LIMA.- Reportes oficiales y documentos firmados por líderes de pueblos
originarios dan cuenta del impacto de la desinformación en los pueblos
andinos y amazónicos para recibir las vacunas contra la Covid-19, en lo
que va del año. OjoPúblico ha logrado documentar este fenómeno en
comunidades indígenas de al menos cinco regiones del país: Amazonas,
Loreto, Ucayali, Junín y Huancavelica. Una de las versiones más
perjudiciales ha sido un dato falso propalado desde Lima por un
candidato y ahora congresista de la República.
Este reportaje es parte
de un esfuerzo de la red Latam Chequea para identificar a los
responsables de la infodemia y efectos de la oleada de versiones falsas y
engañosas en un momento crítico para el continente.
La mañana del 13 de agosto del
2021, el enfermero Dixon Rodríguez se embarcó en un peque peque hacia un
lugar de la selva amazónica peruana en el que debía iniciar una campaña
contra la muerte. Tras una hora de viaje por río y caminando,
acompañado de una brigada de vacunación contra la Covid-19, Rodríguez
llegó a la comunidad indígena Boca Apinihua, en la región de Ucayali,
cerca del límite con Brasil. Allí habitan casi cuatrocientos habitantes
de la etnia ashéninka, una de las más numerosas de esa zona.
De entrada, el enfermero percibió un clima tenso. Rodríguez buscó
entonces al apu o jefe de la comunidad para explicarle el motivo de su
llegada. De pronto, un grupo de comuneros salió con armas de fuego y
flechas.
“Vienen a aplicar el agua destilada”, dijo un miembro de la comunidad, según relata Rodríguez a OjoPúblico.
El lote de dosis que la brigada llevaba era del laboratorio chino de Sinopharm,
un antígeno que durante meses fue objeto de desinformación en el país.
Rodríguez, quien es hijo de una mujer asháninka y domina la lengua, fue
acusado junto con su equipo de querer asesinar a la población con la
vacuna. Para evitar que la discusión escalara, el enfermero solicitó
permiso para registrar la negativa en un video, pero este pedido tampoco
fue aceptado. Dixon Rodríguez solo tuvo opción de sacar un papel en
blanco y un lapicero, con los que redactó un acta para dejar constancia
del incidente. “Entonces nos retiramos de dicha comunidad con bastante
cuidado”, dice el escrito, revisado para este reportaje.
La brigada de vacunación estaba formada, además, por otros dos
técnicos de la Red de Salud de la provincia de Atalaya, un territorio de
selva que durante buena parte del siglo pasado fue destino de
misioneros y colonos, y que está considerado zona de alto riesgo por la
actividad de los traficantes de drogas. En abril del 2021, tres de sus
distritos fueron declarados en emergencia para facilitar la lucha de
fuerzas combinadas del Estado contra el crimen organizado. Si el narco
ya es una amenaza, las mentiras traen un nuevo riesgo: al momento en que
Rodríguez llegó con las vacunas, la cobertura de vacunación con el
esquema completo alcanzaba un 6,9 % de la población meta en toda la
provincia. Y en el país, aproximadamente era del 24 %.
Todos los integrantes de la brigada de vacunación eran descendientes
de familias indígenas y manejaban los idiomas predominantes en la zona,
como el yine, el asháninka y el shipibo-konibo. Era una aparente ventaja
que motivó a Rodríguez a pronosticar una vacunación exitosa. Algo que,
finalmente, no sucedió. “Mis hermanos no querían entender nada”,
recuerda el enfermero sobre ese momento en que debía darse un encuentro
cercano y, por el contrario, terminó en una ruptura. “Les dije: somos
pueblos indígenas, nosotros no hemos venido a matar a la gente”.
Pocos meses después, Dixon Rodríguez asume que el incidente estaba
relacionado con las versiones que circulaban en la zona acerca de que
algunas personas supuestamente fallecieron después de recibir la vacuna
de Sinopharm o AstraZeneca.
“Si viene la tercera ola, podrían contagiarse. Pero nadie quiso vacunarse. Ni uno”, asegura.
Daysi Zapata, presidenta de la Organización Regional de Mujeres Indígenas de la provincia de Atalaya, confirmó a OjoPúblico
el hecho sucedido en la comunidad de Boca Apinihua, e indicó que los
rechazos también se producen por una falta de diálogo. "El Gobierno
tiene que sensibilizar, salir al campo, y que hagan talleres
informativos sobre las vacunas", apuntó.
Este no es un caso aislado. OjoPúblico ha logrado
documentar, a través de más de 30 actas firmadas por líderes y miembros
de comunidades indígenas de al menos cinco regiones, el pánico desatado
por versiones falsas y engañosas sobre las vacunas y la pandemia en los
pueblos andinos y amazónicos. Estos documentos, recolectados por las
brigadas del Ministerio de Salud e incluidos en informes de las
direcciones regionales, evidencian que comunidades enteras de los
pueblos awajún, ashéninka, wampis, asháninka, achuar, kichwa y quechua
rechazaron total o parcialmente las vacunas contra la Covid-19 por datos
o historias sin sustento difundidas durante meses por autoridades
locales, comunicadores o incluso docentes; es decir, personas que tienen
algún grado de influencia en la población.
