martes, 6 de octubre de 2009

Corbacho dice que el 30% de las inspecciones previstas por Trabajo persiguen economía sumergida

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que su gabinete, "consciente" de que las épocas de crisis son propicias para el incremento de la economía sumergida, viene dedicando desde principios de año el 30% de las inspecciones a la lucha contra esta actividad irregular, con "buenos resultados".

Preguntado por el diputado del PP Antolín Sanz, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Corbacho reconoció que la economía sumergida aumenta en periodos de dificultades económicas por "la necesidad de aceptar cualquier trabajo", si bien recalcó que "se va a superar la crisis" y que, "cuando llegue el momento, se creará empleo".

En cuanto a la subida de impuestos y su supuesto efecto generador de fraude fiscal, Corbacho se mostró convencido de que, más bien al contrario, "favorecerá la economía", con un efecto global en 2010.

Por otro lado, el titular de Trabajo replicó al diputado 'popular' que se saliera del enunciado de la pregunta, que versaba sobre la subida de impuestos y su efecto en la economía sumergida, ya que Sanz echó en cara al ministro de Trabajo las cifras del paro.

Así, acusó al PP de utilizar cualquier "percha" para desplegar la "canción aprendida", en relación a sus reiteradas críticas. "Ahora tocan impuestos y el mes que viene tocará otra cosa. El paro toca recurrentemente ", apostilló.

Por su parte, el diputado del PP aseguró que la economía sumergida alcanza el "alarmante" nivel del 23% del PIB y que la subida de impuestos en el actual momento de la economía es un "suicidio" para la creación de empleo y un incentivo para el fraude.

Los gestores administrativos piden aflorar la economía sumergida y destinar los recursos a financiar pymes

MADRID.- El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España propone emitir bonos para atraer recursos sin declarar ocultos en la economía sumergida y utilizarlos después, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para financiar a microempresas, pymes y autónomos, con un tipo de interés reducido. Además, apostaron por mayores esfuerzos en materia de inspección.

Según indicaron, esta medida no supondría una "amnistía fiscal" para los defraudadores, pues, 'arrinconados' por los mayores controles del fraude, optarían por hacerse con estos bonos, que tendrían un rendimiento por debajo de los niveles del mercado y un compromiso de permanencia de cuatro años, características que suponen en sí una "penalización". Además, el dinero estaría revirtiendo en "los que lo están haciendo bien".

Esta es una de las propuestas expuestas por el presidente del Colegio, Jesús Fernández de la Pradilla, el vicepresidente primero, Alfonso Lluzar, y el responsable de Asuntos Laborales de la organización, Miguel Ángel Pertejo, dentro de un paquete de medidas para "salvar a las pymes a toda costa", puesto que aún sufren problemas de financiación en plena crisis y son el grueso del tejido productivo.

Según indicaron, esta medida ya se ha puesto en marcha en otros países europeos, como Italia, donde se calcula que existen unos 300.000 millones de euros 'sumergidos', de los que podrían aflorar en torno a 100.000 millones. No obstante, Lluzar aseguró que la economía sumergida podría suponer en España entre un 19% y un 20% del PIB.

Los gestores administrativos reconocieron que esta medida "no está dentro de las cuestiones que están en marcha" en los planes fiscales del Gobierno, mientras que las adoptadas hasta la fecha no son suficientes, empezando por la subida de impuestos, que "no cubrirá las necesidades", hará pagar "mucho dinero al que le toque" y, en el caso del IVA, tendrá un efecto importante en bienes como medicamentos o el transporte.

Por ello, expusieron otras actuaciones desde el punto de vista fiscal encaminadas a aumentar la liquidez de las pymes, rebajar la presión fiscal que afrontan, fomentar la I+D+i y homogeneizar el sistema tributario español para evitar distorsiones.

Así, propusieron reducir la presión fiscal sobre las actividades económicas hasta un tipo máximo del 25%, agilizar las devoluciones tributarias y permitir que el IVA se liquidez cuando las facturas son realmente cobradas, y no cuando se emiten, como en la actualidad.

En esta línea, la organización llamó a solucionar el problema de la morosidad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos con las empresas.

