La deuda de la Región de Murcia alcanzó el 32,3% del PIB en 2022, la cifra más alta por CCAA

MURCIA.- La deuda de la Región de Murcia alcanzó el 32,3% del Producto Interior Bruto (PIB) al cierre de 2022, la tercera cifra más alta del país en términos relativos tras las anotadas por la Comunidad Valenciana (44%) y Castilla-La Mancha y Cataluña (33%, en ambos casos), según el informe 'Endeudamiento de las Comunidades Autónomas', publicado por BBVA Research.

En términos per cápita, la deuda en la comunidad autónoma ha pasado de 5.191,9 euros en 2015, cuando representaba el 26,7% de su PIB, a 7.450,6 en 2022. Por su parte, la carga financiera ha pasado de 17,6 hace ocho años a 29,74 el pasado año.

Cataluña se sitúa como la región con una mayor deuda per cápita hasta el cierre de 2022, unos 10.981 euros por habitante, mientras que en relación al PIB, la Comunidad Valenciana (44,5%) es la región más endeuda, seguida de Castilla-La Mancha (33,7%) y Cataluña (33,5%).

El estudio de BBVA Research se publica en pleno debate sobre la deuda autonómica, después de que partidos independentistas catalanes plantearan una condonación como condición para investir al candidato socialista, Pedro Sánchez.

En este contexto, BBVA Research ha dado a conocer que Cataluña es la comunidad con una mayor deuda per cápita al cierre del año pasado y la tercera región con una mayor deuda respecto al PIB.

En cuanto a la deuda per cápita, después de Cataluña se sitúan la Comunidad Valenciana (10.810 euros); Castilla-La Mancha (7.528,3); Murcia (7.450,6); Baleares (7.529,5); Aragón (6.890,3); Cantabria (5.745,5); Castilla y León (5.605,7); Madrid (5.170); La Rioja (5.107,1); País Vasco (4.987,6); Extremadura (4.876,6); Navarra (4.796,2); Galicia (4.446,5); Andalucía (4.432,6); Asturias (4.199,4); Canarias (2.874).

En términos del PIB regional, la Comunidad Valenciana (44%), Castilla-La Mancha, Cataluña (33% ambas) y Murcia (32%) son las cuatro comunidades más endeudadas. Al contrario, las comunidades con una ratio menor son Navarra, Canarias, País Vasco y Madrid, estas tres últimas con una deuda por debajo del 14% de su PIB regional.

Según apunta BBVA, los instrumentos utilizados por las comunidades autónomas para financiarse han evolucionado en función de las condiciones de los mercados. Entre 1995 y 2011, la emisión de valores fue ganando peso.

En ese periodo, de media, la emisión de valores representaba un 47% del total de la financiación, frente al 53% de los préstamos. No obstante, el cierre de los mercados en 2012, provocado por la crisis financiera, y la entrada en vigor de mecanismos de liquidez, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), restó peso a estos instrumentos de financiación.

El FLA forma parte de los mecanismos que el Gobierno central creó en 2012 para facilitar liquidez a las comunidades autónomas en un momento de cierre de los mercados financieros. Actualmente, el FLA representa casi el 59% de la deuda autonómica, frente al 14% de los valores emitidos en el mercado.

A partir de 2020, algunas de las comunidades recurrieron de nuevo a las instituciones financieras para captar financiación y los préstamos ganaron peso hasta representar el 27% del endeudamiento autonómico.  

Murcia, la tercera CCAA que más porcentaje de su presupuesto dedica a Educación, con un 23%

MURCIA.- La Región de Murcia es la comunidad autónoma que más porcentaje dedicó a Educación en 2022, con un 23,7 por ciento, lo que supone 1.078 euros por habitante, ambas cifras por encima de la media nacional cuyo porcentaje presupuestario fue del 10,6 por ciento y 1.028 euros por habitante, según el informe 'La inversión social por comunidades. Sanidad, Educación y Servicios Sociales' de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En concreto, en cuanto a Educación la Comunidad fue la décima que más creció entre 2009-2022 con 17,12 por ciento (+241,4 millones de euros), por debajo de la media nacional que se situó en el 19,37 por ciento.

