LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha
denunciado que las providencias de apremio por las que la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia está exigiendo a los afectados de los
terremotos de Lorca la devolución de las ayudas concedidas para la
reparación de sus viviendas, no se ajustan a derecho, por lo que reclama
que sean "suspendidas" y se devuelvan las cantidades ingresadas por los
afectados.
Martín ha lamentado que la Administración esté actuando "como una
apisonadora" contra los afectados a quienes está reclamando el cobro de
estas cantidades en vía ejecutiva sin que se hayan resuelto los
recursos potestativos de reposición ni las solicitudes de suspensión a
las órdenes de devolución de ayudas y al pago de intereses de demora al
Estado.
"La Administración no da tregua ni respiro y sigue ejecutando
resoluciones sin decidir previamente sobre las medidas provisionales o
cautelares solicitadas por los vecinos, lo que es contrario a la Ley",
advirtió.
La edil de IU-Verdes explicó que los afectados tienen derecho a que,
en el plazo de un mes, la Consejería de Fomento resuelva sobre las
solicitudes de suspensión del pago cursadas, en tanto no se resuelvan
los recursos presentados, dado que lo contrario puede causar "perjuicios
de imposible o difícil reparación" para las víctimas de este
procedimiento. Algo que Fomento no ha hecho y, con ello, está
"conculcando los artículos 9, 24.1 y 106.1 de la Constitución,
contraviniendo la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial
efectiva y la prohibición de indefensión, así como el sometimiento de la
actividad administrativa al control de legalidad".
Martín recordó que el artículo 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, establece que "la ejecución del acto impugnado se entenderá
suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión
haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u
Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien
competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución
expresa al respecto", que es exactamente lo que está sucediendo.
Es decir, a juicio de IU, las providencias de apremio de la Agencia
Tributaria son "nulas de pleno derecho" en tanto han sido dictadas
"prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido" (Artículo 47.1 e, LPACAP).
"Mientras esté pendiente de
contestación una solicitud de suspensión de una liquidación que haya
sido recurrida, no procede emitir una providencia de apremio para el
cobro en vía ejecutiva de la deuda", aseveró Martín, quien aseguró que
existe una importante doctrina jurisprudencial que avala dicho
posicionamiento y que es de aplicación en este caso.
Gloria Martín exige, por tanto, que se ponga fin a esta "odiosa
práctica administrativa", que se reintegre a los afectados el dinero
pagado y que Fomento no traslade ningún expediente a Hacienda hasta que
no resuelva previamente los recursos y solicitudes de suspensión
presentados por los afectados.
Al respecto, advirtió que los afectados
que han presentado recursos de reposición asesorados por la plataforma
"han pedido acogerse a los mecanismos de justificación de las ayudas que
establece la Ley 8/2018, y que el artículo 2 de dicha norma dispone que
pueden acogerse a ella, todos "los expedientes que se encuentren en
tramitación y no hayan prescrito".
Por ello, insistió en que la CARM
respete el Estado de Derecho, y aplique esta Ley "sin más demoras".
Por último, Martín ha animado a los lorquinos que se encuentren en
esta situación (que hayan recibido apremios de Hacienda sin que se hayan
resuelto las solicitudes de suspensión enviadas a Fomento), que acudan a
la oficina de atención ciudadana del Grupo Municipal de IU (tercera
planta del Ayuntamiento) para solicitar la anulación de estas
notificaciones.
