Segado asegura que el PP "no tiene pactado con nadie" una modificación de la Ley del Mar Menor

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha asegurado que "no habrá ninguna modificación en la ley del Mar Menor que suponga rebajar su protección". El diputado del PP ha apuntado, respecto al acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Vox, que no harán ningún cambio en la ley del Mar Menor "que no sea aumentar su protección".

Segado ha confirmado que están ultimando los detalles del pacto y que en las próximas horas harán público el acuerdo programático. 

En ese sentido, respecto a las negociaciones, ha afirmado que "siempre" se han sentido apoyados por la dirección nacional del PP, que les han dado "la autonomía necesaria para poder negociar", ha dicho añadiendo que "si esta decisión redunda en un beneficio para el PP a nivel nacional, bienvenido sea, pero aquí pesan los intereses de la Región y de sus ciudadanos".

Asimismo, ha recalcado que el PP y López Miras "han hecho un ejercicio de responsabilidad muy importante para intentar llegar al mejor acuerdo posible en la Región". 

Para ello, ha recordado que en julio fue la primera sesión de investidura "fallida" y que una vez no se produjo esta, se abrió un escenario de "bloqueo en el que solo había dos alternativas, o alcanzar un pacto antes del fin de plazo, o ir a una convocatoria electoral. 

Dado que el plazo finalizaba, se optó por alcanzar el mejor acuerdo posible y es lo que hemos hecho", ha apuntado.

En este nuevo contacto con la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez. el Partido Popular ha vuelto a proponer la candidatura de Fernando López para presidir la Región de Murcia, en la que "esta vez confío que sí sea posible la investidura". 

Antelo lo desmiente

El presidente de Vox en la Región de Murcia y hasta hoy portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José Ángel Antelo, ha asegurado que su partido y el PP están "de acuerdo" en que la ley del Mar Menor se cambiará para conseguir una mayor protección.

 Según ha dicho, tras reunirse en una nueva ronda de consultas de cara la investidura con la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, "es una obsesión compartida con López Miras. Vamos a trabajar en ese camino, especialmente en los saneamientos, que es algo deficitario. Vamos a dar pasos adelante para proteger el Mar Menor", ha añadido.

Además de eso, Antelo ha confirmado que dejará su escaño en el Parlamento autonómico una vez sea nombrado vicepresidente regional, y ha asegurado que con Vox el nuevo Ejecutivo será “fuerte y estable”. 

En este sentido, ha recordado que, con el apoyo de Vox, la investidura del candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, “tendrá el voto favorable de más del 60% del voto” emitido en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

Antelo, quien ha comentado que el acuerdo programático se está “ultimando” y se hará público “en breve”, ha hecho estas declaraciones tras reunirse este lunes con la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación García, dentro de la ronda de contactos para un nuevo debate de investidura de López Miras, en un encuentro que ha transcurrido en “tono muy cordial”.´

Antelo ha anunciado que, una vez deje su escaño, la portavocía del grupo parlamentario recaerá en el actual portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez, quien se está encargando de cerrar el acuerdo programático con el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado.

En cuanto a quienes integrarán por parte de Vox los distintos escalafones del Gobierno regional, incluyendo al titular de la consejería de Fomento e Infraestructuras, Antelo ha reconocido que los nombres “ya están pensados”, pero la decisión “todavía no está tomada”. Será después de la toma de posesión de López Miras cuando se cierre el organigrama del nuevo Ejecutivo.

No obstante, Antelo ha recalcado que, una vez se constituya el Gobierno, “no habrá consejerías de Vox y consejerías del PP”. 

“Será un único gobierno, con una acción coordinada, y centrado en resolver los problemas”, entre los que ha mencionado que la Región de Murcia es la comunidad “peor financiada de España y por ello las cuentas están en una situación muy delicada”.

Vélez habla de lastre

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha asegurado que el gobierno del PP y Vox en la Región "va a ser un lastre". 

El socialista ha advertido de que López Miras "nos ha mentido y ha intentado tomar el pelo a los ciudadanos", ya que, tal y como ha recordado "aseguró que no metería a Vox en el gobierno de la Región y que no gobernaría en coalición con Vox. Esto demuestra que López Miras no tiene palabra y no es de fiar".

