Bruselas da luz verde a subir el peaje a los camioneros españoles

LUXEMBURGO.- Los ministros de Transportes de los Veintisiete han alcanzado -con la oposición expresa de España, Italia, Irlanda, Países Bajos y Portugal- un acuerdo político, pendiente de ratificar por la Eurocámara, sobre la norma que permitirá aumentar los peajes para los camiones españoles que cruzan Europa hasta cinco céntimos por kilómetro recorrido.

   Este incremento se debe a que los Estados miembros podrán tener en cuenta al calcular las tarifas no sólo los costes de construcción y mantenimiento de las carreteras, como hasta ahora, sino también los costes del ruido y la contaminación. La denominada 'directiva euroviñeta' podría empezar a aplicarse en 2012.

   El ministro de Fomento, José Blanco, ha mantenido su oposición a la norma por considerar que "penaliza a los países periféricos" de la UE, como España, y supone una carga excesiva "en la situación de crisis económica en la que nos encontramos, que ha afectado de manera singularmente grave al sector del transporte, sector de vital importancia para Europa y que deberá favorecer la recuperación económica".

   A su juicio, esta norma "debería presentarse en el contexto temporal de la previsible recuperación económica a partir del año 2012".

   La directiva euroviñeta perjudica especialmente a los países periféricos, como España, Portugal, Grecia o Italia, ya que puede provocar un encarecimiento de los costes de importación y exportación de sus mercancías.

   Blanco dio a entender este verano que España podría también aplicar la 'euroviñeta' en su territorio para recaudar más recursos para financiar infraestructuras. Pero más tarde dio marcha atrás y aseguró al sector del transporte que no habrá nuevos peajes esta legislatura.

   Los mayores defensores de la directiva son los países de tránsito --especialmente Alemania, Austria y Francia-- que buscan limitar los problemas de congestión y medioambientales aplicando estas nuevas tasas. Francia planea introducir su nuevo sistema de peajes en 2012.

   La norma aprobada establece una serie de criterios armonizados para calcular los peajes pero no obliga a los Estados miembros. Cada país es libre de decidir si introduce o no este tipo de tasas y en qué carreteras. La directiva sólo se aplicará a los camiones de más de 3,5 toneladas, y no a los vehículos privados, aunque en este campo también deja libertad a los Gobiernos.

   Finalmente, los Veintisiete han decidido excluir del cálculo de los peajes los costes de congestión, que sí estaban en la propuesta original de la Comisión.  Además, los camiones que cumplen los estándares más exigentes en materia de reducción de emisiones no tendrán que pagar extra por la contaminación durante los primeros años. En concreto, los camiones que cumplan los límites 'Euro 5' no pagaran por contaminar hasta finales de 2013 y los 'Euro 6' hasta finales de 2017.

   La norma permitirá aumentar los peajes durante las horas punta a condición de que se reduzcan en las horas valle. Los ministros de Transporte han acordado que sólo podrá fijarse un tope de cinco horas punta al día y que el incremento máximo de precio será del 175%.

   La Comisión había propuesto que los recursos recaudados con estos peajes se dedicaran a proyectos en el sector del transporte. Como muchos Estados miembros lo rechazan, finalmente la obligación ha sido sustituida por una simple recomendación.

Oposición de España

El ministro español de Fomento, José Blanco, ha afirmado que no tiene "ningún interés" en aplicar en España la nueva norma aprobada este viernes por el Consejo de Transportes de la UE que permite encarecer los peajes para los camiones y se ha mostrado convencido de que no entrará en vigor hasta que se consolide la recuperación económica. 

   La norma establece una serie de criterios armonizados para calcular los peajes pero no obliga a los Estados miembros. Cada país es libre de decidir si introduce o no este tipo de tasas y en qué carreteras. Afectará a los camioneros españoles que atraviesen Europa porque los países centrales como Alemania, Francia o Austria sí la van a aplicar.

