Se van de vacaciones con el país sumido en una crisis múltiple de muy
feos frentes, económico, territorial, de gobierno e internacional. Es
una prueba más de la irresponsabilidad de este gobierno cuya valoración
ciudadana, según los barómetros del CIS debe de ser la más baja (en
conjunto y uno a uno los ministros) de la historia de España o, al
menos, desde que se hacen esas mediciones de la opinión pública. Si
tuvieran un mínimo de sentido común -de ese del que Rajoy presumía hasta
el hartazgo- estarían en sus despachos, preparándose para la que se
viene encima en todos esos frentes.
La opinión general, tanto dentro como fuera del país, es que el asunto
más acuciante, la supuesta corrupción del gobierno y del partido, en
especial del presidente de ambos, lejos de haberse zanjado, está más
viva que nunca. Que ha quedado
todo abierto, según editorializaba ayer
El País.
Incluso peor que abierto. La lamentable comparecencia de Rajoy en el
Congreso no ha servido para nada a los efectos de recuperar imagen en la
opinión. Un 72 por ciento de los ciudadanos
no le cree.
Y hace bien. No es creíble. Ha acumulado tantas mentiras en su vida de
político profesional, habiéndolo reconocido él expresamente cuando
declaró no haber cumplido su palabra "pero sí con su deber", que resulta
absurdo pedir ahora confianza.
La comparecencia sí sirvió, en cambio, para empeorar las cosas desde el
punto de vista del gobierno y su partido porque Rajoy reconoció
expresamente que tanto él como muchos otros dirigentes del PP cobraron
sobresueldos durante años, en algunos casos, más de veinte. Los llama de
otros modos y sostiene que son legales. Eso está por ver. Y, en todo
caso, el reconocimiento público, ya innegable, da un giro a toda la
historia del caso Bárcenas puesto que ahora es el caso Rajoy y el caso financiación ilegal del PP.
Para mayor zozobra, incluso el caso Bárcenas está lejos de haberse
acabado. Raúl del Pozo anuncia que el extesorero tiene "mucha munición"
en esta guerra y que
el bombazo está en las grabaciones de Bárcenas.
O sea, esperen que arrecia la tormenta. Para cuando el PSOE presente su
moción de censura, Rajoy puede estar de nuevo emplazado a explicar en
el Parlamento cosas quizá peores que los famosos SMSs de confortación
espiritual a Bárcenas.
Pero, aunque la tormenta no arreciara por ese lado, el reconocimiento
oficial de los sobresueldos tiene carga suficiente para dinamitar el
gobierno. Porque Rajoy reconoció haber cobrado y autorizado el cobro a
los demás de esas ingentes cantidades de dinero pero no dijo nada de
haber indagado sobre su procedencia. Resulta, sin embargo, que esta, a
tenor de los papeles de Bárcenas, es presuntamente ilegal. Y eso no
tiene remedio, con independencia de que haya o no un delito específico,
que, de haberlo, haya o no prescrito, etc. Eso de repartirse los fondos
procedentes de supuestos cobros ilegales no es de recibo, se declaren o
no a la Hacienda Pública.
Hay dos cuestiones particularmente indignantes en esta presunta práctica
de la financiación ilegal del PP hace ya veinte años. De un lado, queda
en evidencia la mentira, la falacia repetida por Rajoy y algún otro de
que ellos "no están en política por el dinero", pues tienen una
profesión en la que, añaden con una pizca de desprecio, ganarían más. Es
posible, pero lo que la realidad muestra es que, tanto en el caso de
Rajoy como en el de otros muchos perceptores de sobresueldos, tendrán
una profesión pero no parecen haberla ejercido nunca ya que llevan más
de veinte años en política, toda su vida activa y, por lo tanto, son
políticos profesionales. Y no estarán por la pasta, pero se han
llevado sobresueldos de cine y han vivido a cuerpo de rey sumando a sus
sueldos públicos por una u otra razón (a veces diputados, a veces
senadores, ministros, etc) los cuantiosos sobresueldos barcénigos con
una interpretación laxa de la Ley de Incompatibilidades.
Ser militante del PP, especialmente en las alturas, es un chollo, una
carrera en sí misma. Es vivir de la política, en concreto del partido y
de los ciudadanos -que son los últimos paganos de esta feria de
gorrones- y vivir opíparamente, a todo pagado, incluidos viajes,
cumpleaños, estancias en hoteles de lujo y comilonas. Significa asimismo
mangonear en las administraciones públicas y enchufar a parientes,
deudos, amigos y simpatizantes a veces en cantidades industriales, como
se demuestra en los casos de las Diputaciones de Castellón y Ourense.
Sin dejar de lado la posibilidad de intervenir en alguno de esos
negocios de construcciones faraónicas e inútiles, en los que se pilla
pastuqui a lo grande en aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches,
AVEs sin viajeros, que han convertido nuestro país en una variante
universal del efecto Potemkim.
La segunda cuestión es la de la financiación ilegal de las campañas. Al
margen de la consideración jurídica del hecho, está claro que esa
costumbre -parte de la trama corrupta- es contraria al espíritu mismo de
la democracia, que requiere juego limpio en la confrontación electoral.
Ganar las elecciones con trampas invalida sus resultados y destruye las
bases mismas del sistema democrático. La posición de ventaja indebida
sobre los demás partidos es indignante. Y tanto más cuanto Rajoy insiste
una y otra vez en que su mayor compromiso es con el mandato por cuatro años
que le dio una mayoría de españoles. Mandato obtenido con trampas y
que, además, se traicionó al minuto siguiente de haber ganado las
elecciones.
Llevar al país a un conflicto diplomático, o más que diplomático, con el
Reino Unido por Gibraltar es lo peor que pueden hacer estos
gobernantes; lo que les faltaba para que ya los reputen
de neofranquistas quienes hasta ahora se resistían a hacerlo.
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED
