Las CCAA exigieron, en cambio, avanzar ya hacia un nuevo modelo
de financiación y en un reparto más equitativo de los objetivos de
estabilidad, que les permita en la práctica contar con un margen mayor
de déficit.
Montoro ofreció a las comunidades celebrar reuniones bilaterales para
estudiar cómo avanza cada autonomía en el objetivo de déficit, que casi
todas ven difícil de cumplir. Montoro hizo esta oferta tras analizar los objetivos de
déficit, en una reunión convocada a petición de los responsables autonómicos. Fuentes
del Ministerio de Hacienda aseguraron que hubo una queja
prácticamente común por parte de las autonomías en el sentido de que no
saben cómo conseguir el objetivo del 0,3% de déficit para este año.
El ministro les ofreció trabajar conjuntamente en reuniones
bilaterales para ver cómo avanzar por ese camino y cumplir las normas de
estabilidad presupuestaria. Las comunidades aseguraron que están
comprometidas con la estabilidad en las cuentas públicas, pero hicieron
hincapié en la necesidad de reformar el sistema de financiación
autonómica. En este sentido, el ministro explicó que el Gobierno ha
aprobado la creación de un comité de expertos para empezar a trabajar en
su revisión.
El ministro Montoro abrió la puerta a relajar estos
compromisos si Bruselas termina por suavizar el procedimiento de déficit
excesivo, y redibujar los objetivos entre administraciones en un
próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF, el segundo del
año tras el celebrado ayer) que se celebraría en las próximas fechas.
Pero condicionó esta mejora a que los Gobiernos autonómicos se
comprometan a medidas de ajuste que se puedan incluir en el Programa de
Estabilidad del Gobierno, y que debe aprobarse el próximo 29 de abril.
"Tengo la convicción de que no va a haber cambios en los objetivos de
déficit si no hay medidas en el Programa de Estabilidad", sentenció
Montoro.
El Gobierno en funciones rebajó el tono que había
utilizado en las últimas semanas con las comunidades autónomas,
amenazándolas con que, si no aprobaban acuerdos de no disponibilidad, se
aplicaría la Ley de Estabilidad, medidas coercitivas incluidas.
Montoro
aseguró que crearía comisiones bilaterales con cada comunidad
autónoma para estudiar de forma individual cómo diseñar el bloqueo de
créditos requerido. Sin embargo, Montoro expuso que el recorte es una
obligación, aunque su alcance puede variar según el territorio. "La
carta no es una carta; es la activación de la Ley", llegó a decir el
ministro dentro de la reunión.
A pesar de ello, la viabilidad del
ajuste es muy limitada. Las comunidades autónomas se negaron a aplicar
un ajuste que consideran inasumible. La consejera de Hacienda de
Andalucía, María Jesús Montero, avisó de que "es imposible llegar a un
acuerdo sin tocar los pilares del Estado del Bienestar". Montero dijo
que espera que se convoque un nuevo encuentro del CPFF que permita
hablar sobre nuevos objetivos.
No hubo tampoco avances en otro de
los aspectos que reivindicaban las comunidades autónomas adheridas al
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ello es que se eliminen los tipos de
interés que pagan por los créditos durante este año al igual que
sucedió en 2015. Igualmente las CCAA exigieron al Ministerio que abone
ya los pagos del FLA correspondientes al primer trimestre del año, que
el Ejecutivo todavía no ha desembolsado, a la espera de aprobar el plan
de ajuste.
El Ministerio ha
querido reactivar también en las últimas semanas la revisión del modelo
de financiación autonómica, a pesar de encontrarse en funciones.
Hacienda reactivará el grupo de trabajo técnico para la elaboración de
un nuevo modelo, y propuso la creación del comité de expertos que debe
ayudar a su elaboración, y que incluiría diferentes miembros a propuesta
de las diferentes comunidades autónomas. La reivindicación sobre la
necesidad de reformarlo fue unánime entre los responsables regionales, y
la Comunidad Valenciana expuso la necesidad de que sea retroactivo.
Las comunidades pidieron que se trabaje para flexibilizar los plazos
de cumplimiento de déficit y también que se revise el reparto del mismo
entre las distintas administraciones, a fin de que el Estado contribuya
más a su reducción.
Los responsables de Hacienda de las comunidades gobernadas por el
PSOE se mostraron decepcionados con el ministro por no concretar nada
sobre el objetivo de déficit.
Así se expresaron el consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso
Ruiz Molina; la responsable extremeña de Hacienda, Pilar Blanco-Morales,
el conseller de Hacienda de la Generalitat valenciana, Vicent Soler, al
igual que los responsables del ramo de Andalucía y Asturias, María José
Montero y Dolores Carcedo, respectivamente. Opinaron que las reuniones
bilaterales que les ha ofrecido Montoro deberían haberse celebrado antes
de enviar esas cartas a las comunidades, «sin conocer la situación
financiera y presupuestaria de este ejercicio».
«Una cosa es que respetemos el déficit y otra que hagamos milagros»,
advirtió un consejero, quien insistió en que el reparto del déficit es
«injusto».
Versión murciana
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo,
indicó hoy, en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que
la Región no reducirá el gasto porque el Gobierno regional ya elaboró
"un presupuesto responsable" y añadió "la necesidad de la aprobación de
un nuevo sistema de financiación que sea más justo con Murcia".
El compromiso de la Región con la política de estabilidad
presupuestaria, según señaló el consejero, se refleja en el presupuesto
de 2016, "que ha sido riguroso y austero, con un crecimiento del 0,5 por
ciento, es decir, 20 millones, de los menores a nivel nacional, cuando
la financiación autonómica ha sido de 254 millones de euros, diferencia
que se ha destinado, en gran parte, a reducir el déficit".
Carrillo destacó que "es el primer presupuesto, del actual equipo de
Gobierno, que ha fijado entre sus prioridades culminar el proceso de
reequilibrio de las cuentas públicas, para lo que necesitamos tiempo y
una reforma objetiva y suficiente de la financiación autonómica".
El consejero insistió en la necesidad de culminar el proceso de
consolidación, mediante la corrección de la financiación de la Comunidad
Autónoma, que "es notablemente inferior a la media", ya que recibe 225
millones de euros menos por habitante y 426 millones menos si se compara
con la media de las comunidades uniprovinciales.
En este sentido, mostró su satisfacción por el compromiso del
Gobierno de la Nación, como ya trasladó el responsable de Hacienda al
presidente de la Comunidad "de agilizar los trabajos para la aprobación
de un nuevo plan de financiación autonómica", mediante la constitución
de una comisión de expertos que dispondrán de los trabajos y estudios
técnicos ya aportados por las comunidades autónomas.
Carrillo explicó que "no se reducirán los gastos sociales y que el
equilibrio vendrá por las políticas de crecimiento económico, por el
incremento de ingresos y por las medidas de eficiencia a largo plazo que
contienen el gasto", en lo que colaborará un incremento de ingresos
debido a la previsión de crecimiento del 3 por ciento del PIB regional
en 2016.
En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se informó
también a las comunidades autónomas sobre la evolución fiscal de éstas,
durante la legislatura del Gobierno de la Nación 2011-2015, "período en
el que la Región de Murcia experimentó una destacable reducción del
gasto", señaló el consejero.
Igualmente, se presentó un informe sobre la reordenación del sector
público, donde Murcia consiguió una reducción del 59,80 por ciento, "una
aportación muy notable a este proceso, ya que el ahorro que supuso la
extinción y restructuración de entes representa el 4,8 por ciento del
total nacional", concluyó Carrillo.
