El Consejo Regional de la Profesión Médica apoyará cuantas medidas decidan los médicos murcianos

MURCIA.- El Consejo Regional de la Profesión Médica ha instado a las organizaciones que lo integran a emprender "todas aquellas acciones informativas" para mostrar su malestar por los recortes salariales y de jornada laboral aprobados por el Gobierno regional y lograr una negociación con la que modificar estas medidas. Así, apoyará "cuantas medidas decidan los médicos tras las mismas".

   Igualmente, el Consejo ha solicitado una cita con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, para expresarle su "malestar y la preocupación por la posible disminución de la calidad y seguridad asistencial" como consecuencia de la implantación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

   El Consejo de la Profesión Médica, compuesto por el Colegio de Médicos de Murcia, el Sindicato Médico de Murcia, las sociedades científicas médicas y la Facultad de Murcia y los estudiantes de Medicina, ha adoptado estas decisiones en sesión extraordinaria y urgente este lunes para debatir como punto único la mencionada Ley.

   Una vez analizada la Ley en "términos globales", el Consejo ha señalado que lo que pretende el Gobierno regional murciano es "ahorrar 300 millones de euros, entre ellos 100 millones de euros capitulo 1 (nóminas de funcionarios), de los que 70 millones euros se recortarían a los 20.000 trabajadores del Servicio Murciano de Salud".

   "El 80 por ciento de esos 70 millones se recortaría a los 3.700 médicos, una clara desproporción", en opinión del Consejo.

   En este sentido, los integrantes del Consejo han consensuado manifestar su "profundo rechazo a la ley que ha nacido por la mala gestión del Gobierno regional, específicamente llamativa en el caso de la Consejería de Sanidad y Consumo".

   Asimismo, el Consejo solicita "la apertura inmediata de una negociación con los representantes de los médicos para paliar el agravio y desprecio que se hace a la profesión médica, que culmine con una modificación que desagravie y satisfaga los intereses de la profesión médica y de los empleados públicos en general".

   Ante el "sacrificio" que se exige a los médicos, el Consejo de la Profesión Médica reclama "sinceridad, transparencia y un nuevo modelo de gestión eficiente con participación real de los profesionales sanitarios".

El PSRM pide a Bascuñana que explique en la Asamblea Regional "por qué firmó la orden que aprobaba urbanizar La Zerrichera"

CARTAGENA.- La diputada regional socialista, Teresa Rosique, ha solicitado la comparecencia del consejero Joaquín Bascuñana en la Asamblea Regional, al considerar que debe explicar por qué firmó la orden que aprobaba definitivamente La Zerrichera y que ahora, cinco años después, el Gobierno regional ha anulado.

   Para el PSRM resulta incomprensible que "Valcárcel mantenga todavía en el Ejecutivo al responsable de la aprobación definitiva de La Zerrichera, que ha supuesto uno de los mayores escándalos urbanísticos del Gobierno regional, con un balance de 7 altos cargos imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia".

   La diputada añadió que "además de un escándalo urbanístico, este es un ejemplo más del derroche de recursos y medios realizado por el Gobierno regional: siete años de tramitaciones, informes, contrainformes y abogados, para terminar anulando la orden que jamás debió ser aprobada".

   Al mismo tiempo, el Grupo Parlamentario Socialista reitera la necesidad de que se cree una Comisión de Investigación en la Asamblea Regional para clarificar a nivel político y administrativo toda la actuación del Gobierno regional en la reclasificación urbanística de La Zerrichera.

   "No nos conformamos con que el Gobierno regional dé un carpetazo a este tema 5 años después de su aprobación, sin dar la más mínima explicación al respecto. Por higiene democrática, el Gobierno regional está obligado a dar explicaciones a los ciudadanos y a los grupos parlamentarios en el Parlamento regional", exigió.

   Rosique agregó que el Gobierno regional "ha tenido que dar marcha atrás en sus pretensiones de recalificar La Zerrichera, obligado por los Tribunales de Justicia y por la Unión Europea". Para la diputada, los factores por los que el Gobierno regional justifica ahora su renuncia a urbanizar esa zona "existían ya cuando Bascuñana aprobó, en febrero de 2006, la reclasificación urbanística".

   Argumentó que el informe de 2004 de Medio Natural advertía claramente de la imposibilidad de edificar en este paraje debido a sus valores naturales, mientras que el borrador del Plan de Gestión de la Sierra de la Almenara, publicado en el BORM, a finales de 2005,  impedía urbanizar y construir en dicha zona.

   Rosique afirma que el PP ha mantenido durante estos años, que la reclasificación de La Zerrichera se había hecho con respecto a la legislación vigente. "Así lo manifestó el presidente Valcárcel en una de sus comparecencias, a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista".

   Igualmente, añadió, "en el Pleno celebrado el 1 de octubre de 2008, el Grupo Parlamentario Popular votó en contra de la moción presentada por el PSOE, en la que se pedía la anulación de la orden de Bascuñana que aprobaba definitivamente la reclasificación de La Zerrichera, alegando que se ajustaba a derecho. Si esto era así como afirmaba el PP, nos preguntamos por qué el Gobierno regional la anula ahora".

   Rosique recordó que el 21 de diciembre de 2010, el Boletín Oficial de la Región de Murcia publicó el decreto de fecha 26 de noviembre, del Plan de Gestión y Conservación de la Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) de Almenara, Moreras y Cabo Cope.

   La disposición derogatoria única de dicho Plan de Gestión deroga la orden del entonces consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, Joaquín Bascuñana, de fecha 13 de febrero de 2006, relativa a la aprobación definitiva de la reclasificación urbanística de La Zerrichera.

La Comunidad Autónoma pide a los sindicatos "responsabilidad" ante la situación de crisis económica

MURCIA.- La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, ha pedido este lunes a los sindicatos UGT y CCOO "responsabilidad" ante la situación de crisis económica, y aseguró que "tan doloroso, como necesario" ha sido adoptar la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, según informaron fuentes de la Administración autonómica en un comunicado.

   La portavoz regional remarcó que "en situaciones de especial dificultad, como la actual, todos tenemos que arrimar el hombro", y explicó que la Ley no sólo contiene medidas que afectan a los empleados públicos, "sino otras muchas que atañen a la organización y estructura administrativa de la Comunidad, que sí tendrán carácter estable".

   Reverte afirmó que "la Ley plantea un escenario de actuación global, y no sólo acciones relativas al empleo público en la Administración regional", y lamentó que "se trate de confundir a los ciudadanos".

   Relató que hay otras muchas medidas en la Ley, entre las que destacó la reducción del 70 por ciento de los entes con los que cuenta la Comunidad, la venta o alquiler de edificios públicos, el cambio de gestión de la televisión pública regional y la reducción de gastos para la promoción de la Administración regional.

   Asimismo, citó la imposición de nuevos controles y filtros a las subvenciones públicas, y un mayor control en el proceso de contratación pública, así como la no contratación de asistencias técnicas sin la autorización expresa del Consejo de Gobierno.

   La portavoz regional aseguró que las organizaciones sindicales "conocen el contenido y alcance completo de la Ley", por lo que apeló a su "responsabilidad social ante cualquier iniciativa que lleven a cabo".

   "Estamos convencidos de que para los sindicatos, al igual que para el Gobierno regional, la prioridad es salvaguardar los servicios básicos esenciales, como la sanidad o la educación", agregó Reverte, quien subrayó que "tomar decisiones difíciles también forma parte de la responsabilidad de los gobiernos".

   Reverte insistió en que el Ejecutivo regional "siempre ha gobernado con la mano tendida a los agentes sociales, y lo va a seguir haciendo".

El Ayuntamiento de Murcia 'regala' 150.000 euros a una entidad privada ciclista

MURCIA.- La Junta de Gobierno del ayuntamiento de Murcia ha renovado el convenio con la  privada Real Federación Española de Ciclismo para que el Ayuntamiento se convierta en el principal patrocinador de la RFEC y de las selecciones nacionales de todas las disciplinas y categorías, según versión de parte.

Esta iniciativa permitirá -siempre según la versión oficial municipal- que el nombre de Murcia luzca en las equipaciones de todos los equipos de todas las categorías y modalidades de ciclismo y en todas las competiciones a las que se presenten.

Y es que, más de 1.600 deportistas de las modalidades masculino y femenino desde cadetes hasta profesionales llevarán el nombre del Ayuntamiento de Murcia en todo tipo de competiciones, siempre según la misma versión. 

Además, el nombre del Ayuntamiento de Murcia aparecerá en la página web y en las publicaciones de la Federación Española y en los vehículos oficiales, con una subvención de 150.000 euros, concluye la propaganda oficial del alcalde Miguel Ángel Cámara, aspirante a suceder a Valcárcel en San Esteban.

IU anima a participar en la manifestación de este martes contra unos recortes que "deterioran" los servicios públicos

MURCIA.- El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, anima a la ciudadanía a participar en la manifestación de este martes contra la ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, al considerar que ésta "conllevará un empeoramiento de los servicios públicos y la pérdida de puestos de trabajo".

   Pujante, que ha anunciado su asistencia y la de los miembros de la dirección de IU a esta convocatoria, ha indicado que la citada norma "arruinará" las expectativas laborales de los licenciados universitarios que desean acceder a la función pública y afectará al funcionamiento de la educación, la sanidad y las políticas sociales.

   Asimismo, ha asegurado que su organización es la única fuerza política que ha presentado una alternativa para evitar que se produzcan recortes en el sector público, con un conjunto de propuestas que pasan por una mayor contribución fiscal de las rentas más altas para  incrementar los ingresos de la Comunidad Autónoma.

   "Los recortes del Gobierno regional a los empleados públicos suponen una muestra más de que el Partido Popular de la Región de Murcia va en la misma línea que el PSOE en el Gobierno central, sólo a base de recortes a los trabajadores y trabajadoras, haciendo caer sobre ellos el peso de una crisis que no han generado", ha concluido.

El Consejo de la Profesión Médica no descarta una huelga salvaje contra las medidas del Gobierno regional

MURCIA.- El Consejo de la Profesión Médica de la Región de Murcia mantendrá una reunión este lunes, a las 18.00 horas, con el objetivo de pactar medidas de protesta contra los recortes salariales y de jornada laboral establecidos por el Gobierno regional. En principio, miembros del Consejo no descartan ningún tipo de movilización, que oscilaría desde no protestar hasta hacer una posible "huelga salvaje".

   Así lo ha hecho saber el presidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), Juan de Dios González Caballero, quien ha señalado que la postura "puede oscilar desde todos los extremos", aunque consideró que la huelga salvaje "no va a ser la respuesta final" y que el usuario "no se va a utilizar como moneda de presión".

   El objetivo de la reunión, que fue convocada el 31 de diciembre con carácter "extraordinario y urgente", es valorar el contenido de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas aprobada por la Asamblea Regional, así como estudiar si es oportuno organizar algún tipo de protesta o movilización.

   El Consejo de la Profesión Médica está integrado por un representante del Colegio Oficial de Médicos de la Región -que cuenta con más de 4.000 colegiados-, un representante del Sindicato Médico, un representante de las 40 sociedades científicas y dos miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, a través de su decano, Joaquín García Estañ, y un representante de estudiantes.

   En principio, González, que ocupa el cargo de suplente de las sociedades científicas en el Consejo, ha declarado que el objetivo es que cada uno de los representantes deberá poner encima de la mesa su opinión y las medidas que considera que se deberían de tomar para consensuar una postura definitiva".

   "Tenemos claro que lo que no queremos es perjudicar al usuario y tampoco queremos que baje la calidad en la asistencia sanitaria", según González, quien estimó "necesario" tomar medidas contra el déficit, pero ha considerado que "quizá había otras posibilidades antes que castigar, en este caso, al profesional sanitario y a los médicos".

