Cáritas apuesta por un voluntariado "vigilante" ante los poderes públicos

MADRID.- Cáritas Española ha apostado por un voluntariado "vigilante" ante la responsabilidad de los poderes públicos de dotar de recursos suficientes a los servicios sociales para las personas más vulnerables, con motivo de la celebración el próximo lunes del Día Internacional del Voluntariado.

   Asimismo, recuerda que el voluntariado debe estar orientado a la acción fraterna, a la denuncia profética de la realidad, a la defensa de la dimensión internacional del compromiso contra la pobreza y de una economía a escala humana "inspirada por auténticos objetivos sociales sostenibles, al servicio de la construcción de una sociedad más justa y cohesionada".

   En este sentido, y en un momento "difícil desde el punto de vista económico y social", reivindican "la mirada abierta y atenta a la realidad" de sus voluntarios a la hora de descubrir "los nuevos rostros de la pobreza" e invitan a todos los ciudadanos a "reactivar el valor de la gratuidad" y a despojarse "de toda actitud xenófoba y racista" a favor de la diversidad cultural.

   Igualmente, les anima a "trabajar sin pausa en la transformación del actual modelo social, donde todo queda subordinado a los puros indicadores económicos y de crecimiento" y a implicarse en la construcción de "un nuevo modelo de desarrollo y una nueva economía que tenga como centro el bien del ser humano y respete el medio ambiente". 

"Un modelo donde vivamos sencillamente para que otros puedan, sencillamente, vivir", remarca.

   Además, con motivo de la próxima conmemoración, en 2012, del 50 aniversario del Concilio Vaticano II, Cáritas ha recordado el texto de la Constitución Pastoral Gadium et Spes que dice que "los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de este tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo".

   La labor social de la Iglesia en España ha recordado que su pilar básico son las más de 61.000 personas voluntarias que, a través de las comunidades parroquiales y los proyectos especializados, participan en esta misión. "Sólo podemos ser instrumentos del amor de Dios si nos sentimos amados, si tenemos una experiencia profunda de que Cáritas es amor gratuitamente recibido y amor gratuitamente entregado", ha agregado.

Cospedal experimenta en Castilla-La Mancha el plan de recortes de Rajoy para España

TOLEDO.- La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha desgranado este viernes las medidas contempladas en la segunda parte del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, con la que pretende ahorrar 350 millones de euros, y entre las que se encuentra una bajada del sueldo de los funcionarios en un 3 por ciento, el aumento de la jornada laboral de estos trabajadores en 2,5 horas y el uso de la gestión público-privada en el ámbito sanitario de la región de cara al futuro.

   En una rueda de prensa en la que ha estado respaldada por su marido, Ignacio López del Hierro y el Consejo de Gobierno al completo, Cospedal ha anunciado un aumento de la jornada de los empleados públicos en 2,5 horas, de tal forma que pasarán de las 35 semanales a 37,5, y una reducción bruta del 3 por ciento del salario total de todos los funcionarios "con carácter transitorio", a través de la rebaja del 10 por ciento del complemento específico y asimilado, lo que supondrá un ahorro de 100 millones de euros.

   Además, ha adelantado la puesta en marcha "de forma inmediata" de un plan de control del absentismo laboral en la Administración regional, de tal forma que las bajas se presenten desde el primer día "y no en el cuarto día".

   Ha avanzado que las fórmulas de colaboración con el sector privado se aplicarán "para todo lo que vaya a ser en el futuro desarrollo de nuevas infraestructuras" en los ámbitos sanitario y sociosanitario. Esta medida afectará a la construcción de los hospitales que dejó en previsión el anterior Ejecutivo socialista: el hospital de Cuenca, la ampliación del hospital de Guadalajara, y el futuro hospital de Toledo.

   El Gobierno de Castilla-La Mancha también va a recurrir a la participación del sector privado en la gestión de los hospitales de Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso "para salvaguardar la continuidad y supervivencia" de los mismos ya que, a día de hoy, "son inviables" y eso, ha agregado, era algo que "sabía muy bien el Gobierno anterior".