   "Yo no tengo ningún interés en transponer esta directiva, que saben que no es de obligado cumplimiento", ha dicho el ministro de Fomento al término de la reunión. Y ha destacado que "cuando se pueda aplicar, en el caso de que el Gobierno de España decidiera aplicarla", la UE y España ya estarán "en un momento de recuperación económica".

   Además, Blanco ha señalado que la voluntad de España "es seguir trabajando en el Parlamento Europeo para ir mejorando la directiva de acuerdo a las pretensiones del Gobierno".

   "Lo que hoy venía aquí era mucho más duro que lo que ha salido de aquí y por lo tanto yo estoy parcialmente satisfecho con el avance y el acuerdo alcanzado, aunque nosotros hayamos votado en contra", ha dicho el ministro de Fomento.

   "España ha logrado avances muy importantes en lo que se ha acordado hoy en relación a nuestros objetivos y que favorecen al transporte español. Es verdad que no alcanzamos todos los objetivos y esa fue la razón por la que nos opusimos finalmente a la directiva", ha explicado.

La agroalimentación supone ya el 15% de la exportación española

MADRID.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, destacó la vocación exportadora de la industria agroalimentaria, cuya facturación exterior supone el 15% del total de España. En concreto, el saldo comercial del sector agroalimentario ha sido positivo en los últimos años y se está incrementando este año un 20% respecto al ejercicio anterior. 

   Espinosa presentó en Consejo de Ministros un informe sobre la situación de la industria agroalimentaria en España, cuyos datos de mercado, contribución social y medioambiental, su aportación de sinergias con otros sectores económicos y la búsqueda de nuevas oportunidades constatan su carácter "estratégico y de futuro".

   Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Espinosa destacó los resultados económicos del sector, con unas ventas de 84.600 millones de euros, lo que representa el 14% de las ventas netas del conjunto de la industria española y la generación de 460.075 empleos, lo que la sitúa como primer sector manufacturero industrial de España.

   En relación con el empleo, la ministra señaló que en la actualidad la industria agroalimentaria española cuenta con 29.547 empresas de menos de 50 empleados, 24.383 empresas con menos de 10 empleados y 68 que dan trabajo a más de 500 empleados, "demostrando así su capacidad como motor de la economía".

   Espinosa destacó además la importancia del sector en la generación de sinergias con otros sectores económicos como la gastronomía, el turismo, la cultura y las nuevas tecnologías y su adaptación al modelo de producción europeo en lo relativo a la seguridad, trazabilidad, responsabilidad medioambiental y bienestar animal.

   Según la ministra, uno de los grandes objetivos de la industria agroalimentaria ha sido la mejora de la competitividad, el reforzamiento de su capacidad de crecimiento sostenible y la garantía de integración y consolidación de los sectores a lo largo de la cadena alimentaria, para lo que se han puesto en marcha distintas actuaciones tanto nacionales como comunitarias, destinadas a incrementar su sostenibilidad y competitividad.

   Por último, Espinosa resaltó el papel de la industria en el suministro de alimentos sanos, seguros y de calidad, y su colaboración en la sostenibilidad económica y social manteniendo la población en el territorio y generando actividad económica y empleo, así como su participación en la sostenibilidad ambiental a través de su colaboración en la gestión y el mantenimiento del territorio rural y el medio ambiente.

Carlos Egea se descuelga de sus socios del SIP a la hora de suscribir deuda pública catalana en forma de bonos patrióticos

MADRID.- La Generalitat de Cataluña prevé gastar hasta 145 millones de euros en sólo un año en pagar intereses y comisiones a las entidades financieras por su emisión de bonos patrióticos. Esta cantidad equivale al presupuesto anual del Tripartito en, por ejemplo, una de sus políticas estrella: el fomento del uso del catalán, publica hoy 'El Mundo'.

Esta cantidad equivale también al dinero transferido por el Estado a la Generalitat para que gestione el servicio ferroviario de mercancías en 2010 (117 millones) más la cifra adicional de 2011 (50 millones) para introducir mejoras en el servicio.

