El MC siente «vergüenza ajena» por la negativa de Barreiro a declarar ante el juez de 'Novo Carthago'

CARTAGENA.- Movimiento Ciudadano (MC), tras las negativa de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, a declarar de motu propio ante el juez Abadía como imputada en el caso Novo Carthago, manifestó sentir «vergüenza ajena». La formación considera que Barreiro se escuda en su aforamiento por ser diputada nacional para defenderse de una actuación en el ámbito municipal.

También expresó, en un comunicado, que el temor de la edil de enfrentarse a la justicia es «inversamente proporcional a su intención de asumir responsabilidades y a su decencia».

Por ello, le exigió que «se defienda como cualquier otro ciudadano, como cualquier cartagenero, no desde su particular atalaya y a cañonazos contra el juez y contra la justicia».

«Consideramos que ya es momento de dimitir, de dejar paso y de arreglar cuentas con la justicia, sin que Cartagena siga padeciendo esta imagen y sus decisiones», agregó la formación.
Se especula en medios políticos locales que el juez podría declarar en rebeldía a Barreiro y ordenar a la fuerza pública que la conduzca a su presencia pese a estar aforada, lo que sentaría todo un precedente ante la que se avecina en los juzgados con toda esta laya de imputados de la casta regional.

El juez rechaza el recurso de Barreiro

El juez instructor del caso Novo Carthago, cuyas diligencias se instruyen en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia, ha rechazado el recurso presentado por los representantes legales de la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional del PP, Pilar Barreiro, contra los autos dictados por el propio magistrado en los que señalaba a la regidora como una de las responsables de la modificación normativa que permitió recalificar un paraje protegido para permitir la actuación urbanística.
En una providencia dictada el pasado 10 de septiembre, el juez Manuel Abadía desestima el recurso de Barreiro por considerar que se ha presentado fuera de plazo, pues estima que «es preceptiva la presentación del recurso dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto recurrido», fechado en junio de 2014.
Sí admite el juez las alegaciones presentadas por Barreiro contra los autos judiciales. Además, el juez indica en la providencia que «se tiene por hecha la manifestación de la señora Pilar Barreiro de que no acudirá a declarar a este Tribunal Superior de Justicia, con lo que igualmente se da por cumplido el trámite».
Fuentes del despacho que ejerce la representación legal de la alcaldesa ha anunciado que recurrirá la decisión del juez, ya que la providencia no es firme.

IU-V y PSOE piden a Barreiro que declare o dimita

CARTAGENA.- El PSOE de Cartagena instó hoy a la alcaldesa de la ciudad, Pilar Barreiro, a que «colabore» con la Justicia declarando en el caso de corrupción urbanística Novo Carthago o deje su cargo, tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) desestimó el recurso que presentó la edil. 

Por su parte, el grupo municipal IU-V pidió a Barreiro que no dilate más el proceso judicial y declaró que «si su pretensión es continuar con una línea de defensa jurídica torticera, lo que debería hacer sería dimitir como alcaldesa de Cartagena». 

Para el portavoz del partido, Cayetano Jaime Moltó, con su recurso la edil trataba de descalificar y acusar de «falta de imparcialidad al instructor de la causa» en lugar de «rebatir jurídicamente los delitos que se le imputan».

La alcaldesa pidió la nulidad del auto sobre el caso Novo Carthago en el que el juez veía indicios para su imputación, pero el magistrado rechazó el recurso porque se presentó fuera de plazo.

La portavoz municipal socialista, Ana Belén Castejón, se preguntó «qué tiene que esconder Barreiro para desafiar a la justicia negándose a declarar», y lamentó que se «resista y no dé la cara, yendo de estratagema en estratagema» para tratar de «ganar tiempo y burlar a la justicia».

Por eso, IU exigió a Barreiro que «si no tiene sustancia jurídica sobre la que fundamentar su defensa, no dilate innecesariamente el proceso con nuevos recursos», que solo conseguirán retrasar la investigación «innecesariamente».

Para el PSOE, los cartageneros «tienen derecho a conocer toda la verdad sobre este asunto», por lo que exigió «transparencia».

 «Barreiro, como máxima representante de todos los cartageneros, está obligada a dar cuenta de su gestión y del uso que hace de los recursos públicos. Por eso, no se entiende su terquedad y su negativa de colaborar con la justicia, prefiriendo mantenerse bajo sospecha», insistió Castejón.

En ese sentido, Castejón le pidió a la edil que «recapacite y si no tiene nada que esconder ni que temer, aclare todo este asunto lo antes posible», ya que en caso contrario, «lo mejor que puede hacer es marcharse y dejar de poner en entredicho a Cartagena y a sus vecinos».

