jueves, 28 de julio de 2011

Según Núñez Feijóo, muchas CC.AA entrarán en colapso financiero a finales de 2011


SANTIAGO.- El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, ha afirmado respecto a la falta de acuerdos en Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, que "no se puede considerar un éxito" porque "no ha habido resultados", sino que simplemente se rechazaron todas las propuestas que presentaron las Comunidades Autónomas. "Lamentablemente una buena parte de las comunidades entrarán en una situación muy delicada de un posible colapso financiero a finales de este 2011", ha agregado.  

   "Planteábamos tener la misma regla que tiene el Gobierno central, que tiene un periodo medio entre 10 y 15 años para pagar su deuda. Nosotros planteábamos tener un periodo de 10 años para pagar la deuda en la que hemos incurrido por falta de un presupuesto realista del año 2008 y 2009" ha explicado para añadir que, "en el año 2008 se trataba de negar la crisis económica, se inflaron los ingresos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en consecuencia lo que se transfirió a las Comunidades Autónomas. Y ahora nos reclaman y nos dicen que tenemos que pagar en cinco años".
   El presidente de la Xunta ha dicho también que comparte la preocupación del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, respecto a la dificultades económicas que presentan las Comunidades Autónomas para cumplir con rigor las transferencias. No obstante, considera que devolver o no devolver las transferencias, como ha apuntado Valcárcel, es "otra cosa distinta".
   "Yo comparto esa preocupación. Si a usted le confieren una transferencia con un presupuesto y después para cumplir esa transferencia le bajan el presupuesto y le exigen que cumpla las mismas prestaciones que cuando tenía un presupuesto superior, y esto se hace para los próximos cuatro o cinco años. Pues este es el planteamiento que nos han hecho ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.
   A su juicio, para ser "honrados" con los ciudadanos y "consecuentes" con sus principios, las Comunidades Autónomas deben plantearle al próximo presidente del Gobierno exactamente lo mismo que le plantearon ayer al actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero: "Tener un periodo medio de 10 años para pagar la deuda".
"Que se vea que esto no es un problema entre PP-PSOE, no es un problema ideológico sino de servicios sociales. El presidente del PP, Mariano Rajoy, planteaba ayer en el Congreso el aplazamiento de la deuda de las Comunidades Autónomas porque no incrementaba el déficit público. Si tiene la confianza de los ciudadanos, eso lo ha de seguir planteando como presidente del Gobierno de España", ha subrayado.
   En este sentido, ha afirmado que había una posibilidad de "un acuerdo institucional de un pacto de Estado" en este final de legislatura y que nunca hubo un ofrecimiento "tan sincero y necesario" por parte de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, "lamentablemente" tampoco hubo nunca una respuesta tan "insuficiente y decepcionante" por parte del Gobierno.  
   Según Feijóo, "todo parece indicar que el Gobierno se desentiende de los problemas de los servicios públicos esenciales".
"Primero les dice a las Comunidades Autónomas que han de devolver lo que el Gobierno de España presupuestó mal. Después, que no cumplirán con el acuerdo de financiación y que liquidarán los fondos en el momento que el Gobierno considere oportuno. Y por último, que no dejarán a las comunidades posibilidad de pagar ese error en el presupuesto en 10 años", ha explicado.
   "Yo le puedo asegurar que el Gobierno de España no sería capaz de gestionar hoy los servicios públicos en las Comunidades Autónomas si se somete a los mismos requisitos que somete a las comunidades", ha afirmado para recordar que, "el déficit público admitido para el Gobierno central es del 6 por cierto y el de las Comunidades Autónomas es del 1,3 por cierto".
   Por otro lado, se ha referido a la idea que exponía el Gobierno de que el crédito ICO ayudase a las Comunidades Autónomas a pagar su deuda. "No es verdad que se hayan planteado créditos ICO para la mitad de la deuda. Solamente lo han planteado para lo que hay que devolver en el año 2012, es decir para una anualidad. Y en segundo lugar, se les dice a las comunidades que miren si es más barato financiar su deuda pública con el ICO y le dejarán la mitad de esa anualidad, sino que sigan financiado su deuda pública con otros bancos", ha asegurado. 
    El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha ahorrado en descalificativos para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha tildado de "lamentable". Convencido de que "pudo no haberse celebrado", ha tachado de "broma de mal gusto" la oferta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie parte de la deuda de las comunidades, al tiempo que ha anunciado que la Xunta hará "efectivo" el recurso de inconstitucionalidad para que el Gobierno abone los 805 millones que "debe" a Galicia por la financiación autonómica.
   En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego ha remarcado que su Gobierno decidirá cuando toque si opta por la banca privada o por el crédito ICO que, en todo caso, ha considerado "una broma", antes de la alertar de que la "irresponsable" decisión del Ejecutivo central de no aplazar la devolución de los anticipos provocará que muchas comunidades "entren en colapso financiero" en el tercer trimestre del año. "A ver qué hace entonces el Gobierno", ha apostillado.
   Sobre el caso concreto de Galicia, ha rechazado la devolución de competencias --como han propuesto otros presidentes autonómicos como el murciano--, si bien ha admitido que habrá que la Xunta tendrá que  "reducir capacidades de gasto". No en vano, 243 millones de los 805 que pedirá Galicia ante el Tribunal Constitucional con un recurso contra la ley de presupuestos del Estado ya estaban incluidos en las cuentas gallegas para 2011.
   Eso sí, pese a las dificultades, Núñez Feijóo ha garantizado que la Xunta "intentará preservar los servicios públicos básicos" y la "solvencia" de la comunidad, "intentando" también cumplir con los criterios de déficit público. "A efectos de los servicios públicos, el Ejecutivo central no existe", ha sentenciado en una rueda de prensa en la que ha cargado con especial dureza contra un Gobierno estatal --ha advertido-- "de fin de ciclo".