   La presidenta de Castilla-La Mancha ha anunciado que en el sistema de prestaciones sociales sólo van a recibir ayudas aquellas personas y familias con las rentas más bajas siempre y cuando no reciban ayudas públicas que sean "incompatibles".

   Según Cospedal, "no nos podemos permitir ayudas a familias con rentas altas y no nos podemos permitir tarjetas naranjas o tarjetas verdes para el transporte que no estén vinculadas a necesidades sociales básicas". "Lamentablemente nos lo hemos permitido desde hace mucho tiempo sin posibilidades de pagar", ha señalado.

   En relación con los centros de mayores, menores, de personas con discapacidad o de dependencia, Cospedal ha anunciado que su Gobierno va a financiar las plazas ocupadas, "no las reservas de plaza" y, de acuerdo con las instrucciones del Gobierno central, se va a examinar el baremo aprobado por el Ejecutivo central con relación a los grados de la dependencia.

   Ha asegurado que el compromiso que tiene la sociedad de Castilla-La Mancha con los más pobres "siempre" va a estar vigente, "pero hoy nos es imposible asumir obligaciones que supongan la necesidad de incrementar el endeudamiento de la región que vayan vinculadas a políticas cuantitativas de gasto en materia de cooperación internacional".

   Cospedal ha asegurado que los libros de texto no pueden ser completamente gratuitos para todas las familias de la región "sin distinción de renta", ha anunciado que la aportación a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se reducirá "significativamente", que contratará interinos por necesidades del servicio sólo hasta el 30 de junio y que habrá un "control exhaustivo" de las bajas de docentes.

   Cospedal ha informado de que el Gobierno regional va a hacer  compatible la red pública de la mejor calidad con una red concertada y privada. Ha subrayado que la red de conciertos de Castilla-La Mancha es la "más escasa" de toda España y su impulso, ha dicho, permitirá a los padres poder elegir el tipo de centro al que quieren enviar a sus hijos a estudiar. También ha anunciado que se reprogramarán las rutas de transporte escolar.

   Ha anunciado que suspenderá "temporalmente" la construcción de nuevas viviendas protegidas y que aplicará el canon eólico que aprobó el Gobierno de José María Barreda, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012.

   Ha informado de que se van a reducir las subvenciones para el fomento del uso del transporte público en algunos colectivos, que supondrá un ahorro de 3,5 millones. A modo de ejemplo ha afirmado que en la actualidad el transporte interurbano es gratuito para los menores de 30 años, "y esta situación se tiene que corregir".

   Cospedal ha señalado que también se van a reducir las aportaciones del Ejecutivo autonómico al ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM) por valor de 12,5 millones de euros, y ha destacado que su "compromiso" de privatización se mantiene y se sustanciará "en cuanto lo permita la ley estatal".

   Ha declarado, en referencia al Fondo Regional de Cooperación Local (FORCOL), que "en ningún caso se van a asumir nuevas obligaciones en este programa", aunque sí se van a pagar las obligaciones contraidas por el Gobierno anterior "dejadas de pagar" que, según Cospedal, "son muchas".

   El Gobierno regional también va a acometer una reducción de 9,8 millones de euros en el Instituto de la Mujer --precisamente un día después de nombrar a la que será su nueva responsable, María Teresa Novillo--.

   Cospedal ha anunciado su intención de convertir en fijos-discontinuos los contratos de los trabajadores de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de la región (GEACAM) de tal manera que habrá cuatro meses del año que no trabajen.

   Además, durante el invierno los servicios de extinción de incendios tendrán que limpiar los montes y evitar que se produzcan incendios en verano, pero en lugar de optar por la privatización del servicio, el Gobierno ha buscado que "los trabajadores de la Junta participen en las labores de limpieza del monte durante más tiempo que ahora y con más intensidad".