Nueve comunidades aumentaron por encima de la media, lideran Valencia, Navarra y La Rioja, con un aumento del 38,10 por ciento, del 36,65 por ciento y de un 35,25 por ciento. En el otro extremo se encuentra Castilla y León y Galicia y Castilla-La Mancha que aumentaron únicamente en un 5,94 por ciento, 6,88 por ciento, y 9,91 por ciento respectivamente.

La Región de Murcia dedicó el 62,11% de su presupuesto a políticas sociales --Sanidad, Educación y servicios sociales-- en 2022, con 2.823,20 euros por habitante. A nivel nacional, el porcentaje presupuestario fue del 58,78 por ciento y se destinaron a este fin 2.939,80 euros por habitante.

En concreto, según los datos extraídos de este informe el presupuesto de la Región de Murcia en políticas sociales aumentó un 21,87 por ciento entre 2009 y 2022, lo que supone 776 euros más, lo que la sitúa como la novena comunidad con mayor crecimiento, superior al incremento de la media nacional (19,02%).

Desde 2009 todas las comunidades autónomas han incrementado su inversión en el conjunto de áreas. Baleares (+48 por ciento), Valencia (+40 por ciento) y Navarra (+34 por ciento) son en las que más crecen.

Por su parte Cataluña se estanca con un incremento del 4,68 por ciento en 13 años. La inversión por habitante solo baja en la Cataluña (-6,38 euros), y crece muy ligeramente en la Comunidad de Madrid (+167,84 euros).

No obstante, Castilla La Mancha, Aragón, Canarias y Murcia crecen por debajo de la media nacional. Es especialmente significativo el aumento en más de 800 euros por habitante de inversión en políticas sociales de Valencia, Navarra y Asturias.

Sobre gasto en Sanidad, la Comunidad ha incrementado su presupuesto en un 22,10 por ciento, lo que la sitúa como la octava región con mayor crecimiento entre 2009 y 2022, en este caso por encima de la media nacional que registró un incremento del 13,40 por ciento.

En este caso, el aumento en la Región supone 398 millones de euros más en 2022 con respecto a 2019 y 186,33 euros más por habitante.

En este caso, Cataluña redujo su gasto en Sanidad en un 12,22 por ciento, mientras que Aragón (3,16 por ciento) y Madrid (5,74 por ciento) lo incrementaron muy por debajo de la media. En el otro extremo Baleares aumentó en un 51 por ciento el gasto en sanidad y Navarra, Cantabria y Andalucía lo hicieron por encima el 25 por ciento.

Además, la Región de Murcia dedicó en materia sanitaria el 31,6 por ciento del presupuesto total, con 1.435,62 euros por habitante. Por su parte, la media nacional supuso un 30,8 por ciento del presupuesto y 1.538,66 euros.

Por último, el gasto en Servicios Sociales en la Región se incrementó un 40,55 por ciento, el décimo porcentaje más elevado por comunidades e inferior a la media nacional --48,13 por ciento--.

Este incremento supone, en términos absolutos 136,8 millones de euros y un aumento de 75,54 euros por habitante frente a una media nacional del 114,30 euros.

En 2022, la Región dedicó el 6,8% de su presupuesto a Servicios Sociales, con un gasto por habitante del 309,49 euros, inferior a la media nacional que fue del 372,23 euros.

El número de adultos condenados en la Región crece un 9,7% en 2022

 

MURCIA.-La Región de Murcia registró 11.142 adultos condenados en 2022, lo que supone un aumento del 9,7% con respecto a los 10.157 del año 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los delitos cometidos por los condenados por cada 1.000 habitantes de 18 y más años, Murcia se encuentra entre las comunidades con mayores tasas (12), en quinto lugar junto a Canarias.

De los 11.142 adultos condenados en la Región, 8.060 son de nacionalidad española y los 3.082 restantes extranjeros.

Asimismo, la Región registró 14.751 delitos. Del total de delitos cometidos por adultos en la Región de Murcia, 12.773 fueron cometidos por hombres y 1.978 por mujeres.

La inflación industrial cae en la Región de Murcia un 12,7% en agosto, el séptimo mayor descenso por CCAA

MADRID.- El Índice de Precios Industriales (IPRI) en la Región de Murcia ha caído un 12,7% en agosto en relación al mismo mes del año anterior, el séptimo mayor descenso por comunidades autónomas, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a la variación mensual, los precios industriales en la Región han aumentado un 3,6%, mientras que en lo que va de año han bajado un 4,9%.

