domingo, 29 de diciembre de 2019

Empleo recomienda regular el control horario a trabajadores a través de los convenios colectivos


MURCIA.- La directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral, Manuela Marín, recomendó hoy que el control horario a trabajadores, obligatorio desde la entrada en vigor del DecretoLey 8/2019 de 8 de marzo, se regule a través de los convenios colectivos. La intención es que estas normas recojan de la manera más exacta posible las particularidades en cuanto al tiempo de presencia de los empleados o los horarios de entrada y salida, y de esta manera se facilite la labor posterior de los inspectores de Trabajo.

La concreción a la hora de especificar los detalles sobre esos horarios y su posible flexibilidad en determinadas fases de la jornada laboral servirá no solo para clarificar los criterios técnicos a tener en cuenta por los profesionales de la Inspección de Trabajo sino también para evitar sanciones de los mismos.
Manuela Marín participó recientemente en una reunión con el resto de responsables autonómicos en esta materia, que fue convocada en Madrid por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y que contó con la presencia del director general de Trabajo de la Administración central, Ángel Allué.
Algunos de los detalles sobre el control horario que pueden recogerse en el convenio colectivo son el personal para el que no es de aplicación el registro de jornada (por ejemplo, los alumnos en prácticas); la posibilidad de elección del sistema de registro, previa consulta al representante legal de los trabajadores; la catalogación de la formación de la empresa como tiempo de trabajo, o la obligación de que, en caso de subcontratación, sea la empresa contratista la que se encargue del control horario.
En este sentido, la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades va a difundir entre el tejido económico de la Región la idoneidad de incluir dichos aspectos en convenios colectivos, o, en su defecto, en los convenios entre las empresas y los trabajadores.
Manuela Marín resaltó que "las administraciones no obligan a activar un sistema específico de control, sino que, tras consultar a los representantes legales de los trabajadores, debe ser implantado por la empresa y documentado por medios electrónicos o manuales. Tanto la Administración central como las autonómicas coincidimos en que lo ideal es que todas las particularidades más allá del horario de entrada y salida aparezcan recogidas en los convenios colectivos".
El encuentro entre el Gobierno central y las distintas autonomías abordó también la inclusión de cláusulas que recojan que la jubilación forzosa debe de llevar aparejada una mejora de la estabilidad y calidad del empleo. Esto puede traducirse en la estipulación de la contratación indefinida de nuevos trabajadores, para asegurar un relevo generacional.

El 70% de los inquilinos murcianos acusa a los caseros de alquilar viviendas “descuidadas” y en “mal estado”

MURCIA.- No hacerse cargo de una reparación (48%), retener la fianza sin motivo (25%), y pedir “pagos en negro” (20%), son algunas de las principales desavenencias entre inquilinos y propietarios. Además, 7 de cada 10 arrendatarios murcianos acusan a los caseros de alquilar viviendas “descuidadas” y sin las reformas necesarias.

El 10% de los inquilinos murcianos reconoce haber tenido un conflicto con su casero por una subida que llegan a considerar “abusiva e injustificada” del precio del alquiler. 
En este sentido, las disputas entre arrendatarios y arrendadores parecen ser habituales, ya que 3 de cada 10 personas que viven de alquiler en Murcia afirma que ha sufrido, en alguna ocasión, algún conflicto con el propietario de la casa que renta.
Según los datos que arroja la encuesta, más de la mitad de los murcianos que viven de alquiler lo hacen porque no les queda más remedio, al no poder permitirse económicamente adquirir una vivienda en propiedad. 
Y en esta situación, un 50% en Murcia admite haber tenido dificultades para acceder al alquiler, ya fuera por el precio del inmueble o por los requisitos exigidos por los caseros.
Ahora bien, no todas las Comunidades Autónomas presentan el mismo grado de conflictividad entre arrendadores y arrendatarios. En este sentido, Murcia se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional con un 31%.

"Tras pedir 10 millones de euros en préstamos, se impone una subida de impuestos", dice MC Cartagena

CARTAGENA.- El último viernes del año se ha celebrado la sesión extraordinaria del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cartagena que, como único punto del orden del día, trató la subida de impuestos propuesta por el Gobierno municipal.

En la sesión, el Gobierno, cuya posición habría defendido sorprendentemente el edil del PP, Diego Ortega, se ha tratado de ocultar la subida de impuestos y ha responsabilizado de la subida al personal municipal.
Con el voto del Gobierno se ha rechazado el mantenimiento de la rebaja de impuestos aplicada por MC Cartagena en las anualidades 2016, 2017 y 2018 bajo la dirección de la entonces concejal de Hacienda, Isabel García García, y según instrucciones del alcalde, José López Martínez, que han estado vigentes hasta ahora por la incapacidad del Gobierno local para modificarlas.
En la sesión el portavoz suplente de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, habría expuesto el voto particular de la formación cartagenerista, recordando las irregularidades del trámite que investigan los tribunales y planteando una rebaja de impuestos apoyada por la oposición pero rechazada por PP, C's y tránsfugas.
"Tras pedir 10 millones de euros en préstamos, se impone ahora una subida de impuestos".

El precio de la vivienda usada en Murcia crece un 4,9% durante el año 2019

MURCIA.- Según el último informe de precios de idealista, el precio de la vivienda usada en la Región de Murcia subió un 4,9% durante los últimos doce meses. Con este incremento el metro cuadrado se ha quedado en 1.045 euros.

La ciudad de Murcia cierra el 2019 con una subida del 4,8% interanual, que deja el precio en los 1.085 euros/m2. Las mayores caídas de la comunidad las experimentan los municipios de Jumilla (-13,7%), Puerto Lumbreras (-9%) y Lorquí (-6,7%). La mayor subida se ha producido en Águilas, donde los propietarios piden un 12,8% más por sus viviendas que hace doce meses, seguido por el incremento del 11,7% de San Javier.
La Manga tiene el mercado más exclusivo de la región (1.519 euros/m2) y Abarán (503 euros/m2) el más económico.

La CARM expide 160 tarjetas de acreditación de la profesión de buceador en el primer año de su puesta en marcha

MURCIA.- La Comunidad Autónoma ha expedido 160 tarjetas en el primer año de la entrada en funcionamiento de esta nueva regulación que acredita la profesión de buceador. Se trata de un certificado que cursa la Consejería de Fomento e Infraestructuras para reconocer las competencias y habilidades en materia de actividades subacuáticas.

La directora general de Movilidad y Litoral, Marina Munuera, destacó que se trata de una acreditación "pionera en España" que abre las puertas a los buceadores profesionales a ejercer su trabajo en los países europeos que reconocen la formación de nuestro país.
"La Comunidad les facilita el acceso a su profesión, al regular la validez de los títulos y fomentar las cualificaciones y competencias que se están implantando al respecto", explicó la directora general.
Esta acreditación favorece tanto a buceadores como a las empresas que los contratan, ya que a estas últimas les facilita el acceso a profesionales especializados. Munuera indicó que el Ejecutivo regional "da respuesta a una demanda del sector empresarial del buceo de la Región de Murcia", que estaba precisando trabajadores debidamente titulados que se adaptasen a las necesidades técnicas y tareas propias de su sector con las debidas garantías.
"Contribuimos al fomento y a la cualificación del sector de la acuicultura, muy en auge en nuestra Región", señaló la directora, quien afirmó que también impulsa al empleo en otros ámbitos presentes en la Región como la arqueología submarina, el buceo científico u otros trabajos técnicos de buceo desarrollados en desaladoras, obras hidráulicas o zonas portuarias, muchas de ellas especialidades y habilidades recogidas en las tarjetas de buceo profesional expedidas por este órgano directivo.

Requisitos para acceder a la nueva tarjeta
Los profesionales que quieran obtener la tarjeta tienen que poseer alguna de las siguientes cualificaciones: título de buceo profesional establecido por la Administración Estatal en 1973, título académico de FP en materia de buceo profesional, certificados de profesionalidad pertenecientes a la familia Marítimo-Pesquera y encuadrados en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, o certificado de superación de los cursos o títulos militares expedidos por el Centro de Buceo de la Armada o la Escuela Militar de Buceo.
La tarjeta, que tiene una vigencia de cinco años y puede ser renovada por períodos iguales y sucesivos, contiene los datos personales del titular, las titulaciones y acreditaciones de buceo profesional y los reconocimientos médicos periódicos exigidos en la normativa estatal de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas.
Para el ejercicio profesional de buzo, además de la tarjeta, es necesario contar con un seguro de accidentes y de responsabilidad civil en vigor, así como haber superado el correspondiente reconocimiento médico, de acuerdo con lo exigido en la normativa de ámbito nacional.

