IU-Verdes acusa a López Miras de desmantelar el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario (IMIDA)

MURCIA.- La dirección regional de IU-Verdes ha denunciado, a través de su coordinador regional José Luís Álvarez-Castellanos, la inoperancia y dejadez del gobierno regional de López Miras en lo que se refiere a la convocatoria para cubrir plazas de personal investigador en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario (IMIDA), dando lugar a la paralización de facto de los proyectos en marcha por falta de este personal; además de renunciar una vez más a impulsar la estabilidad de este personal investigador que funciona a base de contratos temporales que la mayorías de las veces no cubren la continuidad necesaria para el desarrollo de estos proyectos.

Álvarez-Castellanos ha denunciado que tal y como venían anunciando los trabajadores desde hace meses, 53 de ellos han sido cesados a 31 de diciembre, retrasándose el nuevo proceso de selección de personal que probablemente por los plazos necesarios, no se desarrolle hasta marzo. 

Mientras los proyectos de investigación de encuentran paralizados.

"Desde IU-Verdes queremos recordar, tal como afirman los trabajadores, que las plazas convocadas siguen sin contemplar la estabilidad que estos reclaman y que es necesaria para asegurar e impulsar un nivel de investigación optimo y adecuado".

La formación de izquierdas exige a López Miras que aumente los presupuestos dedicados a investigación ya que el incremento presupuestario y de plantillas estables con recursos suficientes es el único camino para asegurar unas bases sólidas de un nuevo modelo productivo con mayor valor añadido y mejores condiciones laborales.

Izquierda Unida-Verdes seguirá apoyando las movilizaciones de los trabajadores y volverá a llevar el debate de este tema de nuevo a los ayuntamientos a través de preguntas en los plenos para concienciar de la importancia que la investigación en temas agroalimentarios tiene para el futuro de nuestros ayuntamientos, en los que el sector agrícola y ganadero sigue siendo un factor básico de sus economías.

'El pueblo de Lorca no debería pagar la nefasta gestión del Ayuntamiento en materia de convenios urbanísticos' (IU)

LORCA.- El concejal-portavoz del Grupo Municipal de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, salía hoy al paso de la última sentencia en materia de convenios urbanísticos que condena al Ayuntamiento de Lorca a devolver 1,1 millones de euros a los promotores de un plan disparatado, que sólo contó con la oposición de IU en el Pleno del Ayuntamiento, y que pretendía multiplicar por 25 la población de la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos. Pretendían la construcción de cerca de 8000 viviendas en una pedanía de las tierras altas de Lorca que apenas sobrepasa los 1.000 habitantes, apunta Sosa.

Sosa ha recordado que "el tren de los convenios lo llevaba en Lorca el PSOE, la palanca la movía su alcalde, y a su paso le aplaudían el PP, los representantes más granados del empresariado lorquino y los especuladores".

El concejal de IU-V ha tenido palabras de recuerdo para el fallecido portavoz de IU, José Antonio Pujante, y tirando de las actas de aquellos plenos municipales en los que se debatía sobre urbanismo en Lorca, ha afirmado que Pujante se cansó de advertir entonces sobre la inviabilidad de dicho urbanismo; de la desmesura urbanística en la que se aventuraba el Ayuntamiento de Lorca¸ del urbanismo depredador del territorio, del paisaje y del medio ambiente; de los costes sociales; de la espiral especulativa; de las dificultades para dotarlos de infraestructuras; y también, cómo no, de los riesgos económicos, que como es el caso, finalmente han conllevado, desembocando en estos momentos en el mayor quebranto económico conocido que las arcas municipales hayan podido tener en muchas décadas atrás, con la consiguiente repercusión sobre los ciudadanos y la prestación de servicios.

Sosa ha pedido al gobierno local que se remita a su grupo copia de esa sentencia reciente, al tiempo que mantiene que su formación política no está a favor del allanamiento del Ayuntamiento en los pleitos pendientes y en los que puedan venir, ya que eso implica reconocer a quienes vinieron a especular con el suelo a través de los convenios "un derecho al reintegro de lo que apostaron en el casino del suelo en el que convirtieron a Lorca la pasada década". 

Un buen empresario, afirma Sosa, es el que corre con el riesgo y ventura de su empresa y de su inversión, no el que hace apuestas sólo para ganar, asegurándose siempre "lo metido". En esa línea, el concejal de IU-V mantiene que el Ayuntamiento debe agotar por lo menos la primera instancia y sostener una defensa seria y rigurosa de los intereses económicos del Ayuntamiento. Además, no todos los convenios urbanísticos tienen las mismas cláusulas, ni todos acaban con el mismo Juez.

Pedro Sosa afirma que aunque ahora está de moda "estar en contra de los convenios urbanísticos", y que se están apuntando a esta moda todos los actores políticos de Lorca, lo cierto y verdad es que la única oposición a los convenios que hubo cuando tenía que darse es la que realizó IU. 

Entonces nos llamaron de todo, nos dijeron que estábamos contra el progreso de Lorca, contra el empleo, contra el desarrollo, y nosotros pusimos encima de la mesa toda una batería de argumentos urbanísticos, territoriales, ambientales, sociales y económicos que el tiempo, por desgracia, ha demostrado acertados.

Sosa afirma que el acta fundacional de los convenios urbanísticos (en Lorca, en la Región de Murcia y en España) hay que situarla en la entrada en vigor de la Ley del Suelo de Aznar en 1998. A partir de esa Ley, que declaraba que España entera era urbanizable, pudieron hacerse planes generales de ordenación urbana como el de Lorca (que empezó a gestarse en 1999, tras la pérdida de representación local de IU en el consistorio lorquino, y por acuerdo vergonzante entre los dos únicos partidos -PSOE y PP- de aquella corporación 99-03)

En ese Plan General votado por el PSOE y PP ya se integraron diversos convenios en el mismo momento de su aprobación, y después serían muchos más los que pasarían por el Pleno del Ayuntamiento, para, pasados los años, provocar un quebranto económico que hoy paga el pueblo de Lorca cuando lo deberían estar pagando los responsables políticos que avalaron aquellas actuaciones.

Sosa ha afirmado que el gran misterio en torno a los convenios urbanísticos sigue siendo "qué destino se dio al dinero recaudado por las arcas municipales". 

La Ley previene al respecto que ese dinero debería engrosar el patrimonio municipal del suelo, y no sólo no consta que ello fuese así, sino que la empresa que durante años gestionó ese patrimonio (Suvilorsa) está años y años en proceso de liquidación y costando grandes cantidades de dinero al Ayuntamiento. 

Ahora nos enteramos, por boca del concejal de Hacienda que el dinero que entonces recogía el Ayuntamiento se fundió en "gasto corriente".

Por último, el portavoz de IU-V ha recordado que "ni siquiera los partidos responsables de aquello han pedido perdón al pueblo de Lorca, y eso es lo mínimo que deberían hacer"

C's Lorca denuncia un acuerdo de despido en 'Limusa' que supondrá un gasto público de 150.000 euros

LORCA.- Ciudadanos Lorca ha votado en contradel acuerdo de despido de un trabajador de la empresa municipal Limusa, acordado en su último Consejo de Administración, que incluye una indemnización pactada de 150.000 euros para este empleado de 60 años. El PP voto a favor, mientras que Izquierda Unida se abstuvo y el PSOE se sumó al voto contrario expresado por Ciudadanos. 

El portavoz del grupo municipal, Antonio Meca, asegura"no entender las razones expuestas por el consejero delegado para este acuerdo, al tratarse de un trabajador próximo a su jubilación y por el gran perjuicio económico que supone para todos los lorquinos esta decisión arbitraria y en nuestra opinión, equivocada". 

Meca considera que este acuerdo sería"impensable en la empresa privada, pero a una empresa pública como es Limusa parece que no le duele gastar así el dinero de todos los lorquinos".

Ciudadanos ha recordado que el trabajador beneficiado por este acuerdo estuvo imputado por malversación de fondos públicos de Limusa en 2011 a través de gastos ingentes en comidas, viajes, facturas de móvil o entradas para espectáculos,"razón por la que hubiera estado justificado suficientemente su despido en aquella ocasión y con coste cero para la empresa y no ocho años después, en lo que consideramos una millonada pactada para el trabajador presuntamente a cambio de su silencio".

"Nos resulta paradójico que se convoquen plazas de trabajo en Limusa con el único requisito de una entrevista personal, a dedo; pero por otro lado se despida a un empleado de mucha experiencia y con un alto coste económico para la empresa pública como si el equipo de Gobierno pretendiera dejar libres plazas ocupadas para seguir colocando a los suyos", ha explicado el edil naranja.

Meca también ha recordado que lleva varios días solicitando como consejero la lista de los que serán nuevos colocados en Limusa,"pero a día de hoy sigo a la espera de que se me proporcionen los nombres de estas personas".

"Ahora Murcia' evita otro disparate urbanístico en pleno centro de la ciudad

MURCIA.- La formación Ahora Murcia se ha felicitado por la retirada por parte del concejal de Urbanismo de su propuesta, aprobada favorablemente en la pasada Comisión de Urbanismo con el voto en contra de Ahora Murcia, de la modificación n° 131 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Una Modificación puntual del PGOU consistente en recalificar los locales anexos a la Plaza de Toros, en los que antes se ubicaron los juzgados de Murcia, para que dejasen de estar calificados como Equipamiento Estructurante pasando a ser Suelo Terciario, con la finalidad de poder establecer en ese suelo un centro comercial.

