MURCIA.- El Gobierno regional ha suprimido ocho entes
públicos como parte de su plan de ajuste y reestructuración para hacer
frente a la contención del déficit autonómico, y sus funciones serán
asumidas por la propia Comunidad Autónoma, según ha informado el
portavoz del Ejecutivo, José Ballesta, en la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, quien ha detallado que esta medida supondrá un
ahorro de 6,5 millones de euros, en base a las estimaciones realizadas
desde la Consejería de Economía y Hacienda.
En concreto, el Consejo de Gobierno, en su reunión de este
viernes, ha decidido suprimir la Sociedad Pública del Suelo y
Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia S.A.; Industrial
Alhama S.A.; la Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Región de
Murcia S.A. (Giscarmsa); la Fundación Parque Científico de Murcia; la
Fundación Agencia de Gestión de la Energía (ARGEM); la Fundación Tutela
Judicial de Adultos; la Fundación Alzheimur; y el Consorcio
Universitario para el Campus de Lorca.
Estas medidas están incluidas en un decreto aprobado por el
Gobierno regional a propuesta de la Consejería de Economía, con el fin
de lograr la racionalización del sector público en la Región de Murcia.
Ballesta ha recordado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria,
que tiene su origen en el Pacto de estabilidad presupuestaria, que
incluso originó una modificación de la Constitución Española, obliga a
las comunidades autónomas a una serie de compromisos, entre los que se
sitúa "la reestructuración del sector público de las comunidades".
El Consejo de Gobierno ha analizado ese sector público y, a
propuesta de la Consejería de Economía, se han decidido los criterios
que han de aplicarse en esa racionalización del sector público.
En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, la
participación de la Comunidad Autónoma en esos entes suprimidos debía
permitir "la adopción de la medida de su supresión o extinción".
Asimismo, Ballesta ha explicado que los fines u objetivos del ente
tenían que poder ser asumidos por otros entes del sector público de la
comunidad autónoma, puesto que "se suprime el ente pero no la función,
que pasa a otro ente preexistente".
Además, la Consejería ha tomado la decisión siguiendo como
criterio que, en otro momento de la historia de la Comunidad, esos fines
y objetivos "hubieran sido prestados por la Administración general de
la Comunidad Autónoma, y se decidirá con posterioridad realizarlos por
un ente fuera de la Administración general de la Comunidad".
Es decir, Ballesta ha explicado que esas funciones eran
desempeñadas por la Comunidad, luego se creó el ente y ahora "vuelven a
la Administración que, en su momento, desarrollaba esas funciones".
El decreto aprobado supone el cese de las actividades de una serie
de órganos y entes, cuyos fines y objetivos pasarán a ser asumidos por
otros servicios y personal de la Comunidad, y otros entes integrantes
del sector público.
Así, van a cesar en sus actividades la Sociedad Pública del Suelo y
Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia S.A. e Industrial
Alhama S.A., cuyas fines y objetivos son asumidos por el Instituto de
Fomento (INFO).
También han cesado la Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la
Región de Murcia S.A., y sus actividades son asumidas directamente por
el SMS. La Fundación Parque Científico de Murcia también cesa sus
actividades, que van a ser asumidas por el INFO.
La Fundación Agencia de Gestión de la Energía (ARGEM) también
cesa, y sus funciones van a ser asumidas por la Dirección General de
Industria, Energía y Minas; al tiempo que es cesada la Fundación Tutela
Judicial de Adultos, cuyas funciones van a ser asumidas por el Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS).
El Gobierno regional también suprime la Fundación Alzheimur, cuyas
funciones van a ser asumidas por la Consejería de Sanidad y Política
Social; así como el Consorcio Universitario para el Campus de Lorca,
cuyas funciones van a ser asumidas por la Dirección General de
Universidades y Política Científica.
Al respecto, Ballesta ha señalado en rueda de prensa que el
decreto que suprime estos entes "será complementado con una proposición
de ley que, en su momento, desarrollará el Grupo Parlamentario Popular".
En concreto, este Decreto, que se enmarca en la Ley de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad de Murcia y en la Ley de Medidas Extraordinarias para la
Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
"El objetivo de esta medida es la adecuación del sector público
regional para ajustarlo a los criterios de austeridad, eficacia,
eficiencia y sostenibilidad que deben regir las administraciones
públicas, especialmente en la actual situación económica", ha
finalizado.