El sector que impulsó la caída anual de los precios industriales en la Región de Murcia en agosto fue el de la energía, con un descenso del 25,5%, mientras que en términos mensuales aumentó un 7,8% y en lo que va de año bajó un 11,3%.

En términos interanuales, el resto de sectores experimentaron subidas, a excepción de los bienes intermedios, cuyos precios decrecieron un 3,6%.

Un total de 34 menores fueron condenados por delitos sexuales en 2022 en la Región, un 12,5% más que en 2021

MURCIA.- Un total de 34 menores fueron condenados por delitos sexuales en 2022 en la Región de Murcia, un 12,5% más que en 2021, según datos de la Estadística de Condenados del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, los 34 menores condenados representan el 6,79% del total de 501 menores condenados por este motivo en toda España durante 2022.

También en 2022, un total de 138 adultos fueron condenados por delitos sexuales en la Región de Murcia, lo que supuso un aumento del 11,29% respecto a los 124 registrados en el ejercicio anterior. Estos cometieron 176 delitos, un 6,02% más.

¿Se ha visto obligado el gobierno británico a renunciar 'de facto' a la agenda municipal de 15 minutos?

LONDRES.- "En el Reino Unido, el gobierno se ha visto obligado a renunciar a la agenda municipal de 15 minutos porque se destruyeron casi todas las cámaras y más de 50.000 personas se niegan a pagar las multas", ha dicho en su blog el prestigioso, por bien informado periodista, Benjamin Fulford. Pero Inglaterra no "renuncia" a la ciudad de los 15 minutos, pese a lo que se dice en las redes sociales, según la agencia internacional de noticias Associated Press.

 "Las cámaras no pueden ser protegidas porque han desfinanciado a la Policía. Los tribunales no pueden procesar a ese número de personas".

Los posts afirman que el Foro Económico Mundial (FEM) y otras organizaciones de mentalidad global están conspirando para imponer ciudades de "15 minutos" en las que sus libertades se verán gravemente recortadas por las tecnologías avanzadas.

Pero el principio de diseño urbano hace hincapié en la construcción de comunidades más compactas donde las necesidades cotidianas puedan encontrarse a 15 minutos a pie. No se trata de restringir los movimientos ni las libertades de las personas.

La idea de que Inglaterra está "abandonando" el concepto tampoco es exacta. Funcionarios británicos afirman que se están confundiendo erróneamente los esfuerzos basados en estos conceptos con las controvertidas normativas anticontaminación impuestas en otras partes del país.

El Plan de Mejora Medioambiental del Reino Unido, que pretende "restaurar la naturaleza" y "atajar la contaminación ambiental", por ejemplo, compromete al gobierno a garantizar que todo el mundo viva a menos de 15 minutos a pie de "espacios verdes" como parques y campos o "espacios azules" como ríos, estanques y otras vías fluviales.

"En la actualidad, el 38% de las personas no tienen espacios verdes o azules a menos de 15 minutos a pie de su casa", según el plan de 25 años, revisado en enero para incluir el nuevo objetivo y otros esfuerzos. 

"Por eso establecemos un nuevo y ambicioso compromiso de trabajar en todo el gobierno y más allá para garantizar que cualquier persona pueda llegar a un espacio verde o azul a menos de 15 minutos de la puerta de su casa".

Anna Calder, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, que dio a conocer el plan, confirmó que los esfuerzos para hacer realidad ese objetivo siguen en marcha.

Citó el Marco de Infraestructura Verde, un conjunto de directrices y normas dirigidas a planificadores y promotores comunitarios.

Funcionarios británicos afirman que el país insular sigue avanzando en los esfuerzos relacionados con el concepto de diseño urbano, sobre todo invirtiendo en más parques y espacios abiertos. 

Además, dicen, las cámaras y multas a las que se hace referencia en los posts están asociadas a esfuerzos no relacionados para reprimir a los vehículos viejos y contaminantes en Londres y otras ciudades.

"El Marco incluye una herramienta cartográfica galardonada que puede ayudar a identificar los lugares donde más se necesitan los espacios verdes", escribió la agencia en un comunicado de prensa de febrero.