Como contraprestación, se recalificaría la actual Consejería de Agricultura de la CARM, sita en la plaza Juan XXIII, como Equipamiento Estructurante, restringiendo así sus usos, y se recalificaba también un solar a las afueras de la ciudad de Murcia, próximo a la pedanía de Los Dolores, que pasaría de ser suelo Terciario a Equipamiento Público.

El acuerdo del pasado miércoles, que elevaba al Pleno del próximo jueves dicha modificación y que contó únicamente con la oposición de Ahora Murcia, finalmente ha sido retirado por el concejal de Urbanismo, según un correo electrónico remitido hoy a los grupos municipales.

En la pasada Comisión de Urbanismo, la concejala de Ahora Murcia Ángeles Micol pidió que constara expresamente en el acta de dicha sesión que la calificación actual de los locales anexos a la Plaza de Toros era correcta y no se trataba de un error del PGOU y que faltaban informes, siendo los datos dudosos.

Además, la concejala manifestó que esta Modificación del PGOU para la reclasificación de dichos locales para que dejase de estar calificado como Equipamiento Estructurante pasando a ser suelo Terciario con la finalidad de poder establecer en ese suelo un centro comercial era un auténtico despropósito carente de justificación.

La edil de Ahora Murcia expuso que tal recalificación para el beneficio de una mercantil privaba a la ciudad de Murcia de un equipamiento necesario en esa zona, y cuya sustitución no había sido adecuadamente estudiada, ya que no constaban informes sobre la valoración económica de tal recalificación y sustitución por otros terrenos a las afueras de la ciudad.

Además, según expresó la muy cuestionada Micol, sentaba un peligroso precedente, pues son muchos los propietarios de suelo calificado como equipamiento o zonas verdes que tras esta Modificación del PGOU estarían legitimados para exigir el mismo trato por parte del Ayuntamiento de Murcia. 

Señaló, asimismo, que la actual calificación de los locales anexos a la Plaza de Toros no era fruto de un error, tal y como se manifestó en la Comision de Urbanismo, y que los cálculos que se ofrecían en el expediente de tramitación no eran correctos ni existía justificación adecuada para esta operación urbanística, lo cual hacia que su viabilidad pudiese estar en entredicho.

Por ello, Ahora Murcia se oponía a que se elevara al Pleno de este mes de enero, y aunque la Comisión dictaminó a favor, finalmente el concejal de Urbanismo ha reculado y ha retirado del orden del día la polémica modificación n° 131 del PGOU.

Esta modificación urbanística afecta a los antiguos juzgados de La Condomina, que con esta actuación urbanística dejarían de estar calificados como Equipamientos Estructurantes con unos usos en beneficio de la población que pasarían a poder albergar un centro comercial o cualquier negocio privado o espacios de ocio, incluso nocturno.

Para Ahora Murcia, este barrio y su entorno están necesitados de equipamientos, dado el déficit de infraestructuras educativas, culturales y sociales, por lo que no apoya que se merme esta dotación de espacios en pleno centro urbano, para llevar los equipamientos a zonas alejadas como Los Dolores, sin ninguna relación con este barrio.

Además, desde Ahora Murcia se alerta de la colmatación de estos barrios en cuanto a oferta de ocio, falta de aparcamientos, problemas de ruidos y de ocupación del espacio público, como vienen denunciando las asociaciones vecinales y los colectivos en defensa del descanso vecinal.

Es por ello que la formación municipalista demanda una reflexión al equipo de Gobierno para que en vez de seguir disminuyendo los espacios para uso público y las infraestructuras para el servicio del ciudadano, doten adecuadamente de equipamientos y servicios barrios como San Juan, La Paz, La Fama y Santa Eulalia, en el entorno inmediato de La Condomina.

'Cambiemos Murcia' urge al Ayuntamiento a impulsar un plan de localización y sellado de pozos abandonados

MURCIA.- Cambiemos Murcia ha pedido hoy al concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, Antonio Navarro, que elabore un plan para la identificación y sellado de los pozos abandonados en el municipio, especialmente en las zonas más transitadas, en colaboración con la Policía Local, agentes medioambientales y colectivos como clubes senderistas.

La formación municipalista ha indicado que en el entorno de la Sierra de Carrascoy y El Valle se pueden encontrar antiguos sondeos construidos para buscar agua que fueron abandonados hace años, y muchos de los cuales siguen abiertos, como el descubierto hace unos días en el Majal Blanco, lo que supone un "riesgo" para quienes transiten por esos espacios.

Ginés Mirón, miembro del grupo de Huerta y Modelo de Ciudad de Cambiemos Murcia, ha indicado que estos pozos tendrían que haberse sellado "hace mucho tiempo", y ha urgido al Ayuntamiento a poner en marcha este plan junto a asociaciones que conocen la zona, como las de senderistas, la Policía Local y agentes especializados en el área forestal.

"Confluye Podemos", primera candidatura en las primarias de la formación morada para el Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- Hoy se ha hecho pública la presentación de la candidatura "Confluye Podemos", tras ser avalada por el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos y por el círculo de Murcia-Costera Sur. 

Se trata, por tanto, de la primera de las distintas listas que concurrirán a las votaciones que, entre el próximo 1 y el 5 de febrero, permitirá a la militancia de la formación morada elegir quiénes serán los próximos representantes del partido en el Ayuntamiento de Murcia. 

Así mismo, se ha anunciado que estará liderada por la secretaria de feminismo e igualdad de Podemos en el municipio de Murcia, Maribel Cabezos, quien también es vocal en la Junta Municipal de Aljucer.

Junto ella, integran la candidatura varios consejeros municipales del partido en Murcia, como Conxi Arlandis o Quique Saura. Además, también aparecen representantes de Cambiemos Murcia en distintas juntas municipales, como Álvaro de Verástegui, vocal de cultura en La Alberca, o Loli Flores, vocal en El Barrio del Progreso. 

La lista, además, incorpora a activistas por los derechos de la mujer (Elena Vera), el derecho a la vivienda (Inma Munuera) o el animalismo (Marga García), así como militantes de Podemos procedentes del ámbito sindical (el abogado Antonio Pérez) o universitario (el catedrático de medicina de la UMU Pedro Aparicio, quien también proviene de Ahora Murcia).

Desde "Confluye Podemos", apuestan por una única "candidatura del cambio en Murcia", que sirva para unir a los actuales grupos de Ahora Murcia y Cambiemos Murcia con su militancia y los independientes que trabajan en ellos. 

Consideran "imprescindible la confluencia con IU, Equo y otros colectivos sociales, cumpliendo con el mandato de la militancia de Podemos, para conseguir en las próximas elecciones locales que Murcia se convierta en una ciudad que se sume a los ayuntamientos del cambio".

"La confluencia es el mandato que nos dio la militancia de Podemos en Murcia por un 86,77% de los votos", recuerda la candidata Maribel Cabezos. 

"Cuando en el Congreso de los diputados y en el Senado hay un solo grupo parlamentario de Unidas Podemos y sus confluencias, y cuando hay una única candidatura en las elecciones al Parlamento europeo, no se puede explicar a las murcianas y murcianos el porqué de dos o tres papeletas de candidaturas que, en realidad, defienden la misma propuesta política", añade.

Por otra parte, esta candidatura se muestra contraria a poner en marcha en el municipio un hipotético "Más Murcia" que emulara el modelo creado por Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid. 

El también candidato Antonio Pérez indica que el municipalismo asambleario y de base que defienden "se basa en lo mejor que puede extraerse de proyectos hermanos de nuestro entorno, como Alternativa por Santomera, Cambiemos Murcia, Ahora Murcia o Cambiemos Molina". 

Entendiendo que, por el contrario, Más Madrid "está en las antípodas de esto, puesto que éste tiene un carácter marcadamente personalista, que en lugar de enriquecer a Podemos y a nuestro proyecto político, lo debilita de forma completamente gratuita".

A nivel programático, se ha resaltado la necesidad de proponer a las murcianas y murcianos que, "frente al auge de ideas reaccionarias, se trabaje por un ayuntamiento solidario, feminista y ecologista, que esté al servicio de la gente humilde y de los trabajadores, y que trate por igual a las vecinas independientemente de que residan en barrios y pedanías o en el centro de la ciudad".

Los candidatura de "Confluye Podemos" también quiere hacer un llamamiento a una reunión urgente de las direcciones locales de Podemos, Izquierda Unida y Equo para alcanzar un acuerdo a la mayor brevedad y que, "si fueran incapaces de hacerlo, en lugar de dividir el voto del cambio, se sometan al veredicto de la militancia con unas primarias abiertas para ordenar la candidatura única", explican.

El área 3 del SMS (Bajo Guadalentín) concentra el 43,5% de todos los pacientes sin fecha para consulta con especialista

LORCA.- En relación a los datos del último trimestre del año 2018 del SMS sobre el estado de las listas de espera, desde la plataforma de afectados de las listas de espera y falta de recursos del área III quieren destacar la situación en la que "nuestra área de salud se encuentra". 