Por otra parte, los gestores administrativos se unieron a las voces que consideran necesaria una reforma laboral. Si bien, se limitaron a proponer algunas posibles medidas a medio camino, como convertir la ayuda a los parados sin prestaciones de 420 euros en una bonificación directa en sus cotizaciones sociales para las empresas que les contraten. Esta bonificación se aplicaría durante 6 meses o durante el plazo de tiempo que le quede por consumir al trabajador.

Según Pertejo, otra medida que permitiría reducir los niveles de paro sería ajustar las plantillas a las necesidades del mercado con la reducción de la jornada laboral o la suspensión del empleo por periodos de seis meses, antes de recurrir al despido objetivo.

Por otro lado, indicó que también sería positiva una reducción del 10% en los importes de los módulos del IRPF y del IVA, en línea con el descenso de la actividad, así como elaborar un sistema de bonificación a las cuotas de la Seguridad Social para aquellos trabajadores con más de cinco años de antigüedad en la empresa.

Por último, el presidente de los gestores administrativos transmitió la "petición angustiosa" de las empresas de la automoción para que se amplíe el plazo y los recursos del Plan 2000E que, según dijo, está apunto de agotarse, y que podría comprometer operaciones de venta que ya incluyen la previsión de descuento.

Aena elevará un 20% su deuda en 2010 para mantener la inversión tras congelar tasas

MADRID.- Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) elevará un 19,6% su endeudamiento el próximo año, hasta los 12.056 millones de euros, para poder mantener su programa de inversiones pese a que congelará las tasas que cobra a los usuarios, informó hoy el presidente del ente público, Juan Ignacio Lema.

Los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año autorizan a Aena a endeudarse en 1.982 millones de euros para costear dichas inversiones, importe que se sumará a la deuda de 10.074 millones con que el ente público calcula que cerrará 2009, y lo elevará así hasta la referida cota de los 12.056 millones de euros.

No obstante, el ente público prevé que en 2012 el nivel de deuda alcance incluso la cota de los 14.000 millones de euros ante el esfuerzo inversor de 21.570 previsto para la red aeropuertos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (Peit) en el periodo 2005-2020, para después "empezar a decrecer de forma clara a partir de 2015" gracias a que se entrará "en una fase de menos inversiones" y la prevista senda de crecimiento de los tráficos prevista para 2011.

El presidente de Aena defendió que este nivel de endeudamiento es "compatible con la capacidad de generar ingresos" del ente público y que le permite "mantener las inversiones sin cargar las tarifas que se cobran a los usuarios". Según detalló, la deuda actual está suscrita a un tipo medio del 2,94% y a un plazo de 17,8 años.

"Aena se ha financiado siempre con su capacidad de generar ingresos y su capacidad de endeudamiento, y debe seguir así para no ser una carga para el Estado y los contribuyentes", argumentó Lema durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso.

AUMENTO DE LA INVERSIÓN.

Aena tiene asignado un presupuesto de inversión de 1.853 millones de euros para actuaciones en aeropuertos y navegación aérea en 2010, importe un 5,6% superior al de 2009.

La secretaria de Estado de Transporte del Ministerio de Fomento, Concepción Gutiérrez justificó que la sociedad de aeropuertos mantenga su ritmo inversor pese a la congelación de tasas y los menores tráficos en la necesidad de garantizar la seguridad y calidad de la red de aeródromos, de incrementar su capacidad para que sean "los más competitivos de Europa" y de "favorecer al sector del transporte aéreo y al turismo, principal industria del país".

Así, durante sus intervenciones en la Comisión de Fomento, la secretaria de Estado y el presidente de Aena adelantaron que durante el próximo ejercicio el ente público actuará sobre 23 edificios terminales de aeropuertos (entre construcción de los nuevos y ampliaciones), construirá ocho nuevas pistas de vuelo e instalará ocho sistemas ILS (de ayuda al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad).

PERDIDAS PARA 2010.

El descenso de ingresos por la caída de los tráficos también se reflejará en la cuenta de resultados de Aena para 2010, ejercicio que prevé cerrar con una pérdida antes de impuestos de 599,9 millones de euros.

