MURCIA.- Ahora Murcia va a presentar al Defensor del Pueblo casos de familias del municipio
con menores que van a ser desahuciadas y a las que ni desde el
Ayuntamiento ni desde la Comunidad Autónoma se les ofrece una
alternativa habitacional.
El escrito de Ahora Murcia incluirá, además,
la vulneración de los derechos de los concejales al no recibir del
Consistorio mucha de la información sobre vivienda que la formación
municipal le solicita. El edil Miguel Angel Alzamora ha dado esa
información esta mañana en el transcurso de una rueda de prensa sobre el
acceso a la vivienda en el municipio de Murcia.
Alzamora ha afirmado que "la problemática del acceso a la vivienda en
nuestro municipio es muy grave y está causando importantes dificultades
a buena parte de nuestros vecinos y vecinas".
El concejal ha señalado
como causas la progresiva bajada de los salarios y el aumento y
estabilización de la pobreza, a los que se suma la falta de oferta de
alquiler asequible, el aumento de los precios del alquiler y la
prácticamente inexistente política municipal de vivienda.
Según ha destacado el edil, los desahucios y las dificultades para
acceder a una vivienda digna "cada vez más tienen rostro de mujer, es
decir, el problema de la vivienda se está feminizando", además de que en
el municipio existen "17.285 familias monomarentales con menores".
Las cifras sobre el acceso a la vivienda en el municipio y la Región
no dejan lugar a la duda: el precio medio del alquiler de vivienda ha
subido un 12% en el último año y un 25% en los últimos 5 años en el
municipio de Murcia, convirtiéndose en el principal gasto para muchas
familias, mientras que los desahucios por alquiler han aumentado en el
primer trimestre de 2018 un 38'2%.
Además, como ha advertido la PAH, unas
50.000 ejecuciones hipotecarias están paralizadas por orden del
Tribunal Superior de Justicia, una situación que podría cambiar en las
próximas semanas cuando se pronuncie Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
"Todo esto ha generado una burbuja del alquiler", ha señalado
Alzamora, "a la que podría ayudar la Ley Regional de Vivienda 10/2016,
que por la falta de responsabilidad del Gobierno Regional (PP) no está
siendo aplicada, cuando en ella hay medidas, entre otras cosas, para
disminuir los efectos de los desahucios".
El concejal de Ahora Murcia ha destacado "la enorme responsabilidad
del Ayuntamiento de Murcia en estos graves problemas de vivienda en el
municipio, ya que tiene numerosas competencias para actuar pero no hace
prácticamente nada".
Así, "el Servicio de Vivienda municipal, que ha
disminuido su financiación este año, está colapsado con más de mil
demandas de vivienda social sin atender cada año".
Además, como ha apuntado Alzamora, "los programas 'estrella' del
Ayuntamiento de Murcia siguen con un impacto prácticamente nulo en la
población con necesidad de vivienda por ejemplo, el programa 'Murcia
Alquila' ha tenido únicamente 5 arrendatarios , y el Servicio de
Vivienda está derivando a familias del municipio a punto de ser
desahuciadas a ONG, cuando éstas no pueden dar solución al problema".
El edil ha subrayado el hecho de que "Murcia es por población la
séptima ciudad española, pero es la única de ellas que no tiene Plan
Municipal de Vivienda, algo que es inadmisible y que hay que solucionar
ya. El PP pone mucho más interés en las casetas de feria que en la
vivienda para las personas".
Propuestas de Ahora Murcia
Miguel Angel Alzamora ha destacado la necesidad de "crear con
urgencia una Mesa Municipal de Vivienda, convocando a ella a todos los
agentes sociales relacionados con esta materia, para hacerles partícipes
del diseño de un Plan de Vivienda Municipal".
Antes de ese Plan habría
que realizar, "y de forma urgente, un diagnóstico de la oferta, la
demanda y las necesidades de vivienda del municipio, diagnóstico
imprescindible para acceder a las ayudas disponibles de la Unión Europea
y el Gobierno de España".
Además, el concejal de Ahora Murcia ha señalado que "el Ayuntamiento
debe evaluar el suelo municipal del que dispone y utilizarlo para este
futuro Plan Municipal de Vivienda, de forma que se puedan diseñar las
medidas necesarias y que ya están funcionando en otros ayuntamientos,
tales como la promoción de vivienda y/o alojamiento públicos en alquiler
en régimen de cooperativas de cesión de uso y otras fórmulas posibles,
que aprovechen las ayudas regionales, estatales y europeas; la puesta en
el mercado de viviendas vacías; la compra de viviendas vacías para
programas de alquiler social o programas de permutas de viviendas a
familias con necesidades especiales, entre otras".
Para Alzamora, "a más largo plazo, sería conveniente el
restablecimiento de la Concejalía de Vivienda, ya que las dimensiones e
importancia del problema así lo requieren. Está en manos de las
administraciones, también de las municipales, hacer efectivo el derecho
que todas las personas tienen a la vivienda y a la ciudad".