"Es correcto que en algunos datos totales hay una ligera mejoría como es el caso de los pacientes sin fecha asignada donde existe una reducción de 1.317 pacientes en relación a consultas externas o 580 en técnicas diagnósticas, pasando la mayor parte de estos pacientes de estar en un "limbo sin cita" a engrosar la lista de espera con cita. Este hecho ocasiona una nueva subida en los tiempos de espera para intervención quirúrgica y para la realización de pruebas diagnósticas, por ejemplo".

"Aunque inicialmente puede parecer una mejora, hay que ser cautos con los datos. El área III de salud sigue siendo el área con mayor número de pacientes en espera sin fecha: 6.563 del total de 15.082 de toda la Región en consulta de especialista, lo que supone que los vecinos de Lorca junto con los municipios de Águilas, Totana, Aledo y Puerto Lumbreras (Bajo Guadalentín) soportan el 43,5% del total de pacientes que esperan sin fecha de toda la Región de Murcia". "En el caso de pruebas diagnósticas estaríamos hablando de 6.825 pacientes sin cita asignada. Manteniendo tiempos medios de espera que en ocasiones duplican o incluso triplican como es el caso de dermatología, donde la espera media se sitúa en los 178,13 días, muy por encima de los 50 días establecidos por ley.

Según el SMS, hay áreas en las que se ha llegado al objetivo de no tener a ningún paciente en esta situación como son los pacientes adscritos a los hospitales de La Arrixaca, de Murcia; Noroeste, de Caravaca de la Cruz; Virgen del Castillo, de Yecla; y prácticamente ninguno en las áreas de los hospitales Morales Meseguer, Reina Sofía y  Lorenzo Guirao de Cieza", por lo que desde la plataforma de afectados por las lista de espera y falta de recursos del Área III "nos preguntamos por qué no es así en nuestra área y consideramos que desde la Gerencia deberían aportar explicaciones".

"Recordamos a los usuarios del área III que existen un decreto ley y una resolución del director gerente que se están incumpliendo de forma sistemática y que en caso que lo precisen pueden recibir asesoramiento e información de forma gratuita en nuestra plataforma contactando bien a través de la página de Facebook, de la página www.plataformaafectadosarea3.com o del teléfono ( llamadas y Whatsapp) 637 656 818".

Se remite a los lorquinos notificaciones de archivo de los expedientes de justificación de ayudas de los terremotos

LORCA.- El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado que esta mañana se han remitido por parte del Ayuntamiento un total de 127 cartas conteniendo notificaciones de archivo para las personas que recibieron ayudas económicas públicas para la reparación o reconstrucción de sus viviendas tras los terremotos del año 2011. 

"Estamos trabajando para los afectados por esta cuestión, tal y como me comprometí a hacer en su momento. De hecho exigimos que se resolviese este tema, consiguiendo que se estableciera un marco normativo adecuado, que se tradujo en la aprobación de una Ley a medida en la Asamblea Regional".

Fulgencio Gil ha explicado que estas cartas son un documento "clave" dentro del proceso de justificación de las ayudas recibidas, que cuentan con la firma del alcalde y del director general de Urbanismo de la Consejería de Fomento. 

"Nos encontramos ya ante un proceso en positivo y que no se va a detener hasta lograr la solución de todos estos casos. Es una medida imparable que logramos ejecutar tras coordinar el trabajo de las administraciones públicas, estableciendo un mecanismo práctico y efectivo. 

De hecho el objetivo es que sigan saliendo entre 100 y 150 con periodicidad semanal hasta completar el proceso de notificación, ya que compartimos totalmente la inquietud de los personas al efecto, y queremos que se siga avanzando".

El alcalde, Fulgencio Gil, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, rubricaron hace apenas unas semanas el convenio por el que se establece una tramitación rápida y ágil para dar solución inmediata a los vecinos. 

De esta forma el Ayuntamiento se ha implicado de forma directa en este trámite a través del personal técnico de la Oficina, los cuales llamarán en los próximos días a cada uno de los afectados pendientes de justificar la subvención para hacerles llegar el modelo de la cuenta simplificada y ayudarles a su cumplimentación. 

En esta situación se encuentran 2.748 personas. El Consistorio, en esta línea, trabaja como organismo colaborador y gestor de la Oficina de la Reconstrucción, realizando esta labor de información y asesoramiento a cada uno de los vecinos afectados en la tramitación de sus expedientes.

El objetivo es establecer una tramitación rápida y ágil de esta fase de las ayudas para dar solución inmediata a los vecinos y ponernos una vez más a su disposición para resolver sus dudas, ayudarles a cumplimentar la cuenta simplificada de justificación de las ayudas y aportar la documentación necesaria.

El alcalde de Lorca ha reiterado al Gobierno de España que renuncie expresamente a la parte de los intereses de demora de las ayudas a los damnificados por los terremotos que está exigiendo actualmente. 

"Hemos de señalar que, tras el insistente trabajo llevado a cabo por parte del Ayuntamiento, pactamos con el Gobierno Regional que declinara pedir su parte a los afectados, algo que aprobó ya en su momento. Lo que ahora queremos es que el gobierno central haga lo propio y pare los embargos que se puedan ocasionar a los damnificados. Esta cuestión también depende del interés político que quieran tener con Lorca. Llevamos ya varios meses exigiendo que renuncien a estos intereses de demora, pero sigue pasando el tiempo y no son capaces de despejar la incertidumbre que han provocado a los afectados".

El socialista Mario Cervera propone recuperar la Mancomunidad Turística para potenciar el Mar Menor

LOS ALCÁZARES.- Mario Cervera, portavoz del PSOE de Los Alcázares ha criticado que “Los Alcázares no utilizara el gran escaparate turístico de Fitur para presentar el municipio y su atractivo turístico, como si ha hecho el resto de ocasiones”. 

“Lo han hecho todos los municipios del Mar Menor menos Los Alcázares. Desconocemos las razones, pero consideramos que es una gran oportunidad perdida para trasladar las grandísimas potencialidades de las que disponemos”.

Mario Cervera ha expresado la importancia de recuperar la Mancomunidad Turística del Mar Menor para consensuar y ejecutar las distintas políticas turísticas y seguir potenciando el Mar Menor como destino turístico. 

“Me comprometo a liderar la recuperación de la Mancomunidad Turística del Mar Menor si los vecinos deciden elegirme como alcalde”. 

“El Partido Popular no debió eliminar este importante órgano mancomunado. Debió corregir los errores y aprender de los aciertos. Hoy es más necesario que nunca”. 

"En Fitur, la segunda feria de turismo más importante del mundo, han sido numerosos los municipios de la Región de Murcia que han aprovechado este importante escaparate mundial para venderse como destinos turísticos. Ayer lo hicieron, entre otros, Torre Pacheco, La Unión y Cartagena, y San Pedro del Pinatar y San Javier".

La ciencia se lleva casi el 60 % de la oferta de empleo público de 2018

MADRID.- Casi el 60 por ciento de las 2.528 plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordinaria de 2018 serán para la ciencia, un sector "particularmente afectado" por la temporalidad al que el Gobierno quiere fortalecer y dar estabilidad.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete.

El real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros prevé una oferta de empleo público de 2.528 plazas, de las que 2.041 serán para estabilizar al personal temporal en la Administración General del Estado (AGE).

El 58 % de esta convocatoria, es decir, 1.454 plazas, serán para estabilizar el empleo en la ciencia, un sector que el Ejecutivo quiere fortalecer para que España pueda tener un progreso "mucho más competitivo".

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) será el más beneficiado, con 960 plazas, lo que equivale al 9,48% de la plantilla, seguido del Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), que tendrá 261 plazas (el 21,9 % de la plantilla).

El resto de las plazas se repartirán entre el Instituto de Salud Carlos III (93 plazas, el 10,8% de la plantilla); el Instituto Español de Oceanografía (IEO) (54 plazas, 9,5% de la plantilla); el Instituto Geológico y Minero (50 plazas, el 14,2% de la plantilla), y el Instituto de Investigaciones Agrarias (36 plazas, 4,7% de la plantilla).

Además de acabar con la elevada tasa de temporalidad en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), esta oferta pública de empleo -que no se convocaba desde hace más de una década- permitirá rejuvenecer las plantillas de los centros de investigación.

Las 1.454 plazas, que serán para investigadores, técnicos medios y superiores, y personal de gestión, se publicarán en los próximos meses, precisa el Ministerio de Ciencia en una nota.

"España necesita investigadores comprometidos con el tejido social y científico" pero, para ello, hay que asegurarles la estabilidad necesaria para "permanecer afincados en el país", ha concluido Celaá.

Los bancos deben informar de los riesgos de la renta vitalicia, según el Supremo

MADRID.- El Tribunal Supremo ha dictaminado que las entidades deberán informar "de manera expresa y con claridad" de los riesgos vinculados a los planes de pensiones, en concreto, a la modalidad de renta vitalicia asegurada, en caso de que el beneficiario fallezca antes del plazo fijado.

En una sentencia conocida hoy, el pleno de la sala de lo Civil reconoce el derecho de las demandantes a percibir las rentas devengadas desde el fallecimiento de su padre en 2010 hasta la finalización del periodo de los quince años, en 2018, al entender que Ibercaja no ofreció una "información adecuada".

