MURCIA.- Otro demoledor informe - pormenorizado, razonado, motivado e impecable jurídicamente hablando - del fiscal Juan Pablo Lozano en su calidad de ministerio público contra la corrupción en la Región de Murcia, ha resultado decisivo para imputar judicialmente a la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, la bióloga Pilar Megía, a escasas fechas de la muy discutible prescripción del supuesto delito de prevaricación cometido por ella en el ejercicio de sus funciones políticas, de la mano del todavía alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ahora mucho más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados después de este segundo informe dirigido al juez instructor del 'caso Umbra', de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia, David Castillejos, titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 8.
Recuerda el fiscal en éste su nuevo escrito, de 25 folios y con fecha del pasado 19 febrero, que el artículo 22 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales establece que sus miembros están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizadas en el ejercicio de su cargo. Y que de los acuerdos de sus órganos colegiados serán responsables aquellos de sus miembros que los hubieren votado favorablemente.
De ahí que Lozano se plantee la determinación de la autoría para imputar a todos los concejales que votaron a favor de la aprobación definitiva del Plan Parcial Nueva Condomina en el Pleno Municipal del 27 de febrero de 2003. O, por el contrario, tan solo a los que se considere responsables directos; en éste caso, el alcalde Cámara y la concejala Megía, imputados por un delito de presunta prevaricación administrativa con resultado de grave perjuicio a las arcas municipales de la ciudad de Murcia.
Concluye el razonamiento del fiscal que solo cabe imputar aquí a la concejala de Urbanismo como responsable directa del expediente. Y al alcalde como responsable directo de la aprobación inicial del Plan Parcial, por ser una competencia legalmente atribuida, así como el también directo responsable de la tramitación y aprobación del PGOU y del convenio urbanístico de 31-5.01 a Jesús Samper.
Exculpa Lozano, sin embargo, al resto de concejales que votaron favorablemente porque, si bien fueron partícipes formales del delito de prevaricación (sin su voto no se hubiese aprobado), por dicho principio de confianza legítima puede aceptarse que actuaron sin el dolo necesario, convirtiéndose en meros autores mediatos de la aprobación definitiva sin verdadera conciencia de un actuar delictivo.
A juicio del fiscal, se constata que los informes técnicos municipales eran favorables y que el secretario de la Corporación, en esa fecha José Luis Valenzuela Lillo, ya fallecido, no hizo constar advertencia alguna de ilegalidad.
Para más 'inri', el fiscal recuerda al juez instructor que consta un informe negativo de la CARM respecto al Plan Parcial 'Nueva Condomina', emitido el 6-11-02 por la Dirección General de Urbanismo, tras ser aprobado inicialmente por decreto del alcalde de Murcia el 15-3-02. Y que existe otro informe negativo de la misma dirección general de la CARM, con fecha 8-6-04, una vez aprobado definitivamente ese mismo Plan Parcial el 27-2-03 en sesión plenaria municipal.
