CARTAGENA.- Los tres grupos de la oposición en la Asamblea Regional -PSRM,
Podemos y C's- cargaron este lunes contra el Partido Popular al hilo de
la denuncia de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia sobre la
desaladora de Escombreras. Así, el portavoz y vicesecretario general del
PSRM-PSOE, Francisco Lucas, aseguró que el escrito del Ministerio
Público confirma lo que los socialistas llevan denunciando desde que se
inició esta investigación.
«Detrás del agua para todos se escondía otro caso de corrupción. Esto demuestra que el PP ha hecho negocio con el agua,
que no le importan las necesidades hídricas de la Región de Murcia, y
que su única intención es beneficiarse económicamente de este bien
escaso, y lo que es más grave, a costa del bolsillo de los murcianos y
murcianas», señaló.
«No quieren firmar el Pacto Regional del Agua,
que ya está más que listo, porque así podrán seguir con sus trapicheos,
haciendo política con el agua y sacando rédito a costa de empobrecer a
la ciudadanía de la Región de Murcia», añadió.
En su opinión, «el Gobierno de López Miras es cómplice de esta trama,
ya que ha permanecido impasible y, no solo no ha colaborado con la
justicia para aclarar los hechos, sino que, además, ha defendido lo
indefendible en el mayor escándalo de corrupción de las últimas
décadas».
«Y ahora, con sus cambios en el Gobierno, vuelve a los
tiempos de Valcárcel, que es el mayor responsable de toda esta trama que
nos está costando a los murcianos y murcianas más de 600 millones de
euros», comentó.
Lucas recordó que «la desaladora de Escombreras fue el proyecto estrella de Valcárcel y del modelo de crecimiento del PP, basado en la especulación con el suelo y la construcción».
«Este
es uno más de los innumerables casos de corrupción que el PP ha traído a
la Región de Murcia, lo que ha supuesto también el desprestigio de sus
instituciones», concluyó.
En la misma línea, desde Podemos Región de Murcia consideraron que Escombreras fue un «regalo de 600 millones de dinero público de Valcárcel a una constructora amiga». Óscar Urralburu,
portavoz parlamentario y secretario general de formación morada en la
Región, aseguró que el Partido Popular hizo con la desaladora de
Escombreras «lo que mejor se le da: regalar dinero de todos los
murcianos y murcianas a sus amiguetes, con el añadido, de que engañaron a toda la Región en general y a los agricultores
en particular, al decir que era para solucionar los problemas del
campo».
«Una mentira tras otra por la que esperemos que paguen sus
responsables», apostillaron.
Urralburu aseguró que nos encontramos
otra vez con «la vergüenza de Escombreras en la Fiscalía».
«Se
demuestra que el Partido Popular ha dejado campar a sus anchas a la
prevaricación, al cohecho, a las mordidas, a los sobres, a las cestas, a
la apropiación indebida o al tráfico de influencias, unos términos que
ya nos suenan habituales cuando hablamos del Partido Popular en esta
Región», señaló en sus acusaciones.
Subrayó, asimismo, que «la
desaladora no se construyó ni para los agricultores ni para el consumo
humano, se hizo para justificar los desarrollos urbanísticos del
pelotazo y para saquear las arcas públicas. Ahora se ha convertido en
uno de nuestros puntos negros».
«Fueron Valcárcel y Cerdá
quienes diseñaron el entramado de Escombreras y esperamos que la
Justicia actúe contra los que han regalado dinero de todos y todas a
empresarios amigos», insistió. Es indignante, concluyó Urralburu, «que
el PP entregase como aval a la propia Comunidad Autónoma y que esto haya supuesto que las empresas privadas nunca tuvieran ningún riesgo en el negocio, sólo beneficios; es escándalo de clientelismo y despilfarro de dinero público».
Por su parte, Ciudadanos advirtió este lunes al presidente López Miras
de que el caso de la desaladora de Escombreras «puede acabar con un
nuevo imputado sentado en el Consejo de Gobierno». Así lo manifestó el
portavoz regional, Miguel Sánchez, que consideró que la
investigación de la Fiscalía confirma lo ya avisado a través de la
Comisión de Investigación que tuvo lugar el pasado mes de marzo.
«Nos preocupa especialmente el hecho de que nuestro hoy consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, fuera miembro del Consejo de Gobierno,
como consejero de Presidencia y portavoz, en el momento en el que
tuvieron lugar dichas 'maniobras concienzudamente pensadas entre todos
los intervinientes», señaló Sánchez.
«Ya advertimos del ruinoso
negocio de la desaladora, y en las conclusiones de la comisión de
investigación quedó claro que se sorteó la legalidad vigente y se apunta
a una clara responsabilidad de Valcárcel y Cerdá, que ahora vemos que
podría extenderse todavía más y acabar manchando al actual Gobierno
regional», añadió el portavoz naranja.
Sánchez consideró que el quebranto económico «es comparable a los ERE de Andalucía,
ya que estamos hablando de 600 millones de euros. La desaladora de
Escombreras supuso para las arcas públicas tener que pagar más de 600
millones de euros por comprar a plazos una instalación que costó 111
millones, a lo que se suman obligaciones de pago por su mantenimiento
que nos hipotecan casi de por vida».
Sánchez también mostró su
preocupación por el hecho de que el presidente López Miras «haya visto
echado por tierra su supuesto intento de desvincularse del pasado y de una gestión del PP que oscila entre pésima y directamente bajo sospecha de corrupción.
De un plumazo, la Fiscalía acaba de invalidar todo ese postureo de
regeneración al señalar a uno de los máximos responsables del Gobierno
que aprobó la supuesta trama de la desaladora de Escombreras».
«Nadie da nada a cambio de nada. Nos preocupa que esto solo sea la punta del iceberg y que la corrupción llegara a niveles más profundos y a instancias más altas que las que por ahora están ya imputadas en este asunto», finalizó el portavoz regional de Ciudadanos.