Las cabinas telefónicas españolas recibirán un nuevo "indulto" de dos años


MADRID.- Con una media de uso de una llamada cada tres días, las cabinas telefónicas se mantendrán en España como un servicio universal obligatorio como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021, a la espera de que el Parlamento se ponga de acuerdo y logre aprobar antes una ley que permita su supresión.

Telefónica será de nuevo el operador encargado de mantener estos teléfonos, en virtud de una orden ministerial, que publicará en breve el BOE por un periodo de 2 años, aunque la intención "clarísima" es eliminarlas antes del servicio universal obligatorio, ha dicho el director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Roberto Sánchez.
Las cabinas telefónicas, que comenzaron a instalarse en las calles españolas en 1928, "no se utilizan. Estamos convencidos de ello", ha apuntado Sánchez, que ha reconocido que ya se intentó en 2018 suprimir la obligatoriedad de este servicio, pero no se pudo porque el Consejo de Estado dictaminó "a última hora" que debía hacerse por ley.
"El año ha sido un poco difícil" y aprobar leyes "ha sido complicado", teniendo en cuenta la fragmentación del Parlamento, ha apuntado.
Año tras año se publica en el BOE un concurso para prestar este servicio, que en los últimos tiempos ha quedado desierto, ya que ningún operador quiere hacerse cargo de estos elementos que, según fuentes de Telefónica, registran una media de uso de 0,37 llamadas al día.
El coste de mantener las cabinas es de unos 4,5 millones de euros anuales, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que revisa las condiciones de la prestación del servicio y que se refieren al año 2016.
Para 2020 la situación no es distinta y ningún operador ha querido hacerse cargo de estos elementos, según ha publicado el BOE esta semana, por lo que será de nuevo Telefónica el que lo ofrezca.
A día de hoy existen unas 15.450 cabinas en la vía pública en todo el territorio nacional, aunque llegaron a sumar las 65.000 a finales de los 90, según la multinacional española.
De acuerdo con estos datos, cada cabina supone un coste medio de 291,3 euros al año, por lo que cada llamada de teléfono registrada sale de media a 2,5 euros.
La demanda de este servicio se ha reducido drásticamente en los últimos años por la alta penetración de la telefonía móvil en todos los segmentos de la sociedad, según Telefónica, que ha advertido de que la escasa demanda ha encarecido los costes de este servicio como ha ocurrido en muchos otros países del entorno.
Actualmente existe una cabina en cada municipio de más de 1.000 habitantes, y está establecido que haya instalada al menos una cabina por cada 3.000 habitantes, según el operador.
Para superar esta obligatoriedad, se debe aprobar una ley específica o, "lo más lógico", según Sánchez, una transposición de la directiva europea del Código de las Comunicaciones Electrónicas, que ya suprime estos elementos como servicio universal obligatorio, aunque tampoco impide mantenerlos.
La idea es hacerlo a lo largo de 2020, según el director general, que ha apuntado que se está trabando en los borradores de la ley.
La CNMC ya ha recomendado que se retire la obligatoriedad de este servicio al haberse constatado un progresivo abandono de su uso. "No es que lo hagamos porque se nos haya ocurrido", ha afirmado el director general, convencido de que estos elementos están llamados a "desaparecer".
Países como Francia, Bélgica, Dinamarca y Estonia han ido suprimiendo el elemento del servicio universal de cabinas, según datos de la CNMC.
Telefónica es la encargada de mantener, no solo las cabinas, sino el conjunto del servicio universal de telecomunicaciones que garantiza el acceso a la red telefónica pública desde cualquier ubicación geográfica o una velocidad de conexión de al menos 1 megabit por segundo (Mbps).
No obstante, este servicio es financiado de forma proporcional en función de sus ingresos por los operadores que facturan más 100 millones de euros.
Según datos recientes de la CNMC, un total de 14 operadores han sido los encargados de financiar el servicio universal de 2016, que supuso un coste total de 16,78 millones de euros en España, de los que Telefónica aportó 5,2 millones de euros, Vodafone, 2,86, y Telefónica Móviles, 2,86, entre otros.
En la nueva ley que se apruebe, también se revisará la velocidad mínima de las conexiones a internet, que se remontan a un reglamento que data de 2005, según el director general.

La marcha de Buteflika, y ahora del general Gaid Salah sumen a Argelia en la incertidumbre


MADRID.- El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela y director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental, Carlos Ruiz Miguel, explica en una entrevista al periódico La Razón cómo cambiará la situación en Argelia el hecho de que haya fallecido el hombre fuerte del Gobierno, el General Gaid Salah, y cuáles serán los retos que debe encarar el nuevo Gobierno.

¿Cómo cambia la situación en Argelia ahora que el General Gaid Salah no está?
Creo que no va a haber un cambio sustancial porque el general no actuaba en nombre propio. Cuando él toma el poder como el militar de más alto rango para destituir a Buteflika no actúa en nombre propio sino que él era el representante. En ese sentido, no creo que haya un cambio dramático.

¿Ha sido muy alabada la capacidad del general Salah para enfrentar las protestas sin caer en la “represión”, ¿su sustituto puede ser diferente?
Mi impresión es que no. Salah era la cara visible, pero su poder no era tan extenso, él no era quién tomaba todas las decisiones. Es verdad que la participación ha sido escasa, no ha llegado ni a la mitad del censo. Esto nos muestra una gran desafección con las instituciones. Pero hay una gran parte de la población que sí quiere darle una oportunidad a esta transición. En este momento lo que estamos esperando es saber qué decisiones tomará el nuevo presidente electo. La población está a la expectativa de las medidas que se puedan ir tomando.

¿Qué puede hacer el nuevo mandatario para congratularse con los manifestantes?
La tarea que tiene por delante no es nada fácil. Aunque la situación de Argelia podría parecer ventajosa en estos momentos porque la explotación del petróleo está a un precio relativamente alto, el reto que tiene que encarar para diversificar la economía no va a ser nada sencillo. En la época anterior hubo intentos de ampliar la economía hacia otros sectores, como el automovilístico pero no dieron los resultados esperados, al igual que la industralización del país, a menudo lastrada por los casos de corrupción y por una legislación muy estricta. 
También se intentó recuperar el campo, que era la principal riqueza en la época francesa, ahora está en una situación muy precaria. Para que estos tengan futuro es necesario tomar una serie de medidas orientadas a cambiar el sistema productivo. Y es que, el modelo económico se ha basado en las rentas del petróleo. Habrá que ver qué planes económicos tiene el nuevo presidente y cómo se ejecutan. 
Este me parece un reto más importante que el reto del sistema político, un aspecto donde también hay mucho que hacer: hay un estado con una burocracia muy pesada heredera de la etapa socialista, y crear empleo en un país donde se vive de las rentas petrolíferas es un reto muy complicado. Un desafío que se ha sorteado, normalmente, con subvenciones y con la creación de nuevos puestos administrativos. 
En ese sentido, la Administración es muy pesada, y convendría agilizarla bastante. El sistema político -esencialmente- no tiene porqué cambiar mucho, con la normativa actual y sin cambios sustanciales el modelo puede funcionar.

¿Una reforma de grandes recortes en el tamaño del Estado, y la reestructuración del modelo económico en una población que ya está muy a disgusto con sus instituciones, no podría generar una crisis mayor?
Claro, ese es el reto. El cómo solucionar esta crisis sin provocar una crisis aún mayor. El asunto fácil no es, lo cual no quiere decir que sea imposible. La tentación es, naturalmente, no hacer nada y continuar con el mismo sistema. 
Pero este sistema va lastrando a la población. Por ejemplo, un gran problema es el de que si alguien quiere emprender una iniciativa económica privada, tiene que pasar unos trámites administrativos que daban pie a la interferencia de agentes corruptos, lo que acaba por disuadir al emprendedor.

¿Hay consenso en la clase política argelina, no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento del problema?
Creo que hay una sensación de que es necesario hacer algo. No tengo tan claro que coincidan en qué es lo que hay que hacer. Lo que procede ahora es -evidentemente- la apertura de un gran debate público para ver cuál puede ser la respuesta de la población a las distintas iniciativas que se vayan promoviendo. 
El nuevo Gobierno tiene que ganarse la relativa confianza que ha obtenido de parte de la población y del Ejército. Hasta ahora un factor que ha amortiguado las protestas ha sido el miedo al retorno del islamismo, qué es un miedo que sigue presente, sobre todo a la vista de lo que ocurre en Libia por ejemplo. 
Este tipo de riesgo, de volver a una guerra civil es un revulsivo. La única vía que tiene el Gobierno es empezar a depurar los comportamientos corruptos y empezar a diversificar la economía, porque la situación actual, a medio-largo plazo es insostenible. Y una repentina bajada del precio del petroleo tendría un efecto demoledor.