 "El gobierno ya ha utilizado la herramienta para garantizar que el fondo de 9 millones de libras "Levelling Up Parks" llegue a las zonas de bajos ingresos con acceso limitado a espacios verdes".

El concepto de ciudades de 15 minutos tampoco tiene "nada que ver" con las cámaras y las multas a las que se hace referencia en las publicaciones de las redes sociales, según Carlos Ratti, profesor de estudios urbanos del MIT y director de su Laboratorio de Ciudades Sensibles.

Las 50.000 multas mencionadas en los mensajes de las redes sociales se refieren probablemente a las casi 50.000 multas impugnadas con éxito en Birmingham por su Zona de Aire Limpio.

Las cámaras, por su parte, se refieren probablemente a la destrucción de cientos de cámaras de tráfico por los opositores a las restricciones de emisiones de Londres, conocidas como Zona de Emisiones Ultra Bajas (ULEZ).

Todo cerca, pero no tan bonito como parece

La idea es reducir las emisiones provocadas por los desplazamientos protegiendo a los vecinos de la contaminación. Por eso resulta imprescindible lo de moverse a pie o bicicleta, utilizando el coche solo en contadas ocasiones. 

Y estas restricciones de tráfico han sido, precisamente, las que han provocado la protesta de los ciudadanos que en algunas ciudades como Oxford, en el Reino Unido, ven en ellas una limitación de la movilidad.  

las restricciones se han ido poco a poco ampliando en la ciudad. Han ido llegando desde el centro a la periferia y actualmente ya hay muchos problemas circulatorios para poder llegar a muchos puestos de trabajo.

Y las restricciones en Oxford iban a ir más. A partir de 2024 se pondrían en marcha los llamados filtros de tráfico de seis vías por las que solo podrán circular libremente los autobuses y taxis (el transporte público), peatones y ciclistas. Los residentes que tengan coche tendrían permiso para conducir, pero solo 100 días al año -25 si eres habitante del condado y no residente en la ciudad-.

Y aunque desde las autoridades han anunciado que habría excepciones, como las personas con movilidad reducida o trabajadores sanitarios, hay muchos habitantes enfadados, tanto como para que el concejal de Movilidad haya denunciado en la BBC amenazas de muerte.

El Gobierno presiona para que más de 100 ciudades españolas apliquen las ZBE

MADRID.- Más de nueve meses después de que entrase en vigor la normativa que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE, menos del 10% de los municipios españoles que deben activar la suya han cumplido con la ley, según el digital www.motorpasion.com

El Gobierno ya ha dejado claro que no habrá sanciones para los Ayuntamientos que no pongan en marcha su ZBE, pero acaba de avisar a decenas de localidades de que, si no lo hacen, tendrán que devolver los fondos europeos destinados a poner en marcha estas ZBE.

A nivel político, las ZBE han sido motivo de conflicto desde el primer día. A pesar de ello, la normativa que obliga a establecer una ZBE en las ciudades de más de 50.000 habitantes entró en vigor a principios de este año.

El problema es que, como reconoció hace unos días Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, solo hay 14 ciudades con una ZBE activa, menos del 10% de las 151 localidades españolas con más de 50.000 habitantes.

También tienen obligación de tener ZBE las ciudades de más de 20.000 habitantes para activarla, puntualmente y siempre que sea necesario, en episodios de alta contaminación.

Teresa Ribera reconoció, también hace unos días, que no habrá sanciones para las ciudades que no están cumpliendo con la normativa. Según la ministra, “no puede haber sanciones entre administraciones”. Pero eso no significa que el Gobierno esté dispuesto a mirar hacia otro lado.

El Ejecutivo acaba de avisar de lo que sucederá con las ciudades que sigan sin poner en marcha su ZBE a través de una carta que ha enviado a cerca de 200 ayuntamientos, según señala Público.

En esta carta, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana advierte a todos estos consistorios de que tendrán que devolver los fondos europeos que han recibido para impulsar la movilidad sostenible si no activan su ZBE.

Algunas ciudades todavía no tienen su ZBE porque están necesitando tiempo para establecerla, pero otras se han negado directamente a implantar esta zona con restricciones al tráfico y al aparcamiento, como Gijón.

