LORCA.- Los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro
Sosa y Gloria Martín, han pedido explicaciones sobre la situación en la
que se encuentra actualmente el Consorcio de Marina de Cope, cuya
disolución fue anunciada en marzo de 2011 por el equipo de Gobierno
municipal del PP.
Sin embargo, durante todo este tiempo el consorcio no
sólo se ha mantenido en el Inventario del sector público de la Comunidad
Autónoma, sino que esta semana el Boletín Oficial de la Región de
Murcia ha publicado sus nuevos estatutos que el Gobierno regional aprobó
el pasado 6 de julio.
El Consorcio de Marina de Cope tiene entre sus objetivos el "impulso,
desarrollo, gestión y ejecución de la Actuación de Interés Regional
(AIR) Marina de Cope", a pesar de que ésta está anulada "por sentencia
judicial firme", recordaron Sosa y Martín.
En 2013, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia confirmó la
protección ambiental de Calnegre-Cope, y anuló los trámites de
urbanización impulsados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y los Ayuntamientos de Águilas y Lorca.
Del mismo modo,
otra sentencia del TSJ de 2016 anuló la modificación de los Planes
Generales de Ordenación Urbana de ambos municipios para adaptarse a una
AIR "que ya no existe".
Sin embargo, a día de hoy, ni estos ayuntamientos han anulado la
adaptación de sus planes generales de ordenación urbana para dar cabida a
un proyecto "tumbado por la Justicia", ni el Gobierno regional ha
disuelto el consorcio, sobre el que pesan "muchas sombras".
Los ediles
de IU se preguntaron cómo casa el hecho de que el alcalde de Lorca,
Fulgencio Gil, que es vicepresidente nato del Consorcio y también "un
hombre del mundo del Derecho "se declare en rebeldía a acatar una
sentencia judicial".
Martín recordó que además de Gil, la alcaldesa de
Águilas, María del Carmen Moreno (PSOE) también es vicepresidenta, y que
la cabeza de esta entidad es la consejera de Turismo del Gobierno
regional, Miriam Guardiola.
Gloria Martín también ha explicado que este ente no está sometido a
auditorías desde 2016, año en que la empresa encargada de su
fiscalización puso de manifiesto limitaciones al alcance de su trabajo,
así como numerosos incumplimientos contables y normativos, incluido que
las cuentas anuales correspondientes a ese ejercicio "ni siquiera fueron
aprobadas por el Consejo de Administración del Consorcio", algo que
también sucedió en 2015.
En 2014, la empresa auditora manifestaba que no se pusieron a su
disposición las Cuentas Anuales correspondientes a dicho ejercicio, por
lo que no pudo realizarse la auditoria. Tampoco existen inspecciones
entre los años 2005 y 2009.
Y en 2010 y 2011 los equipos auditores
tampoco pudieron expresar opinión sobre la Cuenta General porque desde
el consorcio no se les proporcionó la información contable necesaria,
incumpliendo lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se regula la rendición de cuentas de las entidades,
empresas, fundaciones y consorcios del Sector Público Regional.