Vélez ha añadido que con el acuerdo alcanzado en la Región entre PP y Vox "se acabó el teatrillo. Teníamos la seguridad de que López Miras se arrodillaría ante Vox".

A su juicio, la Región "ha perdido más de tres meses por un paripé irresponsable de López Miras para atender a los intereses de Feijóo. Estaba López Miras más interesado en lo que pudiese ocurrir a nivel nacional que lo que pasara en la Región de Murcia".

El número de desempleados aumenta en 33 personas en agosto en la Región de Murcia, un 0,04%

MURCIA.- El número personas en situación de desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de agosto ha ascendido en 33 personas en relación con el mes anterior (0,04%).

El total de parados y paradas se ha situado en 84.379. En términos interanuales, el paro registrado se ha reducido en 7.665 personas, lo que supone una reducción del 8,33% con respecto a su valor hace un año.

Del total de parados en agosto en la Región de Murcia, 235 fueron extranjeros, situando la cifra total en casi diez mil personas. En términos interanuales el paro registrado se ha reducido en la población extranjera en 1.715 personas.

Por sexos, del total de parados y paradas registrados, 32.033 fueron hombres y 52.346 mujeres. Los menores de 25 años fueron 7.499.

Por sectores económicos con respecto a julio, el paro registrado desciende en el sector de Agricultura en 109 personas y entre el colectivo Sin Empleo Anterior en 352.

Crece en Servicios con 160 personas en desempleo más, en Construcción con 201 parados y paradas más y en Industria 133.

También por sectores, del total de parados general, la agricultura supone 4.803 desempleados, 8.471 en la industria, 6.590 en la construcción, 55.725 en servicios, y 8.790 son personas sin empleo anterior.

El número total de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de 40.012. Supone una bajada de 3.602 (-8,26%) sobre el mismo mes del año 2022.

De ellos, 21.332 contratos de trabajo son de carácter indefinido y 18.680 son contratos temporales. 

En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante agosto se situó en 9.887 personas, de forma que bajó un 2,32 por ciento respecto a julio (235 desempleados menos).

En relación con el año anterior, el paro entre los extranjeros descendió en 1.715 personas (-14,78 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 7.950 son extracomunitarios y 1.937 pertenecen a países de la Unión Europea.

El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia es Servicios con 4.979, seguido del Colectivo Sin empleo anterior, con 2.349; Agricultura, con 1.441; Construcción, con 570, e Industria, con 548 personas.

El número total de contratos en la Región de Murcia descendió en julio en relación al mes anterior en 18.153 (un -31,21 por ciento), situándose en 40.012 contratos totales. A nivel interanual, la contratación en la Región disminuyó en 3.602, lo que representa una bajada del 8,26 por ciento. 

Datos de afiliación a la Seguridad Social

La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en agosto en 636.041 personas, lo que supone en términos absolutos un descenso de 12.469 con respecto al mes anterior (-1,92 por ciento), según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este lunes.

En términos medios, la afiliación creció en la Región en 10.091 personas en los últimos doce meses (+1,61 por ciento).

Del total de personas afiliadas en la Región de Murcia, 533.154 pertenecen al Régimen General, 101.680 al Régimen de Autónomos, 1.207 a Trabajadores del Mar y ninguno a Minería y Carbón.

En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 74.302 trabajadores; el régimen de Empleados de Hogar, con 9.953; y el general, con 448.899.

El campo español se une para protestar ante los ministros de la UE por los "continuos ataques" al sector

 

MADRID.- Los agricultores y ganaderos españoles no se resignan a su situación actual, marcada por los bajos precios, la subida de insumos, la competencia "desleal" de terceros países y las medidas medioambientales impuestas por Bruselas -"imposibles de cumplir", en su opinión- con el beneplácito del Gobierno de España. 

El sector se moviliza este martes en Córdoba en "unidad de acción", es decir, por encima de sensibilidades o tendencias ideológicas. Las tres grandes organizaciones agrarias -Asaja, UPA y COAG- y Cooperativas Agroalimentarias van de la mano y protestarán aprovechando la reunión de ministros de Agricultura de la UE con motivo de la Presidencia de turno española. Entre los presentes, el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski.