Los ingresos se situarán en 2.922 millones de euros, un 0,9% más, mientras que los gastos de explotación se elevarán hasta 3.225,7 millones de euros, un 1,3% más que en 2009, pese a que esta cifra ya recoge un ahorro de 87 millones derivado del plan de reducción de gastos puesto en marcha por la empresa pública.

El presidente de Aena atribuyó este crecimiento de gastos fundamentalmente a la puesta en marcha de la nueva terminal del aeropuerto de El Prat de Barcelona y el previsto estreno de la de Málaga en 2010.

Tanto la secretaria de Estado como el presidente de Aena coincidieron asegurar que la demanda de tráfico aéreo "comenzará a recuperarse" a finales de 2010, para "comenzar una tendencia de crecimiento en 2011", tras las caídas registrada en 2008 y esperada para 2009.

El negocio de las ETT retrocederá a niveles de hace diez años, al caer en España un 32% este año

MADRID.- El negocio de las empresas de trabajo temporal (ETT) retrocerá a niveles de hace diez años, al caer un 32% este año, hasta 2.000 millones de euros, en un contexto de deterioro del conjunto de la actividad económica y del mercado de trabajo, tanto en lo que hace referencia a contrataciones indefinidas como temporales.

Esta significativa contracción de la actividad de las ETT durante el presente ejercicio se moderará considerablemente en 2010, con un descenso del 2,5%, hasta los 1.950 millones de euros, según un informe de DBK.

En el conjunto de 2009 el número de contratos previsiblemente se situará por debajo de 1,5 millones, al estimarse una caída próxima al 35%. Por su parte, para 2010 se estima un descenso moderado, inferior al 5%, tras dos ejercicios registrando fuertes disminuciones.

Según el informe de DBK, las desfavorables condiciones del mercado propiciarán a corto plazo nuevos planes de reestructuración empresarial y de redimensionamiento de las redes de delegaciones, así como una disminución del número de empresas y una mayor concentración del negocio en los principales operadores.

En un contexto de gradual deterioro de la actividad económica y del mercado laboral, la facturación de las ETT experimentó una notable disminución en 2008, año en el que se contrajo un 18%, situándose en 2.950 millones de euros.

El número de contratos de puesta a disposición contabilizó un retroceso del 18,4% en 2008, lo que constituye un cambio en la tendencia de crecimiento que venía registrándose desde 2003, y se situó en 2.207.585.

El número de empresas registró una disminución en 2008, después de cuatro ejercicios consecutivos contabilizando aumentos. Mientras que entre 2003 y 2007 el número de compañías se incrementó en 42 unidades, hasta situarse en 368, en el año 2008 se apreció una reducción de 5. Esta tendencia a la baja se ha acentuado en 2009, en un contexto de intenso deterioro del mercado de trabajo.

El 37% de las empresas autorizadas tenían un ámbito de actuación provincial en 2008, el 35% autonómico y el 28% nacional. El informe destaca que la desaparición de empresas se concentró en las de tamaño reducido y ámbito de actuación limitado.

La estructura de la oferta sectorial se caracteriza por una alta concentración, ya que los cinco primeros operadores reúnen el 64% del volumen de negocio en 2008, mientras que los diez primeros copan el 76%, y los veinte primeros el 88% del total.

La morosidad de los ayuntamientos españoles con las pymes supera los 30.000 millones de euros

MADRID.- Los ayuntamientos deben actualmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que les prestan servicios más de 30.000 millones de euros, según la Asociación Española de los Impagados de la Construcción (Aepic) que, junto con la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), ha convocado para el próximo día 22 una manifestación para protestar contra esta situación y exigir medidas al Gobierno.

Según los datos que maneja esta asociación, a 1 de enero de este año la deuda viva de los ayuntamientos con las pymes (incluidas no sólo las empresas proveedoras de materiales de construcción, sino otras empresas de servicios como papeleras o talleres de automóviles) ascendía a 26.128 millones de euros, cifra que, de acuerdo con sus estimaciones, "ya debe andar más allá de los 30.000 millones de euros".

