El Banco de España y magistrados de lo Mercantil debaten en Elche qué hacer con las viviendas de las entidades financieras

ELCHE.- El Centro de Congresos de Elche reunirá el próximo miércoles, 9 de junio, a más de 200 participantes para asistir al debate de magistrados de lo Mercantil en diversas mesas redondas dedicadas a cuestiones relacionadas con el Derecho Concursal como la liquidación, el incumplimiento y la impugnación del convenio o el tratamiento de las ejecuciones.

Además, también se contará con la presencia de la letrada del Banco de España, Nieves Prieto, que abordará la normativa del Banco de España sobre dotaciones y provisiones.

La cuestión fundamental de esta jornada, organizada por el Colegio de Economistas de Alicante y promovida por diversos Colegios Profesionales de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, es determinar qué se puede hacer con el "enorme" stock inmobiliario que han adquirido bancos y cajas de ahorro como consecuencia de la extensión de la dación en pago --aceptar la vivienda hipotecada como pago de una deuda que no se puede solventar de otro modo--, según informaron fuentes de la organización del acto en un comunicado.

La posición del Banco de España, que defenderá la letrada, está reflejada en el reciente anuncio de la institución supervisora de "endurecer" las provisiones que exigirá a bancos y cajas de ahorro por créditos morosos y por la adquisición de activos inmobiliarios como consecuencia de la dación en pago, una herramienta que consideran, no obstante, una "opción legítima".

Según el Banco de España, deberá reconocerse un "deterioro mínimo" del 10 por ciento al adquirir la vivienda por este procedimiento, que se incrementará hasta el 20 por ciento si pasan 12 meses desde la adquisición y hasta el 30 por ciento si llega a los 24 meses.

Esta interpretación contrasta con la de algunos magistrados de lo Mercantil como el del número 2 de Valencia, Fernando Presencia, quien defiende "suavizar" la normativa sobre provisiones para fomentar que las entidades financieras devuelvan al mercado los bienes inmobiliarios utilizando herramientas como, por ejemplo, periodificar las pérdidas que se deriven de poner inmuebles a la venta un precio menor que el de tasación.

A diferencia del Banco de España, que pretende evitar nuevas daciones, estos magistrados de lo Mercantil entienden que la dación en pago ya se ha extendido y ahora lo importante es conseguir que bancos y cajas de ahorro den salida a su stock, lo que resultará "más difícil endureciendo las provisiones".

Un juzgado de Murcia admite a trámite una querella criminal contra el consejero Sotoca

MURCIA.- El juzgado de Instrucción nº 9 de Murcia ha admitido a trámite una querella criminal por presunta prevaricación contra el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca Carrascosa, según un auto del pasado seis de mayo firmado por el magistrado Francisco Navarro Campillo.

La citada acción de la funcionaria doña Rosario Sánchez Muñoz se hace extensible a dos altos cargos más de la Consejería: el responsable de Recursos Humanos, José María Ramírez Burgos, y el inspector Juan Gregorio Avilés. El juez ordena ya que se incoen diligencias previas al apreciar indicios racionales en hechos que pudieran ser constitutivos de delito.

Al mismo tiempo ordena se dé traslado a la Fiscalía y que se practiquen algunas diligencias, como librar oficio a la Consejería para que le remita el expediente disciplinario abierto a la querellante, a la que se cita a declarar en el juzgado nº 9 y se ratifique en su denuncia.

El magistrado abre un plazo de tres días para interponer recurso de reforma contra su resolución.

La querella habla de "comportamientos injustos", "abusos de autoridad", "abusos de superioridad", "asociación ilícita", "acoso administrativo", "abuso de poder", "violación de derechos funcionariales y constitucionales" y "grave daño personal", por lo que al parecer el juez puede ver indicios de una clara persecución a doña Rosario Sánchez Muñoz, funcionaria del Estado transferida a la Comunidad Autónoma.

La funcionaria es profesora de la asignatura Fundamentos de la Composición desde hace 28 años y ha venido desempeñando el cargo de Directora del Conservatorio Profesional de Música entre los años 2001-2008 hasta que, al evaluar su función directiva desempeñada entre 2005-2008, fueron vulnerados sus derechos funcionariales que, al ser reclamados en vía contencioso-administrativa, fueron aceptados con la nulidad de los actos en contra de su ilegal cese.

Es, a partir de ese momento, cuando la querellante, doctora además en Filología Hispánica y Lingüística, habla de una presunta venganza con vulneración continuada de sus derechos por haber ejercido acciones en defensa de sus intereses y haber obtenido una resolución judicial favorable en contra de las actuaciones de los querellados.