¿Las protestas pueden verse impulsadas?
Nunca se sabe, pero yo creo que no. Creo que lo que la gente está esperando es ver que medidas propone el nuevo Gobierno, y en función de eso las manifestaciones irán a menos, o irán a más. Por ahora hay que esperar.




Un Senado sin mayoría absoluta ante el reto de la crisis territorial

MADRID.- El Senado tendrá que definir su papel ante la crisis territorial acrecentada por la evolución del “procés” independentista catalán en una legislatura marcada por la pérdida de mayoría absoluta del PSOE, si bien en esta Cámara contará con mayor facilidad que en el Congreso para sacar adelante iniciativas.

La nueva presidenta de la institución, Pilar Llop, jueza feminista, con un perfil muy diferente al de su predecesor en el cargo, el filósofo catalán Manuel Cruz, será la encargada de pilotar esta nueva etapa en la Cámara de representación territorial, tal y como viene definida en el artículo 68 de la Constitución.
Alejada la posibilidad de una reactivación del artículo 155 de la Carta Magna para Cataluña, el Senado se presenta como un espacio idóneo para el diálogo, el término más repetido por Llop desde que asumió la Presidencia. Un diálogo para una etapa llena de “oportunidades”, subrayó ella misma el pasado 20 de diciembre.
Las piezas vienen definidas por los 20 escaños que el PSOE precisa para llegar a la mayoría absoluta de 133 senadores: podría contar con los 13 senadores de ERC y los 10 del PNV, así como con los seis escaños del grupo de Izquierda Confederal.
El PP encabeza la oposición con sus 97 senadores, lo que le hace imprescindible para ciertos acuerdos que exigen mayorías reforzadas, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Tribunal Constitucional; por otro lado, Ciudadanos ha visto reducida su representación a un grupo de nueve senadores.
Un panorama bien distinto del que dibuja el Congreso, donde Vox es tercera fuerza con 52 escaños y Unidas Podemos, con 35, la cuarta.
En el Senado, Vox solo tiene tres senadores encuadrados en el Grupo Mixto y Podemos carece de representación, salvo un escaño de Adelante Andalucía y otro de En Comú Podem.
Con estos antecedentes, fuera de las posibles mayorías que puedan configurarse en el hemiciclo, el Gobierno ya tiene un encargo expreso para el Senado.
Quiere impulsar la Conferencia de Presidentes, que no se reúne desde 2017, cuando todavía gobernaba el PP, y que sirve de foro de encuentro del jefe del Ejecutivo con los presidentes autonómicos.
El Senado siempre ha sido su sede y, aunque debería tener periodicidad anual, han pasado ya casi tres años sin convocarse.
También debería ser anual el debate en el Senado sobre el Estado de las Autonomías, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, pero han pasado casi 15 años desde la última vez que se celebró, en 1997.
El portavoz socialista, Ander Gil, ha recordado recientemente que ese fue el único que ha tenido lugar con el PP en el Gobierno, y ha recriminado a este partido que no haya mantenido un “debate fluido” con las comunidades autónomas desde el Senado, por lo que considera una “hipocresía” que ahora lo defienda su líder, Pablo Casado.
Más allá de esta cita, la Comisión General de Comunidades Autónomas, exclusiva de la Cámara Alta, es el ámbito natural de debate entre el Gobierno y los representantes de las autonomías.
Pero en los últimos años su actividad ha sido mínima, tanto en la XI y XII legislaturas, cuando el PP todavía tenía mayoría absoluta, como en la breve XIII, cuando era el PSOE quien la disfrutaba.
En un hemiciclo ya sin mayorías absolutas, el PP quiere ahora recuperar el papel de esta comisión, donde quiere llevar debate de la financiación de las comunidades autónomas para conocer sus desajustes “con luz y taquígrafos”, en palabras del portavoz del grupo popular, Javier Maroto.
Una ofensiva que no convence al PSOE; Ander Gil se muestra “muy sorprendido” por la “repentina” defensa del PP de las comunidades autónomas cuando Vox, socio suyo de gobierno en algunas de ellas, quiere, enfatiza, “desmantelar el estado de las autonomías”.
Entre tanto, la presidenta Pilar Llop pretende dar una mayor dimensión social a la Cámara Alta, que quiere abierta a todos los ciudadanos, los 365 días del año, y ocupándose de los problemas que más les afectan.
El feminismo, la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia machista figuran como prioridades para Llop, quien en su primer discurso nada más ser elegida presidenta aludió también al respeto al medio ambiente como otro de sus grandes retos.

Tren, autopistas, vivienda y bancos suben de precio en 2020, se mantienen tasas aéreas y baja el gas

MADRID.- El año 2020 se inicia con subidas en los billetes de tren, las autopistas de peaje, salvo las rescatadas, y las comisiones de varios bancos, al tiempo que volverá a encarecerse el precio de la vivienda y el alza del IBI no superará el 5%, mientras que bajará el gas natural en una media del 4% y se mantendrán las tasas aeroportuarias.

Estas variaciones van acompañadas del mantenimiento de las pensiones, el SMI y el salario de los empleados públicos, según ha decidido el Gobierno en funciones a la espera de la investidura y de constituir un nuevo Ejecutivo con plenas funciones.
Una vez se conforme un nuevo Gobierno, el salario de los funcionarios subirá un 2%, a lo que se podrá sumar otro 0,3% por fondos adicionales; mientras que las pensiones se revalorizarán un 0,9% y las pensiones mínimas un 3%, junto a un nuevo alza del SMI aún por determinar.
En cuanto a las tarifas de tren, Renfe subirá el precio de los billetes de todos sus trenes en 2020, de forma que el del AVE y Larga Distancia se encarecerá un 1,10%, la primera subida en tres años, y los de Cercanías y regionales se incrementarán un 1%, el primer incremento desde 2015.
De su lado, el servicio de Media Distancia, los trenes de trayectos regionales, subirá también un 1% para el caso de los que circulan por líneas convencionales. Los Avant, los que circulan por líneas AVE, el billete sencillo subirá un 1,2%, si bien los 'bonos multiviaje' se mantendrán sin variación.
En cuanto a las autopistas, el precio medio del peaje de las autopistas que conforman la red estatal subirá un 0,84% a partir del próximo 1 de enero de 2020. La subida se aplicará en todas las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, salvo en las nueve que fueron 'rescatadas' por el Estado al quebrar durante la crisis y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento.
Estas nueve autopistas, que suman unos 700 kilómetros, son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que une la capital y el aeropuerto, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y los tramos de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante.

Tasas aeroportuarias bajan un 1,4% 

Las tasas aeroportuarias de Aena aplicables bajarán un 1,4% a partir de marzo de 2020, según ha comunicado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para 2017-2021, marco regulatorio que fija la senda tarifaria, contempla una rebaja del 11% en las tasas de Aena y garantiza que no podrán subirse hasta 2025 abriendo la puerta, en todo caso, a nuevas bajadas.
A ello se añade, la rebaja de en torno al 12% en las tasas de navegación aérea en 2019, recogida en el 'Plan Vuelo 2020' de Enaire. Esta medida, tras la reducción del 12% aplicada en 2019 y el 3% en 2018, compensará el incremento del tráfico aéreo superior al previsto.
Por otro lado, se mantiene la subvención del precio de los billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes en territorios no peninsulares en el 75%.

Bancos

Por su parte, varias entidades financieras han adelantado ya un aumento de las comisiones a los clientes para el nuevo ejercicio, de forma que se endurecerán las condiciones a los clientes que abran una cuenta gratuita.
En concreto, Santander cobrará a los clientes por sus cuentas 1,2,3 y cobrará nueve euros mensuales por la cuenta Día a Día; BBVA elevará las comisiones de mantenimiento de 60 a 100 euros al año, salvo en los casos de un ingreso periódico mensual de al menos 600 euros y tener cinco recibos domiciliados. Por su parte, Sabadell y Bankia también han modificado su programa de exención de comisiones para vincular más a los clientes.
En cuanto al Euríbor, éste situó su media en diciembre en el -0,266% y los expertos creen que continuará en 'rojo' a lo largo de todo 2020 al haberse alejado las expectativas de una pronta subida de tipos por parte del BCE. Esto supondrá que las hipotecas a tipo variable seguirán en niveles muy bajos, si bien las entidades ya se han protegido aumentando la contratación de hipotecas a tipo fijo.
Respecto a las telecomunicaciones, este año las operadoras no han anunciado subidas para principios de año, aunque algunas ya acometieron subidas en 2019, que podrían repetirse en los próximos meses.
En principio los principales operadores (Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil) mantendrán los precios de la cuota de línea el nuevo año.