Eneas Rengifo, un técnico en enfermería de 26 años y miembro de la
etnia asháninka, es testigo de ese impacto. Rengifo trabaja como
coordinador del área de pueblos indígenas de la Red de Salud de Atalaya,
en el mismo equipo que su colega Dixon Rodríguez. Según su experiencia,
los promotores de versiones falsas son variados: a veces se trata de
gente que llega para difundir mensajes de manera deliberada, como
pastores de distintas confesiones religiosas; en otros casos es gente
que arrastra engaños sin querer, como personas foráneas que por alguna
razón trabajan en las comunidades, madereros o comerciantes que llegan a
la comunidad y cuentan de manera coloquial lo que oyeron en otros
lugares. “Cuando a un poblador indígena le comentan algo, él capta y
también comenta a sus demás hermanos, a sus vecinos, y ya entra en esa
duda”, dice Rengifo.
La cobertura de vacunación en la provincia de Atalaya, donde se ubica
la comunidad de Boca Apinihua, es la más baja de la región: de más de
50 mil personas como población objetivo apenas el 20,1 % ha recibido las
dos dosis de la vacuna, hasta finales de noviembre, según el Portal de Datos Abiertos del Minsa.
Desde marzo del 2021, OjoPúblico advirtió sobre la falta de información oficial para la vacunación en pueblos indígenas en
las regiones de Junín, Loreto y Ucayali. En paralelo, la difusión de
versiones falsas estaba alcanzando puntos muy distantes de los Andes y
la Amazonía: en la región Amazonas, radio Bongará
publicó en sus redes un video con la falsa versión de que una enfermera
de Estados Unidos se desmayó minutos después de vacunarse contra la
Covid-19, y posteriormente, falleció; en Loreto, el canal de televisión Uranio TV
publicó una entrevista al médico Amílcar Huancahuari para promover el
consumo del dióxido de cloro como remedio contra el coronavirus, a pesar
de que un mes antes este médico había sido destituido del cargo de Jefe
del Comando Covid-19 de la región Ayacucho justamente por alentar el uso de esa sustancia. En Puno, una exautoridad de la región
cuestionó en su programa radial la existencia de la pandemia y aseguró
que se trataba de una “campaña de miedo”. Su transmisión en Facebook
registró más de 43 mil reproducciones.
OjoPúblico solicitó los descargos de los medios de
comunicación y las personas mencionadas en líneas anteriores. Este medio
se comunicó con el médico Huancahuari, a través de la red de mensajería
de WhatsApp, pero solo se limitó a decir que estaba fuera del Perú. La
exautoridad de Puno también fue notificada, pero no declaró para este
reportaje. Mientras que, los medios de comunicación contactados vía
Facebook, tampoco contestaron.
Ahora queda en evidencia que el impacto de la desinformación es parte
de una escala global: cuando la comunidad de Boca Apinihua presentó el
documento de rechazo a la vacuna, el último mes de agosto, la directora
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne,
informaba que 617 mil personas de comunidades indígenas en las Américas
fueron contagiadas con Covid-19 y casi 15 mil habían fallecido a causa
de la enfermedad.
Amazonas: Los pueblos que temen el exterminio
Amazonas es una región de la zona norte del Perú, alargada como una
bota, cuyo extremo superior marca la frontera con Ecuador. Es conocida
por sus bosques nubosos y porque alberga algunos de los sitios
arqueológicos más famosos del país, como Kuélap, una de las ciudadelas
de piedra más antiguas del país. También porque en el año 2009 fue
escenario del conflicto social más sangriento en la historia del Perú:
una protesta de comunidades indígenas contra decretos oficiales, que
consideraban lesivos a sus territorios, derivó en un violento
enfrentamiento que dejó unos doscientos heridos de bala y más de treinta
muertos entre civiles y policías. Amazonas es una de las regiones que
más pueblos indígenas alberga en el Perú: 468 comunidades nativas de las
etnias awajún y wampis.
Si bien el proceso de vacunación en las ciudades se inició en febrero
del 2021, la inmunización en los pueblos indígenas comenzó cuatro meses
después, a partir de una directiva actualizada que, como parte del
avance progresivo del proceso, dispuso la aplicación de la estrategia en
los territorios de las comunidades.
La población objetivo de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de
Amazonas es de 63.120 personas mayores de 18 años en las comunidades de
su territorio, lo que requiere más de 120 mil dosis. Sin embargo, hasta
finales de este mes, solo se han aplicado 17.595 dosis, según la
plataforma de vacunación contra la COVID-19 de pueblos indígenas y afroperuanos del Ministerio de Salud (Minsa)
Un reporte proporcionado por la Diresa para esta investigación señala
un rechazo del 50% hacia la vacuna contra la Covid-19 en al menos 25
comunidades de los distritos de Río Santiago, Nieva y El Cenepa,
pertenecientes a la provincia de Condorcanqui.