Se da la circunstancia de que en su vida profesional el señor Sotoca , natural de Albacete como la querellante, es subinspector de Trabajo y en su vida privada está casado con una jueza ejerciente en nuestra región dentro de la jurisdicción de lo contencioso.

(En la imagen, el consejero Sotoca)

Obras Públicas acomete mejoras en otra carretera prelitoral

MURCIA.- La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Carreteras, invertirá 463.000 euros para la eliminación de un tramo de concentración de accidentes en una intersección viaria situada cerca de la diputación de Canteras, que comunica Cartagena con Mazarrón a través de diversos núcleos costeros.

La actuación consistirá en la construcción de una glorieta en la intersección donde confluyen las carreteras RM-E20, que conecta dicho punto con Molinos Marfagones, la RM-E21, que permite el acceso a Galifa y la localidad litoral de El Portús, y la RM-E22, que comunica los municipios de Cartagena y Mazarrón a través de diversos núcleos costeros de interés turístico, entre ellos Isla Plana, El Mojón y La Azohía.

El director general de Carreteras, José Guijarro, afirmó que con esta obra “se mejorará notablemente la seguridad vial en beneficio de los usuarios en más de millón de desplazamientos que se registran cada año por este trazado”, y añadió que la mejora se apreciará “especialmente durante la época estival, cuando se produce un incremento en la afluencia a las localidades costeras de la zona”.

Para las obras de eliminación de este punto negro se construirá una glorieta de 40 metros de diámetro que contará con una isleta interior de 12 metros de radio y una calzada con dos carriles de cuatro metros cada uno. Asimismo, la rotonda contará con sistema de drenaje e iluminación. Por último, se instalarán las señales verticales, horizontales y de balizamiento.

Guijarro recordó que con este tipo de infraestructura viaria “se facilita la incorporación de los vehículos a las intersecciones”, además de ser un elemento que contribuye a reducir la accidentalidad en carretera, “un objetivo muy importante para el Gobierno regional”.

Caixa Penedés y Sa Nostra, las grandes perdedoras del SIP con Cajamurcia

PALMA DE MALLORCA.- La marca Sa Nostra desaparecerá en los próximos meses de la Península. La fusión lo exige. Según figura en el protocolo de creación del nuevo grupo, la red de las cuatro cajas se reparte en función de las áreas de influencia natural de cada una de las entidades, según 'Levante'.

Cajamurcia, la entidad que lidera la fusión fría y que controla la presidencia y la participación mayoritaria en el grupo recién nacido, consigue también llevarse el gato al agua en lo que a oficinas se refiere: el acuerdo le concede el control sobre su región y sobre las vecinas Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, con lo que sus carteles rojos brillarán en 49 nuevas sucursales que ahora operaban bajo la imagen de marca de Sa Nostra, Penedès y CajaGranada.

También gana la representante granadina, que tras elevar su participación en el nuevo grupo por encima de lo que le correspondía por tamaño, consigue una victoria estratégica: aleja a Cajamurcia de la provincia andaluza de Almería, donde la murciana contaba con 23 oficinas que pronto cambiarán de cartel para llevar los colores de CajaGranada.

En el otro lado de la balanza aparecen Caixa Penedès y Sa Nostra, que salen con menos oficinas de la integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP, el banco que controlará el 40% de los recursos propios y el 40% de los beneficios de las cuatro cajas).

La que más pierde es Caixa Penedès. Su salida de la Comunitat Valenciana -donde hasta ahora detentaba 36 oficinas- y el hecho de que el resto de socios tengan una presencia modesta en Cataluña y en Aragón, las zonas que le corresponden según el protocolo de fusión a la firma catalana, dejan a la entidad de la comarca vinatera próxima a Barcelona con un saldo negativo de 23 sedes.

También cede presencia Sa Nostra, que es la única de las cuatro cajas que no se hace con ninguna oficina de sus socios. La explicación es simple. Sa Nostra recibe todas las oficinas que tienen sus aliados en Balears y Canarias: ninguna.

Y esa circunstancia no excluye a la balear de cumplir el protocolo y quitar su logo de las nueve sucursales que hasta ahora gestionaba en la Comunidad Valenciana y Albacete, para que se vistan con el color rojo que da identidad a Cajamurcia. Lo mismo le ocurre a la caja histórica de Balears en Cataluña: las tres sedes hoy caracterizadas con el verde Sa Nostra pasan a estar presididas por el símbolo del racimo de uvas que alegra las sedes de Caixa Penedès.

Aunque podría ser por poco tiempo: las mas de 400 oficinas que la caja catalana controla en Barcelona hacen pensar que el futuro más probable de las dos sucursales de Sa Nostra y las nueve de CajaGranada en Barcelona es el cierre en aras del ahorro de costes.