   Así, el presidente de Smumfyc defiende que "hay otras medidas que se pueden aplicar y que no iban a ser perjudiciales para los funcionarios para los profesionales médicos, sino beneficiosas, e iban a reducir el déficit lo mismo o, incluso, mejor".

UGT y CCOO piden a Zapatero que suspenda la ley de recortes del Gobierno murciano

MURCIA.- Las confederaciones sindicales de UGT y CCOO, con el apoyo de Sterm y Anpe, han presentado este lunes en el registro de la Dirección General de Trabajo una solicitud, dirigida al Gobierno de la nación, donde plantean un "conflicto de competencias al amparo de la Constitución", al objeto de que "paralice" la aplicación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas de la Administración regional mediante la "suspensión" de la misma al considerarla "inconstitucional".

   Así lo han anunciado, en rueda de prensa conjunta, los secretarios generales de UGT y CCOO en Murcia, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, respectivamente, donde han dejado claro que esta reacción jurídica "no sustituye, en ningún caso, las movilizaciones que los empleados públicos tienen proyectado", al tiempo que han desvelado que se estudiarán otras fórmulas jurídicas, como el recurso al Defensor del Pueblo.

   De hecho, la próxima se desarrolla este martes, a las 18.00 horas, desde la Plaza Fuensanta en la capital murciana para finalizar a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda.

   Y es que, a juicio de Jiménez, "es la única forma de hacer sentar a este Gobierno en una mesa de negociación para que rectifique todas estas medidas perniciosas" que afectan, según sus cálculos, a 55.000 familias murcianas que vieron como hace unos días "comenzó el estado de excepción laboral", ha rematado Bueno.

   En esta línea, ha denunciado públicamente que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel "ha huido de un debate serio y racional para mejorar los ingresos y no ha querido sentarse a hablar de verdad de los presupuestos con los agentes sociales".

   De ahí, ha advertido, "habrá diálogo si hay rectificación", puesto que "no nos podemos sentar a negociar con quien incumple, de forma unilateral, los acuerdos firmados y con quien obvia las negociaciones colectivas".

   Según ha manifestado Bueno, "no nos podemos quedar con la anécdota del huevo", en referencia a las últimas protestas callejeras que han llevado a los manifestantes a lanzar huevos contra la fachada del edificio donde vive el jefe del Ejecutivo murciano.

   Tras lo que ha resaltado que esta ley de recortes del Gobierno regional "genera desempleo en el ámbito de la Administración Pública, al poder generar la pérdida de más de 1.500 puestos de trabajo".

   Los secretarios generales en Murcia de sendos sindicatos, que han reconocido que no ha habido ningún intento de acercamiento por parte del Gobierno regional, han alertado precisamente de ese desempleo que, según Jiménez, se constata en el hecho de la ampliación de la jornada de trabajo en dos horas y media por empleado público.

   "Esto va a provocar un engrosamiento de las listas de desempleo, ya que reducir la jornada de trabajo a 55.000 empleados públicos supone que hay unas 137.500 horas semanales que el Gobierno regional quiere reducir en cuanto al gasto", ha indicado Jiménez.

   En definitiva, ha comentado Bueno, "es una manifiesta extralimitación de las competencias de las que dispone constitucional y estatutariamente de la Comunidad de Murcia", ya que, ha explicado, la ley "hace caso omiso del ordenamiento jurídico constitucional, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, del Estatuto Básico del Empleado Público y mediante una decisión ilegal que suprime los actos y acuerdos que los trabajadores de la Administración Pública tenían alcanzados, firmados y aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad desde el año 1998".

   Al hilo, ha matizado que "no se suspende por un tiempo nada, sino que se derogan los acuerdos en materia de negociación colectiva". Es decir, ha indicado, "lo que hace la ley de forma directa es derogar, eliminando el ordenamiento jurídico del ámbito laboral de los funcionarios, de forma definitiva e irreversible".

   Bueno también ha criticado que se "invoque ese déficit y no se justifique, no se razone". Es por ello por lo que ha confiado en el que el Gobierno central "garantice los derechos individuales y colectivos de los trabajadores murcianos, ya que el problema de las finanzas públicas de la Comunidad tiene razones bien distintas del peso de los salarios y condiciones de trabajo que existen".

   De forma que, entiende Jiménez, la ley "usurpa las competencias del Estado al amparo de lo dispuesto en los artículos 161 y 162 de la Constitución y lesiona este orden de competencias", además de que también se ha infringido el artículo 149, cláusula séptima, "cuando establece que la Comunidad de Murcia solo tiene competencia para ejecutar la legislación laboral y no para modificar la legislación laboral".

   Preguntado sobre la deuda histórica, Jiménez ha subrayado que "no tiene nada que ver con lo que ahora se plantea, porque si hay deuda histórica que reclamar la había ahora y hace tres años".

Un acuífero inexplorado hasta ahora, podría dar de beber a Jumilla, Yecla y Villena

JUMILLA.-Un estudio del año 2006 recomienda que se hagan sondeos de investigación para estudiar las características hidrogeológicas de un acuífero de calizas y dolomías, desconectado de otro superior por potentes estratos de margas y arcillas impermeables, en Jumilla-Yecla-Villena.

El estudio conjunto es de la Diputación de Alicante y del Ministerio de Educación y Ciencia (Instituto Geológico y Minero de España, IGME) y se puede descargar de la página web del IGME. En él se confía mucho en las posibilidades de este nuevo acuífero. Incluso, se llega a recomendar el traslado de los pozos actuales, que pinchan el acuífero superior (Cretácico), a este nuevo acuífero profundo (Jurásico), que se encuentra debajo del anterior, y "virgen" hasta la fecha.

Este acuífero profundo de Jumilla, Yecla y Villena, es también cautivo y el agua subterránea en él contenida se encuentra igualmente a alta presión de confinamiento dentro de fisuras, gritas y cuevas horadadas en calizas hace millones de años. 

En otras zonas se sabe que los sondeos que captan estas calizas fisuradas y karstificadas del Jurásico (concretamente del Dogger) dan mucha agua, con caudales de entre 100-150 litros por segundo.

La perforación de estos sondeos profundos (de entre 300 y 600 metros) es compleja, pues hay que aislar y cementar tramos perforados para contener las aguas del acuífero superior y para evitar que se caiga terreno de estratos deleznables mientras avanza la perforadora. Por eso, estos sondeos no los hacen los regantes, por su elevado coste. No compensa la alta inversión para regar unas cuantas hectáreas.

En cambio, el Ministerio de Medio Ambiente [...] ya ha demostrado que puede hacer sondeos profundos con altos caudales de agua de muy buena calidad. Incluso, en algunos casos surgentes.

¿Merecería la pena invertir algo de dinero (unos 200.000 euros) para conocer este acuífero y poder mejorar el abastecimiento de estas tres poblaciones (Jumilla, Yecla y Villena), como recomienda el meritado estudio de la Diputación de Alicante y del Ministerio de Educación?

Dejémoslo en social / José Daniel Espejo *

 Me he dado cuenta de que siempre que me asomo a esta página lo hago en calidad de aspirante a algo: aprendiz de poeta, balcanólogo amateur, proyecto de hacktivista, etcétera. Hoy no voy a interrumpir la tendencia. Hoy les voy a hablar como estudiante de primer curso de Trabajo Social.

Le damos duro a los temarios, mis compañeros y yo. Nos metemos a la boca grandes trozos del Código Civil, mientras con el otro ojo repasamos la vida y milagros de las pioneras, Mary E. Richmond, Octavia Hill y demás. Analizamos todo tipo de vídeos sobre antropología, gráficas demográficas y experimentos conductistas, y todo ello, gracias a la salsa boloñesa con que la Universidad de Murcia, UMU, ha empezado a acompañar sus especialidades, de forma diaria, presencial y obligatoria. El edificio es bonito, sin embargo, y la cantina gloriosa. No nos quejamos. Gastamos miles de euros en fotocopias. Clavamos los codos, y sobre todo en esta época. En fin, lo normal, qué quieren.