En el mismo sentido, diversas actas obtenidas por OjoPúblico
permiten rastrear el fenómeno en esta zona a lo largo del 2021. En
febrero, la comunidad de Paantan Entsa rechazó la vacunación porque,
según sus habitantes, hay mucha mortandad de personas por la vacuna. En
el acta que se firmó para rechazar el antígeno se indica: Hay muchos comentarios, informaciones a través de Internet, radiales, televisivas y otros. Por esos mismos días, las brigadas de salud se toparon con la misma negativa en la comunidad de Tsawantus: Se está manifestando de que no se está permitiendo vacunarse sobre Covid-19. Están rechazando tajantemente.
En Kuyumatak, otro centro poblado awajún, el apu de la comunidad dio
permiso al enfermero de la brigada para exponer sus argumentos y minutos
después firmó un acta en que se negaba el permiso para la vacunación: El personal del salud les ha explicado todo, y aún así no quieren la vacuna [contra la] Covid-19, indica el documento escrito a mano. En la comunidad de Buchigkim, las alegaciones fueron más graves: Todos los pobladores rechazan [la] vacuna por la difusión de noticias por Internet. Piensan que la vacuna va a venir a matar a la gente, van a convertir[los en] estériles.
El primer domingo de julio del 2021, cincuenta miembros de la
comunidad de Yujagkim firmaron un acta para rechazar la vacuna a pesar
de la información que el enfermero local les había proporcionado. En caso de fallecimiento por Covid-19, no culparemos al Ministerio de Salud. Nosotros mismos asumiremos la responsabilidad [de] cómo sobrevivir y afrontar esta pandemia,
dice el escrito. Meses antes, los miembros de la comunidad de Achuim
dijeron que rechazaban las vacunas procedentes de China y Estados Unidos
y adujeron la falta de atención del Estado para resistir a la pandemia:
No hubo apoyo de parte del Ministerio de Salud por las
medicinas para combatir las enfermedades de Covid-19. Nosotros mismos
hemos buscado cómo evita[r] cuando mueren las personas en nuestras zona.
Ante esta situación, la licenciada en enfermería Patty Morán,
coordinadora de inmunizaciones de la Red de Salud de Condorcanqui,
remitió a la dirección de salud, un informe en el que señala las
dificultades para llevar adelante la vacunación: además de la escasez de
personal médico, estaban las “múltiples creencias, barreras geográficas
y culturales” de las comunidades que se encuentran en su jurisdicción.
El estado de alarma también afectó a otra provincia de la región
Amazonas, Bagua ―justamente donde se produjo el conflicto social que
hasta ahora se recuerda como “la masacre de Bagua” o el “Baguazo”―. En
junio del 2021, un informe del personal de la Red de Salud de Bagua
alertó sobre el lento avance de inmunización en el distrito de Imaza,
que tiene la única vía por la cual la empresa petrolera del Estado
ingresa a este tramo de la selva para vigilar el pase del crudo y es la
ruta de ingreso a las guarniciones militares de la frontera con Ecuador.
Imaza suele aparecer en las noticias cuando sus comunidades nativas
realizan masivas protestas contra los estragos de la industria
extractiva o en reclamo por la poca atención del Estado. Ahora es otra
zona de gran resistencia a la vacunación. “La respuesta de la población
no ha sido favorable", indica el reporte remitido a la dirección
regional por Aníbal Fernández, director de la red de salud de esta
provincia. Según el documento, esta situación había sido identificada
semanas antes, en el mes de mayo, cuando un grupo de sus enfermeros y
obstetras impulsó una serie de diálogos interculturales sobre salud en 6
centros poblados y comunidades nativas de la provincia de Bagua.
Esas reuniones congregaron alrededor de 183 actores sociales, entre
alcaldes, pastores religiosos, docentes, representantes de
organizaciones indígenas y personas en general, con el fin de conocer
los motivos de su aversión a la vacuna. Tras escuchar a la mayoría de
participantes, el personal de salud concluyó que las reacciones
negativas obedecían a la desinformación que circulaba en las comunidades
nativas.
Las conversaciones permitieron identificar las versiones falsas más
recurrentes: por ejemplo, en la comunidad de Imaza se decía que la
vacuna era producto de la brujería o que producía esterilidad; en la
comunidad nativa de Chiriaco se decía que la vacuna mata, que el
expresidente Francisco Sagasti ―cuyo mandato fue el primero en traer la
vacuna al país― nunca se vacunó o que se desconocen los efectos adversos
del antígeno; y en el centro poblado de Chipe se adujo que las vacunas
son una medida para exterminar a los pobres, un acto de venganza por el
Baguazo, o que las personas que las reciben van a morir a los pocos días
o años.