El 72,1% de los economistas cree que la economía regional empeora respecto al año anterior

MURCIA.- El 72,1 por ciento de los economistas murcianos afirma que la economía regional ha empeorado a fecha de junio de 2011 respecto al año anterior, lo que supone una "leve mejoría" de 10,9 puntos porcentuales respecto a la opinión que expresaban hace seis meses, cuando el empeoramiento era percibido por el 83 por ciento de ellos.

   Así lo recoge el número 10 del Barómetro del Colegio de Economistas de la Región de Murcia que se basa en encuestas realizadas a economistas de diferentes sectores de la Comunidad Autónoma, cuyas conclusiones han presentado este jueves en rueda de prensa su decano, Ramón Madrid, y el vicedecano, José Ignacio Gras.
   En concreto, al ser preguntados por la percepción de la economía regional con respecto a hace un año, un 72,1 por ciento de los encuestados piensa que ha empeorado, un 23,1 por ciento opina que sigue igual y únicamente un 0,7 por ciento piensa que la situación ha mejorado. El resto, un 4,2 por ciento no emite juicio.
   Esto quiere decir que "prácticamente hay consenso en cuanto al deterioro de la situación económica regional en el último año, aunque desciende el porcentaje de los que piensa que ha empeorado y desciende ligeramente el porcentaje de los que perciben alguna mejoría", según Gras.
   Y es que la proporción de encuestados que califica la situación como mejor que un año atrás ha descendido progresivamente, de forma que el barómetro de junio de 2010 recogía que el 4 por ciento de los economistas era optimista, mientras que el porcentaje descendió al 1,4 por ciento en el estudio de diciembre de 2010 y se desploma al 0,7 por ciento en junio de 2011.
   Los economistas murcianos no eran tan pesimistas desde diciembre de 2008 y junio de 2009, cuando ninguno de ellos -el cero por ciento- creía que la situación mejoraba, y los resultados son los mismos que en junio de 2008, cuando se repitió el resultado actual y solo un 0,7 por ciento apreciaba una mejoría de la economía murciana.
   Sin embargo, la percepción del empeoramiento por los economistas alcanzó su máximo en junio de 2009, cuando el 96,6 por ciento coincidía en la gravedad de la situación, y desde entonces fue descendiendo progresivamente hasta el 67,1 por ciento de junio de 2010, aunque repuntó al 83 por ciento en diciembre de 2010 hasta alcanzar el 72,1 por ciento actual.
   En una escala de cero a diez, la situación actual de la economía murciana ha sido valorada, en promedio, con 3,26 puntos, que es 0,12 puntos inferior a la valoración de la pasada edición y la más baja de todas las anteriores. Mientras, la valoración de la economía española ha sido de 3,45, lo que supone 0,02 puntos por debajo de la de diciembre de 2010.
   En concreto, la valoración de la economía murciana se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, lejos de su máxima nota de 6,76 alcanzada en junio de 2007. Desde entonces, el índice ha bajado progresivamente hasta los 3,65 de diciembre de 2008, los 3,35 de diciembre de 2009, y los 3,38 de diciembre de 2010, hasta el 3,26 actual.
   La valoración de la economía nacional ha evolucionado de forma paralela y desde su cota máxima de 6,31 de diciembre de 2006, ha bajado a los 3,61 de diciembre de 2008, los 3,60 de diciembre de 2010 y el 3,43 de diciembre de 2010.
   Estas cifras reflejan, según Gras, un "suspenso claro" y, en el presente barómetro, es cuando aparecen "las mayores divergencias entre la puntuación de la economía regional y nacional desde la edición de diciembre de 2009, en contraposición con las dos últimas ediciones en las que la diferencia fue disminuyendo paulativamente".
