A estas alturas el megaproyecto urbanístico Marina de Cope le debe sonar a cualquiera que haya vivido en nuestra Región en los últimos años. Y le debe sonar, no sólo por la publicidad y triunfalistas anuncios de superaciones de trámites legales por parte de la Administración regional, sino que también debe de sonar por la gran oposición que ha tenido desde el principio este proyecto entre las asociaciones ecologistas y sociales de la Región de Murcia. Y no es para menos, ya que para poder hacer realidad este megaproyecto urbanístico, el Gobierno regional, ni corto ni perezoso, se cargó de un plumazo la protección de miles de hectáreas que hasta entonces formaban parte del Espacio Natural Protegido de Cabo Cope-Puntas del Calnegre. Así comenzó una larga lucha administrativa, judicial y mediática entre quienes promueven el impactante megaproyecto y quienes creemos que es posible llevar a cabo otro tipo de proyectos más sostenibles.
Esta lucha tiene, además, un simbolismo especial, ya que buena parte de los terrenos en los que se pretende ubicar el proyecto pertenecen precisamente desde hace décadas a la empresa eléctrica Iberdrola (antes Hidroeléctrica Española), que en los años 70 pretendió construir una central nuclear, afortunadamente sin éxito debido a la gran oposición popular, con ilustres protagonistas. Este alzamiento social supuso en gran medida el inicio del movimiento ecologista organizado de la Región de Murcia.
El firme apoyo del Gobierno regional a este proyecto privado durante los años del boom urbanístico en nuestra Región, se materializó, entre otras acciones, por la modificación de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, la aprobación de las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral, y por la declaración del mismo como Actuación de Interés Regional, dándole un carácter de interés social a un proyecto urbano-turístico privado basado en la especulación.
Y ante todos estos despropósitos, las organizaciones sociales y ecologistas de la Región nos organizamos en una plataforma que ha ido recurriendo una tras otra todas las leyes y planes mencionados.
Como ya sabrá quien lea esta artículo, la Justicia en España es lenta, y en casos tan técnicos y enrevesados como este lo es aún más. Por eso han pasado años hasta conseguir sentencias como la que en mayo de este año declaraba contraria a la Ley del Suelo la previsión de dar edificabilidad a los suelos protegidos del litoral y, aplicándose a la Marina de Cope, supondría reducir en torno al 15% de edificabilidad total.
Esto, que parece poca cosa, llevado a la práctica es un torpedo dirigido a la línea de flotación de la rentabilidad real del proyecto y, por tanto, un desincentivo hacia los promotores (aunque algunos propietarios de terrenos se empeñen en que salga adelante a casi cualquier precio).
La aprobación de la modificación de los planes municipales urbanísticos de Lorca y Águilas para adaptarlos a la Actuación de Interés Regional (AIR) de Marina de Cope contaban con la edificabilidad de los suelos protegidos al convertirlos en sistemas generales con la posibilidad de transportar dicha edificabilidad a suelo urbanizable.
Traducido, esto significa que hasta ahora se pretendía construir más de lo que la ley permitía en un área determinada haciendo una pirueta urbanística que consiste en contar cuantas casas podríamos edificar en un área protegida, y «ya que allí no podemos construirlo porque está protegido», pues nos lo traemos a donde sí podemos hacerlo, con lo que aumentamos la cantidad de casas que se pueden construir, con el consiguiente beneficio económico, haciendo más de lo que legalmente se podía en un principio.
Esta práctica, que se ha usado en al proyecto de Marina de Cope para aumentar la rentabilidad, ha sido declarada contraria a la Ley del Suelo por la citada sentencia, obtenida por Prolitoral, que como comentábamos es una plataforma de asociaciones como Ecologistas en Acción, Anse y Amacora. La sentencia supone un varapalo para las expectativas de edificación en la Marina de Cope que se ven ampliamente reducidas, en torno al 15% de la edificabilidad total, lo que se estima que supondría más de 5.000 viviendas menos.
Para Ecologistas en Acción, que siempre ha considerado la AIR como un proyecto especulativo, esta reducción en más de 5.000 viviendas supone prácticamente el hundimiento del proyecto, porque lo hace mucho menos rentable, algo que en el contexto actual de crisis seguro que le quita las ganas a más de un inversor. Y así es como esta asociación entiende la retirada de Cajamurcia de este megaproyecto. El fracaso de la Autopista Cartagena-Vera es un ejemplo de cómo las expectativas de la venta y especulación de viviendas, como el resto de proyectos fracasados en toda la Región de Murcia, es la que anima este tipo de iniciativas urbano-turísticas. Lo que sorprende en este caso es que este mega-proyecto siga estando avalado por las autoridades públicas, en un paisaje único y escasamente alterado, que fue declarado Parque Regional en 1992.