Sin embargo, hay algo que no se nos cuenta. Salvo honrosas excepciones (hay que nombrar a Joaquín Sánchez, que vino del Foro Social a afilarnos las uñas), una especie de niebla se interpone ante nuestras perspectivas laborales, ante el negro futuro que le espera al mundo del trabajo social en la Región. Desde que tomamos la decisión de matricularnos hasta ahora, muchas cosas han cambiado a peor, y corremos serio peligro de que para cuando nos graduemos en 2014 recordemos el exiguo tejido asistencial de 2010 como una especie de paraíso perdido de atención social y oportunidades laborales.

En el imprescindible La doctrina del shock (Paidós, 2010), Naomi Klein nos muestra cómo la ortodoxia del mercado utiliza las catástrofes para introducir reformas injustas sin ninguna relación con la solución del desastre. 

Así ocurrió en Nueva Orleans tras el paso del Katrina, donde se aprovechó para privatizar la enseñanza pública, o en el sudeste asiático después del tsunami, donde se expulsó a los habitantes de las costas para erigir resorts de lujo. Se trata de un principio muy sencillo: usar el shock creado entre la población para robarles la cartera, sin la menor intención de devolvérsela una vez restablecida la normalidad.

Sabemos, porque lo hemos estudiado en Sociología I, que las brutales reformas ´de transición´ que Boris Yeltsin llevó a cabo en Rusia durante los años 90 hicieron descender bruscamente la esperanza de vida del país en cinco años. En América Latina, en el sudeste asiático, en Sudáfrica, los ejemplos se multiplican. En nuestra región el paro, que alcanza el 24%, y la debacle económica provocada por el fin del monocultivo del ladrillo son tal vez un shock, pero está por ver si los murcianos nos vamos a dejar robar la cartera sin hacernos primero algunas preguntas.

¿Podemos obviar, como estudiantes de Trabajo Social o como meros murcianos, el hachazo que van a propinar los presupuestos regionales de 2011 a la red de servicios sociales precisamente en un momento tan crítico? ¿Podemos defender, más allá de posturas partidistas, que el presupuesto del IMAS pase de trece millones de euros en 2010 a ¡cuatro! en 2011, aparentemente con el beneplácito del consejero Bascuñana, o que de las 1200 personas que trabajan en la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM), compuesta por veinticuatro ONGs, ochocientas vayan a pasar al paro debido a los recortes?

¿Cómo estar de acuerdo con esta escala de prioridades que pone un más que dudoso aeropuerto, un tranvía hacia los centros comerciales, una bienal de arte multimillonario o una subvención de 500.000 euros a una fundación del partido gobernante por encima del bono-libro, la terapia ocupacional para dependientes físicos o psíquicos o programas completos de inclusión social? ¿Hasta qué punto debemos adoptar una postura clara de rechazo a este terrible estado de cosas en paralelo con nuestra educación como trabajadores sociales? ¿Qué panorama nos encontraremos dentro de cuatro años si no actuamos ahora? ¿Habrán retrocedido los servicios sociales hasta un estado decimonónico, el de la beneficencia que pueda administrar la Iglesia católica? ¿Será el que nos mereceremos? Repito: ¿el que nos mereceremos?

Son todas preguntas que no nos suelen hacer en clase. Seguramente no sabríamos qué responder. Tampoco la sociedad murciana en su conjunto parece tener muchas respuestas, si es que se enuncian alguna vez estas cuestiones. Pero que no les quede la menor duda de que todo esto puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Lo sabe la señora de la limusina, quiero decir, la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García. Lo sabe el señor Bascuñana, incluso mientras defiende alegremente el estrangulamiento del IMAS. 

Y lo sabe el señor de la Gran Vía, simplemente mirando por la ventana y bajando el volumen de la tele para escuchar el griterío que viene de la calle. De un minuto para otro, podemos ser nosotros quienes hacemos las preguntas adecuadas. Y ellos, tan listos, los que de repente no tienen ni idea de la respuesta. Los que han entrado en estado de shock. Los que de golpe no saben dónde han dejado la cartera.

(*) Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia