La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de La Unión crean una comisión para planificar el futuro de Portmán

MURCIA.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de La Unión han acordado crear una Comisión Interdisciplinar, compuesta por cinco Consejerías del Gobierno y el Consistorio, al objeto de fijar las bases que van a regir el futuro desarrollo turístico y urbanístico del entorno de la Bahía de Portmán y de la Sierra Minera.

   Así lo han acordado este jueves el presidente Regional, Ramón Luis Valcárcel, y el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, en una reunión en la que ambos mandatarios han determinado así mismo que Portmán quede ya definitivamente configurado como uno de los grandes Proyectos de Desarrollo Regional.

   Las Consejerías que van a formar parte de esta Comisión son Obras Públicas y Ordenación del Territorio, que la presidirá, la Consejería de Cultura y Turismo, la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, la Consejería de Presidencia y la Consejería de Economía y Hacienda, según informaron fuentes del Ayuntamiento de La Unión en un comunicado.

   La primera reunión está previsto que se celebre en los próximos días y que se disponga de sus primeras conclusiones en otoño. La intención es que toda la planificación se desarrolle a través del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

   El alcalde, ha señalado que Portmán se va a convertir, sin duda alguna, en uno de los enclaves turísticos más importantes de las costas españolas gracias a la puesta decidida que se va a realizar por un turismo sostenible y de alta calidad, capaz de generar varios miles de puestos de trabajo, que incluya varios e importantes hoteles, el nuevo puerto deportivo y un campo de golf.

La Comunidad crea un grupo para acelerar la tramitación de ayudas a las viviendas afectadas por el terremoto lorquino

MURCIA.- El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, anunció este jueves la creación de un grupo de trabajo compuesto por técnicos de la administración regional y local que se reunirán semanalmente en Lorca, con el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes de ayudas a las viviendas afectadas por el terremoto del pasado mes de mayo, y cuya primera reunión está prevista para el próximo martes.

   Sevilla hizo estas declaraciones tras la reunión mantenida con el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, con quien acordó empezar a trabajar en una estrategia conjunta sobre acciones de carácter inmobiliario y urbanístico, con el fin de resolver los problemas ocasionados por los movimientos sísmicos desde una perspectiva global, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento manifestaron la necesidad de que la Administración General del Estado forme parte de esta iniciativa "porque trasciende de la capacidad financiera de ambas instituciones, al igual que ocurre con el impulso a la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley que desarrolla el Real Decreto 6/2011 que debe ser impulsado definitivamente", explicó Antonio Sevilla.

   En la misma línea, ambas administraciones acordaron solicitar al Consorcio de Seguros la creación de una oficina permanente en la ciudad de Lorca para facilitar a los vecinos sus trámites con el citado organismo y, celebrar una reunión de la Comisión Mixta con las distintas plataformas surgidas tras los seísmos.

   Por otra parte, el titular de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio manifestó que se va a iniciar la modificación del Plan General para el traslado del antiguo matadero, recalificando el uso industrial a residencial e incrementando la edificabilidad para que sea viable el traslado de la citada instalación.

   No obstante, Sevilla apuntó que previamente, la Confederación Hidrográfica del Segura tiene que subsanar el encauzamiento de una rambla, trámite que el Ayuntamiento se ha comprometido en solicitar lo antes posible.

   En cuanto a infraestructuras de carreteras, Sevilla informó de que el proyecto de Ronda Sur Central de Lorca sigue su trámite administrativo "que habrá que compatibilizarlo con las acciones de emergencia de las carreteras como la de La Parroquia".

Rajoy le dijo a Camps que estaba eligiendo entre la "deshonra" o la dimisión

MADRID.- El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, habló anteayer por la noche con Francisco Camps y le dijo que su elección estaba entre "la deshonra" de ser un presidente autonómico con condena o renunciar al cargo.

Fuentes del PP han informado que el líder nacional de los populares le dejó claro en todo momento que la decisión era exclusivamente personal y que, por tanto, sólo podía tomarla él.

Aunque estas fuentes, que son de diversos integrantes de la cúpula del partido, ofrecen esta versión de la conversación entre Rajoy y Camps, otras fuentes oficiales de la dirección nacional del PP no confirman los términos de la misma y remarcan que fue el ya expresidente valenciano, por sí solo, el que llegó al convencimiento de que la mejor decisión era la renuncia.

Las fuentes citadas antes señalan que la idea del presidente valenciano hasta el martes por la mañana era pagar la multa y evitar el juicio.

El presidente del PP, según las fuentes consultadas, no presionó a Camps en ningún momento, pero sí le planteó de forma "muy clara" que, dentro de su autonomía e independencia, sus opciones eran o bien "aguantar durante cuatro años la deshonra de ser un presidente" con una condena, o bien renunciar al cargo.

Las fuentes no precisan si esta conversación con el líder del PP, que fue una más de las muchas que han mantenido durante el fin de semana y hasta ayer mismo, resultó determinante para que Camps diera la vuelta a su intención, pero sí indican que poco a poco fue revirtiendo la pretensión primera del presidente de la Generalitat.

Recalcan que Rajoy se ha mostrado siempre "respetuoso" con su barón regional, quien siempre que habló con su líder le repitió que se sentía inocente y que así lo demostraría.

Por tanto, las fuentes niegan que a lo largo de las penúltimas 24 horas desde Génova se haya presionado a Camps con insistencia para que abandonara la Presidencia de la Comunidad Valenciana.

Si Camps ha optado por dimitir a pesar de que tan sólo unas horas antes tenía en mente pagar la sanción estipulada por el juez es porque él, al final, lo ha decidido así, sin presiones, reiteran las fuentes consultadas.

También niegan que Camps haya cambiado de parecer por una supuesta negativa del exsecretario general de los populares valencianos Ricardo Costa a pagar la sanción y reconocerse culpable.

Estas fuentes explican que, si bien el ahora coordinador económico del grupo popular en Les Corts era reacio a aceptar la conformidad, anteayer por la noche y ayer por la mañana supuestamente se había convencido de que posiblemente fuera la mejor opción.

En ese cambio de opinión de Costa ha tenido mucho que ver el coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo, quien durante las jornadas de anteayer y de ayer ha estado en Valencia en diferentes reuniones con Camps y su entorno y con el propio Costa.

La dirección del PP, sus demás mandatarios y los parlamentarios estaban convencidos de que el presidente valenciano no iba a dimitir; al contrario, se mostraban seguros de que terminaría pagando la sanción y de que aguantaría ser presidente con una condena por un delito de cohecho pasivo impropio, es decir, por haber aceptado, presuntamente, trajes de una trama corrupta como la del caso Gürtel.

Pero no ha sido así. La noticia de la renuncia de Camps fue una realidad en Génova a las 16:00 horas, puntualizan las fuentes, o sea, una hora antes de que lo anunciara públicamente.

Las fuentes reconocen que "ha pillado por sorpresa completamente"; unas fuentes que reconocen que si Camps sale inocente, regresará a la primera línea del Partido Popular "por la puerta grande".

La CAM procederá a la amortización de sus cuotas participativas en circulación

MADRID.- El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) ha acordado proceder a la amortización de la totalidad de las cuotas participativas en circulación, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   En concreto, la CAM ofrece un precio para la amortización de 4,7714 euros por título, correspondiente a la media de cotización del último trimestre contando de fecha a fecha desde ayer.

   La CAM se convirtió en 2008 en la primera caja en saltar al mercado con sus cuotas participativas, un instrumento financiero similar a la acción, pero sin derechos políticos.

   Para financiar el coste de la amortización, está previsto que Banco CAM efectúe un reparto de prima de emisión a favor de su accionista único, CAM, por importe de 238,57 millones de euros.

   La efectividad del acuerdo queda supeditada a su aprobación por la Asamblea General de CAM, que se ha acordado convocar para el próximo 16 de septiembre, y de los organismos supervisores competentes -el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía y Hacienda-.

   El plazo máximo previsto para la ejecución del acuerdo y, por tanto, para el pago a los cuotapartícipes del valor de amortización, es de dos meses contados a partir de la fecha de efectividad del acuerdo.

Un exdirectivo de la CAM confirma que hacía negocios de compra-venta de suelo con Ortiz

ALICANTE.- El directivo de Caja Mediterráneo (CAM), Daniel Gil, ha confirmado ante el juez que, en su función de responsable de inversiones inmobiliarias de la entidad financiera, hizo negocios de compra-venta de suelo con el empresario Enrique Ortiz. 

 

   El directivo se ha presentado sobre las 10.00 horas de este jueves ante el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga el 'caso Brugal' relativo a las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

   Gil estaba citado por su presunta relación con un delito de aprovechamiento de información privilegiada, que supuestamente pudo producirse en el marco de varias operaciones cuyo objetivo era la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad.

   El abogado de EUPV, José Luis Romero, ha explicado que en su comparecencia ante el juez, Daniel Gil no ha contestado a las preguntas de las acusaciones particulares, pero sí ha atendido a alguna preguntas del fiscal y a las de su defensa.

   Al respecto, según Romero, Gil ha aclarado que la sociedad de la CAM que él dirigía "compraba con miras a la reclasificación del suelo, y que esa parte la dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa CAMSERVI de la que Ortiz es administrador".

   "Ha confirmado que tenía una opción de compra sobre unos suelos en los saladares de Aguamarga, en torno a los que había un problema jurídico de exceso de cabida. Por este motivo, ha detallado que "CAM no quería llevar esa opción de compra que tenía con CAMSERVI, y que finalmente sí compraron el terreno".

   Sobre las escuchas, Daniel Gil ha mantenido ante el juez que "no recordaba absolutamente nada", y ha rechazado la invitación del fiscal anticorrupción para escucharlas en ese momento, según ha indicado el abogado de EUPV.

   Romero también ha considerado que si en un futuro las escuchas se declaran válidas, "va a tener que decir algo, porque son muy claras y muy patentes de lo que había debajo del negocio legal". 

Por ello, a su parecer, "lo que pierde ahora es su oportunidad, y si se declara oir las escuchas, no habría hecho falta volver a llamarles para decir lo que hubieran podido decir ahora".
La declaración de Daniel Gil ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, quien instruye la pieza separada del Brugal sobre presuntas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, se debe a que, según se desprende del sumario, parcelas del entorno de los Saladares de Aguamarga fueron objeto de interés por parte de sociedades y personas que conocieron con antelación a la publicación del PGOU su posible cambio de calificación del suelo.
A raíz del análisis de protocolos notariales, el fiscal observa cómo a través de distintas operaciones se materializa la compra de la totalidad de participaciones de la sociedad que ostenta la propiedad visible de los terrenos que van a soportar el proyecto de la "Ciudad de la Economía", una iniciativa que recogía aprovechamiento terciario en el citado suelo de Aguamarga.
Así, se atestigua, tal y como recoge el sumario, que la sociedades CAMSERVI Obras y Servicios, propiedad de Enrique Ortiz, junto a la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L., propiedad de CAM, son las máximas accionistas de una mercantil, Dreamview, protagonista en estos hechos.
Gil, acompañado por su letrado, ha comparecido ante el juez por espacio de una hora y en cuya comparecencia también han estado los letrados de Ortiz y de Esquerra Unida (acusación popular), y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
Según fuentes judiciales, Gil ha apuntado que la CAM era "el socio financiero" y que ellos "compraban con miras a la reclasificación del suelo", y que esa parte "la dejaban en manos del socio tecnológico, una empresa de la que era administrador Ortiz".
Preguntado sobre si conocía que Ortiz hubiera intentado negociar con la entonces edil de Urbanismo, Sonia Castedo, y el exalcalde Luis Díaz Alperi temas relacionados con Aguamarga, Gil ha aseverado que no sabe nada de eso.
En los protocolos notariales se observa, según añade el fiscal, cómo a través de distintas operaciones se materializa el deseo de Ortiz de no constar como propietario de ciertos terrenos en la zona de Aguamarga y "que han sido recalificados para su beneficio y el de la CAM".
El fiscal considera que Gil puede ser responsable de infracciones penales, como recepción de información privilegiada, conseguir, a través de Ortiz, resolver a su medida aspectos del proyecto de la "Ciudad de la Economía", y de "comprar terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización dentro del Plan General en base a la información privilegiada recibida".
Para la acusación pública, los hechos relatados pueden ser constitutivos, al menos, de los delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y delito de tráfico de influencias.