"Protestaremos por los continuos ataques que recibe el sector", denuncian fuentes del sector consultadas. El hartazgo no es nuevo y pretende recoger el testigo de la histórica manifestación que colapsó Madrid en marzo de 2022 debido a que "el diagnóstico desde entonces no es que siga siendo el mismo, es que es mucho peor" y las soluciones aportadas, "ninguna", lamentan.

Los problemas a los que se enfrentan las producciones agrarias españolas son múltiples. "Están tratando de cambiar las reglas de toda la vida, no sólo ya sin contar con los profesionales del campo, que son los que saben de esto, sino que ni tan siquiera nos dan tiempo para ello y, lo que es más grave, no nos ofrecen recursos para afrontarlo", esgrime Pedro Barato, presidente de Asaja. 

Las quejas miran a Bruselas, pero también al Gobierno de España, que ha apoyado, cuando no jaleado, los cambios introducidos y ya aprobados para el nuevo periodo de la PAC (las ayudas europeas), en vigor desde este mismo año.

Las exigencias medioambientales establecidas como requisitos indispensables para recibir los fondos -a través de estrategias como De la granja a la mesa o la Ley de Restauración de la Naturaleza- están en el punto de mira. 

"Es un cambio de modelo, de una forma de trabajar que hemos demostrado durante años que ha sido eficaz, que nos ha puesto en la vanguardia mundial, pero resulta que ahora nos dicen ya no vale lo que hacíamos de generación en generación, cambian las reglas del juego de un día para otro y nos la imponen desde grandes despachos burocráticos", apunta este dirigente agrario. 

"No estamos en contra de las medidas para potenciar la sostenibilidad porque somos los primeros interesados", añade Barato. "Además, nos hemos dedicado a cuidar desde siempre el campo, pero de una forma coherente y con unos plazos razonables y siempre que se asegure primero la rentabilidad". 

En caso contrario, barrunta, las explotaciones agrarias van a sufrir "un problema muy serio a corto plazo y se va a poner en riesgo el sistema alimentario porque van a provocar la caída de miles de productores".

En España, el sector se muestra convencido de que les ha perjudicado mucho en la anterior legislatura el peso que tenían ministerios como el de Transición Ecológica o el de Consumo, por encima del de Agricultura, que quedó en segundo plano y con un responsable, Luis Planas, con menos fuerza política y con poca influencia para frenar leyes que, consideran los agricultores, se diseñaban en contra de la España rural y agraria y desde el más absoluto de los "desconocimientos". 

"Esa adaptación verde requiere de mucho dinero. No es que no la queramos hacer, pero con tiempo, en un plazo más amplio, y con unas inversiones que no supongan que se lleven por delante a muchos de los agricultores y ganaderos por decisiones de burócratas sentados en sus despachos que no tienen ni idea del campo", sentencia Barato. 

Todos piden "una hoja de ruta realista" y medidas de apoyo mucho más ambiciosas para que los agricultores profesionales puedan acometer la transición "de manera justa, equilibrada y rentable".

Los cambios impuestos llegan además en un ciclo productivo marcado por el encarecimiento de los costes de producción (un 35% se ha elevado el precio de los insumos sólo desde el año pasado), por la sequía continuada (que lleva, por ejemplo, a que dos campañas seguidas como la del aceite sólo produzcan la mitad de lo habitual y se disparen los precios) o la creciente "competencia desleal" de terceros países, que no tienen "las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad a las que están obligados los países europeos o, simplemente, nos utilizan como moneda de cambio por conflictos comerciales de otros sectores que no tienen nada que ver con nosotros", se queja Miguel Padilla, secretario general de COAG. 

Sandías, melones o tomates procedentes de Marruecos o arroz y miel de países asiáticos son algunos de los ejemplos más significativos: "Consideramos fundamental intensificar los controles en frontera para garantizar la entrada de alimentos bajo las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad", esgrime.

"Es un tema general, afecta a todos los sectores, no es que uno esté mejor que otros. Y se une la entrada en vigor de la aplicación de la PAC, impuesta desde Europa por encima de los gobiernos, que está produciendo además muchas incidencias que nuestros técnicos intentan resolver, pero está siendo muy complicado", reconoce Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. 

"Es una situación muy dura y además esas medidas que nos obligan están siendo muy difíciles de aplicar porque no se trata ya de dinero o de presupuestos, que hay el que hay, sino de un problema común para el sur de Europa y especialmente para España", apunta. 