Ante el cierre de los mercados, la Generalitat está obligada a vender bonos a los particulares y, para atraerlos, tiene que ofrecer rentabilidades al menos similares a la de los depósitos bancarios a un año. Por eso ofrecerá un tipo de interés del 4,75% que en una emisión de hasta 2.000 millones le va a suponer pagar 95 millones de euros. Esta cantidad se une a los 50 millones de euros de comisiones a las entidades aseguradoras y colocadoras que van a intentar convencer a sus clientes de que compren los bonos.

Se trata de un coste que cualquier analista consultado considera un despilfarro por lo inhabitual de que una institución pública española pague tamaño interés y tan elevadas comisiones. La Generalitat ofrece así una señal de que necesita imperiosamente liquidez y que está forzada a acudir rápidamente al mercado sea cual sea el coste.

El Tesoro español está también realizando una campaña pública para colocar sus letras y obligaciones, pero hasta ahora puede compatibilizar la venta de deuda a particulares con subastarla entre inversores institucionales.

Sin embargo, la Generalitat -y el resto de comunidades autónomas- tiene vedado ahora salir a los mercados financieros por la desconfianza en su solvencia.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha dado por garantizado el éxito de la emisión entre los clientes catalanes de las entidades que colaboran en la operación. Ayer, el BBVA aceptó sumarse al grupo de colocadores y aseguradores compuesto, sobre todo, por entidades catalanas.

La Caixa ejerce el papel de coordinador y principal asegurador y participan también todas las cajas catalanas y el Banco Sabadell.

Ayer también se sumaron, con cantidades simbólicas, la caja balear Sa Nostra y también Caja Granada. Para las entidades aseguradoras, si se quedan con los bonos no colocados a los clientes, la inversión supone cobrar en un año de la Generalitat hasta un 7,75% -4,75% por intereses y entre un 2% y un 3% por comisiones- de rentabilidad. 

Además, la deuda pública catalana es aceptada como garantía cuando el sector financiero español pide préstamos a bajo interés en el Banco Central Europeo.

El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, no descartó ayer seguir los pasos de Cataluña, aunque no a corto plazo.

En su opinión, la Comunidad Valenciana sigue «colocando la deuda al ritmo que tiene previsto y al que los mercados permiten», ya que «los mercados financieros en los que se tiene que negociar la deuda están bastante cerrados».

Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) -la agencia financiera del Estado- anunció ayer que completó una emisión de bonos a tres años con un tipo de interés del 2,82%.

El PSOE exige a Cámara y PP que reclamen a Samper al menos 100 millones del convenio

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, exigió este viernes al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara y al Partido Popular que reclame a Jesús Samper, imputado en la Operación Umbra, "que devuelva urgentemente los 100 millones de euros del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Murcia porque se trata de dinero de todos los murcianos y se tiene que devolver al interés general". 

   Saura hizo estas declaraciones con motivo de las actuaciones que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Murcia en el marco de la operación 'Umbra', que se enmarca en un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública, iniciado por una denuncia de la Fiscalía. 

   El PSOE basa su petición en base al convenio suscrito por el alcalde Miguel Ángel Cámara con el empresario Jesús Samper, en julio de 1999. En dicho documento se decía que todas las plusvalías de la operación, todas las mejoras urbanísticas, deberían devolverse a los ciudadanos de Murcia y al Real Murcia. 

   Saura denuncia así que hay una serie de compromisos adquiridos con la firma del convenio que no se han cumplido, tales como la construcción de una ciudad deportiva, un campo de golf municipal, un centro de empresas y un centro de medicina deportiva, además de una residencia para deportistas. 

   Por ello, exigió al PP que "gobierne pensando en el interés general y se reponga el dinero que es de todos los murcianos, procedente de las plusvalías del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia y el empresario".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Alfonso Navarro, ha reclamado al alcalde, Miguel Ángel Cámara, que "exija de una vez por todas al propietario del club Real Murcia, Jesús Samper, el cumplimiento del convenio Nueva Condomina, suscrito en julio de 2001".

   Y es que, ha reprobado Navarro, "nueve años después de la firma del convenio Nueva Condomina, el PP municipal sigue sin exigir al propietario del club Real Murcia el cumplimientos de todos los compromisos adquiridos".