En concreto, debería haber avisado de que, en un supuesto extremo, si al día siguiente de suscribir este producto fallecieran en un accidente tanto el pensionista como la persona a favor de quien se hubiera establecido la reversión, su cónyuge por ejemplo, los hijos no tendrían ningún derecho a recibir el dinero acumulado.

De este modo, la sala da la razón al juez de primera instancia y revoca el fallo de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que entendió que la prestación se había extinguido con el fallecimiento del matrimonio.

Al respecto, el tribunal considera especialmente exigibles los deberes de información y transparencia acerca de los derechos de estos clientes y las distintas modalidades de cobro de las prestaciones, como son la percepción del capital en pago único, la renta garantizada o rentas financieras cuya cuantía o duración no están garantizadas.

Cada una de ellas presenta ventajas y riesgos, y la valoración de cuál es la mejor forma de cobrar dependerá en cada caso de las necesidades del beneficiario, para lo cual es preciso que cuente con un conocimiento de las características de cada una de las opciones.

En este sentido, insiste la sala, al ser los planes de pensiones productos comercializados como una forma de ahorro, para un consumidor sin conocimientos específicos la expresión "renta asegurada" evoca una garantía de que va a poder cobrar en el transcurso del plazo fijado.

Motivo por el cual debe reforzar la calidad de la información que ofrezca a los clientes.

El Tribunal Supremo valida que las viviendas vacacionales se alquilen por habitaciones

LAS PALMAS.- El Tribunal Supremo ha anulado el precepto del decreto de viviendas vacacionales del Gobierno canario que prohíbe a sus propietarios alquilarlas por habitaciones sueltas, al no encontrar ninguna razón que justifique esa limitación, ni siquiera en las molestias a los vecinos.

El Supremo revoca así otro de los artículos más controvertidos de la normativa que regula el alquiler vacacional en Canarias desde 2015, semanas después de haber anulado su principal limitación: la que prohibía ofrecer ese tipo de alquileres en zonas turísticas.

En esa nueva sentencia, el Alto Tribunal se reafirma en que vetar las viviendas vacacionales en las áreas turísticas contraviene la libertad de empresa y es una medida que solo puede responder a un intento "por favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales", lo que vulnera la Ley sobre Unidad de Mercado.

Este nuevo fallo entra a examinar un nuevo artículo del decreto, para dar la razón al Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su decisión de eliminar del decreto también el artículo que prohibía el llamado "alojamiento y desayuno", el alquiler por habitaciones.

El Gobierno de Canarias había alegado en su defensa motivos que consideraba de interés general y que concretaba en el impacto que, a su juicio, podía tener ese tipo de alquileres por habitaciones en edificios donde coexisten viviendas residenciales y turísticas.

Permitir en ellas el "bed and breakfast", argumentaba la comunidad autónoma, "perturba la convivencia entre el residente habitual con el usuario turístico que está de vacaciones y que tiene horarios y costumbres diferentes".

El Supremo se pregunta, en primer lugar, por qué el Gobierno de Canarias no esgrime esa misma objeción cuando se trata de autorizar el alquiler de viviendas completas, a las que no pone impedimentos de ese tipo, aunque estén en edificios con residentes habituales.

Pero, además, el Tribunal aclara que tampoco comparte esas razones, porque el Gobierno de Canarias no ha "justificado que esa hipotética pertubación de la convivencia debería resultar, en todo caso, inevitable e intolerable por exceder de las meras incomodidades que, de manera natural, comporta la vida compartida en el ámbito de una comunidad de vecinos".

La comunidad autónoma también intentó defender que ese tipo de alquiler por habitaciones vulneraba la Ley de Arrendamientos Urbanos, cosa que el Supremo rechaza de plano, porque no existe en esa norma ninguna disposición de prohíba esa actividad.

España alcanzó en 2018 un récord en inversión hotelera, con 4.860 millones

MADRID.- España alcanzó en 2018 un volumen de inversión hotelera de unos 4.860 millones de euros, lo que supone un nuevo récord y sitúa al país en la segunda posición de Europa, solo por detrás de Reino Unido, con un total aproximado de 7.504 millones, según un estudio publicado por la consultora Christie & Co.

De acuerdo con este informe, un 40 % de las inversiones hoteleras en España procedieron de Estados Unidos y un 35 % se efectuaron gracias a inversores nacionales.

En concreto, la firma señala que un 52,7 % de la inversión vino de fondos y compañías de inversión y un 24 % de empresas hoteleras.

Además, un 64 % de las operaciones que se registraron el pasado año tuvo como destino el turismo de sol y playa, como Canarias, Baleares y Costa del Sol, con un 30 %, un 20 % y un 3 %, respectivamente.

Por su parte, un 36 % de las inversiones se llevaron a cabo en destinos urbanos como Madrid (12 %), Sevilla (4,5 %) y Barcelona (3,5 %).

Respecto a los destinos secundarios, en 2018 se registró un crecimiento de las inversiones del 65 % respecto al año anterior, lo que supone un 23 % de la inversión total del país.

La Región registra la tercera pensión media más baja del país

MURCIA.- La pensión media en la Región de Murcia asciende a 864,78 euros, la más baja del país tras Extremadura (818,99 euros) y Galicia (833,31), mientras que la más alta es la del País Vasco (1.223,15 euros).

El gasto mensual en pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 9.535,52 millones de euros en enero, lo que supone un incremento interanual del 7,08%, marcando así la mayor subida desde 2009, primer año del que se dispone de comparativa.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, diciembre es el sexto mes consecutivo en que la nómina de pensiones aumenta más del 4%, después de varios años con encarecimientos más moderados.

El alza del gasto en pensiones es consecuencia del incremento natural del número de pensionistas, así como de su revalorización general del 1,6%, que alcanza el 3% en el caso de las pensiones mínimas y las no contributivas, así como del alza del 56% al 60% de la base reguladora de la pensión de viudedad.

En este mes, la pensión media de jubilación fue de 1.129,66 euros, lo que supone una subida del 5,1% respecto a enero de 2018, mientras que la de viudedad se ha situado en 707,4 euros, tras elevarse un 8,6% respecto al año anterior.

En cuanto a la pensión media del sistema, que comprende las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, se ha situado en 983,46 euros mensuales, tras un ascenso interanual del 5,72%.

En su conjunto, en enero se abonaron 9,69 millones de pensiones contributivas, un 1,29% más que hace un año, y el 61,88% de ellas fueron prestaciones por jubilación (6.000.191) y el resto de viudedad (2.361.540), así como de incapacidad permanente (954.031), orfandad (337.866) y a favor de familiares (42.242).

En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (con datos de diciembre) es de 1.348,84 euros (lo que supone un incremento del 1,26%, el mayor para este mes de los últimos tres años).

Por género, las mujeres son las que acaparan la mayor parte de las prestaciones por viudedad (92,2%) y a favor de un familiar (69,4%), mientras que los hombres son mayoritarios entre los pensionistas por incapacidad permanente (63,9%), jubilación (61,8%) y orfandad (52,5%). 

En conjunto, los hombres acaparan el 48,4% de las prestaciones y las mujeres el 51,6 % restante. La edad media del pensionista español es de 72 años, con un promedio de 74 años entre las mujeres y de 70 años entre los hombres.

Por comunidades autónomas, las pensiones medias más altas, todas por encima de los mil euros mensuales, se han cobrado en País Vasco (1.223,15 euros), Asturias (1.161,21), Madrid (1.157,8), Cantabria (1.036,63), Navarra (1.130,52), Aragón (1.036,81 euros) y Cataluña (1.019,38).

Las más bajas, por contra, se han abonado en Extremadura (818,99 euros), Galicia (833,31), Murcia (864,78), Andalucía (881,62), Canarias (902,45), Valencia (906,07), Castilla-La Mancha (907,51), Baleares (909,96), La Rioja (960,30) y Castilla y León (970,93). Por su parte, las pensiones medias en Ceuta y Melilla han sido de 992,44 y 925,83 euros mensuales, respectivamente.

Los arrozales de Calasparra probarán un nuevo sistema de valoración de cultivos

CALASPARRA.- La Región de Murcia, junto a otras cuatro comunidades autónomas, pone en marcha este año el proyecto piloto de monitorización para el control del pago de ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Este sistema se iniciará con las solicitudes de la ayuda asociada al cultivo del arroz de Calasparra, así como para el Régimen de Pago Básico de inscripciones en Fuente Álamo.

Estas cinco comunidades aplicarán de forma selectiva, en determinadas ayudas de la PAC 2019, el uso de nuevas tecnologías, como satélites de la Agencia Espacial Europea capaces de realizar imágenes multiespectrales con una frecuencia de cinco días. 

Las imágenes serán procesadas en los servidores del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida) y los resultados se facilitarán en el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC). Asimismo, se utilizarán drones con cámaras para tomar fotos y vídeos georreferenciadas.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, visitó este viernes el coto arrocero de Calasparra, donde presentó este proyecto piloto cuya finalidad es simplificar y modernizar las gestiones de pagos tanto para la administración como para los perceptores.

Los controles por monitorización, explicó Del Amor, «tienen una naturaleza preventiva y se realizarán de forma continua». 