El Ayuntamiento de Madrid es el consistorio que más dinero adeuda a las pymes, con un total de 7.800 millones de euros, mientras que el de Barcelona debe unos 2.600 millones de euros. Las comunidades autónomas también son morosas con las pymes, aunque menos, ya que les deben cerca de 15.000 millones de euros, la mitad de lo que adeudan los ayuntamientos.

En Aepic se lleva denunciando esta situación desde hace más de un año y medio, cuando la construcción empezó a iniciar su caída y las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos, dejaron de pagar a sus empresas proveedoras.

Este problema se ha ido extendiendo al resto de sectores y junto al hecho de que las administraciones locales no se están haciendo cargo de sus pagos, en Aepic se denuncia que además han frenado la línea ICO-Ayuntamientos, pues apenas se han reconocido 152 millones de los 3.000 millones aportados por el Gobierno central.

El letrado de la Aepic, Enrique Delgado, subrayó que lo que pide su organización es "agilidad" en el cobro de los clientes, en los procedimientos judiciales y en las tramitaciones administrativas.

Pero no sólo las administraciones públicas han dejado de pagar, también las grandes empresas que, según Aepic, "les han dejado con una deuda de miles de millones de euros" difícil de cobrar por las deficiencias de la Ley Concursal, "que retrasa años la recuperación de las facturas que nos deben aquellas constructoras e inmobiliarias que han cerrado por la crisis". De hecho, los procedimientos de reclamaciones de cantidad y los procedimientos concursales pueden llegar a durar hasta cuatro años.

Ambas cosas, se lamenta el vicepresidente de Aepic, José María Carrasco, han acabado por ahogar a las pymes de la construcción, por lo que que reclaman una reforma urgente de la Ley de Morosidad que obligue a pagar a unos y a otros, "sin excusas", en un plazo no superior a 60 días y de 30 días para las administraciones públicas.

El PSRM asegura que, de seguir así, Murcia estará a la cabeza en deuda pública

CARTAGENA.- La diputada regional del PSRM-PSOE, Begoña García Retegui, que ratificó que la deuda pública de la Comunidad Autónoma en 2008 fue de las menores del Estado, aseguró que ésta aumentará "vertiginosamente", por lo que "a este paso nos pondremos a la cabeza en endeudamiento".

Y es que "las demás comunidades crecen con un dígito por debajo del 10 por ciento y la Región ha pasado de ser una comunidad con una deuda por habitante muy pequeña a aumentar vertiginosamente el porcentaje en los meses que llevamos de 2009".

De hecho, añadió en rueda de prensa, "la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, habló de que el año que viene van a utilizar la capacidad de endeudamiento al máximo y que llegaremos a los 400 millones de deuda". Tras lo que la socialista recordó que la consejera presupuestó pedir dinero prestado por 120 millones de euros y a finales de agosto "ya había pedido a los bancos 523 millones".

Este año, prosiguió García Retegui, "nuestro endeudamiento tiene una progresión geométrica y si estábamos a la cola en deuda por habitante al paso que vamos nos ponemos a la cabeza". Deuda, puntualizó, "que después hay que pagar".

"Si en el banco hay 1.000 millones y la Comunidad tiene que pedir 500, para las familias y las empresas sólo quedarán 500 millones en caja. Es decir, la deuda de las Administraciones públicas también detrae recursos para las empresas y las familias", explicó la socialista, quien puntualizó que "todo tiene un límite".

En concreto, la deuda pública de Murcia se situó el año pasado en 529 euros por habitante, bastante por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas que ascendió a 1.480 euros.

Según un informe del Ministerio de Administraciones Públicas, la cifra de deuda por habitante de Murcia fue la segunda menor tras el País Vasco (que tuvo la más baja, con 414 euros por habitante); Asturias (713); Extremadura (824) y Cantabria (878).

El PSRM pide a García que se ponga a trabajar para que el presupuesto de la Comunidad se destine a gasto productivo

CARTAGENA.- La diputada del PSOE en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, aseguró hoy que la "queja amarga" de la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, que dijo que la Comunidad Autónoma dejará de ingresar el próximo año 800 millones de euros con respecto a 2009, "es de una incoherencia e irresponsabilidad sin límites" y es que, explicó, "estamos en una situación de crisis y han caído los ingresos".

