MADRID.- “En noviembre se va a hacer la famosa matanza beteteña. Te ruego que
me digas cuanto antes si vais o no a venir”. El mensaje parecía
inocente, pero era -a juicio de los investigadores- la pieza que faltaba
para cerrar el puzzle, para acreditar la existencia de una trama capaz
de saquear 17,6 millones de euros públicos del AVE a Murcia y desviarlos
a cuentas personales, tanto de empresarios como de funcionarios de
ADIF, la empresa pública encargada del trazado, recuerda hoy http://www.elespanol.com.
Una red investigada por
la Guardia Civil y los agentes de Aduanas desde hace dos años y que
movió los fondos por medio de empresas fantasma con testaferros
enfermos, que utilizó a recolectores de alcachofas como falsos
topógrafos, presentó imágenes falsas para acreditar sus trabajos y
desveló la existencia de más de dos millones de euros escondidos en
Suiza por el máximo responsable de revisar las obras para el Estado, el
ingeniero José Luis Martínez Pombo, ex jefe de infraestructuras de la
empresa pública para esa línea.
La investigación, conocida como
Operación César y que se mantuvo secreta hasta la pasada semana, abunda
de nuevo en la presunta corrupción de la sociedad pública ADIF,
investigada ya por pagos indebidos en el trazado del AVE a Barcelona,
donde la Fiscalía estima el agujero en 82 millones de euros tras detener
a 13 personas. En este caso, la investigación se centra en cuatro
puntos concretos de la línea de alta velocidad entre Crevillente
(Alicante) y Murcia. Allí, el trazado del AVE cruza un laberinto de
canales de riego que debían ser recolocados tras las obras. Esa fue la
excusa que los investigados utilizaron para desviar –según las
estimaciones judiciales– 17,6 millones de euros abonados por ADIF.
“Hasta el día del juicio no van a llegar ahí los trenes”
La investigación de la Operación César arrancó en octubre de 2014,
cuando los funcionarios de Hacienda se percataron de que las cuatro
grandes concesionarias de estos tramos (Acciona, Sacyr, Dragados y
Constructora San José) habían subcontratado a la misma empresa para
realizar los trabajos de canalización de agua. La sociedad, llamada
Construcciones Marimar, contaba solo con nueve trabajadores, ninguna
experiencia en el sector ferroviario y había conseguido facturar 23
millones de euros en 2012.
Al tirar del hilo, los agentes
encontraron a seis supuestos proveedores. Seis empresas fantasma que
recibían esos fondos. Parte de ellas eran sencillamente ilocalizables,
otras nada tenían que ver con el sector, pero sí con los miembros del
Juzgado Privativo del Agua de Orihuela, el organismo encargado de la
gestión hídrica en la zona. Y las terceras estaban controladas por un
empresario local apodado El Perrita, dueño de un local de striptease y que había colocado como testaferro tanto a su hija estudiante como a su primo enfermo.
Según el sumario del caso -
adelantado por La Verdad de Murcia-,
ninguna de estas empresas ha sido capaz de entregar a Hacienda un solo
documento que acredite sus trabajos para Adif. Trabajos que la empresa
pública aprobó y aceptó abonar al detalle. Para justificar las facturas,
los responsables de
Construcciones Marimar inflaron los gastos
de combustible mientras pagaban 5.839 euros en jamones de Jabugo y ante
Hacienda, presentaron varias fotografías de sus trabajos en la línea del
AVE. Los agentes confirmaron que las imágenes pertenecían en realidad a
un canal de agua construido en Guardamar, a 40 kilómetros de la vía de
alta velocidad más cercana.
Además, dos de los trabajadores de una
supuesta empresa de topografía (Servicios topográficos de Levante,
relacionada con el ex juez de aguas de Orihuela, Jesús Abadía, reconocen
que, lejos de ser técnicos cualificados, se limitaban a realizar
trabajos agrícolas como "la recolección de la alcachofa".
Por parte de Adif, las investigaciones se centraron en un primer momento
en cinco directivos: desde el presidente hasta el jefe técnico del
trazado en Levante. El 14 de julio de 2015, los agentes de la Guardia
Civil se presentaron en la sede central de la empresa pública e
interrogaron a varios de sus ejecutivos en unas diligencias que
permanecían secretas. Poco después, solicitaron a la jueza permiso para
pinchar el teléfono de José Luis Martínez Pombo, jefe de
infraestructuras del trazado investigado.