En parecida línea se expresa Cristóbal Cano, secretario general de UPA en Andalucía: "Reclamamos un trato igualitario, que haya reciprocidad, lo que se llamamos cláusulas espejo, es decir, que los productos que lleguen a Europa tengan las mismas exigencias y los mismos controles de sostenibilidad que los nuestros".

Este análisis también conlleva un aviso de posible desabastecimiento del sistema alimentario. 

"Como se comprobó en la pandemia, se trata de un asunto de máxima prioridad", por lo que instan a "proteger de manera indispensable el tejido productivo de las explotaciones para que puedan cumplir los agricultores y ganaderos con su función básica de proporcionar alimentos sanos y seguros a la sociedad a precios razonables", dentro de un modelo "profesionalizado". Padilla pide reforzar "nuestra soberanía alimentaria que proteja al sector ante las presiones de lobbies que tienen otro tipo de intereses", denuncia.

Se restablece la circulación en la línea ferroviaria del Corredor Mediterráneo interrumpida por la DANA

MADRID.- La circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y en el Corredor Mediterráneo se ha restablecido durante la madrugada de este lunes tras las suspensión del tráfico que sufrieron ambas rutas durante la jornada del domingo debido a la depresión aislada en niveles altos (DANA) que está afectando a la zona central de la Península, según ha informado Renfe.

Los técnicos de ADIF han restablecido la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía en torno a las 01.30 horas de la noche, aunque con limitaciones de velocidad entre La Sagra y Yeles (Toledo). El tramo había quedado interrumpido por la acumulación de agua que afectaba a distintos operadores que circulan en la línea.

Los trenes que se encontraban en el trayecto durante la suspensión han podido continuar hasta el destino, aunque un tren permanece detenido en Mora (Toledo). Asimismo, a la espera de conocer las previsiones de Adif, los primeros trenes, tanto los servicios con Andalucía como los Avant de Toledo y Ciudad Real no saldrán de origen.

En cuanto al Corredor Mediterráneo, Renfe ha informado de que el trabajo de los técnicos de Adif ha permitido restablecer la circulación por una vía entre L'Aldea y Ulldecona (Tarragona), si bien la normalización del servicio será paulatina, por lo que algunos trenes pueden sufrir "demoras significativas".

Renfe ha anunciado a los viajeros que podrán anular o cambiar su billete sin gastos si consideran no realizar su desplazamiento. Esta medida de la empresa ferroviaria ya se adoptó ayer domingo en los diferentes servicios afectados por el temporal.

La Diputación de Alicante recurre el auto del Supremo que niega la suspensión cautelar del recorte en el Tajo-Segura

ALICANTE.- La Diputación de Alicante ha presentado este lunes el recurso de reposición contra el auto del Tribunal Supremo (TS) que el pasado julio rechazó la suspensión cautelar del incremento del caudal ecológico del Tajo, solicitada por la institución provincial por los "perjuicios económicos, sociales y medioambientales que esta decisión del Gobierno central está teniendo sobre los intereses de la provincia".

En el escrito interpuesto por los Servicios Jurídicos provinciales ante la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo que dictó el auto, argumentan que esta decisión judicial "vulnera la labor ponderadora que debe realizar el tribunal para dilucidar la adopción de medidas cautelares", según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

En este sentido, ha añadido que la solicitud de medidas cautelares respondía a una "razón de indudable urgencia y no causaba un daño correlativo en la cuenca cedente".

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, (PP), ha admitido que son "conscientes de que es muy difícil que este recurso prospere", pero ha precisado que desde la Diputación de Alicante van a "agotar todas las vías posibles".

"No vamos a escatimar ningún esfuerzo para defender los intereses de la provincia de Alicante que, entre otras cosas, pasan por el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura que es vital para esta tierra y para su futuro", ha defendido.

Para la Diputación de Alicante, según se recoge en el recurso, el auto impugnado se apoya en una serie de razonamientos que se consideran "contrarios a derecho y que vulneran la propia jurisprudencia del Supremo".

En concreto, ha señalado que la suspensión cautelar solicitada "no condiciona la eficacia de la norma en el sector que se aplica, puesto que solo afecta a la inmediata entrada en vigor del incremento de caudales ecológicos de 6 a 7 m3/s".