Lo que hay que hacer, añadió, "es trabajar y que el presupuesto de la Comunidad Autónoma se destine a gasto productivo".

Además, remarcó, "la misma consejera que critica y pide al Estado que baje los impuestos es la que dice que a ella le manden más dinero".

"Si el Estado baja los impuestos y se recauda menos cómo nos van a mandar más a las comunidades autónomas", se preguntó la socialista.

A juicio de la diputada, "lo importante es que se cumpla la financiación autonómica, que se va a cumplir, y que se mantenga la inversión del Estado por lo menos en la media nacional por habitante, y así será".

"Lo que tiene que hacer la Comunidad Autónoma es apretar el presupuesto de manera que todo el dinero se destine a gasto productivo y que dejen de despilfarrar y derrochar en gasto improductivo, porque de eso se trata", declaró.

"Parece que Valcárcel y su responsable de Economía por fin se han dado cuenta de que estamos en una grave situación de crisis económica", ironizó García Retegui, quien indicó que la consejera de Economía "parece que no quiere entender que si hay una caída en los ingresos, todas las Administraciones públicas se ven afectadas".

Por tanto, concluyó, "a lo que tiene que dedicarse es a trabajar en vez de criticar a los demás y ver como va a gestionar los menos recursos que va a tener para que no falte, para la inversión productiva y no sufran las políticas sociales, que es lo que ha hecho el Gobierno de España".

El PSRM asegura que la consejera de Hacienda "pone contra las cuerdas" al SMS al negarle el aval de la Comunidad

CARTAGENA.- La diputada regional socialista Begoña García Retegui afirmó hoy en rueda de prensa que la consejera de Hacienda "ha puesto contra las cuerdas" al Servicio Murciano de Salud (SMS), ya que éste pretendía el aval de la propia Comunidad para poner en marcha el llamado 'confirming', servicio financiero que ofrece un banco con tal de facilitar a sus clientes la gestión del pago de sus compras, para cobrar las facturas con anterioridad a la fecha de vencimiento de estas.

Pero para que los bancos aprueben la línea de crédito han exigido que la Comunidad Autónoma avale al propio SMS, al entender las entidades bancarias que el Servicio Murciano de Salud está en "bancarrota". Y es que, remarcó la socialista, "el SMS lleva desde abril de 2008 sin pagar a los proveedores que le prestan servicio y ha acumulado una deuda de 342 millones de euros".

A juicio de García Retegui, "la consejera de Hacienda sigue sin entenderse con su homóloga de Sanidad, tal y como ya ocurrió con la anterior titular de la Consejería, María Teresa Herranz".

La paradoja está en que Valcárcel justificó el cese de Herranz para poner orden en las cuentas del SMS, situación que a la vista del déficit acumulado de 506 millones de euros -un 21 por ciento más que hace un año- y la de la deuda a los proveedores, que crece año a año, pasando de 269 millones en 2007 a 342 en 2008, lo que supone un 27 por ciento, no se ha conseguido".

Además de ese adelanto de los pagos por parte de las entidades bancarias - el 'confirming'-, la Consejería de Sanidad anunció una reducción de costes, "pero la realidad ha demostrado que no se ha conseguido ni lo uno ni lo otro", señaló la diputada.

Sólo la deuda del SMS generada en 2009 se estima entre 250 y 300 millones de euros, por el crecimiento "imparable e insostenible" de los gastos corrientes, además del gasto en farmacia o en conciertos a los hospitales privados, "pese a que siguen incrementándose las listas de espera quirúrgicas".

De las más de un millar de empresas murcianas proveedoras del SMS, algunas han empezado a cerrar debido a la falta de pago de la Administración regional. Precisamente, explicó García Retegui, "ayer se cumplió un año desde que la Consejería de Sanidad informaba de que la espera en los pagos era de seis a nueve meses".

"La realidad es otra, ya que los proveedores siguen esperando poder cobrar sus facturas desde abril de 2008, lo que supone un retraso intolerable y que se vean abocados al cierre, sin que la Comunidad Autónoma se haya tomado en serio el problema", indicó la parlamentaria.