   La presidenta de Castilla-La Mancha y sus consejeros renunciarán a sus pagas extras, usarán coches oficiales de gama media --ya que se subastarán los Audi existentes--, y las facturas por almuerzo que presenten deberán contener el motivo por el que se ha celebrado, no pudiendo superar el valor máximo por comensal los 18 euros.

   Igualmente, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha optado por prorrogar los presupuestos de 2011 ya que considera que en este momento es "lo más adecuado, lo más realista y lo más práctico".

   Ha aprovechado para adelantar que el Consejo de Gobierno que se reunirá el próximo miércoles, día 7, en Albacete aprobará la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Castilla-La Mancha.

   También ha anunciado que el Gobierno regional ha constituido con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) una comisión para eliminar duplicidades en las competencias que se ejercen desde la Junta, desde ayuntamientos y diputaciones para evitar que el dinero público sea "despilfarrado y no sea aprovechado en toda su intensidad".

Menéndez (Cajastur) apuesta por seguir reduciendo plantilla en el sector pero sin recurrir a la prejubilación

OVIEDO.- El presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, ha criticado la política de prejubilaciones llevada a cabo en su entidad financiera, y en el sector bancario en general, y ha apostado por incidir en otras vías como el cierre de oficinas y la reducción de personal dentro del proceso de reestructuración de los bancos.

   En una conferencia ofrecida en la Facultad de Economía de la Universidad de Oviedo para analizar la reestructuración del sistema financiero español, Menéndez indicó que la prejubilación "no es el camino", y propuso que los fondos dedicados a este fin se inviertan en buscar una salida para los empleados más jóvenes, o con menos tiempo en la empresa.

   El presidente de Cajastur, entidad accionista mayoritaria del grupo Liberbank, apostó decididamente por mantener dos líneas de actuación: la integración de entidades para su consolidación, y la reducción de oficinas y plantillas, porque si no, "el negocio no es sostenible".

   Así, señaló que la reducción de oficinas llevada a cabo en el sistema en general ha sido de un 8% durante este año, una cifra que es insuficiente. Además, matizó que el plan de integración plantea una eliminación de entre 15% y un 18% de oficinas, y eso "implica una reducción de personal de en torno al 15%".

   El objetivo de Liberbank es alcanzar un 25% de reducción de gastos generales en torno a 2014, pero "teniendo en cuenta que los márgenes han bajado es posible que haya que aplicar más reducciones", subrayó.  

   No obstante, criticó desde un punto de vista personal, las políticas de prejubilaciones para estas reducciones de plantillas, y matizó que si ha firmado los decretos al respecto ha sido por "responsabilidad", pero "no es el mejor camino jubilar a personas de 55 años que pueden trabajar perfectamente".

   Desde su punto de vista, "hay otras alternativas", que estarían dirigidas a los empleados jóvenes y que llevan poco tiempo en la empresa. Así, apostó por invertir el dinero de las prejubilaciones en "enfocar la carrera profesional" de estas personas.

   Preguntado por el efecto de estas prejubilaciones sobre las arcas públicas, Menéndez no lo consideró "ni bueno ni malo", y aceptó su aplicación "si es bueno para la economía, y existe un riesgo sistémico de cierre de la banca".

   Los criterios para la clausura de oficinas serían la "eficiencia y el solapamiento", es decir mantener las más rentables, haciendo pasar las delegaciones por un "filtro de eficiencia".

   En este punto, indicó que en las zonas de expansión (que para Cajastur serían lugares fuera de Asturias, como Madrid o Valencia) "hay más motivos para el cierre".

   Además, Menéndez rechazó también las críticas a la ayuda económica estatal a las entidades financieras, comparando la situación de España con la de otros países. Así, recordó que en el caso español, los fondos empleados supusieron un 9% del PIB, "muy por debajo de otros países europeos", entre los que citó a Irlanda, Grecia o Inglaterra.