"La medida cautelar en modo alguno afecta ni condiciona al resto de regulaciones de las distintas demarcaciones geográficas contenidas en el Real Decreto y tampoco impide la fijación de caudales ecológicos, sino que simplemente discute que se haya determinado en un caudal, a nuestro juicio, a todas luces excesivo, injustificado y que provoca perjuicios notables en la cuenca receptora", recoge el escrito de apelación.

Igualmente, argumenta que ha quedado "acreditado mediante numerosos informes técnicos que no hay una justificación mínimamente solvente que avale la cantidad fijada para el incremento del caudal ecológico, mientras que el daño para la cuenca receptora resultaba palmario y de gran alcance".

Al respecto, los citados informes apuntan que la elevación de 1m/s del caudal ecológico del Tajo se traduce en 28 hm3/año de merma en destino, provocando" pérdidas de más de 2.400 empleos y de más de 84 millones de euros".

Finalmente, en esa línea, el recurso de reposición incide en que estos "perjuicios", dado su diversa y amplia proyección socioeconómica y medioambiental, "no son fácilmente reparables". De este modo, considera que la no adopción de la suspensión cautelar "dificulta de manera notable la efectividad del fallo".

"Todo ello en tanto en cuanto las medidas reparadoras o compensadoras previstas en el Real Decreto, amén de su incierta aplicación, se dilatarían en el tiempo por la propia tramitación administrativa, haciéndolas ineficaces", ha expresado Pérez.

Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha criticado la posición "totalmente arbitraria y sesgada que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado a lo largo de estos últimos años en relación con el trasvase Tajo-Segura, condenando a muerte una infraestructura que garantiza la supervivencia de miles de familias alicantinas".

Una monarquía muy poco democrática / Joaquín Urías *

Alberto Núñez Feijóo va a intentar formar gobierno. No porque le corresponda constitucionalmente, sino porque así lo ha querido el rey.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, nos ha hecho saber que el rey, por su cuenta y riesgo, y sin su previo consentimiento, ha decidido imponernos a todos los españoles lo que más le conviene a los partidos de derecha. 

De hecho, la presidenta del Congreso, que es quien debería haber tomado esa decisión, ha dicho que desconocía las razones y que esperásemos a que el monarca publicara un comunicado. 

Al parecer ha refrendado la decisión política del rey sin saber siquiera sus motivos. La autoridad democrática más alta emanada de las últimas elecciones en este momento ha demostrado ser buena vasalla.

El comunicado de la Casa Real, publicado un buen rato después, es un ejercicio cutre de palabrería vacía propia de un trilero. Dice la Casa del Rey que hay una costumbre de encargar formar gobierno al partido más votado… aunque alguna vez ha habido excepciones. Por tanto, no es una costumbre obligatoria. De hecho, puede convertirse en una costumbre claramente inconstitucional porque si alguien que no es el más votado reúne apoyos suficientes desde el primer día sería flagrantemente inconstitucional que no intentara inmediatamente su investidura. 

El rey lo sabe y el comunicado borda el ridículo cuando dice que a día de hoy no se dan las condiciones para saltarse esa supuesta costumbre. Luego la razón real no es la costumbre, sino que, al no haber una mayoría clara de apoyo a otro candidato, él quiere echarle una mano a Feijóo. Y tan pancho. Que para eso sigue siendo el rey.

La Constitución no establece un plazo para encargar a alguien que intente la investidura. Tras la ronda de consultas, se podía esperar a que alguien reuniera una mayoría de apoyos o a que se demostrara como imposible para encargarle a nadie que intentara formar gobierno. Eso habría sido lo más razonable constitucionalmente. 

Pero parece que al rey, no a la presidenta del Congreso, sino al rey, no le apetecía. Algún partido político le había recordado estos días al propio monarca la conveniencia de no encargar gobierno a nadie hasta que se sepa quien puede reunir apoyos suficientes. Pero Felipe VI ha decidido que prefiere hacer política. Y como siempre, a favor de la derecha. Y sin presentarse a las elecciones.

Durante la elaboración de la Constitución, el rey Juan Carlos presionó en público y en privado para tener poderes ejecutivos. Los razonables constituyentes de 1978 no se los dieron. Dibujaron un Jefe de Estado con un papel exclusivamente representativo. Un símbolo que formalmente no tiene casi ni capacidad jurídica. Los actos del rey, todos menos los privados, carecen de validez sin el refrendo de un representante democrático. 