A este respecto, añadió, "se calcula que sólo en intereses de demora, que reclaman los proveedores por la tardanza en el cobro, supera los 1.200 millones de las antiguas pesetas en un año".

"A esto se ha unido ahora el que se ha dejado de pagar un 20 por ciento de la factura farmacéutica y todos los conciertos de asistencia en centros sanitarios privados hasta por lo menos los primeros meses de 2010, lo que supone seguir aumentando la bola de nieve de la deuda sanitaria. Bola generada por el despilfarro, el derroche y la falta de previsión del gobierno del partido popular", indicó García Retegui.

De tal forma, el Grupo Parlamentario Socialista exige la comparecencia de las dos consejeras del Gobierno de Valcárcel para que den explicaciones de la situación creada, y lo más importante, "para que ciudadanos, proveedores, empresas y autónomos que prestan servicios a la sanidad regional sepan si por fin el Gobierno regional se lo toma en serio y pone en marcha un Plan de Saneamiento que el Partido Socialista viene reclamando desde hace tiempo".

El PSRM exige al PP que deje ya de engañar a los murcianos con la defensa del Tajo-Segura

MURCIA.- El secretario de Coordinación del PSRM-PSOE y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco J. Oñate, exigió hoy al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Ruiz, que "deje ya de engañar a los murcianos con excusas, porque la verdadera razón de que no se debata en la Asamblea la Ley murciana, presentada por el PSOE, para la consolidación del trasvase Tajo-Segura es porque Valcárcel así lo tiene acordado con Mª Dolores de Cospedal. Ese pacto oculto es la auténtica causa".

El dirigente socialista reclamó que no demoren más este debate para poder defender los intereses de la Región en el Congreso de los Diputados, blindar el trasvase Tajo-Segura y acabar con la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en lo que tiene que ver con dicho acueducto.

"Porque esa sería la mejor manera de acabar con la incertidumbre que acecha a esta histórica infraestructura y a la Región de Murcia", señaló en comunicado de prensa.

Oñate lamentó, asimismo, que Juan Carlos Ruiz no haya aprovechado su rueda de prensa para advertir a Mariano Rajoy que el PP debería definirse y tener un discurso único en este tema y no ir cambiándolo en cada territorio según le convenga.

"Echamos de menos una reacción, una crítica, del PP de Murcia a las declaraciones de sus compañeros de Castilla-La Mancha con relación a la caducidad del trasvase Tajo-Segura o las del propio Rajoy que dice en Murcia cosas diferentes de las que dice en Zaragoza", concluyó.

El PSRM asegura que Rajoy y el PP se han quitado la careta con respecto al agua del Ebro

MURCIA.- El secretario de Agua del PSRM-PSOE, Diego Ferra, aseguró que con las declaraciones de Mariano Rajoy hoy al Heraldo de Aragón, en las que renuncia a utilizar el trasvase del Ebro como arma electoral en otras zonas de España, el PP "se ha quitado la careta" y demuestra que "nos han estado tomando el pelo a los murcianos durante años".

Ferra recordó que, según sus propias palabras, Rajoy es partidario de hacer las obras hidráulicas del Pacto de Aragón, que considera "prioritarias" y repartir luego "las sobras", según informaron fuentes del partido en comunicado de prensa.

El dirigente socialista aseguró que tras dichas obras "no sobrará agua" del Ebro y recordó que el PP aragonés, con el beneplácito de Rajoy, aprobó en el estatuto autonómico de esta comunidad una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para las necesidades futuras de Aragón, "que son tres veces más de lo que consume actualmente".

Para el secretario de Agua de los socialistas murcianos, esta "declaración de intenciones" pone fin a una "pantomima" que ha dado muchos réditos electorales al PP en la Región, pero "ni una sola gota de agua nueva" mientras gobernaron a nivel nacional.

En ese sentido recordó también que durante dos legislaturas Aznar mantuvo paralizados los planes de modernización de regadíos de la Región, "que tuvo que reactivar el Gobierno de Zapatero y hoy están suponiendo un ahorro del 30 por ciento de agua para los regantes murcianos".

Ferra añadió además que el empecinamiento del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, de no apoyar la iniciativa de los diputados socialistas en la Asamblea para aprobar una ley que blinde el Tajo-Segura, deja muy claro que el interés del PP por el agua "es simplemente electoral" y deja "huérfanos" a los murcianos.