Energía y gas

En el caso de la luz, la parte regulada del recibo (que representa en torno al 41% de la factura) se prorrogará para 2020 por sexto año consecutivo, de modo que la evolución de la factura dependerá del comportamiento del mercado mayorista, conocido como 'pool', que afecta a algo más de un tercio del recibo.
No obstante, dado que las competencias de peaje al transporte y la distribución de electricidad se han transferido a Competencia, estos podrían bajar de media un 5,6%, en función del proyecto de circular por el que se establece la metodología de cálculo, lo que tendría una repercusión a la baja en el recibo de la luz.
También se mantendrá el 25% del recibo correspondiente al IVA y al Impuesto de Electricidad, si bien el 35% restante relativo al consumo dependerá de la evolución de los precios del 'pool', que en diciembre han ido a la baja.
Con el nuevo año, entrará en vigor la modificación del sistema de fijación de precios en la nueva tarifa de la luz, que variarán en función de la hora, según el día de semana y dependiendo de la ubicación geográfica.
Mientras, la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural bajará a partir del próximo 1 de enero un 4% de media respecto al último trimestre de este año, retomando así los descensos tras permanecer los dos últimos trimestres de este 2018 congelada.
Por su parte, el precio de la bombona de butano se sitúa en 12,74 euros, tras haber subido un 4,86% en noviembre, por lo que habrá que esperar a mediados de mes para ver si se vuelve a encarecer.

Nuevos impuestos y vivienda

En el capítulo de impuestos, el nuevo Gobierno podría retomar algunas de las medidas acordadas para los fallidos Presupuestos de 2019, como un aumento del IRPF para las rentas muy altas y una tributación mínima de un 15% en Sociedades, así como un alza del 1% en Patrimonio para fortunas de más de 10 millones.
Asimismo, podría recuperarse la idea de bajar del 10% al 4% el IVA de los productos de higiene femenina y del 21% al 10% el de servicios veterinarios, y también están pendientes el nuevo impuesto a los servicios digitales ('Tasa Google') y la creación del impuesto sobre transacciones financieras ('Tasa Tobin'), así como el nuevo impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina y otros tributos 'verdes'.
En materia de vivienda, las previsiones de los principales portales y agentes inmobiliarios apuntan a un alza de los precios tanto en la compra como en alquiler.
Fotocasa cifra el aumento en el 3%, Moody's en el 5,5% y Servihabitat lo sitúa en el 4,8%, con un alza en compraventas del 4%. Pisos.com calcula que el coste de adquirir una vivienda será entre un 2% y un 4% mayor, y el del alquiler entre un 4% y un 6% más alto.
Además, el Gobierno ha aprobado los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2020, que implicará a 1.092 municipios, lo que tendrá efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
La actualización da como resultado unas subidas y bajadas medias globales que alcanzan el 3%, si bien el incremento máximo no supera el 5%.

La autopista AP-7 Tarragona-Alicante dejará de cobrar peaje el miércoles

MADRID.- Las autopistas AP-4 entre Sevilla y Cádiz y AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante suprimen a partir de las 00.00 horas de este miércoles, 1 de enero, el cobro de peaje a sus usuarios.

Los conductores que diariamente circulan por estas vías, que con una media de entre 20.124 y 24.477 usuarios diarios figuran entre las más transitadas del país, dejarán de pagar tasa alguna desde la medianoche del martes.
La supresión de las barreras de peaje en estas autopistas es consecuencia de la conclusión del contrato de concesión de su explotación que actualmente tiene Abertis y su consecuente reversión al Estado.
Se trata de las segundas vías de pago en alcanzar el fin de su concesión, levantar el peaje y pasar a estar gestionadas por el Estado un año después de que lo hiciera la AP-1 Burgos-Armiñón, vía que gestionaba el grupo Itínere y que quedó libre de peaje el 1 de diciembre de 2018.
En todos los casos, es fruto de la decisión que adoptó el Gobierno actualmente en funciones de no prorrogar los contratos de concesión de autopistas de peaje que vencieran, para que reviertan así al Estado y dejaran de cobrar por su uso.
De esta forma, desde el miércoles los 467 kilómetros de longitud que suman estas autopistas quedarán libre de pago y pasarán a ser gestionadas por el Ministerio de Fomento.
La AP-4 Sevilla-Cádiz cuenta con 93,8 kilómetros de longitud por los que actualmente circulan una media de 24.477 conductores al día, si bien esta cifra se eleva a casi 35.000 vehículos en los meses de verano.
De su lado, los tramos de la AP-7 Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, cuentan con 225,32 y 148,5 kilómetros de longitud, respectivamente.
El primero de estos trazados registra un tráfico medio de 22.707 vehículos al día, mientras que el que une la capital del Turia y Alicante contabiliza 20.124 tránsitos, si bien también en los meses estivales superan la cota de los 36.000 usuarios diarios, según datos oficiales del Ministerio de Fomento.

Su mantenimiento pasa al erario público

Este Departamento, al hacerse cargo de estas vías, deberá encargarse también de su mantenimiento, que pasará a depender del erario público. Hasta ahora, lo costeaba Abertis a partir del peaje que cobraba a los usuarios de las vías.
No obstante, Fomento no ha podido resolver a tiempo el concurso público que lanzó para seleccionar la empresa a la que encargar estos trabajos de conservación y mantenimiento, estimado en 153 millones de euros.
Por ello, ha resuelto encomendarselo a través de 'contratos de emergencia' y hasta que se adjudique el contrato original a Sacyr, FCC y API Movilidad.
Estas empresas serán también las encargadas de desmontar las playas y casetas de cobro de peaje que hasta ahora la AP-4 y los referidos tramos de la AP-7 tienen instaladas.
Fomento no ha podido resolver el contrato dado que ha sido recurrido por Abertis ante las discrepancias que el grupo y el Ministerio mantienen sobre los trabajadores de la compañía que deben subrogarse en los trabajos de mantenimiento.
El grupo de autopistas ha pactado ya un ERE para 136 trabajadores de las autopistas, el 45,3% de su plantilla total, los ligados a la administración y cobro del peaje.
Estas dos nuevas autopistas levantan su peaje y vuelven al Estado mientras aún sigue pendiente el debate que el Ejecutivo ahora en funciones pretendía lanzar para consensuar un modelo de financiación de la red de carreteras, que pasa por sopesar la eventual articulación de una tasa por uso en toda la red de 12.000 autovías del país, una de las más extensas de Europa.

Nuevos límites de velocidad y restricciones: las reformas que prepara la DGT

MADRID.- La DGT ha anunciado en su revista las dos reformas que tiene preparadas para su próxima aprobación. Se trata de establecer un límite genérico de 30 km/h solo en ciudad y vías de un carril por sentido de la circulación, por un lado, y de regular los vehículos de movilidad personal (VMP), esto es, los patinetes eléctricos.

En el primer caso, la DGT adopta el límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un estudio de 2011, que decía que la posibilidad de morir tras un atropello es cinco veces menor si la velocidad del vehículo es de 30 km/h en vez de 50 km/h.
Esta medida pretende garantizar la supervivencia en la mayoría de los casos de quienes son más vulnerables: peatones, motociclistas, ciclistas y conductores de patinetes.
Esta reducción a 30 km/h también reduce un 3% el riesgo de resultar herido grave y un 4% el riesgo de sufrir un accidente con víctimas mortales; reduce el ruido de un 33% a un 6%; reduce los niveles de dióxido de carbono (en torno al 10 o al 15%); produce menos atascos y la circulación es más fluida. 
En cuanto a los patinetes, estos no podrán circular por aceras, ni por vías interurbanas, no podrán superar los 25 km/h, y serán considerados vehículos, por lo que los conductores serán sancionados si consumen alcohol, drogas o llevan auriculares. 

El fin de los peajes en la AP-4 y la AP-7 enfrenta a Abertis con el Gobierno


MADRID.- Casi 500 kilómetros de peaje pasarán a ser gratuitos el próximo miércoles. Se trata del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4, que une Sevilla con Cádiz, que levantarán sus barreras después de 46 años de peajes. La concesión de ambas carreteras finaliza con la llegada del nuevo año y el Gobierno, al igual que hizo con la AP-1, ha decidido no renovar su concesión, recuerda hoy Abc. 