   Atendiendo a la situación profesional de los encuestados, los economistas que otorgan una mejor puntuación a la economía regional son los asalariados del sector privado, que califican con un 3,5, mientras que la perspectiva es peor para los asalariados del sector público (3,24), los economistas parados (3,33), los economistas empresarios por cuenta propia (3,02), y los jubilados (3).
   El barómetro recoge la situación económica prevista por los economistas para dentro de seis meses, que se eleva a 3,42 puntos para la economía regional y al 3,58 para España, por lo que su estimación es ligeramente más optimista en comparación con la situación actual, lo que pone de manifiesto una expectativa de "leve mejora económica" tanto a escala nacional como autonómica.
   Comparando la valoración actual con la previsión realizada hace seis meses para el momento presente, el barómetro refleja cierto deterioro en la valoración a escala regional, pues en aquel momento la previsión fue de 3,38 y la valoración actual es de 3,26. En cambio, acertaron el pronóstico de la economía nacional con una puntuación de 3,45, lo que pone de manifiesto un mejor nivel de confianza a nivel estatal.
   Por sectores, el barómetro pone de manifiesto que los economistas confían en el turismo, el ocio y la hostelería como el más aventajado para salir de la crisis y encabezar el crecimiento económico. En concreto, al valorar de cero a diez sus previsiones de crecimiento, los encuestados le han dado una nota de 6,20, la mayor de todas.
   A continuación, otros sectores que también aprueban a juicio de los economistas son la agricultura (5,12), la industria agroalimentaria (5,11) y nuevas tecnologías de la información y la comunicación (5,08). Por el contrario, suspenden Servicios sanitarios, salud y atención social (4,87), Comercio (4,57), logística y transportes (4,46), sector financiero, de seguros y servicios avanzados (4,2) y Otra industria (3,89).
   Destaca, por su nota negativa, el sector de la construcción, que obtiene la peor valoración con un 2,36 y que, según ha destacado Gras, "crece algo respecto a anteriores barómetros pero los economistas tienen pocas esperanzas de cara al medio plazo".
   De nuevo, los asalariados del sector privado son el colectivo más optimista, siendo los asalariados del sector público el colectivo más pesimista respecto a la situación por sectores, y todos coinciden en que la construcción y el urbanismo es el que presenta unas expectativas más sombrías.
   En una escala en la que 1 es muy malo y un 5 es muy bueno, los economistas encuestados han valorado con un 2,37 la situación actual de las empresas respecto a su situación económico-financiera, es decir, sus resultados, rentabilidad y endeudamiento, entre otros factores.
   En esa misma escala, los economistas valoran con un 2,35 la situación económico-financiera de las familias murcianas, es decir, su ahorro, salario y endeudamiento.
   En cuanto a su evolución en los próximos meses, un 58,5 por ciento de los entrevistados considera que la situación seguiría igual en el caso de las empresas y un 57,8 por ciento hace la misma consideración para las familias. Sin embargo, el 23,2 por ciento cree que las empresas van a ir a peor, frente al 29,3 por ciento que pina lo mismo para las familias.
   En cuanto a la evolución de la demanda de consumo por parte de las familias, un 35,4 por ciento de los encuestados considera que la demanda de consumo por parte de las familias sufrirá una disminución en los próximos seis meses frente al 48,3 por ciento que así lo manifestó en la edición anterior, y un 45,6 por ciento emite la misma opinión en relación con la compra de viviendas, en comparación con el 55,8 por ciento que así lo creían en diciembre de 2010.
   En cambio no existe variación entre los que creen que aumentará la demanda de consumo como la compra de viviendas respecto a la edición anterior, un 4,1 por ciento y un 2,7 por ciento respectivamente.
 
