarlo. 
 
Palinuro, no obstante, osa sugerirle que, sin abandonar ese sendero, considere tomar otra salida en forma de exilio. Es un gran conocedor de Suiza, probablemente el país que ha tenido más exiliados y refugiados en su  historia de toda Europa, en relación a su extensión y habitantes. 

Mientras tanto, parece persona perfectamente capaz de tratar la situación en la que la ANC presiona para acortar tiempos e insiste en la unilateralidad, DUI y publicación en el DOG. Es razonable pedir a esta organización social que tenga preparado el personal para llevar a cabo la empresa ya que desatará otra oleada de represión del Estado. 
 
No puede recaer todo sobre las espaldas del Govern. La revolución catalana no solo es trasversal, sino también participativa. Y conviene asimismo que pulse el parecer de las distintas fuerzas independentistas por si hubiera sorpresas. Veo a ERC reticente en la vía de la desobediencia y no acabo de ver a la CUP. 

Este será el momento del pool y que quienes están dispuestos/as a seguir cumpliendo el mandato del 1-O tomen el mando y continúen. Lo importante es esa continuidad que fortalece el movimiento y revela el entramado policiaco y carcelario español que, junto a un poder judicial politizado a extremos caricaturescos, es lo opuesto a un Estado de derecho. 

Otra cosa es si el Estado hace bien o no con la política represiva. Asunto de poca monta, excepto, si acaso para considerar con nostalgia cómo viejos socialistas de memorias izquierdistas son hoy firmes partidarios de esta monarquía, fieles continuadores del posfranquismo y enemigos jurados de los derechos fundamentales de los catalanes. 
 
En relación a Catalunya el Estado siempre lo hace todo mal. Si reprime, intensificará el movimiento indepe. Si no reprime, también.

La única salida, la única desde el principio, es un referéndum de autodeterminación en Catalunya bajo supervisión internacional.  
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

¡Fuera políticos! / José Antich *

Hubo un tiempo en que la política era una profesión, incluso con un cierto reconocimiento a los que se dedicaban a ella. Errores propios y ajenos, crisis económicas y avance de los populismos de derechas e izquierdas hicieron que esa percepción se pasara casi al lado contrario: es un mérito no haberse dedicado a la política para estar en la cosa pública. 

No hay un sistema perfecto, sin duda, pero la confección de las candidaturas electorales de aquí y de allá está buscando y rebuscando en todas las áreas menos en la de los propios partidos que, lejos de ser una cantera de futuros políticos, acaban siendo básicamente un problema. 

En los últimos días, hasta cuatro personas diferentes me han comentado que han sido tentados y tentadas para incorporarse a candidaturas diferentes del arco parlamentario y todos ellos y ellas por más de una formación política. Alguno, incluso, acabará sumándose a alguna lista y su decisión acabará dependiendo de la mejor oferta que reciba. Así de sencillo.

Serán, en este aspecto las elecciones españolas, municipales y europeas toda una caja de sorpresas, ya que nadie se resiste a los fichajes. En Catalunya, el último especialmente sonado ha sido el de Cayetana Álvarez de Toledo, tertuliana conocida y polémica que ha acabado de número uno del PP por Barcelona. 

Pablo Casado cree que es una buena cabeza de cartel aunque de Catalunya sabe, básicamente, que hay independentistas, a los que quiere combatir, y que se habla catalán, algo que le da bastante igual ya que ella habla castellano y ya tiene bastante. 

¿Y su expediente político? Fue diputada en la IX (entre 2008 y 2011) y en la X legislatura (de 2011 a 2015). Su actividad parlamentaria fue escasa, sobre todo en la segunda de sus legislaturas, en la que no consta que realizara ninguna pregunta oral, ninguna solicitud de comparecencia, ninguna petición de informes y ninguna solicitud de comisión, subcomisión o ponencia. Eso sí: 9 preguntas escritas. Todo, para competir con Inés Arrimadas.

Ciudadanos, para solventar su falta de talento ha recorrido, por ejemplo, a Marcos de Quinto para hacer tándem con Albert Rivera en Madrid. ¿Quien es Marcos de Quinto? En su currículum aparece que fue vicepresidente de Coca-Cola hasta septiembre de 2018, cuando trasladó su residencia a Portugal, donde, casualmente, pagaba menos impuestos que en España. 

Una de sus sociedades presenta un balance más que dudoso: captó subvenciones en 2016 y 2017 por un importe que triplica la cifra de negocio. El primer impacto positivo logrado ha acabado siendo un problema imprevisto. Los fichajes tienen en ocasiones eso: deslumbran durante unas horas y los problemas duran bastante tiempo más.

Y completa este mercado primaveral quien más ha fichado, Vox, que era quien menos equipo tenía. Vox pesca en todos los caladeros de la derecha extrema pero llama la atención el número de militares de alta graduación en la reserva o en algún caso en excedencia que ya han sido anunciados. 

 Tres generales de Tierra, Mar y Aire encabezando las listas de Cádiz, Castellón y Alicante; otro general de división del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, número uno por Pontevedra, un coronel de Infantería por Melilla e incluso un legionario del que aún no se ha facilitado su identidad. Si Vox obtiene una representación parlamentaria importante nunca habrá habido tantos militares en el Congreso desde el final de las Cortes franquistas.

Por cierto, Ciudadanos, que no quiere ser menos que Vox, también ha anunciado el fichaje de un comandante de artillería en la reserva en una de sus candidaturas. Más que un nuevo aire parece otra cosa. Con permiso de la Junta Electoral Central.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia