MADRID.- Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizan, tras la explosión de la operación Erial, el supuesto cobro de comisiones del exministro Eduardo Zaplana desde hace más de dos décadas: Según
la tesis de los investigadores, el exministro cobró en el extranjero
importantes cantidades de dinero por concesiones públicas que dependían
de la Generalitat Valenciana y que se remontan en algunos casos hasta
1997. Después, Zaplana habría repatriado fondos de forma paulatina para
introducirlos en España, en un procedimiento que se intensificó en los
últimos años y en el que los investigadores colocan como pieza
fundamental a su exjefe de Gabinete, Juan Francisco García Gómez, que tras abandonar la política ejercía como abogado en Barcelona.
En un segundo escalón a la hora de mover el dinero
ya en España, los agentes colocan a otra persona de confianza del
exministro, llamada Joaquín Barceló Llorens. La trayectoria política de
Barceló ha estado unida a la de Zaplana desde que el segundo fue alcalde
de Benidorm en 1991.
Tras pasar por varios cargos en la Generalitat,
los agentes consideran que su relación se extendió cuando Barceló dejó
la política para levantar un importante patrimonio inmobiliario en
España, dependiente de una madeja de sociedades como Costera del Globo SL o Desarrollos Integrales SL.
Los agentes de la UCO trabajan con la tesis de que Barceló sirvió de
testaferro a Zaplana para colocar el dinero ilegal en España y que parte
de esas compras inmobiliarias pertenecen en realidad al exministro
popular.
A este respecto, los agentes analiza además la
compra de un piso en la zona centro de Madrid que se compró sin
necesidad de hipoteca. Sin embargo, según ha podido saber El Español, la
operación fue posible ya que con anterioridad, Zaplana se había
desprendido de un inmueble de mayor valor en el Paseo de la Castellana
de la capital.
En total y como resultado de las investigaciones, que arrancaron en 2015 pero que se intensificaron hace ahora año y medio, la Guardia Civil sospecha que Zaplana pudo mover una cantidad ligeramente superior a los 10 millones de euros.
La clave de la investigación ahora es determinar tanto la cantidad de
ese dinero que corresponde realmente al expresidente valenciano, ya que
se ha movido a nombre de terceros, y si procede de comisiones cobradas
por la concesión de contratos públicos cuando Zaplana era presidente de
la Comunidad Valenciana.
Por eso, el Juzgado de Instrucción nº 8 de
Valencia le investiga por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de
capitales y fraude fiscal.
Fuentes próximas a la investigación consideran que parte de ese dinero habría permanecido oculto en cuentas extranjeras -paraísos fiscales caribeños, Panamá y Uruguay-
hasta fechas recientes, cuando habría empezado a recuperarlo a través
de pequeñas partidas. El dinero pasó por otros paraísos fiscales más
tradicionales como Luxemburgo. Desde ahí daba el salto definitivo a
España.
Según ha sabido El Español, los investigadores señalan al ex
director general de Turismo de la Generalitat Joaquín Barceló y a su mujer Felisa López como los creadores del entramado societario encargado de la repatriación del dinero.
Además, los agentes investigan también la estructura empresarial de los hermanos José y Vicente Cotino,
sobrinos del exdirector de la Policía y exvicepresidente autonómico
Juan Cotino. Y lo hacen con una doble función: por un lado buscan
presuntos pagos al entorno del expresidente valenciano y por otro,
investigan si parte de su entramado empresarial o de sus inversiones
dentro y fuera de España pudieron servir para ocultar patrimonio de
Eduardo Zaplana.
Algo similar sucede con las operaciones emprendidas por el despacho de Juan Francisco García Gómez.
Queda por clarificar qué parte de esas operaciones pertenecía
directamente al expresidente autonómico o si parte de ese dinero eran en
realidad de otros clientes. Para eso, serán determinante la información obtenida de las escuchas telefónicas,
que colocaría a Zaplana al frente de movimientos financieros e
inversiones emprendidas formalmente por terceros.
En esta parte de la
investigación, la jueza Isabel Rodríguez ha citado también como investigadas al exdirector de la Policía y exconseller Juan Cotino y la mujer de Zaplana, Rosa Barceló. La secretaria personal de Zaplana, Mitsuko Henríquez, quedó puesta en libertad sin cargos tras declarar durante la noche del martes.
Tres años de investigación
Según ha podido confirmar El Español, la llamada
operación Erial arrancó formalmente en 2015 y se centran en dos
operaciones principales: las concesiones del servicio público de
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad Valenciana,
firmadas en 1997, y las concesiones del Plan Eólico de la Comunidad en
2001. Según ha sabido El Español, los agentes señalan a Juan Francisco García,
jefe del gabinete de Zaplana cuando era presidente valenciano, como
presidente de la mesa de contratación de una de las licitaciones
investigadas.
Sin embargo, fue hace año y medio cuando la investigación se intensificó gracias al resultado de las intervenciones telefónicas,
que colocaban a Zaplana como conocedor y coordinador de operaciones
financieras concretas. A partir de ese momento, la red de relaciones
comenzó a crecer hasta pasar por varios paraísos fiscales. Este martes,
la operación estalló a primera hora de la mañana cuando el expresidente
autonómico salía de su casa para subir en su coche.
A la misma hora y de forma coordinada, eran
detenidos en distintos puntos de España el exdirector de Relaciones
Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens y su mujer, Felisa López; el que fuera jefe de gabinete de Zaplana y presidente del club de baloncesto Estudiantes, Juan Francisco García; también los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos de Juan Cotino. El listado se completa con el economista Francisco Grau Jornet.
Este último adquiere una relevancia destacada en el
tapete de los investigadores. Se trata de un especialista financiero al
servicio de Eduardo Zaplana. También es un hombre de confianza del
exministro de Trabajo. Grau fue secretario del consejo de administración
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) desde 1998 hasta 2007. Su actividad empresarial más reciente está vinculada a la de Zaplana.
Para comprender ese lazo hay que reconstruir los
pasos que siguió el ex dirigente popular cuando dejó la política. En
2008, Zaplana asumió el cargo de delegado para Europa de Telefónica. Al
mismo tiempo, el ex diputado puso en marcha la consultora Decuria Consulting. Desde su creación, la consultoría ha acumulado una facturación superior a las dos millones de euros.
Desde entonces, Francisco Grau Jornet, hombre de
confianza de Zaplana, ha sido el máximo responsable financiero de
Decuria Consulting.
La adjudicación de las ITV y el plan eólico
La operación más antigua investigada se remonta
a 1997, año en el que se adjudican las concesiones de la ITV en la
Comunidad Valenciana. El Gobierno presidido por Eduardo Zaplana gestionó
la privatización del servicio. El jefe del Gabinete, Juan Francisco García
-detenido este martes- trazó las líneas generales del proyecto. En
total se vendió una veintena de instalaciones por un montante próximo a
los 37 millones de euros. La familia del empresario Vicente Cotino Escrivá recibió parte de las adjudicaciones.
Los escritos judiciales de la operación Erial ponen
el foco además sobre otra operación de envergadura en la Comunidad
Valenciana presidida por Eduardo Zaplana. En 2002 se programó la
adjudicación del Plan Eólico valenciano, un
megaproyecto dotado de 450 millones de euros para obtener energías
renovables en siete grandes parques. Vicente Cotino, propietario de la
empresa Sedesa, adquirió el 25% de los derechos de la VI zona, que entró
en funcionamiento a partir de 2006.
Vicente Cotino es sobrino del exdirector general de
la Policía y exconseller Juan Cotino. También empresario de confianza
de Zaplana. Detenido este martes en el marco de la operación Erial, su
nombre también está relacionado con la financiación irregular del PP
valenciano. Él mismo admitió en dependencias de la Audiencia Nacional
que fue uno de los empresarios que financió al partido a través de la empresa de Correa, Orange Market.
Por ese caso, la Fiscalía le pide -junto a otros ocho empresarios que
reconocieron actuaciones similares- el pago de una multa superior a un
millón de euros.
Documentación en la Consellería
Los agentes de la UCO se presentaron este martes en la Conselleria de Economía valenciana para recabar información sobre las concesiones de la ITV y del Plan Eólico.
Concretamente, solicitaron documentación relacionada con las
adjudicaciones a las empresas relacionadas con Vicente Cotino y su
hermano José.
Todos los movimientos financieros habrían engrosado
unas cuentas en paraísos fiscales caribeños, en Panamá y Uruguay de las
que Zaplana podría haber sido el principal beneficiario. Más de diez
millones de euros que el exministro habría ido introduciendo en España,
según las primeras pesquisas de la UCO, en pequeñas cantidades para no
llamar la atención de las autoridades.
Los investigadores colocan a Zaplana en el centro de esa presunta trama que salpica a su círculo de máxima confianza.