   Es más, a su juicio, el sistema financiero español se ha caracterizado por "resolver sus problemas sin ayudas públicas". En este sentido, puso como ejemplo a Liberbank, único grupo en un proceso de integración que aún no ha recurrido a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Además, recordó que el dinero que ha entregado el Estado a este fin "no es capital puesto a riesgo", sino que "se pagan intereses" por él.

   Respecto a nuevos procesos de integración, el presidente de Cajastur matizó que no hay nada nuevo, aunque sí que reconoció que son aspectos que se hablan, pero no existe ninguna "conversación formal".

   Integración de entidades, reducción de plantillas y oficinas, y fortalecimiento son las ideas generales que ha fijado para la reestructuración del sistema financiero. A partir de ahí, según Menéndez, cabe esperar dos cosas: en primer lugar, la reapertura del mercado interbancario, en estos momentos cerrado por una "crisis de confianza", que consideró "demoledora". Y la recuperación de la economía española.

   Antes, Menéndez realizó una extensa disertación sobre la crisis que afecta a los bancos, que vinculó con unos tipos de interés demasiados bajos que favorecieron una excesiva concesión de créditos durante los años 2009 (aumento del 217% en este periodo). Esto conllevó el proceso de endeudamiento de familias y empresas.

   Además, recordó que en este endeudamiento ha jugado un papel predominante la inversión inmobiliaria, sector del que existe una "fuerte dependencia".

Fiscalía Anticorrupción asume el caso de pensiones de altos cargos de Caixa Penedès (BMN)

BARCELONA.- La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona asumirá la investigación de los planes de pensiones que han recibido directivos de Caixa Penedès por valor de más de 20 millones de euros, ha declarado hoy el fiscal Anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled.

   "Se ha considerado que el caso presenta los criterios propios de la Fiscalía Anticorrupción", ha asegurado el fiscal, que no ha querido dar más detalles porque según él aun están recopilando documentación.

   El Ministerio fiscal abrió diligencias de investigación el 24 de noviembre y las remitió a la Fiscalía Provincial de Barcelona, y ahora están en manos de Anticorrupción.

   Hasta cinco altos cargos de Caixa Penedès --incluidos el presidente, Ricard Pagès, y el director general, Manuel Troyano-- tenían un plan de pensiones en otra entidad por más de 20 millones de euros, lo que forzó la dimisión de los dos altos cargos que seguían en la caja; los otros tres --que ya no estaban en el consejo-- son el exdirector general Joan Caellas, el exdirector de recursos humanos Jaume Jorba y el exdirector general adjunto Santiago Abella.

   El consejo de administración de Caixa Penedès eligió este jueves a Ricard Banquells nuevo director general, y acordó estudiar, en coordinación con los servicios jurídicos del grupo BMN, la posibilidad de emprender acciones legales.

   Entre estas actuaciones, la entidad se plantea reclamar "la eventual restitución de los paquetes remuneratorios y de previsión social conocidos", además de salvaguardar la reputación social de la caja y la honorabilidad de sus profesionales y consejeros.

Los concursos de acreedores crecen un 12,97% hasta noviembre

MADRID.- Los concursos de acreedores alcanzaron un total de 5.591 procesos de enero a noviembre de 2011, un 12,97% más que en el mismo periodo del año anterior, según el estudio elaborado por Informa D&B.

   Este cifra supera los 5.407 concursos con los que se cerró el año 2010. En concreto en el mes de noviembre se contabilizaron 603 concursos, un 1% menos que el mismo mes en 2010, aunque se trata del tercer mes este año en el que se supera la cifra de 600.

   Cataluña fue la comunidad con más concursos en el acumulado de enero a noviembre con 1.237 procesos, el 22% del total de toda España, y también en el mes de noviembre, con 155 procesos de insolvencia.