Opiniones
El decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, y el vicedecano, José Ignacio Gras, han coincidido en señalar acertada cualquier medida para reducir el déficit de las administraciones públicas e intentar recuperar el tejido empresarial, bien sea a través de financiación privada o del Instituto de Crédito Oficial (ICO), entre otras posibilidades.    Madrid y Gras han respondido de esta forma al ser preguntados por la nueva línea ICO propuesta este miércoles por la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para financiar la mitad de las devoluciones a las que tienen que hacer frente las comunidades autónomas en 2012 por liquidaciones de 2008 y 2009.
   Precisamente, el decano y el vicedecano han hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación del décimo barómetro del Colegio, que refleja que los economistas murcianos encuestados para su realización valoran el control del déficit público como una de las medidas con más respaldo dentro de las propuestas por el Pacto del Euro.
   Así, aunque el barómetro no hace referencia expresa a la medida adoptada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de aprobar una línea ICO, los economistas murcianos "tienen claro que, o el déficit público se controla, o la economía va a tener dificultades de crecer y desarrollarse", explica Gras.
   Madrid ha puntualizado que "lo más difícil es decidir cómo se controla el déficit, y los recortes habrá que hacer", pero ha criticado que "no se puede tener un nivel de ingresos de 10 y un nivel de gastos de 20 o de 15, lo que es insostenible". Hasta que no se alcance un equilibrio, ha apostado por "seguir tomando medidas de ajuste para que no se dispare el déficit".
   En este sentido, Gras ha considerado "una opción" los préstamos del ICO para tratar de evitar la destrucción del tejido empresarial, ante la falta de respuesta de la banca nacional, pero ha emplazado a no pensar que esto "se va a resolver en cuestión de poco tiempo".
   Madrid ha dicho que si las administraciones públicas pagasen sus deudas y cumpliesen la ley "favorecerían la mejora en la situación económica". Así, ha considerado positivo todo lo que sea impulsar que las administraciones públicas actualicen sus pagos, puesto que "habría un respiro enorme en el funcionamiento diario de muchas empresas".
   Por otro lado, el vicedecano del Colegio de Economistas ha afirmado que las últimas noticias de las consejerías de la Comunidad Autónoma "vislumbran que se quiere hacer un pacto para poder pagar a los proveedores que tiene la Comunidad Autónoma, lo que nos alegraría a todos".
   En este sentido, Gras ha esperado que la Comunidad siga trabajando en esa línea "lo más rápidamente posible" porque el deterioro del tejido empresarial "es muy alto, especialmente, de todos los proveedores y suministradores de las administraciones públicas, que lo están pasando mal".
   "Parece que con los nuevos vientos que corren en la Comunidad Autónoma, eso se va a solucionar de una forma rápida", según Gras, quien ha dicho desconocer si eso significará que "la Comunidad pagará rápido, si se alcanzará a algún compromiso o si habrá líneas de descuento".
   En la décima edición del Barómetro, el Colegio de Economistas ha sometido al análisis de los economistas encuestados una serie de recomendaciones o reformas relacionadas con el llamado Pacto por el Euro, cuyo objetivo es responder a la crisis y atenuar las asimetrías de competitividad que existen entre los distintos países comunitarios.
   Los colegiados encuestados han valorado en una escala que va desde 0 a 10 una serie de siete recomendaciones incluidas en dicho acuerdo para mejorar la competitividad europea, y ha reflejado que la mayoría de ellas obtienen una puntuación superior a la nota central de cinco, a excepción de la reducción de las cotizaciones sociales y aumento del IVA, que suspendió con una puntuación de 4,37.
   Los economistas, sin embargo, muestran su conformidad con el resto de recomendaciones. En concreto, la que mejor acogida ha tenido, con una puntuación de 8,42 es la lucha contra el fraude, seguida de cerca por el control del déficit público mediante la incorporación a las leyes nacionales y subnacionales de límites para garantizar la disciplina fiscal, con una puntuación de 7,52.
   A continuación, los economistas han valorado con un 7,27 vincular la evolución de los salarios con la productividad. La recomendación que es puntuada por encima de la nota media, con la menor valoración  es la correspondiente a la adaptación de los sistemas públicos de pensiones a la esperanza de vida, con una puntuación de 6,24.
   El Barómetro también recoge la opinión de los economistas murcianos sobre las corrientes de opinión que se oponen a las reformas de este Pacto del Euro, y que se aglutinan alrededor del conocido movimiento del 15-M o 19-J.
   Valoradas en una escala del 1 al 10, únicamente dos de estas críticas al Pacto del Euro obtienen una nota superior al 5, por lo que los economistas no están del todo de acuerdo con estos reproches en promedio, según el informe.
   En concreto, la crítica que mejor acogida ha tenido por los economistas, con una puntuación de 6,77 puntos es la que reprocha que la subida del IVA castigará el consumo de las clases menos acaudaladas. El otro reproche que ha aprobado con una nota de 5,97 es el argumento de que los grandes beneficiarios serán los bancos, a los que se les asegura la supervivencia a diferencia de otro tipo de empresas.
   La crítica que obtiene una puntuación más baja, un 4,01, es la que indica que el Pacto del Euro facilitará el despido y aumentarán los contratos temporales. Los economistas también suspenden con un 4,09 la posibilidad de que este Pacto reducirá el poder adquisitivo de los trabajadores y, en general, se erosionarán sus derechos laborales.
   Los colegiados también suspenden, con un 4,13, el argumento que sostiene que, a la hora de vincular los salarios a la productividad, el trabajador estará indefenso por la falta de información en relación a la que tienen los empresarios; mientras que califican con un 4,40 el hecho de que bajar las cotizaciones sociales pondrá en peligro las pensiones y no hará aumentar la productividad.