Además, el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia aceptó
intervenir las conversaciones de varios empresarios: Juan Ortín,
responsable de la firma Construcciones Marimar, José Manuel Fernández
Pujante, ingeniero del Juzgado de Agua de Orihuela, y José Francisco
Noguera Jimenez, El Perrita, principal contratista fantasma de la trama.
2 millones de euros en Suiza
El
15 de julio de 2015, el teléfono del ingeniero de Adif recibió la
llamada de su hijo. Fue entonces cuando los agentes detectaron que el
máximo responsable de la obra, el hombre que había autorizado el pago a
la trama desde las cuentas públicas, guardaba documentación y dinero en
Suiza. “Es urgente el documento del fideicomiso”. “Pues eso lo tenemos
en Ginebra…” se decían padre e hijo, además de citar dos sociedades: una
española llamada Bernalake, administrada por dos hijos del ex alto
cargo de Adif, y Transimmo (Holding), una sociedad financiera abierta en
el cantón de Ginebra. Además, los agentes de Hacienda confirmaron que
Martinez Pombo se acogió a la amnistía fiscal para aflorar 2,1 millones
de euros "de origen desconocido".
Por otro lado, miembros de
la Guardia Civil y la Unidad de Vigilancia Aduanera de Murcia comenzaron
a llamar a los empresarios y sus empleados para preguntarles sobre el
caso. En sus conversaciones, los investigados reflejan una preocupación
manifiesta: “Hay un follón de huevos”, alertaba Juan Ortín el 20 de
julio sobre las citaciones de la “Pulicía judicial (sic)”. Su
nerviosismo les lleva incluso a intentar identificar la procedencia de
los investigadores por su acento (“Uno habla con las eses”) o por el
desconocimiento que tienen de las dependencias de la Guardia Civil en
Murcia (“Son de fuera… han preguntado dónde está el baño).
Los
investigados intentan incluso hablar con sus contactos en el cuerpo para
conocer la gravedad de las pesquisas. Pero es inútil. Así hablaba Ortín
con uno de sus empleados en todo desafiante:
-. A mi me ha dao la
sensación de que no están perdíos del to (sic), pero están buscando
todavía el punto. No se cómo explicártelo.
-. El punto G
-. Efectivamente
-. Haber dicho que nosotros lo tenemos en el culo.
-. Yo le he dicho en el ojete. […] están buscando la conexión, lo tienen todo.
- Escúchame, lo que están buscando es imbuscable, porque no hay.
Nombre en clave: Paraguas
El
9 de septiembre de 2015, el ingeniero de Adif Martínez Pombo llama a su
gestor en Suiza. “Paraguas- José Luis”, le dice en los primeros
compases de la conversación para ser identificado. Desde el primer
momento, los agentes identifican esa palabra como una contraseña, un
código con el que los financieros del cantón helvético identifican a sus
clientes para atenderles de forma segura por teléfono. La fórmula se
repite en varias de sus llamadas, en las que el ingeniero paraguas anuncia un viaje a Suiza para recoger documentos de una caja de seguridad.
Gracias
a las escuchas, los investigadores confirmaron que Martínez Pombo tenía
un billete abierto a Ginebra el 11 de septiembre de 2015. Esa tarde,
los agentes de Aduanas montaron una trampa: un supuesto control
rutinario en el aeropuerto para poder registrar el equipaje a su regreso
sin levantar sospechas. En el cacheo, los funcionarios localizaron un
sobre de la firma Figestor SA, con sede en Ginebra y que por medio de
empresas interpuestas, tiene el 74% de la sociedad administrada en
España por los hijos del ingeniero. Ahora, el juzgado encargado del caso
ha enviado una comisión rogatoria a Suiza para buscar más fondos.
Sobres con 150.000 euros
Así,
en octubre de 2015 la Guardia Civil y los funcionarios de Aduanas
tenían confirmada por un lado una presunta trama para desviar el dinero
de ADIF, y por otro, al ingeniero que aprobó los pagos manejando fondos
en paraísos fiscales. Por eso fue importante el mensaje del 14 de
noviembre de ese año. Aquel en el que Martínez Pombo invitaba a sus
amigos a una matanza en un pueblo de Cuenca.
Una cita que quince días después tuvo sentido en las palabras de
Ángel Custodio Linares, trabajador de la constructora investigada:
“Algunos viernes, el declarante acompañaba a su jefe, Juan Ortín (dueño
de la subcontrata), al Banco de Valencia de Santomera, donde salía con
sobres abultados. Que de Santomera se dirigían a Murcia, donde aparcaban
en las inmediaciones de El Corte Inglés de Avenida Libertad. Que Juan
abandonaba el vehículo para ver a Antonio José Fernández Pujante
[hermano del ingeniero del Juzgado de Aguas de Orihuela]. Y a los pocos
minutos regresaba tras entregar el bulto que llevaba".
"Uno de los
días -prosigue el interrogado-, antes de entregar el dinero a Fernández
Pujante, su jefe le enseñó en el coche el montón de dinero que portaba y
le dijo que con eso podría pagar lo que le quedaba de la hipoteca. Eran
150.000 euros. […] Durante esos viajes, el declarante escuchó una
conversación telefónica entre Juan Ortín y José Manuel Fernández Pujante
[ingeniero y presunto enlace] donde éste último le decía textualmente:
Dónde estás. Date prisa que mi hermano te está esperando, que tengo que
salir para Cuenca. El propio Juan le dijo que José Luis Pombo [directivo
de Adif] y Fernández Pujante tenían un punto de reunión en Cuenca. En
otra ocasión, fue el propio Fernández Pujante quien le dijo que había
estado en casas de José Luis Pombo en Cuenca, donde habían hecho una
matanza”.
La relación entre el directivo de Adif y la trama de
facturas falsas se afinó todavía más con la declaración de Juan Ortín,
responsable de la principal empresa pantalla, que reconocía ante los
agentes el engaño: “Una vez que tiene las facturas, se emitían pagarés
para simular los pagos a las empresas ficticias, pagarés que eran
cobrados por el declarante en el Banco de Valencia de Santomera, una vez
que los responsables formales de las empresas sellaban y firmaban en el
dorso de dichos pagarés. Normalmente estas operaciones se hacían los
jueves o viernes y una vez que el declarante tenía en su poder el dinero
en efectivo, estos pagos simulados, concertaba una cita previamente
pactada con Antonio José Fernandez Pujante”.
Según su versión, el objetivo de esos encuentros era en entregar
“todo el dinero cobrado a Jose Antonio, que ejercía las funciones de
contable […] Parte del dinero fue entregado posteriormente a
responsables de Adif en Madrid y en Barcelona y cree que de Sacyr. Que
en una ocasión estuvo en en el Juzgado de Aguas de Orihuela y escuchó una
conversación entre José Manuel Fernández Pujante y otras personas donde
oyó nombrar a José Luis Pombo como uno de los receptores de parte de
esos fondos desviados y la inoportunidad de que se hubiera acogido a la
amnistía fiscal en los tiempos que corren”.
Medio centenar de investigados
Tras
siete meses de pesquisas discretas, el 11 de noviembre de 2015 los
agentes de la Guardia Civil y de la Unidad de Vigilancia Aduanera de
Murcia lanzaron la Operación César para cobrarse las primeras
detenciones. Fueron cinco las personas arrestadas, en un operativo que
se centró en las empresas fantasmas y su vinculación con el Juzgado de
Aguas de Orihuela. Cayó entonces el ex juez Jesús Abadía (acusado de
llevarse presuntamente más de un millón de euros), el ex secretario
Anibal Bueno (señalado por cobrar presuntamente 700.000 euros) y el
ingeniero José Manuel Fernández Pujante, al que acusan de llevarse cerca
de siete millones de euros. Los agentes arrestaron también al
empresario Juan Ortín y a su colaborador, El Perrita.
En
una medida mucho más discreta, la jueza Lydia Polo ordenó también el
ingreso en prisión del ingeniero de Adif, que quedó luego el libertad el
pasado mes de mayo. Ahora, los investigadores rastrean el posible
desvío de al menos dos millones de euros de su mano a cuentas en
Luxermburgo, Austria e Irlanda, en una investigación que permanece
abierta.