   De enero a noviembre los datos de concursos solo descendieron en tres comunidades: Asturias, -6%, Navarra, -6%, y Ceuta, -67%. Los mayores aumentos en valor absoluto los experimentaron Andalucía, 184 concursos más, Baleares, 97, y Valencia, 92. En noviembre, los incrementos más destacados en valor absoluto se dieron en Andalucía, 24 concursos más, y Canarias, que sumó 16.

   El sector con más concursos entre enero y noviembre fue la construcción, con 1.221 procesos de insolvencia, que suponen el 22% de todos los registrados en el país, seguido por los 1.068 de la industria manufacturera, 19% del total, y los 970 de Comercio, el 17% del total.

   La actividad concursal disminuyó únicamente en tres sectores: educación, -29%, intermediación financiera, -13%, y sanidad, -5%. En el mes de noviembre, la evolución fue más variada. El sector que más concursos registró fue la construcción, con 141 procesos, un 9% más que el mismo mes en 2010.

   En segundo lugar, se situó el comercio, con 121 concursos, que fue el sector que presentó el mayor incremento en valor absoluto respecto al pasado año, sumando 25 procesos. El que más disminuyó en valor absoluto, con 43 concursos menos, fue la industria manufacturera.

La deuda de las familias españolas cae un 2% en octubre

MADRID.- La deuda de las familias bajó un 2% en el mes de octubre en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta los 875.557 millones de euros, el nivel más bajo desde diciembre de 2007, cuando ascendió a 874.404 millones, según datos del Banco de España.

   La caída del mes de octubre, la sexta consecutiva de este año, se explica por el descenso de los créditos al consumo, que cayeron un 4,9% en el décimo mes del año en comparación con 2010, hasta los 202.290 millones de euros.

   De la misma forma, la deuda hipotecaria cayó un 1,1% en ese mismo periodo y se situó en 668.847 millones de euros, lo que supone el 76,4% del endeudamiento total de los hogares.

   Esta proporción se mantiene desde varios años, ya que la caída de la inversión en vivienda ha sido paralela a la del endeudamiento total, por lo que el importe que las familias destinan a su hogar ocupa la mayor parte de su ahorro.

   Al comparar con las cifras del mes anterior, la deuda de las familias ha caído un 0,3%, mientras que los créditos al consumo han descendido un 0,5% y la deuda hipotecaria ha bajado un 0,3%.

   Por su parte, la deuda de las empresas bajó un 2% en tasa interanual, hasta los 1,27 billones de euros, debido, sobre todo, a la caída del 4,4% de los préstamos de entidades de crédito residentes y préstamos titulizados fuera de balance, hasta los 851.819 millones de euros.

   En cambio, los valores distintos de acciones crecieron un 6,6% en el décimo mes del año, hasta 65.090 millones, mientras que los préstamos al exterior aumentaron un 2,8%, hasta los 354.014 millones de euros.

La Unión Europea propone un fondo de pesca de 6.500 millones de euros

BRUSELAS.- El ejecutivo de la Unión Europea lanzó hoy un plan de un nuevo fondo de pesca de 6.500 millones de euros desde 2014 a 2020, del que dice que impulsará las economías costeras de la UE y mejorará la sostenibilidad del sector.

Las propuestas legislativas son parte de un esfuerzo para reducir la flota pesquera del bloque con el fin de aliviar la presión sobre los disminuidos caladeros, de los cuales tres cuartas partes se estima que están sobreexplotados, según la Comisión Europea.

"No se gastará más dinero en construir barcos más grandes", dijo la responsable pesquera europea, Maria Damanaki, en un comunicado. "El fondo ayudará a la pesca artesanal a ser más rentable y más viable. Se revertirá el declive de muchas comunidades costeras e insulares que dependen de la pesca".

El dinero se dividirá entre los 27 gobiernos de la UE, que pueden gastarlo en desarrollo de nuevos equipos de pesca, en la construcción de piscifactorías en alta mar o en la creación de nuevas empresas alrededor de las medidas de conservación marina y pesquera.

Sin embargo, los gobiernos no tendrán permitido financiar la construcción de nuevos barcos pesqueros o medidas que incrementen la capacidad de los existentes.