   Dicho convenio contempla, además de la entrega del estadio de fútbol al patrimonio municipal, la construcción y entrega de un campo de golf, el desarrollo de la ciudad deportiva, el centro de empresas y convenciones, el centro de medicina deportiva, la residencia para deportistas y la cesión efectiva del 10 por ciento, según ha informado el PSOE de Murcia. 

   Es por ello por lo que se ha preguntado "por qué los responsables del PP en La Glorieta siguen haciendo dejación de su responsabilidad y no defienden los intereses de los murcianos".

   Tras lo que ha recordado que el PP "sigue obviando, además de lo estipulado en el convenio, el espíritu del protocolo marco suscrito en 1999 entre Cámara y el entonces presidente del Real Murcia, Joaquín Romeo, cuyo objetivo primordial era la consolidación económica y viabilidad deportiva del club como equipo de máxima categoría". 

   Finalmente, ha considerado que todos estos compromisos "deben cumplirse en su totalidad, tanto el cumplimiento íntegro del convenio como el protocolo, porque es la única forma de garantizar el respeto a los intereses generales de todos los murcianos y la pervivencia del club deportivo".

La pobreza severa alcanza ya al 5% de los habitantes de la Región

CARTAGENA.- El presidente de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión en la Región de Murcia, Jesús Salmerón, ha propuesto en la Asamblea Regional un paquete de "medidas económicas y de coordinación de la Administración para erradicar la pobreza severa" en la Comunidad de la que dijo que "afecta ya a un 5 por ciento de la población".

   Salmerón, que representa a ocho colectivos con amplia experiencia en labores de ayuda a estos sectores sociales, se reunió con el presidente de la Cámara autonómica, Francisco Celdrán y, después, con los partidos políticos representados en la Comisión de Asuntos Sociales.

   Posteriormente, y ante unas 200 personas representantes de la plataforma leyeron un manifiesto reivindicativo a las puertas de la Asamblea Regional.

   Salmerón recordó que la mala situación de un importante sector poblacional no se ha producido ahora con la crisis económica. "Venimos de una etapa de crecimiento económico en la que, en vez de igualarse, las diferencias entre ricos y pobres se hicieron más grandes", indicó.

   En cuanto a las líneas de actuación que propuso, "lo primero es ayudar a las personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema". De manera paralela, según indicó, habrá que asistir a otras que sí se han visto abocada a una mala situación por la crisis, dado que sus sueldos o subsidios no les permiten ser autosuficientes.

   Este representante social indicó que ya ha recabado el apoyo del Gobierno regional que ha creado una comisión entre consejerías para abordar el problema. "Hoy también Celdrán ha mostrado su respaldo a nuestras iniciativas, que queremos poner en manos de los Grupos Parlamentarios", indicó.

   La visita tuvo lugar en las vísperas de la celebración del Día Europeo contra la Pobreza, señalado para el próximo 17 de octubre y dado que 2010 fue declarado año internacional para este problema.

La Comunidad Autónoma de Murcia reconoce tácitamente su quiebra técnica

MURCIA.- La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, ha  reconocido "problemas puntuales de tesorería" y "ciertas tensiones de caja" en la Comunidad Autónoma, pero quiso "tranquilizar" a la población e indicó que la caja de la Administración regional "está abierta" y todos los departamentos y direcciones generales del Ejecutivo autonómico "siguen trabajando en los proyectos que tienen en marcha".

 

   De hecho, destacó que, durante los primeros ocho meses del año "se ha producido una aceleración importantísima en la ejecución del presupuesto del año 2011, que el Gobierno regional va por delante bastantes puntos por encima en relación con la misma fecha del año anterior".

   Así, aunque admitió que "es cierto que la minoración de las entregas por parte de la Administración del Estado y de todas las comunidades como consecuencia de la situación económica está poniendo con algún problema el tema del déficit de la caja", recordó que es una situación que se produjo también el año pasado".