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ya anunció al poco de llegar al cargo su intención de liberalizar estas autopistas de peaje. La primera carretera afectada por esta medida fue la AP-1, ahora le toca el turno a la AP-4 y a la AP-7 y en 2021 vencerá la concesión de la AP-2 y el tramo norte de la AP-7.  
Lo que no está tan claro es cómo se mantendrán estas vías. El Gobierno tuvo que retrasar notablemente la adjudicación del contrato de mantenimiento de la AP-1, que no se firmó hasta diez meses después de su liberalización. Una demora que ahora se repite en la AP-4 y en la AP-7.
El Ministerio de Fomento licitó hace unos meses un contrato valorado en 153 millones para adjudicar estas tareas. Sin embargo, Abertis y los sindicatos han impugnado los pliegos, dejando este servicio en el aire apenas unos días antes de que ambas autopistas se liberalicen. Fuentes cercanas al proceso explican que el foco del enfrentamiento se encuentra en el número de trabajadores que se subrogarán cuando se levanten las barreras.
Según estas mismas fuentes, Fomento garantizó a los sindicatos y a Abertis, en manos de la italiana Atlantia y ACS que recolocaría a un número determinado de trabajadores. Teniendo en cuenta estos cálculos, la concesionaria lanzó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la filial que gestiona actualmente ambas vías.
Sin embargo, finalmente en los pliegos que sacó al mercado el Ministerio de Fomento el número de trabajadores subrogados era menor. Además, el Gobierno ha dejado fuera de este particular proceso a la concesionaria, que hasta el momento se había encargado del mantenimiento de estas carreteras.

Ante esta situación, la empresa ha decidido contraatacar e impugnar los pliegos, que ya no podrán ser adjudicados antes del 1 de enero, cuando se levantarán las barreras de la infraestructura. El Gobierno tendrá que recurrir a un contrato de emergencia para que ambas autopistas cuenten con servicios de mantenimiento, y no será al menos hasta mediados del primer trimestre cuando podrá adjudicar de forma definitiva este servicio.
La impugnación de este contrato representa una nueva batalla entre el Gobierno y Abertis, que ha perdido gran parte del negocio que tenía en España por la decisión del Ejecutivo de levantar las barreras de las autopistas de peaje.

La liberalización de estas autopistas coincidirá con un nuevo incremento de las autopistas de peaje en manos del Estado, que subirán un 0,84% de media para 2020. La excepción será la AP-6, cuyo precio se incrementará un 1,69%.
La AP-4 y la AP-7 se librarán de este incremento, al igual que las autopistas «rescatadas» (las radiales de Madrid R2, R3, R4 y R5 más la M-12 que une la capital de España con Barajas, la AP-41 Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, Circunvalación de Alicante y la AP-36 Ocaña-La Roda) que quedarán exentas de la subida del peaje.
A principios de año, el Ejecutivo decidió rebajar un 30% el peaje de estas infraestructuras, que pasaron a ser gratuitas entre las doce de la noche y las seis de la mañana.

Los cartageneristas de MC se animan un poco con la ocurrencia autonomista leonesa

CARTAGENA.- Para el secretario general de MC Cartagena, José López, la petición de León no es comparable a Cartagena, porque ellos piden ser una región diferente a la castellana, mientras que Cartagena quiere una segunda provincia en esta misma comunidad. Pero, el debate que trasluce es que hay pueblos que se sienten diferentes. ¿Y cómo dar respuesta a eso? López asegura que "nuestras diferencias hacen más grande a España".

En cualquier caso, los casos de León o Cartagena son reivindicaciones legítimas y plenamente legales, pues están recogidas en la Constitución. No así el separatismo catalán, de ahí que pida no confundir ni llevar a la chirigota la reivindicación histórica de la provincia para Cartagena.

El líder de MC, el partido más votado en las últimas elecciones municipales, ha lamentado que en Cartagena, los partidos nacionales han dejado siempre en agua de borrajas las mociones que por unanimidad han pedido la provincia para Cartagena, no así como ha ocurrido en León, lo que le provoca cierta "envidia".

Este debate, que se ha abierto en otras épocas, no es otra cosa que dar respuesta al sentimiento de diferencia que tiene un pueblo como Cartagena, que pide más autonomía, y más y mejores servicios e infraestructuras, "algo que sólo ahora puede defender un partido de siglas locales como MC". 

López recuerda que "esta comarca aporta más del 33% al PIB regional y sólo recibe el 7%", y pone como ejemplo la mala gestión que se lleva a cabo desde el Gobierno regional.

La moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de León, pide la autonomía de la Región Leonesa que forman las provincias de León, Zamora y Salamanca. La impulsó la Unión del Pueblo Leonés, fue respaldada por PSOE y Podemos, y contó con el voto en contra de PP y Ciudadanos.

Sin Zamora ni Salamanca

Al menos los presidentes de sus Diputaciones no consideran que esta moción sea «un paso al frente» o un «hecho histórico», como se ha vivido en la provincia leonesa. 

La institución provincial de Salamanca, con Francisco Javier Iglesias (PP) a la cabeza se han remitido a unas declaraciones de días previos en las que manifestaba «no estar para valorar ocurrencias». 

Todo ello, a través de su departamento de prensa y sin querer hacer valoraciones de lo ocurrido en el último pleno del año en la capital leonesa.  

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo (Ciudadanos), quien no consideró que la moción sea «un hecho a valorar por el plenario de Zamora», que se encuentra «preocupado con aprobar los Presupuestos cuanto antes».

«En la Diputación zamorana nos sentimos 'castellanoleoneses', eso lo tenemos muy claro y vamos a seguir con esta postura», subrayó Requejo, olvidando la 'y' copulativa que los leonesistas tanto han criticado por la falta de unión en una comunidad a la que culpan de los constantes «agravios» a la región leonesa. 

«Queremos seguir como estamos», remachó el presidente de la Diputación de Zamora ya que en su opinión la decisión de una comunidad autónoma con las tres provincias históricas del Reino de León es «algo ridículo».

Virtual eurodiputado Marcos Ros: "Siendo de aquí, dedicaré buena parte de la legislatura europea a defender el Mar Menor"

MURCIA.- El virtual eurodiputado murciano,  el socialista Marcos Ros Sempere, ha señalado que una vez que se acredite como eurodiputado dedicará buena parte de su trabajo, a cuestiones regionales, aunque representa a toda España, pero "siendo de aquí y con los problemas que hay aquí reclamaré y defender nuestro territorio amenazado, especialmente el Mar Menor".

Ros ha recordado que sobre el Mar Menor recaen seis figuras de protección ambiental de la Red Natura 2000, que derivan de la Unión Europea. De momento, la semana pasada a través del eurodiputado socialista Cesar Luena ya preguntaron por esta cuestión.
Marcos Ros cree que la UE se tomará en serio el problema del Mar Menor, porque "esta es la legislatura del gran acuerdo verde" que marcará toda la legislatura europea.
Marcos Ros lamenta que la Región no tenga un Plan de ordenación del territorio para toda la región, como si tienen todas las comunidades vecinas. "Ya estamos cansados, ha dicho, de ser una "isla", porque somos, ironiza la isla verde, la isla de la sopa verde...
Marcos Ros se convertirá en el único eurodiputado murciano en unas semanas, una vez que se aplique el Brexit el 31 de enero.

Buques plataforma optan por el Puerto de Cartagena para largas estancias de mantenimiento


CARTAGENA.- La presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz ha explicado a la presidenta de COEC, Ana Correa, las nuevas líneas de negocio que el Puerto de Cartagena está impulsando, entre otras, en el sector offshore, término con el que se denomina a la explotación de pozos petrolíferos desde plataformas marinas.

"Cada vez es más frecuente que buques plataforma elijan el Puerto de Cartagena para largas estancias de mantenimiento".
Esto supone, según ha dicho, "un beneficio importante para la comunidad portuaria y en general para la industria local ya que proporciona trabajo continuado tanto a empresas del puerto como a empresas auxiliares, talleres de reparaciones, empresa de suministro de materiales para buques, y empresas de transportes que son las más demandadas en este sector".
Yolanda Muñoz ha dicho también que "se trata de un nuevo nicho de negocio que beneficiará al empresario cartagenero por la repercusión que estas estancias tienen para los sectores señalados pero también en otros como el turístico y el comercial".
A lo largo de los últimos 18 meses han sido cinco los buques de estas características que han recalado en los muelles cartageneros para estancias prolongadas: el Stena Icemax, de la naviera Stena Drilling, que realizó operaciones de puesta a punto y mantenimiento rutinario de alguno de sus equipos, entre ellos el cambio de la planta de reciclaje de aguas negras por otra medioambientalmente más sostenible.
El Transocean 706, plataforma semisumergible de perforación; el Castorone, buque de tendido de tubos, que permaneció unas semans; el Drillship Atwood Advantage, con una eslora de 238 m, 42 m de manga y una capacidad operativa para trabajar a profundidades de 3658 m, que estuvo durante tres meses, y el Saipem 700, el segundo mayor buque grúa semisumergible del mundo, que estuvo casi ocho meses.