Además, añadió que «cuenta con sistema de alarmas previas, que tienen por objeto evitar que el agricultor cometa errores al presentar la declaración, para lo que se realiza un seguimiento y evaluación regular de todos los criterios de admisibilidad».

Asimismo, la monitorización puede suponer una reducción de la carga de trabajo con respecto al control actual. 

 «Se pretende no llevar a cabo visitas de inspección sobre el terreno o emplearlas únicamente como último recurso», concretó el consejero.

El Mar Menor tendrá el próximo verano un sistema de monitorización continua

CARTAGENA.- La Comunidad Autónoma desplegará el próximo verano una veintena de 20 sondas de vigilancia y monitorización continua de la calidad de las aguas en el Mar Menor, que en la actualidad tiene una transparencia de 5,2 metros de profundidad. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, presenció este viernes la actividad de la sonda 'Nautilus', un innovador prototipo sumergible desarrollado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y que ha superado la fase de pruebas.

El objetivo del Gobierno regional es que esta red esté preparada para su despliegue definitivo durante la temporada alta, cuando se registran los incrementos de temperatura del agua, distribuyéndose por diferentes puntos de la laguna para monitorizar su estado de manera automática y permanente.

La previsión de la Comunidad Autónoma es que varios de los integrantes del Comité de Asesoramiento Científico decidan cuáles son los sensores que debe llevar cada dispositivo, de forma que, como mínimo, detecte los niveles de clorofila, turbidez o salinidad, parámetros que registran en la actualidad los registros mínimos de toda la serie histórica.

El proyecto del prototipo sumergible 'Nautilus', puesto en marcha por la Comunidad, supone una inversión de 15.000 euros y es desarrollado por un equipo de expertos formado por profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y técnicos especialistas en ciencia y tecnología.

La sonda está dotada de un sistema que le permite sumergirse y ascender a la superficie de manera autónoma y enviar los datos registrados a un servidor web desglosados por cada nivel de profundidad determinado. 

Además, mediante la conexión wifi se pueden modificar los parámetros de medición de manera remota y sin necesidad de sacarlo del agua.

Durante las pruebas de campo, realizadas los últimos meses, los datos se enviaron a unos servidores propiedad de una 'spin off' surgida a partir de la UPCT, que cedió su plataforma web. Los técnicos detallaron que, una vez hecha la inversión en el prototipo, replicar las sondas hasta la veintena solicitada por la Comunidad Autónoma requerirá una inversión y un plazo de tiempo inferior al desarrollo del primer aparato.

Tras destacar que este nuevo sistema va a permitir que el mar Menor siga siendo el ecosistema «más controlado de toda Europa», López Miras aseguró que los datos de recuperación de la laguna «son históricos». 

En concreto, la turbidez y la clorofila se sitúan, respectivamente, en niveles de 0,57 y 0,29 microgramos por metro cúbico, lo que supone 50 veces menos que en el mes de agosto de 2016 y el valor más bajo registrado desde esa fecha, al tiempo que declaró que, a día de hoy, «se ve el fondo» en todas las zonas del mar Menor.

La mayor penetración de la luz solar en el agua beneficia a su vez a la fauna y la flora del mar Menor, que ha recuperado ya más del 50% de la pradera submarina y donde han proliferado especies singulares como el caballito de mar, la nacra o el fartet. 

«La recuperación es más que evidente pero vamos a seguir avanzando con el objetivo de consolidar el blindaje del mar Menor para que nunca más deje de estar tan bien como está en la actualidad», añadió López Miras antes de comparar los 22 millones de euros que presupuesta su gobierno para la laguna frente a los «cero euros» que, remarcó, contempla el proyecto de ley de presupuestos del Estado para esta zona.

En este sentido, el líder del Ejecutivo murciano aclaró que el Gobierno central no prevé invertir este año en el control de avenidas en el campo de Cartagena, cuyo objetivo sería evitar que las escorrentías acabaran en la laguna, ni en el proyecto de «vertido cero». 

López Miras pudo comprobar in situ el funcionamiento del prototipo a bordo de una embarcación, en la que estuvo acompañado por el consejero de Empleo, Universidades, Empresas y Medio Ambiente, Javier Celdrán, y la alcaldesa en funciones de San Javier, María Teresa Fontcuberta.

Urralburu pide "acabar con el fuego cruzado" en Podemos "para reconducir la situación"

TOLEDO.- Los diez secretarios generales autonómicos de Podemos que se han reunido este viernes en Toledo, convocados por el de Castilla-La Mancha, José García Molina, han llamado a la "unidad y a la responsabilidad" y han pedido al partido a pocos meses de celebrarse las elecciones no caer "en el fuego cruzado" y "en las declaraciones altisonantes".

El secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, uno de los impulsores de la cumbre, ha señalado que "hay que acabar con el fuego cruzado" en Podemos y ha abogado por reconducir la situación: "Nadie entiende el fuego cruzado. Por eso hacemos un llamamiento al diálogo, a reconducir la situación y a pensar en toda la gente que nos está mirando y que confía en nosotros para lograr un cambio político en nuestros respectivos territorios", ha afirmado.
Urralburu ha admitido que aunque el actual es un momento que "evidentemente no es fácil" para el partido, deben reconocer "que tenemos organización, proyecto político para este país y tenemos la capacidad de poner por delante los intereses de nuestro país y nuestras comunidades autónomas".
Urralburu ha manifestado que, en su opinión, "todos" son responsables de la situación de Podemos. "Nada ocurre porque se produzca una crisis en un momento determinado, siempre son errores que se han venido acumulando y estamos convencidos de que se puede avanzar más y mejor sobre nuestros propios documentos y nuestro propio proyecto político", ha enfatizado.
Por ello, ha considerado que la reunión celebrada en Toledo es "una declaración de futuro, de mirar hacia delante" y enfocarse en el proyecto político de Podemos para España y para cada una de las regiones.
En cuanto a la ausencia de responsables de algunas comunidades autónomas, Urralburu ha recordado que "no todas las comunidades van a tener elecciones este mes de mayo y eso supone diferentes perspectivas", aunque ha reconocido que "hay gente que considera legítimamente que es mejor tratar esta cuestión de otra manera y de otra forma".
Sobre la dimisión del secretario general de la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, Urralburu ha señalado: "Respeto máximo a la decisión de un compañero que me consta que compartía las preocupaciones y los objetivos que hemos trabajado en Toledo".
Ha sido el anfitrión del encuentro, el castellano-manchego José García Molina quien ha hecho de portavoz de los secretarios generales llegados, además de la Región de Murcia, de Euskadi (Lander Martínez), La Rioja (Kiko Garrido), Islas Baleares (Mae de la Concha), Extremadura (Alvaro Jaén), Valencia (Antonio Estañ), Canarias (Noemí Santana), Aragón (Nacho Escartín) y Asturias (Daniel Ripa). A este encuentro no ha acudido ningún miembro de la dirección nacional de Podemos.
Esta llamada a la "confianza, a la unidad, a la coordinación y a la negociación" que han hecho estos diez líderes territoriales en la capital castellano-manchega estará recogida en lo que han denominado la 'Declaración de Toledo' con el fin de seguir construyendo "un proyecto político" que para los dirigentes autonómicos "es esencial" para España.
Molina ha asegurado que el hecho de que hoy diez secretarios generales autonómicos se citen en Toledo demuestra "un mensaje de unidad", algo que "la gente de Podemos quiere y está esperando".
"No queremos de ninguna de las maneras que vuelvan a gobernar las derechas en este país que tanto daño han hecho en legislaturas anteriores", algo que en Castilla-La Mancha "lo recordamos muy bien".
Según ha apuntado, es "responsabilidad" de los líderes territoriales lanzar "un mensaje claro de cómo queremos que este partido vaya" y eso -ha incidido- "pasa por unidad, por coordinación, negociación y pasa por que sepamos estar a la altura" del momento político presente y futuro.
Asimismo, García Molina ha defendido que en un momento en el que la derecha política se está fraccionando, "las fuerzas progresistas tienen que negociar mucho más y tienen que plantear un proyecto distinto de país".
"No queremos volver a una España en blanco y negro", ha dicho.
De su lado, la secretaria general de Podemos Canarias, Noemi Santana, ha añadido que los líderes territoriales pueden aportar "muchísimo" a la estrategia de futuro que debe marcarse Podemos y es por ello que han decidido celebrar más reuniones en otros territorios para reflejar la realidad plural del país.
De su lado, el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha defendido que este es un momento "ilusionante y esperanzador" para Podemos por presentarse "por primera vez" a las elecciones municipales y repetir en las autonómicas y europeas.
"Dependemos de nosotros mismos y no podemos caer en el pesimismo en el que nos intentan instalar desde muchos poderes", ha advertido.
Escartín ha reivindicado que Podemos debe ser capaz de "demostrar que venimos aquí a cambiar las cosas", como, ha añadido, lo están haciendo con los Presupuestos Generales del Estado o "con la moción de censura que sacó a Rajoy del Gobierno de España".
Asimismo, ha aclarado que los secretarios generales autonómicos reunidos en Toledo no se han unido para "reclamar nada a la interna".
"Esto no va de eso, lo que valoramos es la capacidad de entendernos y no vemos 'mira, ese es pablista, ese es errejoner, ese es anticapi'. Aquí somos todos Podemos", ha apuntado.

