El hecho de que estos fondos dependan de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de 2019 -que no ha llegado a tal-, ha hecho que las administraciones regionales y locales no hayan recibido el plus que venía marcado en las Cuentas Públicas diseñadas por la ministra María Jesús Montero.
Esto ha dado lugar a que las comunidades se tengan que conformar con la partida que asignó el Gobierno de Rajoy en 2018 (102.856 millones de euros, un 7,2% más que en 2017), unas cuentas públicas prorrogadas por Pedro Sánchez.
Ahora, Montero señala que ha sido la Abogacía del Estado quien ha encontrado "la cobertura legal" para sacar estos fondos de la ley de las Cuentas del Estado, de manera que, a través de un decreto ley que ha de pasar por el Consejo de Ministros, y más tarde recibir la mayoría del Congreso, daría luz verde a esa actualización a esta partida, la primera vez que se entregan estas cantidades sin tener Cuentas.
El problema añadido con el que se encuentra la titular de Hacienda es que dicha modificación de las normas no se puede acometer con un Gobierno en funciones. La aprobación de un decreto ley requiere de un Gobierno constituido, una circunstancia, que por ahora, no tiene un horizonte determinado.
Precisamente, el adelanto de las entregas a cuenta de las CCAA fue una de las demandas que días atrás hizo el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a la ministra Montero.
Y es que la tradición siempre ha sido que el Gobierno central hiciera el reparto de estos fondos en verano, y tras ello, las administraciones regionales dispusieran del dinero exacto con el que ir elaborando sus propios presupuestos. Sin embargo, sin esta actualización financiera, las administraciones regionales y locales tendrán que esperar a incorporar estas cantidades, al menos hasta que no se haya elegido un Gobierno.
Este miércoles, el presidente del Gobierno afirmó que no se puede modificar la financiación autonómica con un Ejecutivo en funciones, vertiendo el peso de la carga en la abstención de PP y de Cs, lo que genera un bloqueo político, coligió el dirigente socialista.
No en vano, el secretario general del PSOE se comprometió a considerar como primer objetivo de su Gobierno la renovación de la financiación autonómica y local, para lo cual, matizó, espera no depender de los partidos independentistas.