España bate en 2019 el récord de solicitudes de asilo con más de 107.000 presentadas

MADRID.-España ha recibido al menos 107.542 solicitudes de protección internacional durante el año 2019, lo que supone más del doble que las que se presentaron en 2018 (55.749). Mientras se bate récord al registrarse este máximo, se están rompiendo las costuras de un sistema de acogida "colapsado" que es incapaz de dar respuesta a los solicitantes de asilo.

"El asilo se ha convertido en la única fórmula de entrada y permanencia en España", ha afirmado la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Tal y como ha señalado, "buena parte" de los solicitantes utilizan la vía del asilo porque no tienen otra alternativa para poder quedarse o regularizar su situación. Este hecho, según ha destacado, "está desvirtuando el sistema de asilo y generando graves problemas".
El "colapso" en los servicios de acogida se ha evidenciado en las últimas semanas en Madrid, donde muchos solicitantes de asilo han estado durmiendo en la calle, a las puertas del Samur Social, cuyas plazas están previstas para las personas sin hogar y para situaciones de emergencia. Por su parte, desde Migraciones destacan que actualmente el sistema estatal acoge a 30.000 personas en toda España.
Esta saturación se ha producido ante la falta de plazas del sistema de acogida, a cuyo acceso tiene derecho toda persona que formalice una solicitud de asilo hasta que las autoridades españolas resuelvan su expediente -en caso de denegación, el usuario debe abandonarl

Agilizar las resoluciones

En este contexto, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha urgido a "agilizar" las resoluciones, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que piden asilo proceden de Latinoamérica y "no van a tener derecho a protección internacional". Por tanto, tendrán que salir del sistema" al tratarse de una migración de carácter económico.
Si bien a lo largo de 2019 la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que depende del Ministerio del Interior, ha agilizado las resoluciones -ha tramitado un total de 62.641 solicitudes, lo que supone casi cinco veces más que las 12.889 resueltas en todo 2018-, la oficina tiene pendientes de resolver más de 100.000.
Tal y como ha precisado Galán, a pesar de que las resoluciones se han agilizado, "se están notificando muy lentamente" a los usuarios. "Si se resuelven pero no se notifican, las personas se mantienen en el sistema de acogida sin poder dar paso a otras personas que lo necesiten", ha remarcado. Así pues, sostiene que es "importante" superar este "escollo" administrativo ya que "por muy rápido" que se resuelvan los expedientes, "sin herramientas para notificar no servirá de mucho". 
Desde Interior, por su parte, destacan la mejora en el ritmo de las tramitaciones que se ha producido en 2019, año en el que precisamente el Gobierno habilitó la concesión del permiso de residencia por razones humanitarias para venezolanos debido a la compleja situación que vive el país. Desde el mes de enero, casi 40.000 ciudadanos de Venezuela se han beneficiado de este mecanismo previsto en la ley de asilo.
El Gobierno activó esta herramienta para aquellos ciudadanos venezolanos a los que se les deniegue por la vía convencional la petición de protección formalizada en España desde el año 2014. El objetivo principal era "reducir el stock" de peticiones pendientes de resolución, teniendo en cuenta que Venezuela no está entre los países con mayores tasas de resoluciones favorables de asilo.
Precisamente los venezolanos lideran el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España: desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, unos 37.313 ciudadanos de Venezuela pidieron protección internacional en España, seguidos de 25.949 colombianos, 6.134 hondureños, 5.483 nicaragüenses y 4.467 ciudadanos de El Salvador.
"La respuesta del Gobierno español para otorgar razones humanitarias a las personas de origen venezolano es positiva, pero nos parece discriminatoria para otros colectivos que proceden de países donde las condiciones y situaciones son igual o más graves", ha manifestado Galán.
En esta línea, ha expresado su preocupación por el gran número de negaciones sistemáticas de asilo a personas de centroamérica que vienen a España huyendo de la violencia de las maras -pandillas violentas-, y ha abogado por "ampliar" las razones humanitarias a este colectivo. "Su denegación es absolutamente injusta. Son personas que han tenido que huir por la falta de protección de sus estados ante esa extrema violencia", ha dicho.
Para Galán, el reto principal para 2020 es poner en marcha un plan global que dé respuesta a las necesidades migratorias y de asilo "que se ajuste a los extranjeros cuyo perfil no es de protección internacional y también al colectivo de refugiados".
Por su parte, la directora de misión de la Organización Internacional para Migraciones (OIM) en España, María Jesús Herrera, ha defendido un sistema de acogida que esté "bien dotado económicamente, seguro y predecible"; así como la cooperación en la acogida y una redistribución justa entre todos los niveles del Estado.

El año 2020 llega con bajadas del gas, subidas en Renfe y la congelación de la luz

MADRID.- El ejercicio 2020 comienza con bajadas en las tarifas reguladas del gas natural, subidas en los billetes de Renfe y con la congelación, de momento, de la parte regulada del recibo de la luz.

Las pensiones, el salario mínimo interprofesional (SMI) y el sueldo de los empleados públicos se mantendrán sin cambios a la espera de la formación del nuevo Gobierno.
En el ámbito de la energía, 2020 llega con una rebaja media del 4% en las tarifas de último recurso (TUR) del gas natural -a las que están acogidos los usuarios domésticos-, gracias al abaratamiento de la materia prima.
Las tarifas del gas natural se revisan trimestralmente, pero solo cuando el coste de la materia prima sube o baja más del 2%. El precio de la bombona de butano no se revisará hasta el tercer martes de enero. En su última actualización, en noviembre, subió un 4,86%, hasta 12,74 euros, después de cinco descensos consecutivos.
En cuanto a la parte regulada del recibo de la luz, se congela un año más, esta vez hasta que se desarrolle la metodología para fijar los peajes de acceso y los cargos.

Subidas en el transporte

En el capítulo de transporte, el año empieza con el encarecimiento de los billetes de tren: suben un 1,1% las tarifas del AVE y de los trayectos convencionales de larga y media distancia; un 1,2% los servicios de media distancia de alta velocidad; y un 1% los de Cercanías, que no habían variado desde 2015. Sin embargo, se mantienen los precios de los títulos multiviaje (de diez o más viajes), con lo que, en la práctica, las tarifas se congelan para los viajeros recurrentes.
En el transporte aéreo, las tasas aeroportuarias, que las aerolíneas pagan a Aena por usar ciertos servicios en sus aeropuertos (pistas, pasarelas, estacionamiento de aviones o servicios de seguridad) bajarán un 1,44% a partir del 1 de marzo. Esta rebaja, aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es superior a la que había propuesto Aena (1,17%).
En cuanto a los peajes de las autopistas estatales, aunque el Ministerio de Fomento aún no ha confirmado oficialmente el aumento para 2020, fuentes del sector la sitúan en el 0,84%.
En el terreno de las telecomunicaciones, las principales operadoras -Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil- no prevén incrementar en 2020 la cuota de línea mensual, el cobro fijo en la factura que carga los costes de mantenimiento de la línea del hogar vinculada a internet.

Lo que está pendiente

En el aire quedan, de momento, las subidas de las pensiones, del SMI y de los sueldos de los funcionarios. La revalorización de las pensiones del 0,9% comprometida por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se aprobará cuando se constituya el nuevo Gobierno y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020.
El Ejecutivo en funciones ha suspendido la aplicación de la subida mínima del 0,25% establecida en la reforma del PP, aún vigente, para no malgastar recursos en una doble revalorización (0,25% ahora y otro 0,65% cuando haya Gobierno).
Lo mismo ocurre con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), cuya cuantía todavía está pendiente de la negociación política y con agentes sociales, que se aprobará mediante real decreto más adelante con carácter retroactivo.
También queda pendiente para 2020 el aumento salarial del 2% fijo para los empleados públicos comprometida en el acuerdo a tres años que en marzo de 2018 firmaron los sindicatos del sector con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Aunque los precios de la vivienda no están regulados, los cálculos de empresas y expertos apuntan a una subida de entre el 3% y el 4% en la compra de inmuebles, y del 4% al 6%, en el alquiler.

23 diputados nacionales de Podemos renunciaron a la tarjeta de taxi de 3.000 euros en la legislatura fallida

MADRID.- Sólo 58 de los 350 diputados del Congreso, lo que supone apenas la sexta parte de la Cámara, renunció la pasada legislatura a la tarjeta personalizada por valor de 3.000 euros al año que el Congreso pone a disposición de sus señorías para desplazarse en taxi en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

El coste de estas tarjetas depende del uso que se haga de ella, ya que es una ayuda finalista y el Congreso sólo abona los viajes que el parlamentario efectivamente haya realizado. Lo único que está fijado es el precio máximo por diputado, 3.000 euros al año, lo que supone una media de 250 euros mensuales.