   Además, explicó que el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región "está trabajando con ahínco para resolver los problemas puntuales de tesorería que actualmente tiene la Comunidad", motivo por el que quiso mandar un mensaje de "tranquilidad" a todos los ciudadanos, y anunció que el Gobierno regional "va a seguir trabajando con rigor y transparencia".

   "Este Gobierno nunca ha mentido a los ciudadanos y no lo vamos a hacer ahora", según Reverte, quien no ha negado que, efectivamente, la minoración de los ingresos procedentes del Estado y de los tributos propios cedidos que gestiona la Comunidad "están generando ciertas tensiones de caja, pero igual que sucede con las economías de cualquiera de los ciudadanos en la gestión de los recursos ante estas situaciones de crisis", matizó.

   Sobre la posibilidad de poner en marcha más medidas de austeridad, Reverte recordó que el Gobierno regional "ya puso medidas de austeridad en lo que respecta al control del capítulo 2, y puso en marcha un plan de control del capítulo 1". "Ahora estamos inmersos en la negociación entre consejerías de lo que tiene que ser el presupuesto del 2011, que va a estar marcado por la austeridad", remarcó.

   La portavoz del Gobierno regional aseguró que la Administración "sigue trabajando en los proyectos que lleva a cabo día a día". Por el contrario, resaltó que el Gobierno regional está pendiente de la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda para emitir una deuda de 500 millones de euros que, una vez concedida, permitirá a la Comunidad "priorizar los pagos".

Valcárcel se empeña en ir de la mano de imputados para seguir con la trola

MURCIA.- La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, ha asegurado que el proyecto de instalación de un parque temático de Paramount Pictures en la Región de Murcia "sigue su cauce y no corre peligro" a pesar de la imputación de su principal inversor, el empresario, promotor del complejo Nueva Condomina y dueño del Real Murcia, Jesús Samper, en la operación 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia.

   "Lo deseable es que ese proyecto se concrete cuanto antes por el bien de todos los murcianos", según ha explicado Reverte en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha tenido lugar este viernes, el mismo día en que Samper ha acudido a declarar ante el titular del Juzgado Nº 8 de Murcia, David Castillejos, quien lo ha imputado por delito fiscal, inducción a la prevaricación y blanqueo de capitales.

   En este sentido, Reverte ha ratificado de forma "clara y contundente" que un proyecto "que es importantísimo para el desarrollo social y económico como el de Paramount Pictures no corre ningún tipo de peligro".

   "Por el bien de los propios interesados, queremos que la Justicia se pronuncie cuanto antes y vuelvo a reiterar la tranquilidad para todos los ciudadanos de la Región de Murcia que el proyecto sigue sus cauces, tal y como anunciaron los consejeros de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, y el de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín".

Samper declara, queda imputado y se vuelve a Madrid... de rositas

MURCIA.- El empresario y promotor del complejo Nueva Condomina y propietario del Real Murcia, Jesús Samper, ha asegurado, a su salida de los juzgados, que el titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Murcia, David Castillejos, no le ha impuesto "ninguna medida cautelar", aunque le ha imputado, según fuentes del TSJ de Murcia, delito fiscal, inducción a la prevaricación y blanqueo de capitales.

   Tras finalizar su comparecencia ante el juez que investiga esta presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia, que se prolongó durante algo más de dos horas, Samper ha comentado únicamente que "ha ido muy bien, como yo pensaba", declinando hacer ningún otro tipo de declaración al respecto.

   Esta diligencia, cuyas actuaciones continúan declaradas secretas, se enmarca en un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil  y delito contra la Hacienda Pública, iniciado por una denuncia de la Fiscalía en la denominada operación 'Umbra'.

   Samper, cuyo domicilio y despacho en Madrid fueron registrados por la Guardia Civil en el marco de dicha operación, ha llegado al Palacio de Justicia de Murcia pasadas las 9.30 horas, acompañado de tres abogados de Madrid: Ignacio Ayala Gómez, Juan Antonio Samper Vidal (su hermano) y Abraham Castro Moreno.