Murcia tuvo en 2018 la menor tasa provincial de muertes por cáncer de España

MADRID.- La región uniprovincial de Murcia tuvo en 2018 la menor tasa provincial de muertes por cáncer de España por cada 100.000 habitantes, 107, y la segunda menor de nuevos casos, 496. 

Así lo recoge el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), cuyo último informe se ha divulgado este viernes, con datos de 2018 de incidencia, prevalencia y mortalidad de esa enfermedad, donde en envejecimiento también se deja notar en los datos.
Zamora tuvo en 2018 la mayor tasa de casos, 842, seguida de Orense y Lugo, con 830 y 800, respectivamente, frente a los 480 de Almería, en el extremo contrario.
En 2018 se diagnosticaron en España 270.363 nuevos casos de cáncer, 114.392 en mujeres y 155.971 en hombres, que supone una tasa por 100.000 habitante de 579, que se eleva a 682 en hombres, con 480 en el caso de mujeres, según los datos del informe.
En cuanto a las muertes por cáncer, el pasado año fallecieron 110.743 personas por esa enfermedad en España, con 43.438 mujeres y 67.315 hombres, que suponen una tasa de fallecidos por 100.000 de 237, con 180 en el caso de las féminas y de 294 en la de los varones.
Castilla y León tiene una tasa de 311 muertes por 100.000, con 239 en el caso de las mujeres y de 384 en la de los hombres, y de nuevo Zamora a la cabeza nacional, con 369 decesos por 100.000, también de nuevo por delante de los 367 de Orense y los 363 de Lugo, con los 189 de Almería y los 107 de Murcia en el otro extremo.
El observatorio de la AECC ofrece datos sobre la prevalencia de la enfermedad a los cinco años, esto son los pacientes de cáncer a los que se ha diagnosticado cáncer dentro de los cinco años anteriores.
En total en España hay 772.853 prevalentes a los cinco años, con 358.434 mujeres y 414.419 hombres, que suponen una tasa total por 100.000 de 1.655, con 1.505 en las féminas y 1.811 en los varones.
Castilla y León tiene de nuevo el sexto mayor dato absoluto con 49.245 prevalentes, 7.071 mujeres y 27.441 hombres y tasas de 2.045, con 1.784 en el caso de las mujeres y 2.314 en el de los hombres.
De nuevo Zamora tiene la mayor prevalencia a cinco años de todas la provincias, con 2.363, por delante de los 2.341 de Orense, con los 1.377 de Almería en el otro extremo.

Denuncian que en la cárcel de Campos del Río "solo hay un médico para 1.100 internos"

MURCIA.- El sindicato CSIF ha denunciado este viernes "la situación crítica que existe en el centro penitenciario Murcia II de Campos del Río, con cuatro médicos de baja médica de los cinco de la plantilla, con lo que la institución está con un solo facultativo para 1.100 internos".

En un comunicado de prensa fuentes de este sindicato han señalado que, además, el único médico con que cuenta la prisión "solo lo está de forma presencial de 8 a 15 horas, "quedando el centro sin médico toda la tarde y noche".
"Esta realidad, que no es aislada y se produce de forma reiterada en el tiempo, se ve agravada porque conlleva que el resto de personal sanitario tenga una sobrecarga de trabajo, algo inadmisible", porque quien no es médico no puede hacer las tareas de éste, y porque el personal sanitario también sufre su propia falta de recursos humanos", han denunciado las fuentes.

La Unión Europea acuerda un permiso de 4 meses para cuidar de los hijos, con 2 meses retribuidos

BRUSELAS.- Las instituciones de la Unión Europea han acordado este jueves instaurar un permiso retribuido de "al menos" cuatro meses para el cuidado de los hijos al que puedan acogerse cada padre y cada madre, de los cuales dos meses no podrán ser transferibles entre los progenitores y estarán retribuidos a un nivel que podrá decidir cada Estado miembro.

Se trata de la principal característica del acuerdo alcanzado entre los negociadores del Consejo de la UE (los países) y el Parlamento Europeo sobre la nueva directiva sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores. Antes de entrar en vigor, las nuevas reglas deben ser aprobadas por las dos instituciones.

En la actualidad, la legislación comunitaria prevé que los trabajadores puedan solicitar una excedencia de hasta cuatro meses para el cuidado de menores de hasta ocho años de edad, pero no hay reglas que exijan que sea un permiso remunerado y permite transferir al otro progenitor tres de los cuatro meses.

Sin embargo, el pacto preliminar es menos ambicioso que la propuesta original que la Comisión Europea planteó en abril de 2017, en la que abogaba por introducir un permiso retribuido de al menos cuatro meses y en ningún caso intransferible.

El acuerdo también incluye una baja de paternidad mínima de diez días para los hombres tras el nacimiento de su hijo, que tendrá que estar remunerada al menos con el mismo nivel que esté establecido para la baja por enfermedad. Los países con bajas por paternidad "más generosas", como España, las podrán seguir manteniendo.

Además, todos los padres y madres con hijos de hasta ocho años de edad tendrán el derecho a pedir a sus empresas diferentes fórmulas de trabajo , como un horario reducido o flexible y flexibilidad con respecto al lugar de trabajo.

Por último, las instituciones comunitarias también han pactado disposiciones en materia de permisos para cuidadores a través de un derecho de cinco días libres por trabajador y año.

"El acuerdo da un gran impulso a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la UE. Esta directiva facilitará la participación de la mujer en el mercado laboral y un reparto equitativo de las responsabilidades de cuidados. También contribuirá a cerrar la brecha salarial", ha destacado Marius-Constantin Budai, ministro de Empleo y Justicia Social de Rumanía, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE.

Por su parte, la Comisión Europea ha destacado que las nuevas normas son "una buena noticia" para las familias europeas porque dan a los padres y madres "la opción real de elegir cómo quieren combinar su trabajo y su vida familiar".

"Se trata de un paso enorme hacia una Europa más social y muestra el verdadero espíritu del Pilar Europeo de Derechos Sociales", han destacado el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, y las comisarias de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, y de Justicia e Igualdad, Vera Jourova.

Catorce fallecidos por la gripe en una semana en la Región de Murcia

MURCIA.-Esta semana han fallecido 14 personas en la Región de Murcia por complicaciones agravadas por la gripe. En total, ya son 18 los fallecidos por el virus este invierno.

El primer caso de fallecimiento por la gripe fue el de una joven de 30 años que no presentaba patologías previas; la segunda víctima una mujer de 46 años que falleció el sábado 12 en la Arrixaca; el tercero, un anciano de 84 años, que falleció este martes en el hospital Santa Lucía de Cartagena; y el cuarto, una mujer de 54 años que falleció el pasado martes en el Santa Lucía.

La difusión de la gripe continúa esta semana con tendencia ascendente con 2.928 casos registrados durante estos días, mientras que la semana pasada se registraban hasta el viernes 2.300 casos.

La tasa de gripe se encuentra actualmente en nivel de epidemia de intensidad media y registra desde el inicio de la campaña, el día 1 de octubre, 9.091 casos.

Actualmente, se encuentran ingresados en los distintos hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) un total de 100 pacientes con gripe, nueve de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Hasta la fecha se han registrado 18 fallecimientos por complicaciones agravadas por el virus.

El SMS mantiene los refuerzos tanto en hospitales como en Atención Primaria para hacer frente a la mayor demanda asistencial con motivo de la gripe y de las afecciones respiratorias habituales por estas fechas.

Concretamente, se han contratado a más de 150 profesionales y se han habilitado más de 130 camas adicionales en los hospitales para ofrecer una asistencia de calidad a los más de 2.500 pacientes que acuden mensualmente a las puertas de urgencias.

También se han adoptado otras medidas como el establecimiento de zonas separadas en las áreas de urgencias para pacientes con sospecha de gripe o la apertura de unidades de preingreso y de corta estancia para pacientes que deban permanecer ingresados entre 48 y 72 horas.

La reducción de peajes de la AP-7 Cartagena-Vera oscila entre el 30 y el 41%

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Diego Conesa, ha informado esta mañana de las nuevas tarifas de peaje de la Autopista AP-7 Cartagena-Vera, cuya reducción oscila entre el 30 y el 41% y beneficiará a miles de usuarios, fundamentalmente, vecinos de Mazarrón y de Águilas, en desplazamientos tan básicos y fundamentales, ha dicho, como acudir al hospital de Santa Lucía en Cartagena.

"Las nuevas tarifas entraron en vigor el pasado 16 de enero gracias a la intervención del Ministerio de Fomento, que se vio obligado a rescatar la concesión de esta autopista privada que estaba completamente infrautilizada y que tenía unos costes de servicio muy elevados", ha explicado Conesa.

El delegado del Gobierno ha indicado que con esta reducción de los peajes se atienden las reivindicaciones de los vecinos de las zonas afectadas, fundamentalmente Mazarrón y Águilas. 

"La tarifa entre Mazarrón y Cartagena se reduce en un 41%, y pasa de 5,85 a 3,40 euros, y la correspondiente al tramo Águilas-Cartagena, baja desde los 9,95 a los 7 euros", ha añadido Conesa, que indicó que la rebaja se incrementa en otro 15% adicional contratando el dispositivo automático de pago.