Senadores del PP por Murcia acusan al GPS de retrasar "intencionadamente" las ayudas a Lorca

MURCIA.-  Los senadores del Partido Popular por Murcia han denunciado este jueves que el "Gobierno de Zapatero y el PSOE han abandonado a su suerte a los lorquinos", ya que, según ha explicado el portavoz del grupo territorial, José Joaquín Peñarrubia, "se ha ido de vacaciones sin convocar la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, imprescindible para que se tramite el proyecto de Ley 6/2011 por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por el terremoto de Lorca". 

   Peñarrubia ha recordado que "el PSOE tiene mayoría en el Congreso y en la mesa de la comisión, por lo que la podría haber convocado cuando hubiera querido", pero, ha considerado, "han retrasado la tramitación de este proyecto de forma malévola e intencionada", ya que tienen la mayoría en la Cámara y en la comisión Interior del Congreso de los Diputados.
   Ha querido dejar claro que está conforme con que las vacaciones son legítimas y es un derecho, pero siempre y cuando estén los deberes hechos, si no "es un engaño a los ciudadanos".
   Y ha criticado especialmente a alguien que "con la cara más dura que el mármol" --en referencia al diputado socialista por Murcia Javier Mármol-- se atreve a decir que se está estudiando y valorando las enmiendas cuando es un proyecto de urgencia, eso es "excusa de mal pagador".
   El senador murciano ha explicado que desde el día 1 de julio, semana tras semana, han venido denunciado "los engaños y manipulaciones del PSOE con la tramitación de este proyecto de Ley" y ha criticado "su deslealtad con los lorquinos y, sobre todo, su falta de compromiso con los quienes están más necesitados de apoyo en estos momentos".
   En este contexto, José Joaquín Peñarrubia ha criticado la "política virtual" que han mostrado el presidente Zapatero y casi todos sus ministros, incluido Pérez Rubalcaba, que "se han paseado por las calles de Lorca con gran despliegue mediático anunciando actuaciones y ayudas que no llegan y cuando lo hacen son tan raquíticas e insuficientes que provocan vergüenza ajena".
   El senador del PP ha lamentado que los socialistas "no han dudado en mentir" e "incluso han llegado a afirmar que las denuncias del PP sobre los retrasos en la tramitación del proyecto de Ley de ayudas eran falsas".
   Esto, para el senador del PP "es muestra de que sólo pretenden huir hacia delante con el fin de ganar tiempo y trasladar a los que han de venir después, más pronto que tarde, lo que es de su exclusiva responsabilidad" --en referencia a la hipotética victoria del PP en las próximas elecciones generales--.
   En este punto, Peñarrubia ha advertido que el proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por el terremoto de Lorca se paralizará en el momento en el que se disuelvan las Cortes y, en consecuencia, se tendría que empezar de nuevo la próxima legislatura.
   No obstante, el senador ha recalcado que "si los españoles así lo deciden, el PP cumplirá con sus compromisos con los lorquinos, que no pueden estar supeditados a los intereses mezquinos y partidistas del PSOE", por lo que, "ahora, más que nunca, es necesario que los ciudadanos se pronuncien".
   "Los lorquinos, los murcianos y los españoles no merecen por más tiempo un Gobierno insensible a sus problemas y preocupaciones", ha defendido.
   Por eso, ante la "ineficacia y la dejadez del Gobierno y del PSOE" han reclamado "elecciones ya, para resolver cuanto antes las ayudas a los damnificados por el terremoto".

Martínez Moya reconoce que "lo prudente" es no hacer las transferencias de Justicia en este momento

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, ha reconocido que en la actual coyuntura económica es "prudente" no llevar a cabo las transferencias en Justicia.

   Martínez Moya, en la presentación de la Memoria del TSJ de la Región de Murcia de 2010, ha defendido, en relación a las transferencias de Justicia, que "hay que ser prudentes" y no olvidar que comportan gestión de medios personales y materiales en la Región.
   La situación de crisis económica y recortes presupuestarios a la Comunidad Autónoma, y el proceso de modernización en el que los órganos judiciales de la Región están inmersos, unido a los proyectos de leyes orgánicas, procesales  y tecnológicas no parecen conformar un escenario propicio para culminar este proceso en breve espacio de tiempo.
   Fundamentalmente por dos razones: por el ritmo de los esfuerzos e inversiones en marcha y por la necesidad de prever un plan estratégico de Justicia en la Región.
   En este sentido, ha defendido que la Justicia es "poliédrica" y existen ámbitos de actuación que no se pueden separar de las políticas estatales, como son, por ejemplo, el modelo de oficina judicial y la implantación de nuevas tecnologías. Esto evita tener organizaciones de primera y de segunda según la Comunidad Autónoma.
   Por ello, el papel que tiene que jugar el Consejo General del Poder Judicial conjuntamente con el Ministerio es el de fortalecer y generar un modelo simétrico en las organizaciones de justicia; al tiempo que ha reconocido la "atención especial" que ambos organismos han prestado a la Región de Murcia.