   A su entrada, Samper, que ha llegado a los juzgados en un coche Mercedes, ha eludido hacer declaraciones sobre la legalidad del convenio de Nueva Condomina, al ser preguntado por los numerosos periodistas que le esperaban en la puerta del Juzgado.

   Precedido minutos antes por su hermano y letrado, Juan Antonio Samper, el empresario, que ha acudido "bien, tranquilo, perfectamente y estupendo", recibió a las puertas del Palacio de Justicia el respaldo y la oposición de diversos espontáneos.

   De hecho, un vecino de Murcia, Agustín H., mostró su apoyo al empresario con un cartel en el que podía leerse 'Ánimo Samper, el Real Murcia está contigo', al tiempo que defendió "la obra tan importante que ha supuesto la Nueva Condomina" y aseguró estar con su promotor "porque va a crear, además, muchos puestos de trabajo" con la implantación del parque temático de Paramount Pictures en la Región, proyecto del que es el principal inversor.

   Otro espontáneo, por el contrario, mostró su oposición a Samper y le acusó de ser "un ladrón" y de haberse "llevado todo el dinero", por lo que consideró que "debe ir a la cárcel".

   Samper insistió este jueves en la "legalidad y con normalidad absoluta" con la que se hicieron los trámites del convenio de Nueva Condomina. 

   Además, rechazó hacer ningún tipo de comentario sobre las declaraciones de otros imputados en la operación, porque reconoció "no conocerlos", porque la información que tiene "es por los medios de comunicación" y, en tercer lugar, porque "cada uno es libre de declarar o de adoptar las posiciones que considere más oportunas para sus intereses", afirmó.

   La operación comenzó el 5 de octubre, con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encuentran el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

   Los últimos en declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia fueron el empresario Francisco Arqués, así como a los empresarios de la compañía Inveralrahu S.L., Alfonso Ramírez Huguet, y Juan Torres Fontes Suárez, todos ellos imputados por blanqueo de capitales en la operación que investiga una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Murcia.

   El juez dejó a los tres en libertad, aunque continúan imputados. Además, ha impuesto para Ramírez Huguet la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y de comunicar la salida del territorio nacional.

   En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, fueron detenidas el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato del Noce, todos ellos en libertad tras pagar sus respectivas fianzas.

   No obstante, mantienen sus imputaciones. En concreto, Renato del Noce, que está imputado por blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, tendrá obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y prohibición de salida del territorio, después de que eludiera la prisión preventiva decretada por el juez tras pagar la fianza impuesta mediante la constitución de una hipoteca sobre una finca en el municipio de Murcia.

   Por su parte, Higinio Pérez Mateos ha sido imputado por cohecho y tendrá obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y prohibición de salida del territorio, tras eludir la prisión preventiva decretada por el juez tras pagar la fianza impuesta mediante aval bancario.

   Mientras que el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, al que se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios, tendrá la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional. El director de la Gerencia de Urbanismo abonó la fianza mediante transferencia bancaria.

   Además en esta causa están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra, aunque se habla de una veintena de imputados por la misma causa. 

   De hecho en el caso del edil, imputado por un presunto delito de prevaricación, su abogado José María Caballero presentó este lunes en el registro de los juzgados de la capital una petición de sobreseimiento de la imputación por prevaricación de su defendido en la presunta trama de corrupción urbanística que se investiga en el municipio de Murcia, al entender que "no existe nada contra él".

   El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, ya anunció, tras concluir su declaración ante el juez David Castillejos, que su abogado, José María Caballero, iba a solicitar por escrito el sobreseimiento de la imputación, "ya que no tiene ninguna justificación y no hay ningún tipo de medidas hacia mi persona". 

   Al hilo, el abogado del concejal indicó que el edil había dejado todas las dudas suficientemente despejadas. Caballero entiende que "procede" el sobreseimiento de la imputación a Fernando Berberena por un presunto delito de prevaricación "puesto que ya ha dejado bastante claro todo lo que se le ha preguntado". "No hay ningún tipo de irregularidad", subrayó.