El mismo aviso también va dirigido a las ciudades que están revirtiendo o modificando proyectos. Es algo que llevamos viendo desde hace unas semanas en varias ciudades, como en Barcelona, donde ya ha comenzado la demolición de la Barcelona peatonal de Colau.

Valencia es otro ejemplo porque ha decidido quitar un carril bici construido por el anterior Gobierno regional con fondos europeos Next Generation para devolvérselo a los coches. En Logroño también hay guerra política por el mismo motivo.

El subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez, recordó “el fuerte compromiso de su ministerio con la transformación sostenible de la movilidad urbana, que, por ejemplo, se ve reflejado en la concesión de 1.500 millones de euros en ayudas del Plan de Recuperación a 196 municipios y dos entes supramunicipales para desarrollar 1.064 actuaciones encaminadas a implantar ZBE, a adquirir autobuses cero emisiones, a peatonalizar calles y a desplegar carriles bici, entre otras actuaciones”.

Según apunta El Nacional.cat, la carta que ha enviado el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a estos casi 200 ayuntamientos, señala que “el régimen de modificación de las inversiones establece que el beneficiario de los recursos tiene que cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, ejecutar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones".

El aviso deja claro que incumplir cualquiera de estos proyectos o actividades implicará la devolución de los fondos europeos recibidos para llevarlos a cabo. En caso de que algunas ciudades quieran llevar a cabo cambios en estos proyectos, deberán aprobarse por la secretaría de Transportes.

En España, solo funcionan 14 de las 149 zonas de bajas emisiones obligatorias por ley

MADRID.- Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no son una opción. Son un requisito legal desde el 21 de mayo de 2021, cuando entró en vigor la Ley de Cambio Climático, que persigue entre otras cosas “mejorar la calidad del aire”.  Los municipios (y los territorios insulares) tenían más de un año y medio para implementarlas. La fecha tope era el 1 de enero de 2023. 

Este proyecto de zonas de bajas emisiones, además de la obligación legal, ha contado con financiación proveniente de los fondos de recuperación europeos. Los distintos proyectos presentados por las ciudades suman, de momento, un desembolso de 1.500 millones de euros aprobado y entregado por el Gobierno central. 

A septiembre de 2023 hay vigentes esas 14 ZBE más otras tres de municipios alrededor de Barcelona (en Cataluña se llegó al acuerdo de extender la implantación de áreas con menos tráfico a poblaciones de más de 20.000 vecinos).

“Vamos con muchísimo retraso y tendría que darse un avance gigantesco en este trimestre final para que se pusieran en marcha este año”, reflexiona la encargada de Movilidad en Greenpeace, Cristina Arjona.

 “Primero se ralentizó porque el real decreto sobre ZBE llegó en diciembre de 2022, de hecho el Ministerio está siendo flexible por eso, pero, después de la elecciones municipales han llegado cambios de gobiernos locales y se ha pasado de retrasar a, en algunos casos, dar pasos atrás”, remata.  

En el registro del Ministerio se califica como “en trámite” a la mayoría de ciudades restantes, aunque hay más de 15 “pendientes”, es decir, “sin trámites iniciados”, según describe Transición Ecológica.  

Lo que ha hecho García Albiol en Badalona es anunciar que aprobará una moratoria a las restricciones de tráfico de la ZBE. “No se puede castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil”, justificó el político del PP. En realidad, la normativa explica que esta medida debe buscar “impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público”. 

Y dentro de ese objetivo incluir “restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante”. 

Tres meses (con las vacaciones de por medio) le ha durado al nuevo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), la Zona de Bajas Emisiones puesta en marcha en el cuarto municipio más poblado de Cataluña. Pretende desactivarla al dejar sin efecto sus restricciones. 

Era una de las únicas 14 zonas en funcionamiento –de 149– en poblaciones de más de 50.000 habitantes, donde es obligatorio desde el 1 de enero pasado, según el registro del Ministerio de Transición Ecológica. Es apenas un 9%. 

Carmen Duce, coordinadora de Transporte en Ecologistas en Acción, explica que “como ni la ley ni el real decreto que desarrolla las zonas contempla sanciones eso ha permitido dilatar el proceso”.

 “Lo que hemos podido ver in situ es que, en un principio, los ayuntamientos no tenían ni idea de lo que significa una zona de bajas emisiones y como el decreto del Gobierno no llegó hasta diciembre de 2022, eso les permitió echar balones fuera”, abunda Duce. 