Garantías

El secretario de Economía de IU-Verdes en la Región de Murcia, Cayetano Jaime Moltó, ha manifestado, ante los comentarios vertidos por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, sobre la posibilidad de devolver las competencias de Educación y Sanidad al Gobierno central, que se deben garantizar todos los servicios públicos, según han informado fuentes de esta formación en un comunicado de prensa.
   Moltó ha indicado que el PP, con Valcárcel a la cabeza, ha asumido voluntariamente estas competencias y que por tanto no son "el baúl de la Piquer", y que debería reflexionar sobre su posición y en definitiva la de Murcia, defendida en cada Comisión de Política Fiscal y Financiera.
   Además, el secretario de Economía de IU- Verdes, ha recordado que desde el año 2001 en que fueron asumidas las competencias de Educación y hasta hacerse cargo de las de Sanidad, todas estas competencias fueron asumidas por el PP, máxime cuando el Gobierno central de España estaba en manos del Partido Popular.
   Respecto a las competencias de Sanidad, Moltó ha asegurado que "se vendieron como un logro al gestionar el 50% de ingresos indirectos; por ello, si ahora Valcárcel se da cuenta de que se olvidó de incluir datos tan esenciales como la población, no debería quejarse y hacer frente a sus errores".
   IU-Verdes ha considerado que "el PP debe hacer autocrítica y revisar el importante incremento que se ha producido en la asunción de estas competencias por el gasto de funcionamiento  y de gasto corriente".
   Asimismo, la formación ha "recordado a Valcárcel las rebajas fiscales que ha realizado en la última década y los caprichos de gastos en los que se embarcado y que ahora sitúan en difícil posición a la Comunidad Autónoma".

Credit Suisse, socio de Polaris, recortará unos 2.000 empleos tras ganar un 52% menos

ZURICH.- El banco suizo Credit Suisse, socio de 'Polaris World', recortará unos 2.000 puestos de trabajo, alrededor del 4% de su plantilla, con el objetivo de ahorrar 1.000 millones de francos suizos (868 millones de euros), anunció la entidad, que obtuvo un beneficio neto atribuido de 768 millones de francos suizos (667 millones de euros) en el segundo trimestre del año, un 52% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

   La cifra de negocio del segundo mayor banco suizo se situó en 6.326 millones de francos suizos (5.497 millones de euros), un 25% menos que hace un año, con una caída del 6% en los ingresos de la división de banca privada y un retroceso del 31% en su negocio bancario.
   La entidad helvética explicó estos resultados por el impacto en sus cuentas del bajo nivel de actividad de sus clientes ante un complicado entorno de 'trading' por las preocupaciones por la crisis de deuda soberana de la zona euro y el deterioro de los indicadores económicos globales, así como por la fortaleza del franco suizo y el bajo nivel de los tipos de interés.
   De este modo, en los seis primeros meses del ejercicio, Credit Suisse obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.907 millones de francos suizos (1.657 millones de euros), un 48% menos, mientras que su cifra de negocio retrocedió un 19%, hasta 14.139 millones de francos suizos (12.285 millones de euros).
   Aparte de sus resultados, Credit Suisse anunció sus planes para reducir costes en unos 1.000 millones de francos suizos mediante la aplicación de distintas medidas para mejorar su eficiencia de costes, incluyendo el recorte de aproximadamente el 4% de su plantilla, lo que se traducirá en la supresión de unos 2.000 puestos de trabajo.
   "Para posicionar a la entidad de cara a un buen resultado en un mercado con dificultades continuadas, se están aplicando una serie de medidas de eficiencia con el objetivo de reducir en 1.000 millones de francos suizos los costes, incluyendo una reducción de plantilla de aproximadamente el 4%", indicó el banco.
   En este sentido, Credit Suisse precisó que la aplicación de estas medidas representará un coste de entre 400 y 450 millones de francos suizos (347 y 390 millones de euros) en 2011, lo que reducirá el efecto positivo del programa de eficiencia este año, pero que permitirá notar su impacto positivo en las cuentas del grupo a partir de 2012.
   "Para garantizar un retorno atractivo en medio de un complicado entorno económico, continuamos siendo proactivos en la optimización de los costes", destacó el consejero delegado de Credit Suisse, Brady Dougan.

Salgado: la decisión de intervenir una caja la toma el Banco de España

MADRID.- La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, ha recordado este jueves que las decisiones de intervención en entidades financieras corresponde tomarlas al Banco de España y ha dicho además que éstas "nunca pueden anticiparse".