De acuerdo con el mismo informe, en las comunidades indígenas de la
provincia de Bagua, el rechazo fue tan contundente hacia la vacuna de
Sinopharm que en julio la Dirección Regional de Salud de Amazonas tuvo
que redistribuirlas a otros grupos etarios en la provincia, para que no
se echaran a perder: apenas dos días antes habían empezado a vacunar a
los adultos de 50 años, pero se tuvo que destinarlas a personas mayores
de 40 años.
Hasta finales de noviembre del 2021, tanto Condorcanqui como Bagua,
las dos provincias donde se encuentran estas comunidades, la vacunación
avanza de manera progresiva, pero aún ocupan los últimos lugares de
población vacunada con las dos dosis en toda la región: 15,5 % y 35,7 %,
respectivamente, según data del Minsa.
Loreto: Los jefes se resisten a las vacunas
En agosto del 2021, la enfermera Malforie Saavedra, coordinadora de
inmunizaciones de la Red de Salud del Datem del Marañón, una provincia
de selvas fronterizas surcadas por el oleoducto norperuano, recibió por
WhatsApp un audio en el que un hombre lanzaba una mezcla de versiones
falsas en un tono dramático. Que nos maten si quieren vacunarnos, que nos fusilen, porque las vacunas han salido muy dañinas,
decía el autor anónimo de la grabación. El hecho adquiría especial
gravedad porque fue viral, y el Datem del Marañón, una zona donde las
comunidades indígenas han visto sus territorios afectados por graves
derrames de petróleo, es la provincia con una de las coberturas más
bajas de vacunación en la región Loreto: hasta finales de noviembre, el
13,8 % de una población objetivo de 56.533 personas contaba con las dos
dosis, según data del Ministerio de Salud
La región Loreto, la más extensa del Perú y en cuyo extremo izquierdo
está el Datem del Marañón, alberga el 43,2 % de la población indígena
amazónica del país, de acuerdo con información del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI). Eso supone casi doscientos mil
habitantes, pertenecientes a cerca de dos mil comunidades nativas.
Malforie Saavedra recibió el audio de una persona que vive en el
distrito de Pastaza, el mismo donde residen siete comunidades indígenas
que presentaron actas de negación contra la vacuna en un solo día.
Una de esas comunidades fue Domingo Cocha. El 24 de agosto de 2021,
el apu de ese centro poblado firmó un acta de negación debido a que
sentía temor por su vida y la de su familia. En el documento ―revisado
para este reportaje― dejó constancia de que asumía la responsabilidad de
esa decisión. Por esas mismas horas, los apus de las comunidades de
Nuevo Jerusalén, Puerto Angara, Nuevo Belén, Nueva Alegría, Nuevo
Galilea y Dos de julio firmaron actas similares para decir que no
necesitaban las vacunas, porque las plantas medicinales iban a curarlos
ante un eventual contagio.
Un pronunciamiento similar se había producido poco antes algo más al
sur, en el distrito de Cahuapanas, territorio de los pueblos shawi y
awajún: en junio del 2021, el apu de la comunidad nativa de Caupan
también se negó a la vacunación en su zona; el jefe de ese pueblo tomó
la decisión tras una asamblea ordinaria con sus vecinos y los apus de
otras seis comunidades anexas. En el acta se indica que los
participantes en la asamblea rechazaron la vacunación para todos los
adultos y los estudiantes de inicial, primaria y secundaria.
En el documento se advertía de manera específica al Gobierno de hacer cualquier gasto para llevar la vacuna a su territorio: Damos
a conocer y pedimos no enviar su brigada de salud para vacunar contra
la Covid-19 a nuestras comunidades, porque no será aceptado ni permitido
para vacunar, decía el documento. A manera de respuesta,
en el acta se señaló que sus pueblos originarios resguardan su salud con
las plantas medicinales, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres.
En el distrito de Andoas, otro sector de muchas carencias atravesado
por el oleoducto norperuano, ocurrió lo mismo entre el 21 y 22 de julio.
El licenciado en enfermería Omar Chahua registró siete actas más de
negación, firmadas por comunidades indígenas de las etnias achuar y
kichwa.
Chahua había realizado un viaje madrugador por el río Wasaga ―que atraviesa sectores afectados por pasivos petroleros
abandonados, según denuncias de la población local― para alcanzar a la
mayor cantidad de gente durante la minga, la jornada tradicional de
trabajo y beneficio social que los pueblos realizan por las mañanas. Al
llegar a cada comunidad, aplicó dos estrategias. La primera consistió en
contactar al apu para mantener un diálogo de sensibilización sobre las
vacunas, y así conseguir su autorización. La segunda fue consultar con
cada familia o habitante. La mayoría se negó.