Además, el Delegado ha recordado que cualquier trayecto que se realice entre las 0 y las 6 horas, será completamente gratuito, y que esta iniciativa se suma a otras actuaciones que pretenden mejorar el día a día de los usuarios de esta vía.

"Hoy, por ejemplo, se está señalizando la indicación de La Unión en el trayecto entre Torrevieja y Cartagena, donde antes aparecía el aeropuerto de San Javier, y también hemos desbloqueado la reforma de la rotonda de Pozo Aledo para facilitar la incorporación de los vecinos a la AP-7 sin necesidad de tener que entrar en San Javier", ha concluido.

En España sólo hay 90 condenados en prisión por corrupción

MADRID.- El CGPJ señala que en España hay 90 penados -en 50 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 22 con el de cohecho- y 9 presos preventivos por delitos relacionados con la corrupción.

Son datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial a partir de la información de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

A 1 de enero de 2019, en nuestro país hay 90 condenados cumpliendo penas privativas de libertad por sentencias de corrupción y nueve en régimen de prisión provisional.

El CGPJ, además, señala que los jueces procesaron a quince personas por delitos relacionados con la corrupción además de a 11 personas jurídicas en el tercer trimestre del 2018.

Uno de los cuales supuso el procesamiento de 5 personas -entre funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos- y las 11 personas jurídicas tan solo en un único procedimiento seguido en la Audiencia Nacional.

Los órganos judiciales de Castilla y León abrieron juicio oral contra otras cuatro personas, los de Galicia a cuatro y él último procesado fue en Cataluña.

Además, los juzgados y tribunales dictaron 15 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que nueve fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 60 por ciento.

Denuncian un fallo en la baremación de las oposiciones de Secundaria "que cambiará la lista de aprobados"

MURCIA.- El sindicato Sterm-i  denuncia un fallo en la baremación de las oposiciones de Secundaria "que cambiará los aprobados". Califican de "chapuza" el "error generalizado en el baremo del concurso oposición de Secundaria que afectará al resultado del proceso selectivo". Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han indicado que "todos los recursos que se presentaron están resueltos y solucionados".

Desde Sterm-i, se exige a la Administración "que actúe de oficio y conforme a la legalidad, para tratar de minimizar todos los daños que puede ocasionar a las personas que han participado en el concurso-oposición".

Según el sindicato, el error se ha dado en el apartado correspondiente a la experiencia. Según la convocatoria que rige el proceso, en dicho apartado se valorará un máximo de 7 puntos la experiencia laboral docente, incluyendo un subapartado para la experiencia docente en centros que no sean públicos y en otros cuerpos docentes.

En las notas aclaratorias de este apartado se dejaba claro que sólo "se tendrá en cuenta un máximo de 10 años, cada uno de los cuales deberá ser valorado en uno solo de los subapartados". Sterm-i señala que es aquí donde se encuentra el error, al haberse contabilizado más años de los previstos en la convocatoria.

Según José Manuel Fernández, co-portavoz de Sterm Intersindical, "este error es de una gravedad extrema ya que supone un claro agravio entre las y los opositores y afecta claramente al resultado de la oposición, alterando el listado de aprobados", denuncian.

Sterm Intersindical se opuso a estas oposiciones por considerar que la convocatoria no recogía medidas que dieran estabilidad al profesorado interino ni se adoptaban modificaciones para garantizar la máxima transparencia durante todo el proceso como el sorteo también de los/as presidentes/as de los tribunales, su reducción a 60 opositores máximo, o el acceso a una argumentación justificada de las notas alcanzadas durante el procedimiento.

Desde el sindicato protestan por la "diferente vara de medir demostrada por la Consejería en el tratamiento de estos hechos".

"Cuando el o la aspirante comete errores queda excluida del proceso, pero ¿qué ocurre cuando es la propia Administración la que comete los errores?".

La Consejería de Educación ha respondido a la denuncia del sindicato indicando que los recursos que en su día presentaron los opositores afectados, "ya están resueltos y solucionados", por lo que se mostraron "sorprendidos" por la actual denuncia del Sterm.

Fuentes de Educación reconocen que se produjeron "algunos errores de baremación" en "algunos casos", situación que se notificó a los afectados. "Eso ocurrió hace meses y es cierto que hubo movimiento en las listas, pero en pocos casos", añadieron. En concreto, dos personas salieron de las listas de interinos con plaza, porque estaban en las últimas posiciones, "pero quedaron los primeros en las listas para las sustituciones y ya están trabajando".

El hospital 'Virgen de la Arrixaca' ha realizado 1.495 trasplantes de riñón desde 1985

MURCIA.- El Servicio de Urología del hospital Virgen de la Arrixaca ha realizado 1.495 trasplantes de riñón desde 1985, año en el que se realizó la primera de estas intervenciones en el centro hospitalario, único de la Región donde se llevan a cabo.

Este servicio celebra este viernes su 50 aniversario con una jornada en la que participó el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien ha destacado que los profesionales que lo componen han estado "siempre a la cabeza en la incorporación de técnicas y tratamientos avanzados, con el objetivo de prestar la mejor atención a los pacientes".
Villegas ha alabado el trabajo de los especialistas en Urología, "magníficos profesionales que están en permanente actualización", y ha recordado que la Región de Murcia fue una de las primeras comunidades que aportó al Programa de Trasplante Renal Cruzado un donante vivo samaritano (donante altruista que dona un órgano a una persona desconocida) en 2014, "gracias a la confianza generada por nuestros profesionales entre los usuarios de la sanidad pública regional".
Cada año se realizan en este servicio más de 500 intervenciones quirúrgicas para tratar problemas de próstata, riñón y vesícula, además de otras pequeñas intervenciones que no requieren de cirugía mayor y no precisan ingreso hospitalario.
En concreto, el pasado año se realizaron 533 intervenciones de cirugía mayor y otros 1.337 procedimientos menos graves en colaboración con centros concertados, lo que arroja un total de 2.870. En 2018 se extrajeron 260 riñones y se llevaron a cabo 93 trasplantes renales.
El pasado año también se realizaron 20.728 consultas y 6.247 pruebas especiales. Por otra parte, a lo largo de estos 50 años, se han incorporado nuevas técnicas de exploración rutinaria y otras mínimamente invasivas en cirugía.
En la actualidad, componen el servicio de Urología 10 facultativos, un jefe de sección y un jefe de servicio, además de cinco residentes.
Para conmemorar su medio siglo, el Servicio de Urología ha organizado un encuentro científico donde se ha realizado un repaso a la historia de este equipo de trabajo, que dirige el doctor Guillermo Gómez, y los especialistas más destacados del sector a nivel nacional han compartido conocimientos.
También se han abordado los últimos avances en las enfermedades de los aparatos urinario y genital masculino, así como el presente y futuro de la robótica en urología y el tratamiento del cáncer renal y de próstata, en cinco conferencias a cargo de reconocidos expertos, entre otros, de los doctores Enrique Lledó, del hospital Gregorio Marañón de Madrid; José Manuel Cózar y Fernando Vázquez, del hospital Virgen de las Nieves de Granada; y María José Juan, del Instituto Valenciano de Oncología.

El Supremo dice que la comisión de apertura de las hipotecas no es abusiva

MADRID.- La Sala Civil del Tribunal Supremo (TS) ha declarado la no abusividad de la cláusula de apertura que algunas entidades cobran cuando se contrata una hipoteca al entender que la entidad financiera informa debidamente al cliente de su existencia ante de la contratación del préstamos. A diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, con las cláusulas suelo, el TS no detecta falta de transparencia y, por tanto, no ve abusividad. Al contrario, considera el control de transparencia "superado o cumplido, según El Confidencial.

“Es de general conocimiento entre los consumidores interesados el hecho de que, en la gran mayoría de los préstamos hipotecarios, la entidad bancaria cobra una comisión de apertura además del interés remuneratorio; es uno de los extremos sobre los que la entidad bancaria está obligada a informar al potencial prestatario de acuerdo con la regulación de las fichas normalizadas de información y, de hecho, suele ser uno de los extremos sobre los que versa la publicidad de las entidades bancarias", argumenta.

Es decir, entiende el Alto Tribunal que las entidades financieras informan al detalle de estas comisiones al cliente sin que haya motivos para pensar que éste pague dicha comisión sin ser consciente de ello. Además, considera que las comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo, sino que forma parte del precio de la hipoteca y, a diferencia de los gastos de notaría, registro o gestoría, por ejemplo, no corresponde la prestación de ningún servicio.

El Tribunal Supremo considera que "la comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo; por el contrario, el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen sendas partidas del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE, que permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo".

Añade el Alto Tribunal que "se trata de una comisión que ha de pagarse por entero en el momento inicial del préstamo, lo que hace que el consumidor medio le preste especial atención como parte sustancial del sacrificio económico que le supone la obtención del préstamo; y la redacción, ubicación y estructura de la cláusula permiten apreciar que constituye un elemento esencial del contrato”.