   Salgado, en declaraciones a la cadena SER, respondía así al ser preguntada por si a lo largo de las próximas semanas se van a producir nuevas intervenciones en entidades financieras tras la llevada a cabo recientemente en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
   La vicepresidenta ha recordado que la CAM era la institución financiera que ofreció una "mayor debilidad" en los test de estrés y que fue la misma caja la que pidió su intervención tras pedirle el Banco de España un plan de recapitalización "más potente, robusto y realista".
   "En vez de presentar un plan nuevo que pudiera dar respuesta a esas necesidades de recapitalización, la CAM solicitó ser intervenida. Por tanto, estamos en una situación singular, porque esa caja de ahorros aparecía en una situación de gran debilidad", ha dicho.
   Salgado ha apuntado que el resto de entidades financieras están llevando a cabo sus procesos de recapitalización y ha recordado que en septiembre será cuando se analice si éstos han dado los resultados esperados y la cantidad que debería aportar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para que los niveles de solvencia sean los marcados legalmente.

Bono: España "vale más que las 17 CC.AA juntas"

JAÉN.- El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha defendido este jueves que "España vale más que las 17 comunidades autónomas juntas" porque constituye un "valor añadido sobre los 17 territorios" y se ha felicitado por el acuerdo "en términos generales" alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque España, ha advertido, "no puede ser un patio de vecinos mal avenidos".

   En declaraciones a los periodistas previas a su intervención en la clausura del seminario 'Justicia, política y medios de comunicación' de los cursos de verano de Torres (Jaén), Bono ha indicado que "da la impresión de que han llegado a un acuerdo en términos generales" en el CPFF "y eso me agrada" y ha puntualizado que, aunque "he sido presidente de una autonomía 21 años, España vale más que las 17 comunidades autónomas juntas".
   En este sentido, ha advertido que "España es un valor añadido sobre los 17 territorios y, a veces, esto se pierde de vista por la pasión del momento, que puede llevar a creer a los distintos presidentes que su territorio es el más importante, pero no, el mundo no tiene ombligo, pero si tuviese, no sería una comunidad", ha recalcado.
   En esta línea, el presidente del Congreso ha expresado que "es conveniente que las distintas comunidades autónomas sepan que el conjunto y la unión entre todas es mucho más importante que la discrepancia", y es que, ha añadido, "tendríamos que ver que lo que une a los españoles es más que lo que nos separa, por más que algunos se encarguen de buscar identidades diferenciadas desde la época de don Pelayo".
   Por último, Bono ha recordado que "aquí teníamos dos asuntos autonómicos que tenían más historia que otros, País Vasco y Cataluña, pero en un momento dijeron café para todos, creyeron que era la solución mágica y tuvo sus ventajas y sus inconvenientes".
   A su juicio, ello provoca que 30 años después "hay que resolver inconvenientes porque tantas administraciones sobre un mismo territorio quizá sean muchas, ya que existen 17 defensores del pueblo, del menor y del mayor, así como 17.000 televisiones, que son muchas, sobre todo si se pagan del bolsillo de los ciudadanos", ha concluido.

Chaves, la del CPFF fue una reunión "sin tensión" en la que hubo un "consenso muy alto"

MADRID.- El vicepresidente segundo y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha asegurado este jueves que en la reunión del miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "no hubo tensión" entre el Gobierno y los consejeros autonómicos y se ha alegrado del "consenso muy alto" al que llegaron en los principales asuntos como, por ejemplo, en la necesidad de garantizar los objetivos de consolidación fiscal.

   "Todas las Comunidades Autónomas (CCAA) estaban de acuerdo con el Gobierno en la necesidad de establecer una regla de gasto a través de una ley que tiene que ser aprobada en los parlamentos autonómicos. Nosotros les vamos a enviar todos los detalles de la oferta pero en el discurso que hubo el miércoles, cuando los consejeros del PP pidieron aclaraciones, no hubo un rechazo a la propuesta del Ejecutivo", ha recalcado Chaves en una entrevista en RNE.
   Así, el ministro de Política Territorial ha valorado que los responsables de Economía de los gobiernos autonómicos 'populares' estén centrados en solucionar los problemas "reales" de los ciudadanos y no como el líder del PP, Mariano Rajoy, que sólo tiene el objetivo de "tratar de adelantar las elecciones".
   Dicho esto, Chaves ha recordado que las CCAA tienen que asumir la responsabilidad, tal y como lo establece la Constitución, de los ajustes y decidir de dónde tienen que recortar y ha exigido a los líder regionales "no sacar presuntas facturas o déficit ocultos" para "endosarle la culpa al Ejecutivo anterior o al Gobierno de la nación" en el momento en el que realicen los recortes que tienen que hacer.
   "Ustedes tienen que asumir la responsabilidad del ajuste porque, de lo contrario, se romperían las reglas fundamentales del Estado de Autonómico. Quien tiene que decidir si hay ajustes o de dónde se recorta es la comunidad, igual que el Gobierno lo hace en las competencias que tiene", ha sentenciado el ministro.