Según los cálculos realizados por técnicos de la asociación ecologista para aplicar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 11 de febrero a las memorias urbanísticas del proyecto, la edificabilidad planeada se ve drásticamente reducida en unos 440.000 metros cuadrados. Esto, unido al carácter preferente del uso turístico de la AIR de Marina de Cope, es decir, construcción prioritaria del uso hotelero y equipamientos, supone que dicha reducción afectaría directamente a la edificabilidad de las viviendas, que es lo que da mayor rentabilidad al proyecto, que se reducirían en más de 5.000. Como decimos, esto supone una ´mala inversión´ para cualquier promotor que pretenda obtener ganancias con este proyecto.
Tras hacer públicos estos datos, que se recogen en el informe que esta semana hizo pública la asociación y que está disponible para cualquiera que lo desee en la web de la asociación, desde Ecologistas en Acción insistimos en la irracionalidad de este megaproyecto urbanístico en un espacio litoral con importantísimos valores ambientales, geomorfológicos, paleontológicos y culturales que podrían generar innumerables iniciativas de turismo sostenible, así como de otros sectores económicos. Además, hay que recordar que esta no será la única sentencia sobre este asunto, ya que aun quedan recursos por resolver.
Quienes vemos en el Medio Ambiente la solución y no el problema, observamos la falta de rentabilidad del proyecto gracias a una decisión judicial muy relevante y que supone un tirón de orejas a las prácticas urbanísticas de las autoridades en el litoral, como una nueva oportunidad para que el Gobierno Regional cambie de rumbo en su política de desarrollo de la Región de Murcia hacia modelos sostenibles y de verdadero interés general para el pueblo.
Para Ecologistas en Acción, que siempre ha considerado la AIR como un proyecto especulativo, esta reducción en más de 5.000 viviendas supone prácticamente el hundimiento del proyecto, porque lo hace mucho menos rentable, algo que en el contexto actual de crisis seguro que le quita las ganas a más de un inversor. Y así es como esta asociación entiende la retirada de Cajamurcia de este megaproyecto. El fracaso de la Autopista Cartagena-Vera es un ejemplo de cómo las expectativas de la venta y especulación de viviendas, como el resto de proyectos fracasados en toda la Región de Murcia, es la que anima este tipo de iniciativas urbano-turísticas. Lo que sorprende en este caso es que este mega-proyecto siga estando avalado por las autoridades públicas, en un paisaje único y escasamente alterado, que fue declarado Parque Regional en 1992.
Según los cálculos realizados por técnicos de la asociación ecologista para aplicar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 11 de febrero a las memorias urbanísticas del proyecto, la edificabilidad planeada se ve drásticamente reducida en unos 440.000 metros cuadrados. Esto, unido al carácter preferente del uso turístico de la AIR de Marina de Cope, es decir, construcción prioritaria del uso hotelero y equipamientos, supone que dicha reducción afectaría directamente a la edificabilidad de las viviendas, que es lo que da mayor rentabilidad al proyecto, que se reducirían en más de 5.000. Como decimos, esto supone una ´mala inversión´ para cualquier promotor que pretenda obtener ganancias con este proyecto.
Tras hacer públicos estos datos, que se recogen en el informe que esta semana hizo pública la asociación y que está disponible para cualquiera que lo desee en la web de la asociación, desde Ecologistas en Acción insistimos en la irracionalidad de este megaproyecto urbanístico en un espacio litoral con importantísimos valores ambientales, geomorfológicos, paleontológicos y culturales que podrían generar innumerables iniciativas de turismo sostenible, así como de otros sectores económicos. Además, hay que recordar que esta no será la única sentencia sobre este asunto, ya que aun quedan recursos por resolver.
Quienes vemos en el Medio Ambiente la solución y no el problema, observamos la falta de rentabilidad del proyecto gracias a una decisión judicial muy relevante y que supone un tirón de orejas a las prácticas urbanísticas de las autoridades en el litoral, como una nueva oportunidad para que el Gobierno Regional cambie de rumbo en su política de desarrollo de la Región de Murcia hacia modelos sostenibles y de verdadero interés general para el pueblo.
(*) Coordinador de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia
