MURCIA.- La titular del Juzgado de Instrucción nº
11 de Murcia ha confirmado indefinidamente a la gestora que está al
frente de la Agrupación Territorial de UPyD en la Región y ha prohibido
celebrar nuevas elecciones internas para este órgano hasta que no se
resuelva el proceso judicial abierto tras la demanda presentada por la
concejala de UPyD en el Ayuntamiento de Molina de Segura, Encarna
Sánchez, para que se restablezca el resultado de las elecciones
celebradas en febrero, en las que se impuso al antiguo coordinador de la
formación, Rafael Sánchez.
Cabe recordar que, tras las elecciones celebradas el pasado mes de
febrero, Sánchez solicitó "amparo" al considerar que su candidatura
había resultado perjudicada por las acusaciones vertidas por miembros de
otras candidaturas y numerosos afiliados y la Comisión electoral de
UPyD decidió anular el proceso, en el que había resultado elegida
Encarna Hernández como coordinadora que debía gestionar la actividad
orgánica de UPyD en la Región durante los próximos cuatro años.
Posteriormente, Hernández interpuso una demanda y, como resultado
de la misma, la jueza ha confirmado indefinidamente a la gestora y ha
prohibido celebrar nuevas elecciones internas, más allá incluso de los
plazos que contemplan los propios estatutos de UPyD, según informaron
fuentes de la formación magenta en un comunicado.
Al tratarse de medidas cautelares, el juzgado de instrucción
nº 11 de Murcia no entra a analizar la corrección o no del proceso
electoral ni de las resoluciones que dictaron la Comisión Electoral y la
Comisión de Garantías de UPyD, ya que esto se resolverá en la
sentencia, según UPyD.
En cambio, la Justicia sí que acepta la medida cautelar solicitada
por la candidatura encabezada por Encarna Sánchez, consistente en
prohibir a la formación magenta convocar nuevas elecciones hasta que se
dicte sentencia firme.
Desde su nacimiento, UPyD recuerda que ha celebrado 607
procedimientos electorales internos, de los cuales tan solo tres han
sufrido algún tipo de incidencia que llevara a la Comisión Electoral a
decretar su anulación, entre los que se encuentran las elecciones
celebradas el 22 de febrero en Murcia. En cualquier caso, la formación
magenta manifiesta su máximo respeto por las decisiones judiciales y el
escrupuloso cumplimiento de las mismas.
Tras estos comicios, la Comisión electoral recibió la solicitud de
Rafael Sánchez, antiguo coordinador de la formación en Murcia y uno de
los dos candidatos al proceso, en la que pedía "amparo" al considerar
que su candidatura había resultado perjudicada por las acusaciones
vertidas por miembros de otras candidaturas y algunos afiliados en las
redes sociales.
A su juicio, las mismas constituían una grave irregularidad que
había impedido que se dieran las debidas garantías de igualdad e
imparcialidad necesarias para las dos candidaturas en el proceso
electoral. El 25 de febrero la Comisión acordó la suspensión de la
proclamación mientras resolvía el recurso de anulación interpuesto.
En una resolución fechada el 28 de febrero, el órgano competente
concluyó que verter acusaciones "no probadas" en las redes sociales
contra uno de los candidatos, con "manifiesta temeridad y desprecio por
la verdad" había tenido consecuencias en el proceso electoral,
procediendo a la consecuente suspensión de la proclamación de los
resultados, ya que no se daban las garantías de imparcialidad e igualdad
necesarias según lo establecido en el Reglamento para la elección de
los órganos territoriales.
Dicha decisión fue comunicada a los afiliados y a la Dirección del
partido, que procedió a nombrar una gestora de forma temporal, la cual
habrá de permanecer ahora al frente de la Agrupación Territorial de
Murcia en tanto no se resuelva con carácter firme el contencioso
entablado ante los tribunales.
La actual responsable regional de
UPyD, Fuensanta Máximo, ha señalado que el proceso queda paralizado, y
ha señalado que "puede alargarse en el tiempo, ya que queda por delante
un proceso judicial".
A este respecto, Máximo, tal y como es "costumbre" en la formación
magenta, ha destacado que UPyD "acata y asume la sentencia judicial".
Además, destaca que esta sentencia está por encima de los estatutos, que
indican que la gestora sólo puede operar durante un plazo limitado que
será seguramente rebasado.
En este sentido, explica que la gestora continuará manteniendo la
actividad del partido, a pesar de que considera que "no es la mejor
solución, y lo ideal es que los partidos funcionen con sus órganos".
De cara a las elecciones del mes de mayo del 2015, Máximo cree que
esta sentencia no afectará a los procesos de Primarias de la formación
magenta. En concreto, la previsión es que, si no hay ningún obstáculo,
estas primarias tengan lugar a partir de los meses de octubre y
noviembre en el caso de los candidatos a los parlamentos autonómicos y
las capitales de provincia, y estarán dirigidos por la gestora.
Posteriormente, se desarrollará el proceso para el resto de municipios.
Máximo ha descartado que ella tenga intención de presentarse a
esas elecciones Primarias, y ha dicho que la presentación de
candidaturas "es algo personal de cada uno. Yo no sé si habrá muchos
candidatos o solo uno", ha concluido.