"La alcaldesa presenta el recurso fuera de plazo para ganar tiempo", según Socialistas por Cartagena

CARTAGENA.- "La alcaldesa de Cartagena puede ser criticada por muchas cosas, pero tonta no es. Una persona con la experiencia política que acumula sólo presenta un recurso fuera de plazo, cuando se sabe culpable y sólo pretende ganar tiempo para llegar viva políticamente al próximo proceso electoral de Mayo de 2.015", dice el partido Socialistas por Cartagena (SPCT) en un comunicado.

La decisión de desistimar el recurso de Pilar Barreiro por el juez del caso Novo-Carthago, por presentarse fuera de plazo, constituye un episodio más del lamentable y bochornoso espéctaculo que está dando la señora Pilar Barreiro alargando adrede un proceso, sin importarle en absoluto el descrédito que supone para la ciudad a la que representa.

Desde SPCT le exigimos a Pilar Barreiro su dimisión inmediata, puesto que con esta desestimación, tendrá que ser juzgada en el Tribunal Supremo, amparándose en su condición de diputada por un presunto delito cometido en el ejercicio de su cargo de alcaldesa de Cartagena.

Educación adjudica 817 vacantes de docentes de Secundaria para el inicio del curso

MURCIA.- La Consejería de Educación, Cultura y Universidades ha adjudicado 817 vacantes de docentes de Secundaria que se incorporan este lunes a los institutos de toda la Región para el inicio del curso 2014-2015. 

En esta ocasión, la Consejería de Educación ha adelantado la incorporación de estos profesores interinos para las vacantes tras la organización de los grupos en los centros públicos de Secundaria después de los exámenes de septiembre, las bajas médicas que han sido remitidas en los últimos días y las necesidades nuevas que se han detectado en los institutos.

El director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Enrique Ujaldón, ha explicado que "al igual que hemos realizado con las vacantes surgidas a última hora en Primaria para el inicio del curso, lo hemos hecho en Secundaria , adelantando la adjudicación para que este mismo lunes estén en las clases los docentes interinos".

En concreto, son 200 vacantes más a las que han surgido y se han cubierto con respecto al curso pasado. De las 817, 327 son completas y 490 parciales. En este proceso de adjudicación de vacantes, se ha convocado a 1.900 adjudicatarios. El mayor número de vacantes son en las especialidades de Lengua, Biología, Francés e Inglés.

La Consejería de Educación, Cultura y Universidades también realizará la próxima semana un nuevo proceso de adjudicación de vacantes para cubrir las nuevas bajas médicas y las nuevas necesidades que surjan en los Institutos públicos de la Región.

El juez del caso Novo Carthago desestima el recurso de prejuicialidad presentado por Alvarado

MURCIA.- El juez instructor del caso Novo Carthago, Manuel Abadía, ha desestimado el recurso de "suspensión del procedimiento por prejuicialidad" que había presentado el que fuera director general de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma, Antonio Alvarado, según han informado fuentes del TSJ en un comunicado de prensa.

Al respecto, Abadía ha desestimado las peticiones contenidas en el escrito presentado por Alvarado al considerar impertinente la petición de prueba referidas a otros casos porque ello no concierne a lo que se investiga y trata este proceso e innecesarias porque no se refiere al caso Novo Carthago.

En cuanto a la prejuicialidad, Abadía, en la providencia, establece que "en este concreto proceso penal por el señor Alvarado no existe en modo alguno, porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal es clarísima al respecto", ya que "por regla general, la competencia de los Tribunales encargados de la justicia penal se extiende a resolver, para el solo efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos".
Por otra parte, el abogado Diego de Ramón ha presentado una querella ante el juez Manuel Abadía para que la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, explique sus acusaciones indirectas, por presunta corrupción, contra el ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.

Luz verde a las nuevas normas reguladoras del Trasvase Tajo-Segura

MADRID.- El Gobierno aprobó este viernes el Real Decreto por el que se aprueban normas reguladoras del trasvase de agua a través del acueducto Tajo-Segura, que garantiza las necesidades de la cuenca cedente y, una vez cubiertas, regula el agua que se trasvasa, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

A propuesta de este departamento, el Real Decreto que consta de cinco artículos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, atiende los requerimientos de la Ley de Evaluación Ambiental.

La Ley introdujo una serie de modificaciones en la regulación del trasvase para preservar siempre la preferencia de la cuenca cedente y respetar las determinaciones de la planificación hidrológica.

Según una nota de prensa del Ministerio, la nueva regulación elimina la inseguridad y precariedad que existía con el texto anterior y ofrece criterios objetivos y transparentes sobre la forma de operación del trasvase.

En concreto, la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Evaluación Ambiental establece las reglas de explotación del trasvase, manteniendo sustancialmente los conceptos inspiradores de las pautas aprobadas en 1997 por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, pero «modificando su naturaleza jurídica para dotarlas de una mayor seguridad».

Así, prevé que, manteniendo su estructura, las magnitudes básicas del trasvase puedan ser revisadas por Real Decreto, a propuesta del Ministerio competente y oída la Comisión de Explotación del acueducto.

El objetivo de la modificación, según la misma fuente, es dar una mayor estabilidad interanual a los envíos, minimizando la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales, sin modificar en ningún caso el máximo anual de agua trasvasable ni afectar en nada a los suministros prioritarios y garantizados en la cuenca del Tajo.

Asimismo, fija que, previo informe de la Dirección General del Agua, se definan los valores mensuales de los consumos de referencia de aguas trasvasadas por usos y zonas de riego en la demarcación de destino y sus porcentajes admisibles de desviación máxima ocasional.

Así como los valores mensuales de desembalses de referencia en la demarcación de origen, sus porcentajes admisibles de desviación máxima ocasional y otras circunstancias.

El pacto alcanzado en octubre de 2013 entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las cinco Comunidades Autónomas de las cuencas del Tajo y del Segura (Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia ) permitió culminar la planificación hidrológica de España con el máximo consenso y aporta estabilidad al acueducto Tajo-Segura.

Además, es necesario una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, por debajo de la cual no se autorizan trasvases. Estos 400 hectómetros cúbicos se alcanzarán en los próximos años, a razón de 32 hectómetros cúbicos por año desde la situación actual (240 Hm3).

La norma fue informada favorablemente por el Consejo Nacional del Agua el 26 de marzo de 2014 y por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura el 24 de junio de 2014.

Fomento destina 68 millones para la entrada del AVE a Murcia sin soterrar

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Fomento a licitar por 68 millones de euros a través de Adif Alta Velocidad la primera fase de las obras del tramo de accesos a Murcia capital, que incluyen la supresión del paso a nivel del barrio de Santiago el Mayor, informa el Gobierno en una nota.

El plazo de ejecución será de siete meses, durante los que se instalará además doble vía para ancho ibérico y UIC y se remodelará y renovará la estación de Murcia del Carmen.

Se adecuará la plataforma existente y se implantará el tercer carril en el tramo de doble vía de acceso a Murcia, desde la variante de El Reguerón hasta la estación.

Se "permeabilizará" el trazado con un tramo de "plataforma bajo losa" en el entorno del paso a nivel de Santiago el Mayor, que se eliminará al quedar sobre el trazado ferroviario y al nivel actual, lo que facilitará la conexión urbana, según las mismas fuentes.

Se ampliarán los actuales andenes y se construirá uno nuevo.

También se harán más grandes la estación y el aparcamiento y se remodelará la plaza de acceso a ellos, todo ello con la cofinanciación de los fondos europeos de desarrollo regional.

Por otro lado, también se ha autorizado la licitación de los contratos de montaje de vía en el tramo Monforte del Cid (Alicante)-Murcia por casi 70 millones de euros.

Estos trabajos, que se desarrollarán a lo largo de 67,7 kilómetros entre las provincias de Alicante y Murcia, se dividen en dos contratos: Monforte del Cid-túnel de Callosa (33,5 kilómetros y 22,5 millones, a los que hay que añadir otros 21,4 que se estima que valen los suministros necesarios para la ejecución de las obras) y desde ese punto hasta Murcia.

Este segundo tramo se licitará para 34,2 kilómetros por 15,2 millones, más unos 10,6 para suministros.

La Región de Murcia ahorrará 138 millones con las nuevas condiciones del FLA

MURCIA.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma se ha adherido hoy al acuerdo adoptado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos el pasado 31 de julio, que supondrá un ahorro por el Fondo de Liquidez autonómica (FLA) en amortizaciones por importe de 67,09 millones de euros.

Asimismo, permitirá un ahorro por intereses, desde el 1 de octubre, de 71 millones, de los que 14,2 se estiman en 2014 y 56,8 en 2015.

Estos ahorros, según la referencia del Consejo de Gobierno, se producen como consecuencia de la reducción al uno por ciento de las operaciones de crédito formalizadas con cargo al FLA en 2012, 2013 y 2014, fijados anteriormente en el 5,18 por ciento, 3,91 por ciento y 2,41 por ciento, respectivamente.

Asimismo, el aplazamiento por liquidaciones negativas supondrá un ahorro anual en la devolución de las mismas de 41,79 millones de euros, a partir de 2015, con el consiguiente ahorro en intereses, estimado actualmente en un importe anual de 0,36 millones de euros.

La Región de Murcia puede conocer la deflación de seguir así el IPC

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de la Región de Murcia ha aumentado una décima en agosto respecto al mes anterior, mientras que su tasa interanual bajó un 0,9 por ciento, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, los precios descendieron un 1,5 por ciento en la Región, mientras que la inflación interanual murciana cayó hasta un 0,9 por ciento.

Por grupos, los más inflacionistas fueron Ocio y cultura (1,2 por ciento), Vivienda (0,7 por ciento), Hoteles, cafés y restaurantes (0,6 por ciento), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,2 por ciento) y Alimentos y bebidas no alcohólicas y Medicina (ambos con un 0,1 por ciento).

Por contra, la congelación de precios en Comunicaciones, Enseñanza y Otros y el descenso experimentado en Vestido y calzado (0,9 por ciento), Transporte (0,4 por ciento) y Menaje (0,3 por ciento) evitaron una caída mayor de la cesta de la compra murciana en agosto.

La Región de Murcia tendrá que reducir el déficit al 1% este año

MADRID.- El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al acuerdo del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por el que las comunidades se comprometieron a reducir su déficit al 1% este año, 0,7% en 2015 y al 0,3% en 2016.

   Asimismo, se acordó alcanzar el equilibrio presupuestario en 2017, un ejercicio en el que sólo la Administración Central seguirá registrando saldo negativo en sus cuentas (1,1%).

   El año pasado, el Gobierno fijó un objetivo común de déficit para las comunidades, pero luego acordó metas asimétricas para región, teniendo en cuenta los saldos y la evolución de cada comunidad.

   Sin embargo, para este año y los siguientes, el Ejecutivo ha decidido que todas las comunidades se ajusten al mismo objetivo en función de su PIB regional.
La Región de Murcia cerró el segundo trimestre del año con una deuda de 6.367 millones de euros, lo que representa el 24,1 por ciento de su PIB, cuando la media de las autonomías fue del 22,3.

El Consejo de Ministros ha dado también el visto bueno a las medidas aprobadas para facilitar la liquidez de comunidades autónomas y entidades locales a través de la ampliación del periodo de liquidez de devoluciones de liquidaciones negativas y la rebaja del tipo de interés del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Estas medidas se enmarcan en una disposición adicional y dos disposiciones finales incluidas en un decreto ley de suplementos de crédito y créditos extraordinarios a cuatro ministerios aprobado por el Gobierno este viernes.
Respecto a la ampliación del plazo de reintegro de liquidaciones negativas, las entidades locales que se estén beneficiando de esta medida para los años 2008 y 2009 podrán ampliar en 120 mensualidades dicho período.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ampliará el período de devoluciones a las entidades locales con problemas financieros, que se concederá a aquellas que, además de haber presentado la liquidación de los presupuestos de 2013, cumplan el objetivo de 2013 y prevean cumplir en 2014 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública establecido, y cuyo período medio de pago no supere en más de treinta días el plazo máximo.
El Gobierno explica que esta medida tiene por objeto facilitar a las entidades locales mayor disponibilidad de recursos, disminuyendo los reintegros correspondientes a las liquidaciones de 2008 y 2009, cuyo importe total a reintegrar por los municipios se eleva a 3.509 millones de euros para este año.
Aumentar el período de devolución afectaría a 2.924 entidades locales, que ya tienen ampliado el período de reintegro a diez años desde 2012. Esta segunda ampliación, a veinte años, sólo se aplicaría si la solicitan, para lo que tienen de plazo hasta el 30 de noviembre.
Por otro lado, las comunidades de régimen común a las que se esté aplicando la ampliación del período de devoluciones negativas de los años 2008 y 2009 podrán solicitar hasta el 31 de octubre de 2014 la ampliación del aplazamiento del mecanismo financiero extrapresupuestario, con el objetivo de extender a 2014 mensualidades iguales, a computar a partir de enero de 2015 (240 mensualidades a computar desde 2012), el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro a la citada fecha de las liquidaciones del sistema de financiación, así como de los anticipos concedidos en virtud de dicho mecanismo.
Cada comunidad autónoma de régimen común podrá solicitar antes del 31 de octubre de este año la ampliación del plazo. El impacto en la mejora de liquidez de las comunidades es de 1.362 millones de euros anualmente. En el caso de las entidades locales, esa mejora en 2015 se elevaría a 458 millones de euros.
Además, el Gobierno ha modificado un apartado legal para hacer posible la rebaja del tipo de interés del Fondo de Liquidez Autonómico al 1 por ciento dada la "especial situación financiera y presupuestaria de algunas comunidades", que "ha hecho necesario que se plantee una reestructuración de las operaciones de crédito formalizadas con cargo a dicho mecanismo para reducir el tipo de interés aplicable a las mismas".
El ahorro en intereses para estas comunidades se elevaría a 2.047 millones de euros en 2014 y 2015. Ello se suma al año de carencia adicional aprobado, que aporta una liquidez adicional por 2.080 millones de euros en 2015.
Una vez realizada esta modificación normativa, podrán incorporarlo a sus planes de ajuste Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, obligadas a presentarlos tras incumplir con los objetivos de déficit el pasado ejercicio.