Lo dice literalmente la Constitución. Pero también dice que la responsable política del encargo de formar gobierno es la presidenta de las Cortes, de donde se deduce que sólo ella puede tomar esa decisión cuando no sea puramente formal.

Pero lo que diga la Constitución al parecer da igual. Durante el reinado de Juan Carlos se respetó la letra de la norma suprema y el monarca utilizó su influencia de manera informal. Desde que Felipe accedió al poder, tras la abdicación de su corrupto padre, que utilizó la Corona para enriquecerse ilícitamente, ha hecho todo lo posible por recuperar poder ejecutivo. 

Por la vía de los hechos, porque el texto constitucional no ha cambiado. En esa tarea lo apoya gran parte de los poderes fácticos y algunos teóricos, que estos días han llegado a escribir que el refrendo de sus actos es obligatorio. 

El encargo de gobierno a Feijóo no es constitucionalmente razonable. No parece dirigido a formar gobierno, que es el fin de la investidura del artículo 99 de la Constitución. Parece que el rey lo ha decidido para reforzar el liderazgo del líder popular o para acercar la convocatoria de nuevas elecciones reduciendo el tiempo de negociación del que dispone Sánchez. 

Ninguna de esas finalidades le corresponden. Porque él no es político. Alguien debería hacerle un tatuaje a Felipe de Borbón que le recordara cada día “tú no eres político, porque no te presentas a las elecciones”. En su defecto, los partidos deberían exigirle que vuelva a su papel o se vaya. Para siempre.

No va a pasar. Ni siquiera Sumar va a pedir la abdicación del rey Felipe VI. Las fuerzas “progresistas” se van a tragar esta nueva humillación del monarca. No se van a atrever, no ya a pedir la república, sino ni siquiera a criticar el borbonazo. Y se equivocan. Por algo, quien más apoya al rey para que asuma funciones ejecutivas es la ultraderecha. Vox sueña con un rey tan poderoso como quería Franco. Y el PSOE y Sumar le hacen el juego a la derecha tragándose sin rechistar los excesos reales.

Eso es así porque el rey representa la constitución material del país tal y como era en 1978, y se encarga de que lo siga siendo a día de hoy. La constitución material de un país son las fuerzas que fácticamente tienen poder en la sociedad: grandes empresarios, ejército, jerarquía católica, altos jueces… aquellos que manden en la sombra. 

Cada vez que Felipe de Borbón interviene en política y –dada su evidente falta de respaldo popular– invierte las reglas de la democracia, lo hace para beneficiar a los mismos: a esas fuerzas vivas que controlan España desde la puerta de atrás. 

Ya antes, este monarca ha mostrado en público su apoyo a corruptos y su desprecio por las clases populares. Entre otras cosas, en 2017 insultó gravemente a los votantes independentistas. Más tarde llamó al presidente del CGPJ, en mitad de un acto, para atacar directamente al Gobierno progresista. Ahora le hace el juego a la derecha, a pesar de que no tiene apoyos parlamentarios suficientes.

La monarquía es compatible con la democracia. Muchas de las democracias más avanzadas del mundo son monarquías. Pero eso solo es posible con dos condiciones: que el rey represente a toda la nación, ayudando a su unidad; y que no tome decisiones políticas, reservadas a los representantes democráticos. 

La primera era un reto difícil para una institución que más que con la historia legendaria se conecta con un dictador fascista que se saltó el orden dinástico y decidió quién debía reinar a su muerte. Las tomas de posición ideológica y los gestos del rey que lo han alejado de la España más progresista han terminado de dañar su imagen como representante de todos. 

La acción política de Felipe VI en momentos como el actual está terminando por hacer incompatible su reinado con un sistema democrático. Es posible una democracia con rey, pero no lo parece con este rey, que una vez más se ha salido de su papel constitucional. ¿Hasta cuándo vamos a permitirle abusar de nuestra democracia?

 

 (*) Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Ex letrado del Tribunal Constitucional y activista por los Derechos Humanos

 

https://ctxt.es/es/20230801/Firmas/43850/rey-felipe-vi-feijoo-sanchez-monarquia.htm