Las razones eran las mismas versiones reportadas en otras comunidades
amazónicas: que las vacunas contienen chips, que las personas que las
reciben se vuelven estériles, e incluso que los vacunados morirán en
pocos años. Según explicó el enfermero Chahua a OjoPúblico,
parte de la dinámica que ha identificado en su trabajo de campo es la
siguiente: aunque la mayoría de comunidades nativas en Andoas no tiene
acceso al servicio de telefonía o de Internet, algunos comuneros que
tienen celulares móviles bajan a las ciudades para conseguir conexión,
realizar llamadas o comprar víveres. En los centros urbanos conocen
estas versiones falsas, que al regresar esparcen dentro de la
comunidad.
En algunas comunidades, las autoridades locales firmaron actas de
negación, pero a la vez dejaron que cada miembro decidiera si se
aplicaba o no la vacuna. De ese modo, la brigada de Chahua pudo inocular
a personas por razones laborales, como los profesores de las escuelas
de la zona.
A finales de octubre, el enfermero Chahua visitó otras cinco
comunidades de la etnia achuar del distrito de Andoas. Los apus de cada
pueblo no solo firmaron actas de negación a la vacuna contra la
Covid-19, sino que rechazaron la aplicación de otros antígenos
esenciales para proteger a los niños menores de cinco años de otras
enfermedades: la vacuna contra el sarampión, rubéola y papera; la vacuna pentavalente contra la difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B; la vacuna contra el neumococo, entre otras.
Cuando ocurre esto, el personal de salud de las regiones busca
dialogar con las organizaciones indígenas y las autoridades de los
pueblos para establecer acuerdos sobre la vacunación. "Solo cuando ya
ven que las comunidades se niegan, a pesar de un segundo o tercer
intento [de diálogo], las direcciones regionales solicitan asistencia
técnica a la [autoridad] nacional", explica Julio Mendigure, director
ejecutivo de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Minsa.
En el Perú, la vacunación no es obligatoria. El Estado ha previsto la
aplicación, a partir de diciembre, de restricciones para el acceso a
lugares públicos como centros comerciales, mercados o restaurantes a
quienes no hayan recibido las dosis completas del antígeno. En los
territorios indígenas, alejados de los centros urbanos, la realidad
plantea otros desafíos.
Una de las zonas pendientes para el Minsa es precisamente el Datem
del Marañón, donde entre octubre y noviembre del 2021 se produjo la toma
de una estación petrolera como protesta por los daños ambientales
causados por esa industria y en demanda de servicios básicos para las
comunidades.
Junín: la gente pide cambio de vacuna
El 29 de junio último, Fabián Antúnez, presidente de la Central
Asháninka de Río Tambo (CART), formalizó la negativa a utilizar la
vacuna de Sinopharm en alrededor de 47 comunidades nativas del ámbito de
su organización. Río Tambo es un distrito de la provincia de Satipo y
el más grande de todo Junín, una región ubicada al centro del Perú que
parece un corredor horizontal entre Lima y la Amazonía. Antúnez precisó
que no se oponía a la vacunación contra la Covid-19, sino que
cuestionaba la marca de la vacuna.
En un oficio enviado a la autoridad distrital de salud, el presidente
de la organización indígena solicitó el cambio de la fórmula de Sinopharm por la del laboratorio estadounidense Pfizer.
El documento lleva adjunta la copia del acta de una reunión realizada
el día anterior, entre los dirigentes indígenas y el personal de salud
enviado a la zona, en la que se habían explicado los motivos del rechazo
a la vacuna china. Allí Antúnez adujo haber consultado con varios
médicos de Lima, quienes le comentaron que la vacuna de Pfizer era
mejor.
Hasta finales de noviembre, todo el distrito de Río Tambo, en Satipo,
registró una de las más bajas coberturas de vacunación en Junín: de un
total de 23.808 personas aptas para vacunarse, apenas de un 13,7 % había
recibido las dos dosis, según data del Ministerio de Salud.
En el mismo periodo, el distrito que también lleva el nombre de Satipo,
capital de la provincia, el avance era mayor: 59,6 % de una población
objetivo de 34.910 habitantes.
Funcionarios encargados del proceso dijeron a OjoPúblico
que gran parte de la desinformación que circula en los pueblos de la
zona fue propulsada por los locutores y responsables de medios de
comunicación radiales que han difundido versiones sin sustento
científico. “En las radios, múltiples personas manifiestan inclusive que
el Covid-19 ni siquiera existe, que es una ideología, que se ha
planteado para el consumismo y la venta de medicamentos”, explicó el
director ejecutivo de la Red de Salud de Satipo, Wilbert Rodríguez, en
una entrevista con este medio.
Fabián Antúnez, el líder asháninka que firmó la negativa a la vacuna china en Río Tambo, explicó a OjoPúblico que su solicitud representa una exigencia de respeto. "Mi pueblo merece una buena vacuna y con garantía”, señaló.
Si bien la vacunación ha empezado con la fórmula de Pfizer, Antúnez
indicó que los miembros de la comunidad todavía dudan sobre las vacunas.