Además recordó que el ejecutivo de Valcárcel, está poniendo también palos en las ruedas a las obras del Gobierno de España relacionadas con la desalinización "que permitirán hacernos autónomos de las condiciones climáticas y de las guerras entre comunidades autónomas".

Por ello, el dirigente socialista se mostró esperanzado en que los hechos demuestren a la ciudadanía que han sido "utilizados" y "manoseados" durante años por el PP, quien no ha dudado en apelar, "a golpe de pancarta", a lo más hondo del sentimiento de los murcianos por un afán meramente electoral y partidista.

Murcia es la segunda ciudad española más económica para alojarse

MADRID.- Las ciudades españoles más económicas para alojarse son León y Murcia con 69 y 70 euros de media, seguidas de Santiago de Compostela, con 71 euros de media, y Coruña, con una tarifa media de 72 euros por noche.

Según el Hotel Price Index (tHPI) que realiza la web de viajes Trivago, los hoteles españoles vuelven a situarse este mes entre los más baratos de Europa después de que sus tarifas disminuyeran un 5,3 por ciento, pasando de los 95 euros por noche de septiembre a 90 euros en octubre.

Así, los precios de las habitaciones dobles de los hoteles españoles se encuentran sólo por encima de las de países como Rumanía (86 euros), Portugal (88 euros) o República Checa (88 euros).

Bulgaria y Polonia copan las tarifas más baratas del Viejo Continente con 77 y 73 euros, respectivamente, mientras que Suiza (156 euros) y Noruega (155 euros) se intercambian la primera posición al frente de los precios más caros.

A nivel nacional, Barcelona y San Sebastián cuentan con las tarifas más altas de España, con una tarifa media de 125 y 119 euros por noche, seguidas por Madrid (113 euros) y Palma de Mallorca (111 euros).

En cuanto a Madrid y Barcelona, los precios en ambas ciudades registraron en octubre una caída del 18 por ciento y del 17 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo mes de 2008.

Sin embargo, los establecimientos de ambas ciudades crecieron respecto al mes de septiembre, ya que los madrileños pasaron de los 105 euros del mes anterior a los 113 euros de octubre. Mientras, las tarifas de los hoteles de la Ciudad Condal ascendieron en tres euros, hasta los 125 euros.

En Europa, la caída de tarifas más significativa se produjo en Ámsterdam, con un descenso interanual del 24 por ciento hasta los 128 euros, en tanto que Munich se alza como la ciudad más cara donde hospedarse en octubre, con precios medios de 147 euros, un incremento del 10 por ciento.

Un experto dice que el stock de vivienda "lo acabará vendiendo la banca" y que la caída de precios está "a mitad camino"

VALENCIA.- El socio director de Jiménez de Laiglesia, Estrategia y Negociación de Inmuebles, Ignacio Jiménez de Laiglesia, auguró hoy que "al final, todo el stock de viviendas lo van a liquidar los bancos", y que se está "todavía a mitad camino de la caída" de precios, que registraron un descenso de "entre un 15 y un 18 por ciento" desde 2007 y podrían "llegar a más de un 30 por ciento".

Jiménez de Laiglesia se pronunció así durante la presentación en Valencia de su estudio sobre el mercado inmobiliario español, un acto organizado por el Instituto de Estudios de la Empresa (Inede) de la Universidad Católica de Valencia (UCV) San Vicente Mártir, en el que hizo hincapié en "el carácter cíclico del sector" y planteó "una pequeña guía de supervivencia en momentos de ajuste como el actual".

Tras realizar un repaso de los últimos 20 años del sector inmobiliario español, estimó que este periodo "de ajuste" dará paso a "uno de equilibrio, normalmente en un plazo de dos o tres años", una fase que durará "seis o siete años, desde 2011 a 2018 o 2020", y concluirá al entrar "otra vez en un desajuste, como el que acabó en 2006 y 2007".