Más de 133.000 euros en taxis

En los apenas cuatro meses que van desde el inicio de la pasada legislatura (el 21 de mayo) hasta el pasado 24 de septiembre, fecha en la que el Congreso quedó disuelto con motivo de la convocatoria de las elecciones del 10 de noviembre, un total de 292 diputados contó con este abono taxi, lo que supone el 83% del hemiciclo.
Se trata de 103 de los 123 diputados del PSOE; 63 de los 66 del PP; 56 de los 57 de Ciudadanos; 19 de los 42 de Unidas Podemos; 19 de los 24 de Vox; 13 de los 14 de Esquerra Republicana (ERC) -el decimoquinto, Oriol Junqueras, tenía sus derechos suspendidos al estar en prisión-, los seis del PNV y 13 del Grupo Mixto, según los datos del Congreso.
Eso significa que en la pasada legislatura, que se extendió durante siete meses, sólo 58 diputados (el 16,5% de la Cámara) renunciaron a solicitar la tarjeta de taxi: 10 del PSOE, tres del PP, uno sólo de Ciudadanos, cinco de Vox, dos de ERC (uno de ellos, Junqueras) y cuatro del Grupo Mixto (incluyendo los tres presos de Junts: Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull).
Fue por tanto Unidas Podemos el grupo en el que más diputados desecharon la tarjeta: 23 renuncias (el 54% de la formación capitaneada por Pablo Iglesias) frente a los 19 que sí la demandaron.
En total, el Congreso afrontó un gasto de 133.433,60 euros para pagar estos viajes en taxi de sus señorías, lo que representa una media de 33.000 euros al mes.
Y eso pese a que esta legislatura fallida tuvo una actividad parlamentaria muy limitada ya que sufrió parones por las elecciones autonómicas y europeas y los dos meses de verano, y apenas se celebraron media docena de sesiones plenarias al margen de la sesión constitutiva y la fallida investidura de Pedro Sánchez.

97.000 euros por kilometraje

Además del taxi, el Congreso cubre a los diputados los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco), así como los gastos derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista.
Si lo que usan es su propio automóvil para el cumplimiento de sus funciones parlamentarias, se les abona 25 céntimos por kilómetro así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas, siempre con la debida justificación.
En esta legislatura corta de 2019, según los datos facilitados por la Cámara, fueron 139 los diputados que solicitaron ayuda por kilometraje por un importe total de 97.130,75 euros.

La deuda española en manos extranjeras bate un nuevo récord histórico

MADRID.- La inestabilidad política y la falta de un gobierno en España no han hecho mella en los mercados de renta fija a tenor de los datos de deuda pública española en manos de inversores extranjeros, que vuelven a marcar un nuevo récord histórico.

A cierre de septiembre, con un Ejecutivo en funciones y cuando ya se habían convocado las elecciones generales del 10 de noviembre, los inversores extranjeros poseían 477.658 millones de euros en deuda pública española, un 1,5% más que un mes antes.
Esa cantidad representaba casi la mitad, el 48,08%, del total de la deuda pública española y suponía un crecimiento cercano al 11% en tasa interanual, ya que a cierre de septiembre de 2018 los títulos adquiridos por extranjeros sumaban 430.573 millones.
Los datos del Tesoro Público demuestran una tendencia creciente de la inversión extranjera en deuda española desde hace más de un año, que sólo se rompió el pasado junio con un recorte de casi 4.000 millones de euros respecto al mes anterior.
Aunque la estadística no desglosa el origen de los inversores, algunas emisiones concretas, como el caso de los bonos sindicados en los que un grupo de bancos coloca directamente la deuda, sí desvelan la procedencia de los compradores de los títulos españoles.
En una subasta de este tipo llevada a cabo a finales de febrero, España captó 5.000 millones de euros a 15 años y gracias a que la demanda superó los 43.000 millones, el interés ofrecido fue de un mínimo del 1,864%.
En aquella ocasión los inversores extranjeros se hicieron con el 83% de la deuda y entre ellos destacaba la participación de los procedentes de Alemania, Austria y Suiza, superior al 20%, y la de Francia e Italia, con un 19%. Muy cerca quedaba Reino Unido e Irlanda, con un 18,7%.
Algunos expertos consideran que el grueso de los inversores foráneos de la deuda española proceden, tradicionalmente, de la Unión Europea y se sienten atraídos por la mayor rentabilidad de estos títulos frente a los emitidos por otros países de la zona del euro.
Y es que la rentabilidad de los bonos alemanes, considerados los más seguros de Europa, se encuentra en negativo (-0,251%), lo que les mueve a optar por la deuda de países que aún se consideran seguros pese a la incertidumbre política y al parón de la economía.
Sin embargo, el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, destacó recientemente en un encuentro que los inversores asiáticos son los que más han aumentado su tenencia de deuda española este año de todos los extranjeros.
Desde 2012, el volumen de deuda pública española en manos foráneas ha crecido cada año sin interrupción, desde los 223.741 millones de euros de aquel ejercicio. De media, los inversores no residentes poseen un 40% del total, porcentaje que en septiembre se acerca ya a la mitad de la cartera total.
Después de los inversores extranjeros, uno de los grandes tenedores de deuda española son los bancos centrales, que tienen más del 21% del total, mientras que los bancos nacionales poseen cerca del 15% y las aseguradoras, un 9,5%.
En cuanto al precio de la deuda emitida, gracias a la política monetaria del BCE, España ha cerrado 2019 con un coste mínimo de financiación del 0,23%, lo que le ha permitido ahorrarse más de 2.300 millones en intereses frente a lo previsto. Aún así la factura del pago de intereses supera los 24.000 millones.

Lourdes Retuerto critica a sus excompañeros de partido por falta de transparencia en la subida del IBI en Cartagena

CARTAGENA.- El PSOE de Cartagena ha criticado en un comunicado que el ayuntamiento no haya actuado con "transparencia" tras eliminar una cláusula que "protegía a los vecinos del municipio ante una inminente revisión catastral y la subida del IBI".
La senadora y presidente de la Gestora del PSOE en Cartagena, Lourdes Retuerto ha dicho que han calculado el incremento de recaudación en 2,5 millones de euros, lo que supondrá una medida recaudatoria. Retuerto no entiende que el PP practique lo contrario de lo que dice, es decir, que suba impuestos.

En un comunicado, el PSOE ha opinado que esta subida del IBI, que fue aprobada el pasado viernes en un pleno del consistorio, es una medida "desproporcionada", por lo que ha pedido al equipo de gobierno que recapacite.

Qué no pasa en Cs / Ángel Montiel *

No cabíamos en la casa y parió la abuela. Otra versión: por si faltara para desgracias, el abuelo bebe y la abuela fuma. Ciudadanos Región de Murcia es un lío. No hay quien los entienda. O sí. Cada miembro de la dirección va por un lado, y lo mismo los consejeros del Gobierno. Quienes, desde fuera, conocen las claves internas disfrutan del culebrón. Todo está a la vista, nadie se recata para representar su papel, tan previsible. Se les perdona porque están en bóxes. A ver por dónde salen en marzo. La última oportunidad. Pero mientras tanto, siguen haciendo de las suyas. Cada noticia es un pasmo.

La última: la dirección nacional (una gestora 'en funciones') decide personarse como acusación particular en el juzgado en que se instruye la denuncia de Leonardo Pérez contra el resultado de las primarias en que se decidió el liderazgo electoral de las elecciones autonómicas: el denunciante perdió frente a Isabel Franco, quien se alzó con el 63% de los votos ante él y otros candidatos.

Hasta ahora, la versión del aparato del partido era que no existían irregularidades en ese proceso, pero el gesto de la personación las admite implícitamente, pues supone que pretende indagar sobre el origen de las mismas. Sorprende que tanto Franco como el resto de la dirección regional se hayan enterado por la prensa (Onda Cero en este caso) de una decisión que afecta a la credibilidad del partido en el ámbito autonómico. Traducción: se trata, claro, de una operación para liquidar a Isabel Franco. Sinopsis: ganó unas elecciones trucadas. ¿Quién está detrás de esta operación? Blanco y en botella: quien pueda beneficiarse del intento. Es fácil.