“El tema del rechazo es por falta de información. La población quiere
que se explique en su propio idioma [el asháninka]. Ya no al jefe [de la
comunidad], sino a la población que va a ser vacunada”, indicó el
dirigente.
El desprestigio hacia la vacuna de Sinopharm ha sido un
problema a lo largo del territorio de Junín. Danny Quispe, director
regional de Salud, dijo que la animadversión a esta marca ha logrado
superarse en las zonas urbanas, pero que en las rurales y en algunas
comunidades se mantiene a pesar de las campañas de sensibilización
promovidas por el Gobierno central, que a nivel nacional ha superado las
500 jornadas para reuniones y talleres sobre la vacunación contra la
Covid-19, y la difusión de más de 500 materiales, entre audios, videos y
piezas gráficas, producidos en más de 30 lenguas indígenas.
“A pesar de todo lo que se ha hecho a nivel de promoción de la salud y
salud familiar, no hemos llegado a calar como pensábamos”, aseguró
Quispe a OjoPúblico.
Huancavelica: la nación que padece el engaño
La Nación Chopcca es un pueblo único que habita a 4 mil metros sobre
el nivel del mar, en Huancavelica, una de las regiones más pobres del
Perú. Sus miembros relatan que descienden de un personaje de poderes
extraordinarios, y visten trajes negros con coloridos diseños que aquí
son parte de la vida cotidiana. En el 2014, el Estado peruano reconoció a
su cultura como patrimonio cultural de la Nación por su originalidad y
representatividad. Apenas seis años después, en los primeros meses de la
pandemia, fue noticia por un caso relacionado con la desinformación.
El 11 de junio del 2020, un grupo de comuneros Chopcca retuvo a unos ingenieros que
realizaban labores de mantenimiento a unas antenas de
telecomunicaciones en el Centro Poblado de Huachhua, situado en el
distrito de Paucará. Los acusaban de pretender instalar antenas de
tecnología 5G que, según creían, generaba el contagio del nuevo
coronavirus, o por el temor de que les causara daño. En los videos
del incidente se observa que los comuneros rodearon a los técnicos y,
por un instante, hasta se oyen amenazas de muerte. Después de varias
horas, fueron liberados tras un diálogo entre los líderes de la comunidad y
la comitiva conformada por un representante de la empresa, el
gobernador regional y un funcionario del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).
"Por desconocimiento podemos tomar muchas acciones, por eso
necesitamos que nos expliquen oportunamente. Aprendan a respetar a los
comuneros", señaló en esa ocasión un habitante de la zona, de acuerdo a
la cadena radial RPP.
A más de un año de este suceso, la Nación Chopcca aún es víctima de
la desinformación. El alcalde de Huachhua ―donde se registró el
incidente de las antenas―, dice que el rechazo a la vacuna es
mayoritario. Según Rufino Lanasca, en las comunidades han circulado
teorías de conspiración que han sido virales a lo largo de la pandemia, y
que hay una sensación de desconfianza y miedo. “Solamente la gente
piensa que están probando los negociantes, los grandes que están
haciendo su negocio con la vacuna”, dice la autoridad.
En el sector de Huachhua habitan un total de 654 habitantes, y la
vacunación empezó en el mes de abril del 2021, de acuerdo con Walter
Martínez, técnico de enfermería del puesto de salud de la zona. En toda
la región Huancavelica, hasta el último 17 de noviembre, se habían
registrado 1.168 defunciones contra la Covid-19. Al menos cuatro
fallecidos eran miembros de pueblos originarios, según el reporte del
Ministerio de Salud.
“Los que no están accediendo a la vacuna son las personas mayores de 60 años”, precisó Martínez.
El problema es más grave porque, además, personal de salud que
trabaja en la zona ha identificado que persiste la idea de que la
Covid-19 no existe.
“Ellos tienen un principio mágico-religioso que está ligado con las
fuerzas naturales [...] y [supone que] si algo tiene que pasar es porque
Dios lo está permitiendo”, refiere Roberto León, director de la red de
salud de la provincia de Huancavelica.
El presidente de la Nación Chopcca, Juan Meneses, explicó a OjoPúblico
que los miembros de su comunidad necesitan que el personal de salud
brinde información adecuada sobre las vacunas en cada pueblo. “Sobre la
vacuna de Pfizer o Sinopharm, la gente piensa: ¿cuál de ellas es mejor?
Piensan que están probando, que los grandes están negociando”, agregó
Meneses.
Pese a los acercamientos iniciales con representantes del Gobierno
para resolver el tema, hasta finales de noviembre, en Paucará y Yauli
―los dos distritos donde se sitúa la Nación Chopcca― tienen menos del 30
% de población meta vacunada con las dos dosis, según el Minsa: 20,2 %
y 22,1 %, respectivamente.
El presidente Meneses dijo que están accediendo a recibir la vacuna de manera lenta y progresiva.
En el acta de una reunión realizada a fines de agosto, varias
autoridades de la comunidad andina expresaron que la vacunación debe ser
voluntaria y con una campaña de sensibilización previa. Los dirigentes y
funcionarios consultados por OjoPúblico enfatizan que una demanda central es que la información debe estar en su lengua originaria, el quechua.
Los promotores de mentiras
El registro en documentos oficiales, realizado por los funcionarios
encargados de implementar el proceso de vacunación durante los últimos
meses, constituye toda una bitácora sobre las incidencias en el esfuerzo
para vencer al coronavirus y contener la pandemia. Por primera vez, se
puede rastrear de manera cronológica un contramovimiento, promovido por
distintos actores y grupos, que erosiona la eficacia de las políticas
públicas y amenaza la seguridad de sectores vulnerables de la población.
“La principal razón identificada del rechazo de las vacunas del
Covid-19 es la desinformación o mala información que se difunden en
medios de comunicación y redes sociales como Facebook, WhatsApp, entre
otros”, precisa el informe de la Red de Salud de Bagua, Amazonas, a la
que OjoPúblico tuvo acceso.
Lo mismo plantea, desde la zona andina, el presidente de la Nación
Chopcca, Juan Meneses, quien confirmó que su pueblo cuenta con conexión a
redes de telefonía e Internet, por lo que sus habitantes tienen acceso a
mensajes antivacunas que se han vuelto virales.
La influencia de la desinformación ha sido tal que, según los
reportes de campo recogidos en el informe de la red de Salud de Bagua,
en Amazonas, logró confundir a gente que estaba interesada en vacunarse.
En especial, cuando personajes influyentes de la zona planteaban su
desacuerdo. “Esta negativa de los líderes locales frena el trabajo de
sensibilización que hasta la fecha viene realizando el personal de salud
en las diferentes comunidades nativas del distrito de Imaza, quienes
muchas veces tenían la aceptación de grandes grupos de personas para la
vacunación Covid-19; sin embargo, con el pasar de las horas y días,
estas personas iban cambiando de idea de un momento a otro, firmando
actas de rechazo de hasta comunidades enteras”.
En los gráficos estadísticos adjuntos a ese informe se evidencia que
el inicio de la vacunación en el mes de junio tuvo un impulso sostenido
durante los diez primeros días, para luego declinar de manera dramática.
"[...] después de la segunda semana de iniciada la vacunación, la
cantidad de vacunados diarios comienza a disminuir, evento coincidente
con la difusión de audios, videos y comunicados antivacunas a través de
las redes sociales dentro de las comunidades nativas", indica en el
informe de las autoridades de salud de Bagua.
OjoPúblico recogió testimonios de distintas personas
que han participado en el esfuerzo por llevar adelante el proceso de
vacunación y se han topado con un efecto solo es comparable, aunque en
sentido opuesto, al de las propias campañas oficiales para enfrentar la
pandemia.
Uno de estos testimonios es el de la interna de medicina Lourdes
Flores, del centro de salud El Muyo, en el distrito de Aramango,
Amazonas. En agosto último, como parte de una brigada de vacunación,
Flores atravesó un río en una cabina sujeta con poleas para llegar a la
comunidad de Tsuntsuntsa. El objetivo era vacunar a 100 habitantes de la
etnia awajún, pero al final de la jornada solo siete personas aceptaron
la dosis del laboratorio Sinopharm. Las autoridades locales le dijeron
que la gente tenía los mismos temores de otros pueblos: que la vacuna
mata, que la marca enviada no era la mejor.
También en este caso, los difusores de versiones falsas han sido
grupos religiosos, redes sociales y medios de comunicación. “Incluso
Willax, que es el principal canal que ha estado en contra de la
vacunación, y que ha dado una información falsa [sobre la vacuna de
Sinopharm]”, dijo Flores en referencia a un programa de televisión por
cable ―que luego se viralizó en redes sociales―, en el que el biólogo y
entonces candidato al Congreso Ernesto Bustamante presentó de manera
errónea los datos de un informe sobre la eficacia de la vacuna de
Sinopharm en Perú, y hasta dijo que causaba más Covid-19 que el placebo.
Bustamante, hoy congresista por Fuerza Popular, ha insistido con sus
críticas a la vacuna procedente de China. “Y todo eso se ha quedado en
la mente de las personas”, enfatizó la médica serumista.
La versión ha seguido circulando meses después en los territorios indígenas.
OjoPúblico intentó comunicarse con Bustamante por
llamadas telefónicas y la red de mensajería WhatsApp, pero al cierre de
esta edición, no obtuvo respuesta.
A una consulta para este reportaje, Esther Marchena, coordinadora de
inmunizaciones de la Diresa de Amazonas, identificó que los contenidos
fraudulentos también se han transmitido en volantes. En uno se observa
la consigna del 'No a la vacuna' junto a datos falsos sobre sus
componentes: que supuestamente incluyen mercurio, células de animales y
de humanos.