Si la comisión de apertura de una hipoteca es cláusula abusiva o no era una de las últimas batallas que los consumidores estaban planteando en los tribunales. Y no es para menos si tenemos en cuenta que los porcentajes que la banca suele cobrar a sus clientes la apertura de una hipoteca se mueve entre el 0,50% y el 2% sobre el préstamo. Es decir, para una hipoteca de 200.000 euros podríamos estar hablando de entre 1.000 y 4.000 euros.

Aclara el reparto de los gastos hipotecarios

Por otro lado, en varias sentencias más, el TS aclara cuál debe ser el reparto de los gastos asociados a una hipoteca, ya que aunque ya declaró su abusividad en 2015, el reparto de dichos gastos no estaba claro y ha dado lugar a estas sentencias aclaratorias. El Alto Tribunal reitera su criterio respecto a quién debe pagar el AJD, si bien matiza en qué casos el arancel notarial y registral corresponden a prestamista o prestatario.

En primer lugar, aclara que el pago de cualquiera de estas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa vigente en el momento de la firma del contrato. A grandes rasgos, los de notaría -al igual que los de gestoría- los pagan a medias cliente y banco; los del registro, el banco.

Respecto al arancel notarial, señala que "la intervención notarial interesa a ambas partes, por lo que los costes de la matriz de la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse por mitad. Esta misma solución procede respecto de la escritura de modificación del préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la modificación o novación. 

 En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, el interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, por lo que le corresponde este gasto; y las copias de las distintas escrituras notariales relacionadas con el préstamo hipotecario deberá abonarlas quien las solicite, en tanto que la solicitud determina su interés".

Respecto al arancel registral, señala el Supremo que "la garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco prestamista, por lo que es a este al que corresponde el pago de los gastos que ocasione la inscripción de la hipoteca. En cambio, la inscripción de la escritura de cancelación interesa al prestatario, por lo que a él le corresponde este gasto".

En cuanto al impuesto de las hipotecas, el famoso AJD, no hay cambios. La Sala Civil sigue el criterio marcado por la Sala de lo Contencioso, que aunque en un principio se lo atribuyó al banco, finalmente dictaminó que, según la doctrina tradicional, era un gasto que debía pagar el cliente. Posteriormente, el Gobierno aprobó de urgencia un decreto en el que fijaba que era el banco y no el cliente quien debía asumir el pago de este impuesto.

Cuestión prejudicial ante el TJUE

"Cuando una cláusula se declara nula, el juez no puede modular sus efectos y corresponde la devolución total de los importes abonados. Así lo puso de manifiesto el TJUE con la cláusula suelo y esperamos que pronto un juez valiente plantee la cuestión prejudicial para que Europa nos aclare si los gastos deben repartirse o no", señala la presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), Patricia Suárez.
"Siempre que el TS dicta una sentencia 'salomónica' en un intenro por mantener el equilibrio entre la banca y los consumidores, lejos de acabar con la litigiosidad, la prolonga."
"Nos sorprende además el respaldo sin ambages a la comisión de apertura. Recordemos que una comisión se cobra por un servicio prestado por lo que ha de justificarse su cobro."
"Seguiremos defendiendo que la nulidad comporta la total devolución de los gastos y que las comisiones, tanto de apertura como de cancelación, deben ajustarse al servicio prestado."

España da el primer paso para acabar con las subvenciones millonarias a los “agricultores de sofá”

ZARAGOZA.- España se ha decidido al fin a erradicar las subvenciones millonarias que año tras año reciben los llamados “agricultores de sofá”, propietarios de tierras que llevan década y media participando en el reparto de más de 4.000 millones de euros anuales sin que sus tierras produzcan. Viven prácticamente de rentas, garantizándose el cobro con solo realizar leves labores en los campos. según recoge Público.

El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas acordaron el lunes en un Consejo Consultivo Extraordinario de Política Agrícola, a propuesta del consejero aragonés del ramo, Joaquín Olona, defender en Bruselas la eliminación de los llamados “derechos históricos” de la PAC (Política Agraria Común), que en la práctica suponen distribuir más de 4.000 millones de euros al año entre quienes mantienen desde 2003 la propiedad de tierras en un reparto basado en la producción media de esas fincas entre los años 2000 y 2002, con independencia de que hoy se cultiven en realidad o se apaciente ganado en ellas. Basta con mantener los derechos para cobrar las ayudas europeas.

La propuesta tuvo el apoyo de catorce de las diecisiete comunidades autónomas y el respaldo del ministerio. Galicia optó por una postura ambigua, mientras que Andalucía, en pleno traspaso de poderes, y Extremadura no asistieron. La primera de estas últimas, que es la principal perceptora de ayudas, se ha mostrado siempre contraria a la supresión.

Esa normativa comunitaria, que debe revisarse el año que viene con la aprobación del nuevo reglamento de la PAC, da lugar a situaciones delirantes, como que se siga pagando 27 euros por cordero a quienes los criaban en 2002, cuando la cabaña ha caído de más de 220.000 cabezas a menos de 120.000 en doce años según los datos del Ministerio de Agricultura, o a que algunos terratenientes continúen cobrando por el cereal que cultivaban a principios de siglo en tierras que hoy explotan como cotos de caza tras haberlas transformado en pastos.

“Los condicionantes para mantener los derechos históricos son mínimos, en ocasiones basta con labrar los campos o arrendarlos para pastos. 

Esas condiciones son fácilmente asumibles por alguien que no quiera producir, y eso mantiene la tierra secuestrada, sin que puedan incorporarse jóvenes agricultores al sector”, explica José María Alcubierre, secretario general de la organización agraria UAGA. No es para menos, cuando los derechos históricos garantizan el cobro de hasta 150.000 euros por cada solicitud de la PAC.

¿Cuántos “labradores de salón” hay en España? Resulta prácticamente imposible de determinar, aunque algunos datos estadísticos dan pistas. Así, 783.604 propietarios de tierra recibieron ayudas de la PAC en 2017, año en el que, según la EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística), trabajaban en el campo 297.300 agricultores como autónomos y/o empleadores; es decir, menos de la mitad, dos de cada cinco, aunque a ese dato hay que sumarle el de las empresas agrarias.

Estos últimos se están reduciendo a un ritmo de más de 7.000 al año, en un proceso al avance de la industrialización de la agricultura y del acaparamiento de tierras, que en algunas zonas de España alcanza niveles semejantes a los de Sudáfrica, Brasil o Colombia aunque con el matiz de que a menudo se trata de arriendos.

Así, y según los datos del propio FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), no resulta extraño que municipios como Madrid concentren a 26.690 perceptores de ayudas de la PAC, que Barcelona concentre a 4.844, que en Valencia residan otros 10.023, que en Sevilla haya 12.702 o que en Zaragoza vivan 8.924 más. Las cinco principales ciudades del país suman 63.183 “agricultores”, el 8% del total.

Las subvenciones de la PAC en España, que se distribuyen por un complejo sistema de reparto con varios bloques, ascendieron a 5.438 millones de euros en 2017, a 5.498 millones en 2016 y a 5.584 millones en 2015, lo que supone que más del 70% de esos fondos se reparten con base en los Derechos Históricos.

El presupuesto comunitario las cifraba en 4.260 millones de 5.705 (74,6%) para 2017, según un documento del Ministerio de Agricultura. Su peso en el reparto es algo inferior al 78,6% (35.524 de 45.186) del conjunto de la UE.

“La eliminación de los derechos es un elemento clave para facilitar la entrada de jóvenes agricultores al sector”, sostiene Olona, partidario de establecer límites en los pagos y de situar en un primer plano para su cálculo la rentabilidad de las explotaciones, ya que “el actual modelo de pagos en base a derechos históricos da lugar a una discriminación injustificable de todo aquel que se incorpore a la actividad agraria o incremente su explotación”.

En este sentido, reclamó que de una vez por todas se defina qué es el “agricultor genuino”, que vendría a ser el que tiene en el campo su principal fuente de ingresos, y que pasaría a convertirse en el principal destinatario de las ayudas tras la eliminación de los Derechos Históricos.

Cuando se estableció este sistema, recuerda José Luis Miguel, director técnico de la organización agraria COAG, “se trataba de compensar la diferencia de los precios en función de la producción”. Sin embargo, se muestra cauto sobre la solución si los Derechos Históricos son eliminados.

 “Apoyamos que el reparto de los fondos esté vinculado al cultivo de la tierra –explica-. Quien tiene que recibir las ayudas es quien trabaja el campo, pero en función de cómo se haga puede haber tanto pequeños agricultores como terratenientes que salgan beneficiados o perjudicados, según el caso, ante la enorme diversidad de cultivos y de zonas (hay oficialmente 50) que tenemos en España”.

Alcubierre, por su parte, se pronuncia en términos similares. “Si cualquiera que tenga tierra puede cobrar, la trabaje o no, no hemos hecho nada”, señala. Y, en este sentido, reclama “medidas de profesionalización del campo” para “que el ‘agricultor genuino’ sea el profesional” y “no olvidar el carácter social, porque de lo contrario podemos acabar teniendo una agricultura profesional sin agricultores”.

Por otro lado, advierte, “los Derechos Históricos se vendieron en su día como las pensiones del mundo rural, pero tanto eso como los servicios en las zonas rurales hay que revisarlo si se eliminan para garantizar pensiones dignas y calidad de vida a los mayores”.