Ahora bien, lo verdaderamente gracioso es que la dirección nacional valide una denuncia contra sí misma. Hay que precisar que la actual gestora la conforman, a efectos prácticos, los mismos que decían haber dimitido (pero poco) en la estela del exlíder nacional, Albert Rivera. Se han quedado, dicen, para facilitar la transición, pero es dudoso que quienes condujeron a Cs a una estrepitosa derrota dispongan de la inteligencia y la voluntad para desentrañar las causas de la deriva y, en consecuencia, diseñar un nuevo rumbo. Que Hervías sea el ponente de la nueva organización de Cs es como poner a la zorra a guardar las gallinas.

Es bien sabido que en Cs Murcia no se mueve una mosca sin el beneplácito de Madrid. La composición de la dirección regional es a dedo, así como la elección de los cargos institucionales hasta el nivel de conserje. Por tanto, si hubo irregularidades en las primarias habría que preguntar en primer lugar al responsable nacional de Organización, Fran Hervías o, en su defecto, a su corresponsal, Valle Miguélez, titular de ese departamento en Cs Murcia, o a ambos a la par.

Cuesta creer, de entrada, que Hervías se meta en estos laberintos a sabiendas de que si el juzgado detectara irregularidades la responsabilidad política recaería sobre él en su calidad de secretario de Organización. Pero, ¿quién si no Hervías ha podido incurrir en una operación tan suicida para los intereses de su partido en la Región? La deducción lógica es que, a sabiendas de que ya está políticamente muerto, su última obra en esta pedanía (en la concepción territorial de Cs) consistiría en facilitar las cosas a la facción que ha venido apoyando, la contraria a lo que representa Franco. Morir matando, algo muy propio de las personalidades oscuras tipo Hervías, el perfecto comisario de Organización hasta que deja de serlo.

Hervías recibió lo suyo durante la última asamblea de Cs en Murcia, a la que acudió con otros dirigentes de la gestora nacional. Se distrajo durante la reunión atendiendo a su teléfono móvil, aunque se supone que, capaz de hacer dos cosas a la vez, se vio obligado a escuchar sapos y culebras en las sucesivas intervenciones de los asistentes. Al final tomó la palabra, y lo hizo, en principio, con esa humildad impostada de quienes saben que la tienen hecha, pero poco a poco se fue animando a tirar balones fuera, hasta que desde el auditorio le cantaron las cuarenta para recordarle que le corresponde toda la responsabilidad de las disfunciones internas que afloran ante la opinión pública.

Es muy probable que Hervías, en respuesta a unas críticas que antes no emergían, haya decidido tirar el carro por el pedregal y forzar una situación incómoda para la vicepresidenta del Gobierno. Es la ganadora de unas elecciones internas que la actual dirección provisional de su partido admite implícitamente que podrían haber contenido irregularidades, de manera que la exponen a que la propia militancia empiece a exigirle la dimisión, aun cuando si tales irregularidades existieron es obvio que ella no fue la que manejó los ordenadores.

Por otro lado, trucar unas primarias con catorce votos falsos, como parece que ha detectado la investigación, en un total de 599 contra 237, parece indicativo de que los presuntos manipuladores eran poco decididos. Hervías o Miguélez se esmeraron presuntamente los justo. Ya puestos, el pucherazo debiera haberse dado por centenas de votos. Y da la casualidad de que algunos votantes del denunciante, Leonardo Pérez, incurrieron en las mismos supuestos que en el caso de su acusada: duplicidades desde una misma IP de ordenador y localizaciones exteriores. 

¿Sabía Pérez que también se denunciaba involuntariamente a sí mismo? ¿Cabe pensar que quienes manipularan las elecciones en favor de Franco echaran también unos votos irregulares en las urnas virtuales de los otros candidatos para neutralizar sus posibles denuncias posteriores? La teoría de la conspiración da para muchas suposiciones estimulantes, aunque la realidad nos acabe decepcionando.

El ordenador desde el que escribo este artículo y todos los de la Redacción, según me informa el jefe de Sistemas del periódico, tiene hoy localizada su IP en Alcalá de Henares, y según qué días en Palma de Mallorca o en otros lares, dependiendo de qué ruta informática convenga más al operador, Telefónica. De modo que si a mí y a varios compañeros se nos fuera la cabeza, nos apuntáramos a Cs (por nadie pase) y tuviéramos que votar en unas primarias lo haríamos desde una misma IP localizada fuera de Murcia y nuestros votos aparecerían como fraudulentos. Misterios de la tecnología. 

Pero al decir esto no pongo la mano en el fuego, ni mucho menos, por la limpieza de las primarias de Cs. Sobre el asunto ya se pronunciará la Justicia, y se supone que localizará a los responsables del fraude si lo hubiera. Sobre lo que dudo es que Franco sea responsable política de lo que otros puedan haber hecho en su favor si ella no estaba informada. En realidad, más que media docena de votos dudosos, lo que influyó decisivamente en su triunfo es que el secretario nacional de Organización, Hervías, se pronunciara a través de Twitter para apoyarla apenas unas horas después de que Franco presentara su candidatura, indicando así a la militancia quién era, entre el conjunto de comparecientes, la persona preferida por el aparato del partido.

El gesto constituye una voluntad manipuladora en relación a la exigencia de neutralidad que bien podría haberse resuelto después en algún 'apoyo técnico' en la realización práctica de las primarias, sobre todo para que el propio secretario de Organización no corriera riesgo de quedar deslegitimado en su autoridad si Franco no alcanzaba el objetivo encomendado.

Tengo para mí desde el principio que Hervías apoyó a Franco de manera forzada, tal vez por la superior autoridad del número dos de Rivera, José Manuel Villegas, pues su favorita era y es la actual portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal. La personación en el juzgado aparece, a todas luces, como el intento de forzar una crisis interna que resuelva el conflicto interior de Cs, antes de que Hervías se retire definitivamente, en favor de su apuesta personal en Murcia, más o menos mantenida, no sin conflictos personales a veces con la propia Martínez Vidal, por su correspondiente de Organización, Valle Miguélez.

El problema es que el asunto se les puede ir de las manos. El abogado Javier Pérez, que compitió con Miguel Garaulet en las primarias para el Congreso de los Diputados, celebradas a la misma vez que las autonómicas, ha denunciado ante la Fiscalía posibles irregularidades en esa confrontación. El razonamiento básico es que las curvas de votación en ambas elecciones son coincidentes, y si se resolviera que hubo irregularidades en las de Isabel Franco-Leonardo Pérez serían idénticas a las que pudieran haberse producido en las que se resolvieron a favor de Garaulet.

La Fiscalía ha admitido a trámite esa denuncia, de modo que sería lógico que la dirección nacional de Cs también se personara en este caso atendiendo a los mismos argumentos que ha esgrimido en relación a las autonómicas. Que Garaulet se haya situado súbitamente, tras perder su escaño, en el sector crítico no debería constituir una excepción si de llegar al fondo de posibles irregularidades se trata. De lo contrario quedaría más claro que la iniciativa pertenece a interés de facción.

A todo esto, Isabel Franco, acosada políticamente, como es bien visible, desde el interior de su partido con la colaboración de ciertos poderes fácticos que apuestan por su relevo en favor de Martínez Vidal, más cómoda para la entente con el PP de López Miras, no se arredra, y ha respondido con celeridad personándose también en la causa que afecta a su posición. La paradoja es que actúe como acusación particular en un caso en que ella es, a efectos políticos, la acusada, si bien ni siquiera ha sido requerido su testimonio.

Cabe suponer del gesto que no se siente defendida por la personación de su partido, ya que seguramente sospecha, como cualquier observador, que quien ha instrumentado este efecto desde la dirección nacional no es precisamente su amigo, y la prueba es que ni ha sido informada.

El pasado viernes, el mismo día en que se difundió la noticia de que Cs se personaba en el juzgado que instruye el caso de las primarias, Franco se entrevistaba en Sevilla, junto al secretario regional de Relaciones Institucionales, Francisco Álvarez, de su cuerda, con el líder de Cs en Andalucía y vicepresidente del Gobierno, Juan Marín, su correspondiente andaluz. Son, sin duda, relaciones encaminadas a la construcción de la mayoría en torno a la nueva dirección de Arrimadas, un acceso que no controla Hervías ni quienes andan empeñados en agotar a la vicepresidenta.

Queda claro, pues, que la operación de acoso y derribo contra Franco desde el interior de Cs se inscribe en la fase de navajeo previa al congreso nacional en que hay tortas para tomar posiciones. Hervías, consciente de que Arrimadas lo sustituirá por otro de su calaña (siempre tiene que haber alguien que haga el trabajo sucio) todavía se ve con oportunidad de dejar, al menos en Murcia, su herencia.

¿Qué pasa en Cs? La pregunta adecuada sería: ¿Qué no pasa?


(*) Columnista