"El agua urgente por situación de emergencia se convirtió en innecesaria para consumo humano y ése fue el final al agua desalada en la planta de Escombreras, según el fiscal del Caso Desaladora y que recoge la Cadena SER.
Esta inversión millonaria que sigue lastrando las arcas públicas del gobierno regional murciano se dedicó así a producir un agua que "acabó destinándose al riego agrícola de forma lenta y totalmente innecesaria".
Y todo ello a pesar del empeño de salvar esta infraestructura de la "ruina inevitable" a la que parecía abocada.
El fiscal relata el empeño por parte de Ramón Luís Valcárcel y su consejero de Agricultura y Agua, el alicantino Antonio Cerdá, para alcanzar acuerdos con buen número de ayuntamientos de la Región de Murcia, la gran mayoría de ellos del PP, y para que se comprometieran a adquirir el agua de esa desaladora.
El problema, como sostiene el fiscal Lozano, es que esos recursos hídricos no se podían suministrar porque ni había capacidad para producirlos ni redes para hacerlos llegar a esas localidades.
A la Fiscalía se remitieron, entre otros documentos, las conclusiones de la Comisión de Investigación que se llevó a cabo sobre la desaladora de Escombreras en la Asamblea Regional de Murcia.
En las comparecencias que se llevaron a cabo, el ex presidente y sucesor inmediato de Valcárcel, el inesperado Alberto Garre, habló de "entramado" de empresas y lo calificó de "galimatías".
Detrás de ese entramado, había unas condiciones "leoninas" que, según Garre, él nunca habría aceptado.
Lo que dice el fiscal sobre ese entramado, que tiene como núcleo central las negociaciones entre el EPA (Ente Público del Agua, un órgano público de nueva creación) y la empresa privada Hydromanagement, es que fue "una operativa concatenada y sincronizada".
Detrás de cada uno de los hitos que se fueron alcanzando para construir y gestionar la desaladora, se encontraba Ramón Luís Valcárcel y su consejero Antonio Cerdá, con la única finalidad de que el proyecto escapara al control de los Servicios de Intervención, Servicios Jurídicos y Servicios Técnicos de la Comunidad Autónoma, según recoge la Cadena SER.
A ambos los señala por actuar con el ánimo "de favorecer la obtención irreal de informes favorables de disponibilidad de recursos hídricos para futuros proyectos urbanísticos y crecimientos de los PGOU en tramitación, y sustituir y soslayar los informes preceptivos de la CHS y justificar así la ilícita operativa diseñada, sabiendo la inevitable ruina económica y de los sobrecostes que implicaba".
El medio empleado para la adquisición de la desaladora por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia "incrementaba notablemente los gastos públicos con desprecio del buen uso de los caudales públicos" y lo que se pretendía era crear "un mecanismo de obtención de agua y de informes de disponibilidad de recursos hídricos para imponer su voluntad de favorecer el crecimiento urbanístico y económico de distintos municipios".
El problema de esta "arbitraria estrategia" es que era imposible suministrar dicha agua "supuestamente garantizada". ¿Y a quién se podía vender ese agua? A los ayuntamientos, en un momento de expansión urbanística que acabó con el pinchazo de la burbuja y en el que el gobierno regional tensionaba también sus relaciones con el ejecutivo central del PSOE con el Plan A.G.U.A. como centro de la controversia.
Entre noviembre y diciembre de 2005, se firmaron convenios del EPA con los Ayuntamientos de Alcantarilla, Fuente Álamo, Torres de Cotillas, Librilla, Mazarrón, Molina de Segura, Puerto Lumbreras, San Javier, Totana y Torre Pacheco.
Lo que se pretendía con ello era dar apariencia de viabilidad a la desaladora "aunque los convenios se firmaran por una mayor capacidad de agua de la que era capaz de producir la planta desaladora y con municipios a los que no alcanzaba la red de distribución".
Los municipios enumerados por el fiscal tienen en común que entonces se encontraban gobernados por el PP. La mayoría de los ayuntamientos que alcanzaron estos acuerdos, unos 26 en total, estaban gobernados por los populares, precisa también el escrito de acusación. Sólo tres de ellos contaban con redes de distribución para recibir esta agua.
El fiscal dice que "era una burda escenificación auspiciada por el acusado (Valcárcel) al ser en realidad "puro humo", y era el modo de pretender simular una posible viabilidad financiera de la desaladora adquirida, a sabiendas de que el pretendido "coste cero" era imposible en origen".
Al EPA le correspondía, en función a estos convenios, elaborar los informes de disponibilidad de recursos hídricos para los nuevos desarrollos urbanos.
El primero de ellos fue el que se aprobó para el proyecto 'Condado de Alhama', de Polaris World, y lo considera el fiscal "mendaz" debido a la "inexistencia de disponibilidad de agua alguna".
"Esa falsa disponibilidad de agua bajo la excusa de afirmar su existencia por el EPA, en aras de poder aprobar un proyecto urbanístico, reflejaba la verdadera intencionalidad ilícita que escondía la voluntad del proyecto auspiciado por el acusado".
Tras enumerar también el proceso de contratos y acuerdos (algunos de muy dudosa legalidad, según el fiscal) por los que la Comunidad Autónoma también asumía los posibles sobrecostes y deudas que generara el proyecto, dice la acusación del Ministerio Fiscal que se aceptó la operación "a sabiendas de la inevitable ruina del proyecto al no preverse la financiación de las redes de suministro a los ayuntamientos conveniados con el EPA".
Esa ruina era inevitable ya que el modelo de viabilidad del proyecto estaba hecho "con desprecio y ausencia patente del mínimo análisis riguroso de las verdaderas necesidades hídricas de los municipios de Murcia".
Durante el tiempo que se tardó en poner en marcha esta desaladora al amparo de una presunta "emergencia hídrica", enumera el escrito del Ministerio Fiscal, todas y cada una de las nuevas desaladoras y ampliaciones que llevaron a cabo en ese periodo por el Gobierno Central: en Alicante, en San Pedro del Pinatar, en Valdelentisco...
"La emergencia hídrica de los ayuntamientos nunca se llegó a satisfacer por el EPA ni podría hacerse por la inexistencia de redes de suministro y, sólo desde el año 2009, comenzó a suministrarse agua por la desaladora de Escombreras a Cartagena, y en el 2011, a Murcia y Torre Pacheco".
Este escrito es el que sostiene la acusación con el que la jueza de Instrucción nº 1 de Murcia, Concepción Monerri Guillén, ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Región de Murcia, Ramón Luís Valcárcel, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.
También se le pide a Valcárcel una fianza de 74 millones de euros, para lo que se ha tenido en cuenta el perjuicio económico causado a las arcas públicas.