Respecto a la evolución del precio de los inmuebles, constató que "está bajando trimestre a trimestre y seguirá bajando seguramente un par de años más o tres" y sostuvo que "es evidente que estamos a mitad camino de bajada, porque el precio de la vivienda no es más que lo que un particular puede destinar de sus ingresos al pago de una cuota hipotecaria, que viene a ser un tercio", y "hasta que no se ajuste eso, no habrá equilibrio. Queda todavía por purgar", dijo.

Según el estudio, para alcanzar el equilibrio el precio de la vivienda debería descender un 37 por ciento respecto a 2007, hasta alcanzar los 1.812 euros por metro cuadrado, el precio del suelo urbano debería reducirse en un 53 por ciento --en la actualidad ha caído un 21 por ciento--, hasta los 668 euros por metro cuadrado, y el del suelo urbanizable un 62 por ciento --frente al 25 por ciento actual--, hasta los 318 euros por metro cuadrado.

Jiménez de Laiglesia apuntó, en este sentido, que "al final, todo el stock de viviendas lo van a liquidar los bancos, no los promotores, porque no tienen tanto margen" para bajar los precios, de modo que "habrá muchos que no podrán vender porque no pueden vender por debajo de lo que les cuesta".

"Solamente aquellos promotores que adquirieron suelo a precios de 1999, 2000 y 2001 podrán defender bajadas de ese orden", mientras que "todo aquel que adquirió suelo a partir de 2003 o 2004, no puede defender esas bajadas y por lo tanto, ese producto está abocado a venderlo al banco", que "elimina el margen del promotor y a partir de ahí, si quiere, incluso puede bajar algo y perder algo, pero recuperar y hacer liquidez, que es su interés básico".

De hecho, resaltó que "lo único que se vende ahora es lo que venden los bancos", puesto que cuando se trata de sus viviendas, la entidad "acompañará al comprador, incluso con el 100 o 120 por ciento y al tipo que sea, porque el banco no quiere un ladrillo".

Apuntó que "como mucho, estará reteniendo algunas viviendas para no sacarlo todo de golpe y que se desplomen precios", pero "acabará vendiendo todos los que tenga, porque su vocación es tener liquidez, no ladrillos", insistió Jiménez de Laiglesia, quien estimó que "el banco y el sector inmobiliario son una extraña pareja que se odia y se necesita".

Al respecto, explicó que "los ciclos se forman por la liquidez del sistema financiero y acaban por la escasez de liquidez en el sistema inmobiliario", de modo que "la banca acumula inmuebles en épocas de ajuste, y en épocas de equilibrio o desajustes, se los quita de enmedio".

"Eso es cíclico y siempre ha sido así" y "cuando se deshagan del stock, lo que tardará dos o tres años en suceder, empezará otra vez la guerra por captar clientes de activo y prestar, que es su función natural", momento en que repuntarán los visados de obra nueva, se crearán empleos y bajará la morosidad "de manera drástica".

En cuanto a los indicadores del cambio de ciclo, destacó la importancia del número de visados de obra nueva, que descendieron de 800.000 a 100.000 entre 2007 y 2009, un ajuste "necesario para regularizar el mercado, que no se siga construyendo y que se absorba el stock".

Valoró asimismo que la bajada del Euribor "es la primera buena noticia para recuperar el sector", aunque matizó que tener "un Euribor a menos del 3 o 3,5 por ciento" es "una medida excepcional para inyectar liquidez", tras lo que se volverá a esos niveles.

Así, Jiménez de Laiglesia aseguró que es "más fiable" atender al esfuerzo teórico anual sin deducciones de las familias para la compra de viviendas, que se mantuvo en un 50 por ciento en 2007 y llegó a situarse en un 51 por ciento en 2008, pero descendió este año "hasta el 30 por ciento del sueldo anual".

Por otro lado, hizo hincapié en los diferentes efectos que produce la corrección del precio de la vivienda en los comportamientos del suelo urbano y el suelo urbanizable, este último "con un comportamiento totalmente distinto al de la vivienda terminada".

"Es ahí donde está el eje de los problemas en España, en el suelo urbanizable y todo lo que se ha financiado, con 150.000 millones de euros de préstamos destinados a esto" y que "hoy en día tienen un valor absolutamente diferente de cuando se financió", concluyó.