La cuestión es que antes de eso, en noviembre de 2021, Transición Ecológica publicó unas directrices sobre cómo podrían implementarse estas áreas. Un documento para orientar a las ciudades que estaban obligadas a desarrollar su ZBE.  

Ahí se recogieron cuatro vías para sacar coches de las urbes. Incluso el real decreto que se elaboró un año después contempla que aquellos municipios que hubieran puesto en marcha zonas de tráfico restringido antes del real decreto tendrían 18 meses para retocar sus planes y adecuarlos a la normativa si no encajaban.

“Luego llegaron las elecciones municipales del 28M”, prosigue Duce. “Donde había voluntad política nos decían que hacerlo antes de la votación era un suicidio. Y después hemos detectado que donde ha habido cambio, parece que hubiera una consigna de esto no porque es lo que hacían lo otros, obviando, eso sí, el compromiso legal y, además, unos fondos asignados”.

La vicepresidenta de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha avisado a partir del anuncio de García Albiol que “el Gobierno fiscalizará todos los proyectos y tendrán que devolver las cuantías si no los implementan en forma y plazo”. Badalona ha recibido un millón de euros de fondos europeos solo para el proyecto de implementación de esa zona de bajas emisiones.  

Arjona entiende que en el asunto de las zonas de bajas emisiones ha habido “una falta divulgación y difusión a la población sobre qué suponen porque, al final, parece que sean una molestia en lugar de algo positivo”. 

Duce coincide: “Se ha explicado muy mal. Se ha jugado con la idea de que solo podrían usarse coches eléctricos, es decir, algo para ricos, y en realidad se trata de un montón de cosas más como la movilidad activa, la bicicleta o el transporte público”.

Además, Carmen Duce apunta otra circunstancia: “Todos los recursos ante tribunales que se han presentado cuando había medidas en Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos, Gijón... han hecho que los ayuntamientos optaran por hacerlo vía ordenanza municipal que, si bien tienen su lado positivo porque hay más información pública, hacen el proceso más lento”.

La idea de que haya estas áreas con menos tráfico es “reducir las emisiones [de gases] derivadas de la movilidad”, explica la ley. Más de un cuarto de las emisiones en España son producidas por automóviles, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. 

En Barcelona, por ejemplo, el 60% del dióxido de nitrógeno proviene de los vehículos, según el Ayuntamiento. En Madrid, aproximadamente un tercio de todos los gases de efecto invernadero salen de los tubos de escape. Es, con mucho, el principal contaminador, según las tablas municipales.  

“En realidad implementarlas va a mejorar la salud, el espacio urbano, va a dar más espacio a peatones, hará que el transporte público funcione mejor...” detalla Cristina Arjona. “Ha sido un hándicap que no se haya hecho esa difusión positiva porque, una vez que se implantan estas medidas, la población ve cómo son y nadie las quiere revertir”, comenta esta ingeniera civil que ilustra el argumento con el caso de la peatonalización de Consell de Cent en Barcelona que una jueza ha ordenado eliminar una vez ejecutada, tras la denuncia de un grupo de comerciantes. Ahora, ninguno allí desea perderla. “Fui detractor, pero me gusta”, comentaba un vecino a elDiario.es tras conocerse el fallo judicial.

Tanto Arjona como Duce insisten en la necesidad de que se completen todas las áreas previstas. Este pasado jueves, el Ministerio de Transición Ecológica y el de Transportes, en medio de actos por la Semana de la Movilidad, han insistido conjuntamente en la importancia de las ZBE ya que “priorizan los desplazamientos a pie o en bicicleta y el transporte público, colectivo y descarbonizado, frente a otros modos de transporte más contaminantes”.

“No puede entrarse en el revanchismo político”, remata Duce. “Lo primero debería ser la salud y el bienestar población. Los pasos atrás es que son a veces ridículos y también hay que decir que la mayoría de los trayectos diarios son a pie o en transporte publico y los coches son un minoría”.

En este sentido, los datos oficiales de la Comunidad de Madrid dicen que el automóvil privado representa el 39% de los viajes a diario. En la ciudad de Barcelona, el coche supone solo el 25% de todos los desplazamientos. En el área metropolitana de Valencia y en Sevilla es un 40%.