Según Valcárcel, las propuestas del Gobierno "no van por el buen camino" al ser insuficientes

MADRID.- El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado este jueves que las propuestas que realizó el miércoles el Gobierno a las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) son insuficientes y no van por el buen camino" debido a que no atienden a las peculiaridades de cada autonomía.

   A su juicio, es necesario que exista una "flexibilidad" entre la administración central y las autonómicas ya que, ha advertido, tras la reunión del miércoles da la impresión de que el compromiso de déficit de 1,3 por ciento del PIB regional "no se puede llevar a cabo".
   "Se habla de techo de gasto, pero tampoco se concreta, en función de los ingresos y gastos de cada comunidad autónoma, pero nadie nos garantiza que se vayan a tener esos ingresos. Se nos adelanta un dinero, creyendo que tal vez no hay crisis y ahora se nos pide la devolución de estos anticipos. Cosa normal aunque, ahora bien, con flexibilidad en el tiempo y no con las exigencias de hacerlo como se había pretendido anteriormente con inmediatez", ha recalcado en una entrevista en Onda Cero.
   Dicho esto, Valcárcel ha recordado que las comunidades están teniendo dificultades para financiar determinadas competencias, como por ejemplo Sanidad, por lo que, ha advertido, o se buscan nuevas fórmulas o las regiones tendrán que renunciar a esas competencias para que sea el Estado quien se encargue de garantizarlas.
   "Esto es lo más indeseable que podría ocurrir, no es lo que queremos. Pero por encima de que exista un estado de las autonomías que no sea útil al ciudadano, es evidente que habría que hacer una reflexión. Está claro que el sistema de financiación autonómica es útil pero no del todo, si vemos cómo los principios básicos del estado de bienestar generan un problema a los ciudadanos", ha enfatizado el dirigente autonómico.

Salgado: la regla de gasto debe ser "homogénea" en todas las CC.AA.

MADRID.- La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, ha indicado que la regla de gasto debe ser "homogénea" en todas las comunidades autónomas, pero eso no significa que deba ser idéntica.

   En declaraciones a la cadena SER, Salgado apuntó que "no es malo" que haya distintas alternativas dependiendo de cada comunidad, ya que, según admitió, a unas benefician más unos criterios que otros.
   En este sentido, señaló que el Gobierno es partidario de que cada comunidad utilice como parámetro para limitar el techo de gasto el crecimiento de años pasados del PIB de su región, lo que lógicamente será distinto en cada una de ellas, pero también se tendrán en cuenta las previsiones de crecimiento futuras que, en este caso, serían las establecidas por el Gobierno central para el conjunto de España.
   Según Salgado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se abordaron éste y otros asuntos, hubo un "principio de acuerdo" sobre estos criterios.
   "De lo que se trata es de unificar los criterios aunque la aplicación pueda producir resultados ligeramente distintos dependiendo de la historia de cada comunidad", añadió la ministra, tras defender que las previsiones del Gobierno central son "más robustas, han sido contrastadas con los organismos internacionales y son las que se envían a Bruselas".
   La ministra, que calificó de "bueno" el CPFF de ayer, sí que reconoció que no se obtuvieron los resultados que hubiera deseado el PP, puesto que sus peticiones no se aceptaron.
"Es verdad que el PP había estado varios días tratando de hacer ruido alrededor de este Consejo, pero las propuestas del PP no salieron adelante", admitió Salgado, tras insistir en que, no obstante, todas las comunidades mostraron su compromiso "absoluto" con el cumplimiento de reducir el déficit.
   Dicho esto, la titular de Economía rechazó que exista riesgo de colapso en alguna comunidad, y aseguró que "el esfuerzo mayor" en la reducción del déficit lo está haciendo el Gobierno del Estado, que ha tenido que reducir las inversiones, bajar el salario de los funcionarios o congelar las pensiones. "Así que la asfixia a la que se refieren (las comunidades del PP) es que simplemente tienen que ajustar sus gastos a la situación económica actual", reiteró.
   Además, recordó que las comunidades contarán el próximo año con 8.000 millones de euros más y tendrán que mantener en el 1,3% el déficit, mientras que el Estado contará con un presupuesto inferior al de este año y tendrá que seguir reduciendo su déficit. Por ello, dijo que sería "completamente injusto" atribuirle al Gobierno central cualquier posible recorte de gasto social en las comunidades.
   "La mayoría de los sacrificios del año que viene van a tener que ser hechos por el Gobierno central porque el déficit de las comunidades autónomas va a ser el mismo el año que viene que éste y sin embargo el Gobierno va a tener que seguir reduciendo su déficit", insistió Salgado.
   Por último, se refirió a la propuesta que realizó ayer su departamento para que el ICO ofrezca créditos a las comunidades por la mitad del importe que deben devolver el año que viene al Estado, y afirmó que se trata de una "oferta atractiva".