Otros cambios propuestos incluyen la abolición de las ayudas para el desguace de barcos viejos, que originalmente se diseñó para ayudar a reducir el tamaño de la flota.

"La UE lo ha intentado, y no ha funcionado", dijo la Comisión, "porque por cada barco desguazado otro se modernizada incrementando la capacidad de la flota".

La Comisión también propuso la retirada de las ayudas de la UE a aquellos involucrados en la pesca ilegal.

Activistas ecologistas saludaron las nuevas sanciones a la pesca ilegal, pero dijeron que las propuestas daban a los estados miembros demasiada libertad para seguir financiando la modernización de la flota y por tanto mantener la sobrecapacidad.

"La UE se comprometió con los subsidios en dos sentidos: eliminar progresivamente las ayudas a la pesca ilegal, y retirar aquellas que contribuyen a la sobrecapacidad", dijo Markus Knigge, asesor pesquero del Grupo Pew Environment.

"Con respecto a la pesca ilegal, creo sinceramente que hacen un buen trabajo, y pienso realmente que han avanzado. Pero sobre la capacidad, creo que están haciendo ajustes en los márgenes".

La UE tiene la tercera mayor flota del mundo después de China y Perú, con un total de capturas valoradas en 8.200 millones de euros en 2007, y el sector ejerce una considerable influencia política en algunos países miembros.

Con más de 80.000 barcos registrados en la UE compitiendo con un cada vez menor número de peces, las disputas por las cuotas pesqueras estallan habitualmente entre las grandes naciones pesqueras como España, Francia y Reino Unido.

Las propuestas de la Comisión deben ahora ser aprobadas por los gobiernos de la UE y los legisladores antes de convertirse en ley, un proceso que podría tardar hasta dos años.

Cospedal baja un 3% el sueldo al funcionariado manchego

TOLEDO.- La presidenta de Castilla-La Mancha, Maria Dolores de Cospedal, anunció el viernes una reducción de los sueldos de los funcionarios y un incremento del número de horas de trabajo dentro de un paquete de medidas de ajuste con el que pretende ahorrar 350 millones de euros.

La número dos del Partido Popular, formación que ganó por mayoría absoluta las elecciones del 20 de noviembre pasado, anunció que los 70.000 funcionarios de la región verán reducidos sus sueldos en un 3 por ciento bruto y tendrán que trabajar 2,5 horas semanales más.

"La alternativa es o mantener esos servicios básicos o destruirlos, porque los ciudadanos saben muy bien (..) que para todo no hay dinero", dijo De Cospedal en rueda de prensa.

"Porque somos afortunados teniendo un puesto de trabajo asegurado, y son unos afortunados (los funcionarios) teniendo trabajo asegurado, y yo sé bien los esfuerzos que realizan, pero lo son teniendo en cuenta la situación de paro tan dramática", dijo De Cospedal.

La presidenta castellanomanchega pretende con estas medidas, que incluyen la supresión de las pagas extraordinarias para los altos cargos y la privatización de la gestión de cuatro hospitales, reducir el déficit de la comunidad, que se sitúa en torno al 5 por ciento, y acercarlo al objetivo de déficit del Gobierno central establecido en el 1,3 por ciento para el conjunto de las comunidades autónomas.

Las medidas, que sigan a otras de agosto con las que se pretende el ahorro de 1.800 millones de euros, se anuncian el mismo día que se ha conocido que la cifra de desempleo en España ha subido hasta casi 4,5 millones de personas.

Los sindicatos han anunciado que estas acciones significarán "más pobreza y miseria" para el funcionariado de la región.

Las CC.AA. apenas cuentan con margen fiscal para evitar incumplimiento del déficit

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha advertido de que, a raíz de los nuevos datos fiscales proporcionados por el Ministerio de Economía, las regiones españolas "no cuentan con demasiado margen para un desfase fiscal" en el cuarto trimestre, ya que se pondría en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit anual establecido.

   En concreto, el Ministerio de Economía ha informado de que hasta el tercer trimestre de 2011 el déficit agregado de las CC.AA. alcanzaba el 1,19%, aún por debajo del tope anual del 1,3% contemplado por el Gobierno.

   En este sentido, Fitch apunta la importancia en la posible mejora de las cifras de déficit que tiene la partida correspondiente a las transferencias estatales, presupuestada por las regiones en 32.000 millones de euros para el conjunto de 2011. "La recepción de estas tranferencias podría contribuir en cierta medida a mejorar el actual balance negativo", señala Fitch.

   Asimismo, la calificadora de riesgos advierte de que, a pesar de las "drásticas medidas" para contener el gasto anunciadas por algunas regiones, como Cataluña o Castilla La Mancha, serán necesarios "esfuerzos continuados", ya que es improbable que la mejoría en el balance de las cuentas públicas proceda de los ingresos.

   Por otro lado, Fitch admite la existencia de tensiones de liquidez por las difíciles condiciones económicas y fiscales existentes, así como por el cierre en la práctica de los mercados de capitales para las regiones españolas y la escasez y retrasos en la autorización por parte del Gobierno central de emisiones de deuda a largo palzo por parte de las CC.AA.

   Sin embargo, la agencia subraya que, "en términos generales, la situación agregada no es muy preocupante", aunque señala los casos particulares de las regiones de Castilla La Mancha y Murcia, donde aprecia indicios de que se están ampliando los periodos de pago a los proveedores comerciales como alternativa para financiarse.

El Banco de España sigue evaluando la oferta del Sabadell por la CAM

MADRID.- El Banco de España sigue evaluando la oferta del Banco Sabadell para adquirir la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) después de que la entidad que preside Josep Oliu haya solicitado elevadas garantías de capital y liquidez, según informaron hoy fuentes financieras.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha de concluir un análisis favorable sobre la capacidad financiera y gestión del Sabadell, que se presenta como claro favorito para hacerse con la entidad alicantina.

   De esta forma, la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aún no ha adoptado la decisión final sobre el futuro de CAM, a pesar de que fuentes conocedoras del proceso daban por seguro que la adjudicación al Sabadell se produciría este viernes.

   La entidad que preside Josep Oliu es la única que ha presentado una oferta vinculante de compra por la caja intervenida el pasado 22 de julio, y tiene vía libre tras el repliegue del resto de candidatos iniciales.

   No obstante, las fuentes consultadas inciden en que la falta de interés de Santander, BBVA, La Caixa, Barclays, Ibercaja y el fondo JC Flowers no garantiza que el banco que preside Josep Oliu adquiera finalmente la CAM.

   Según las fuentes consultadas, en el hipotético caso de que Sabadell no se hiciera finalmente con la CAM, el Banco de España no sería proclive a trocear la caja alicantina y venderla por partes, dado que esta solución podría suponer un mayor coste de recursos.

   El progresivo deterioro financiero de CAM, que registró pérdidas por 1.731 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio 2011 y una morosidad del 20%, ha congelado el interés comprador de Santander, BBVA y la Caixa.

   Aunque desde el Sabadell no confirman que hayan presentado una oferta en firme por la CAM, las fuentes apuntan a que su interés reside en la cobertura ofrecida por el Banco de España en materia de deterioro de activos y liquidez.

   Asimismo, comprar la CAM ayudaría al Banco Sabadell a ganar tamaño y acercarse a Popular, su más directo competidor, que le desplazó recientemente de la última operación corporativa en la banca al hacerse con el Banco Pastor.

   Por el momento, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha inyectado 2.800 millones de capital en la CAM y le ha otorgado una linea de crédito de 3.000 millones para garantizar su liquidez.

La diputada Veracruz se comporta como una verdadera demócrata e impide que el Gobierno socialista se despida con la Ley Sinde aprobada

MADRID.- Varios miembros de la dirección del PSOE, entre ellos las diputadas Elena Valenciano y la murciana María González Veracruz, que es además responsable de Nuevas Tecnologías en la Ejecutiva Federal, habían dejado claro su rechazo a que el Consejo de Ministros aprobase este viernes el reglamento que desarrolla la llamada Ley Sinde contra la piratería en Internet, como así ha sido. La diputada de nuestra tierra demuestra, así, ser una verdadera demócrata y para nada un 'florero siseñor'.

La ruptura dentro del PSOE se había hecho patente al respecto, hasta el punto que María González, miembro además del equipo electoral de Rubalcaba, se desmarcaba públicamente de la medida que impulsaban como dudoso legado el propio presidente del Gobierno y Ángeles González-Sinde, según 'El Confidencial'.

  "No puedo compartir que Cultura proponga que se apruebe hoy el reglamento de la Ley Sinde, espero que el Consejo de Ministros lo pare", había publicado previamente González Veracruz en un comentario en la red de mensajes Twitter. "Yo no estoy de acuerdo con esta decisión", ha dicho también Valenciano en respuesta a preguntas de los internautas.

   Este rechazo es compartido otros dirigentes del PSOE. Según han relatado fuentes socialistas, el pasado sábado, una parte del Comité Federal del partido --su máximo órgano entre Congresos-- recibió con aplausos una intervención contraria a que el Consejo de Ministros en funciones aprobase el reglamento.

   La intervención la hizo el secretario general de Juventudes Socialistas, Sergio Gutiérrez, que pidió dejar en manos del próximo Ejecutivo el desarrollo de la polémica disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible.

   Gutiérrez defendió que un Gobierno en funciones no debería aprobar más medidas que las imprescindibles por la situación económica y pidió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que no ceda a las presiones de la industria y de Estados Unidos y al PSOE que, en este ámbito como en todos los que no son de urgencia, empiece a actuar ya en clave de oposición.

   "Ni indultos ni reglamentos", resumió el líder de JSE, según las fuentes consultadas. Sus palabras se produjeron un día después de que el Ejecutivo en funciones indultase al consejero delegado del Santander., Alfredo Sáenz.

   Otro miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, el secretario de Medio Ambiente y ex diputado Hugo Morán, ha dicho en Twitter que "en el Consejo de Ministros se reflexione en igual sentido que en el Comité Federal".

   Los dirigentes socialistas se han pronunciado así en la red después de que el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, haya confirmado en una entrevista en ABC Punto Radio que el Consejo de Ministros de este viernes llevaba "en el orden del día" abordar, con el "acuerdo" del PP, el reglamento que desarrolla la 'Ley Sinde' con la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual contemplada en ella.

Blanco lo confirma

El portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, ha admitido al término de la reunión del Consejo de Ministros de este viernes que aunque la Ley Sinde "formó parte de la deliberación", finalmente "no se aprobó y quedó encima de la mesa".
   Esta misma mañana el ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, había adelantado que el Consejo de Ministros llevaría "en el orden del día" abordar, con el "acuerdo" del PP, el decreto que desarrolla la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES), conocida popularmente como 'Ley Sinde', que autoriza el cierre de páginas web que enlazan contenidos protegidos por derechos de autor.
   Así lo manifestó Jáuregui en una entrevista en ABC Punto Radio, en la que señaló que el PP había sido informado de este nuevo paso en la aprobación de la Ley Sinde y se ha mostrado "absolutamente" de acuerdo. Sin embargo, finalmente la Ley no salió adelante, tal y como ha informado Blanco.
Algunas fuentes aseguran que ha sido el propio portavoz del Gobierno, José Blanco, el principal enemigo de la aprobación durante la reunión del Gobierno, recogiendo el sentir de algunas voces de la propia Ejecutiva del PSOE, como la diputada por Murcia, María González Veracruz, que habían expresado públicamente en Internet su oposición al reglamento.