“Pero –remata la ecologista– los coches ocupan mucho espacio en las calles y parece que también en las mentes”.

La ONU pretende crear una autoridad mundial contra la pandemia con poderes de aplicación del confinamiento

NUEVA YORK.- La declaración de la ONU sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias ha sido aprobada por Dennis Francis, presidente de la Asamblea General de la ONU (AGNU), a pesar de las objeciones de 11 países. Esta aprobación se llevó a cabo sin someterla a una votación de la asamblea completa. El propósito de esta declaración es establecer una autoridad pandémica global con poderes disruptivos, como la capacidad de imponer confinamientos, promover la vacunación universal y censurar lo que considera "desinformación".

La declaración respalda el uso de tecnologías de salud digital para "implementar y respaldar medidas de salud y fortalecer los esfuerzos nacionales de respuesta" en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia. Algunos de los puntos que se solicitan incluyen una mayor vigilancia y la implementación de documentos sanitarios digitales. Los pasaportes de vacunas serían considerados como tecnologías de salud digital.

La caída de las tasas de vacunación en todo el mundo es motivo de "profunda preocupación", según la declaración. Se compromete a respaldar la investigación y el desarrollo de vacunas, considerando que la vacunación de rutina es una intervención rentable y eficiente en salud pública. 

Para mejorar la inmunización, se insta a fortalecer las capacidades de divulgación y proporcionar información basada en evidencia para fomentar la confianza, aceptación y demanda. Además, se busca ampliar la cobertura de vacunación para prevenir brotes y evitar la propagación y reaparición de enfermedades transmisibles.

La declaración enfatiza la necesidad de convertir los poderes temporales relacionados con COVID-19 en permanentes de manera sostenible, aprovechando las prácticas y lecciones aprendidas de la pandemia. Además, busca el establecimiento de un fondo pandémico de 30 mil millones de dólares por año para "inversiones críticas" relacionadas con la preparación y respuesta a las pandemias.

La nueva declaración expresa su preocupación por el impacto negativo de la desinformación y la desinformación relacionadas con la salud en los servicios de inmunización sistemática a nivel mundial. Además, se solicita la implementación de medidas para abordar la información errónea, especialmente en las plataformas de redes sociales. También se busca contrarrestar la vacilación de la vacuna y generar mayor confianza en las autoridades de salud pública.

La colaboración mundial en la prevención de pandemias y la mejora de la salud pública es creída por los partidarios de la declaración como algo que será ayudado por ella. Algunas de las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 serán aplicadas, según afirma la Organización Mundial de la Salud. 

Sin embargo, aquellos que entienden las implicaciones de esta medida están muy preocupados, incluyendo al presidente del Centro de Política de Seguridad, Frank Gaffney, quien la describe como "sin precedentes". 

Él dijo: "No hay forma de evitar el hecho de que va a venir a expensas de la soberanía de las diversas naciones a las que posteriormente se les dirá que tienen una emergencia y se les dirá lo que tienen que hacer al respecto".

"Esta es una prensa de corte completo para que la totalidad de la Organización de las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y sus organizaciones afiliadas, respalden y apoyen su propuesta globalista de la OMS en todo el mundo estado policial totalitario médico y científico", dijo Francis Boyle, J.D., Ph. D., experto en armas biológicas y profesor de derecho internacional de la Universidad de Illinois.

También preocupa a los críticos que, al apoyar las restricciones al estilo COVID-19, se cierren las escuelas y se obligue esencialmente a las mujeres a abandonar sus trabajos, lo cual podría llevarlas potencialmente a la pobreza.

Una carta fue escrita por los representantes de 11 países al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual expresaron sus reservas sobre la declaración. En dicha carta se afirmaba: "Creemos firmemente que esta no es la manera adecuada de gestionar las negociaciones multilaterales e inter gubernamentales sobre temas de gran importancia para la comunidad internacional, especialmente para los países en desarrollo". 

Boyle ha acusado a la Asamblea General de la ONU de distorsionar la declaración al obtener la aprobación del presidente de la AGNU, ya que sabían que no sería aprobada como una resolución de consenso por parte de la Asamblea General debido a las 11 objeciones presentadas.