Este material fue realizado por un grupo que se identificó como parte
de Acción Humanista Revolucionaria (AUR), un movimiento originado en
Bolivia y cuyos presuntos seguidores peruanos han realizado plantones en
Lima para oponerse a la vacunación y esparcir teorías conspirativas
sobre la pandemia. Rafael Sagárnaga, directivo de AUR en la ciudad
boliviana de Santa Cruz, confirmó que su organización tiene enlaces en
al menos 3 regiones del Perú: Lima, Arequipa y Lambayeque. OjoPúblico intentó comunicarse con los miembros voceros de los grupos locales, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta.
Los grupos antivacunas se han adelantado y han sido más rápidos que
las propias campañas del Estado, dice Marchena. Por eso, la funcionaria
considera que resarcir los daños de estas versiones va a ser un esfuerzo
arduo. El problema es que la desinformación parece haber calado también
en los equipos que deben ejecutar las campañas de vacunación: según la
data recibida por Esther Marchena, al menos hasta septiembre del 2021,
se registraron cerca de sesenta casos de técnicos sanitarios, miembros
de pueblos indígenas, que se negaron a que les aplicaran la vacuna
contra la Covid-19.
En la región amazónica de Loreto, la obstetra Gisella Elizabeth
Coloma ha encontrado que la información se tergiversa tanto a partir de
comentarios y rumores como por los mensajes propalados por agentes de
sectores religiosos, como los pastores de distintas confesiones. “En lo
que es atención primaria de salud, si el pastor les dice que no se
vacunen, no se vacunan. Creen mucho en lo que el pastor les inculca”,
dice la gerenta de la Microrred de Salud de Andoas.
Es común que en cada comunidad exista una iglesia dirigida por un
pastor. Es decir, no funcionan como una franquicia sino que actúan de
manera autónoma y varias están diseminadas por las zonas rurales de
Loreto, según explicó a OjoPúblico Gonzalo Marsá,
coordinador técnico del Comando Covid-19 Indígena de Loreto, un grupo
presidido por líderes y representantes de organizaciones indígenas de la
Amazonía, como la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
(CONAP) y la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO). Tan
solo esta última agrupa a más de cuatrocientas comunidades.
Marsá comentó a OjoPúblico que no basta informar
sobre las vacunas sino que es necesario que las autoridades sanitarias
de las regiones coordinen con las organizaciones indígenas y líderes de
las comunidades antes de que las brigadas ejecuten sus intervenciones.
“Nosotros hemos hablado de tres requisitos: que la vacunación sea
informada, coordinada y consentida”, dijo.
Un refuerzo para pueblos indígenas
Tres meses después del viaje en que recogió el rechazo de siete
comunidades indígenas de Loreto en dos días, el técnico en enfermería
Omar Chahua tiene algunos reparos para volver. Considera un riesgo
regresar a lugares donde la negativa a la vacuna fue tajante. “Insistir
demasiado, tal vez, puede generar una reacción contra mi persona”,
comenta en una conversación telefónica para este reportaje. Su temor
tiene antecedentes como la experiencia del enfermero Dixon Rodríguez,
quien fue rodeado con armas en los territorios ashéninkas de Ucayali.
También las de otros miembros del personal de salud en comunidades de
Amazonas, donde la gente no solo rechaza la vacuna, sino que ha llegado a
considerarla parte de una operación de castigo o exterminio, según el
caso. “No voy a arriesgar mi integridad física por una decisión ya
tomada [por la comunidad]”, dice Chahua.
A estas alturas queda bastante claro que ya no es solo un problema de
mensajes confusos, sino de una brecha cultural que, agravada por la
desinformación, sigue poniendo en riesgo a pueblos vulnerables al mismo
tiempo que el país avanza en la inmunización contra la Covid-19. A
inicios de noviembre del 2021, el Gobierno peruano respondió a este
punto crítico con la asignación de casi 28 millones de soles ―unos 7
millones de dólares― para financiar las intervenciones sanitarias. Este
presupuesto incluye, entre otros gastos, la posibilidad de incorporar a
alrededor de 3 mil enlaces indígenas al trabajo de las brigadas.
"Estamos en proceso de contratación. A ellos se les va a capacitar sobre
las funciones que van a cumplir en el territorio, sobre el ABC de la
vacuna contra la Covid-19”, indicó a OjoPúblico Julio
Mendigure, responsable de la Dirección de Pueblos Indígenas u
Originarios del Minsa. Mientras los expertos especulan sobre el impacto
de una tercera ola de la pandemia en el país, hay toda una marea de
mentiras y engaños por contener en las regiones más aisladas del Perú.
*Para obtener las tasas de
vacunación contra la Covid-19, OjoPúblico ha tomado como fuente el
portal de Datos Abiertos del Ministerio de Salud.
*Para el rastreo de medios
de desinformación en regiones se contó con la participación de los
voluntarios Sebastián Rosas, Hiro Ramos y Arlie Carrera.
https://ojo-publico.com/3190/actas-revelan-enganos-sobre-vacunas-en-pueblos-indigenas
