viernes, 4 de noviembre de 2011

El alcalde de Aledo, detenido por presunta corrupción, queda en libertad

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Murcia, Andrés Carrillo, ha ordenado la puesta en libertad del alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Liber', de presunta corrupción urbanística en la localidad.

   Así, el regidor queda imputado con la obligación de comparecer en el juzgado, además de la retirada del pasaporte, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.
   Alcaraz fue arrestado el pasado 18 de octubre, pero no fue hasta el día 26 cuando pasó a disposición judicial, ya que durante ese tiempo permaneció ingresado en su hospital de referencia, el Rafael Méndez de Lorca, debido a su estado de salud, llegando incluso a someterse a un cateterismo en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
   Ya en la madrugada del día 27, el titular de dicho juzgado ordenó el ingreso en prisión provisional. Estas actuaciones, declaradas secretas, forman parte de un procedimiento abierto en el que se investigan los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad.
   Diabético y operado hace cuatro años del corazón, fue evacuado desde los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia en primera instancia al hospital Morales Meseguer de Murcia, donde tras realizarle unas pruebas, se derivó a su hospital de referencia con un síndrome coronario agudo.
   Como consecuencia de estos problemas cardíacos, tuvo que ser trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para someterse a una coronariografía, una prueba diagnóstica al objeto de comprobar el estado de sus arterias.
   A tenor del resultado de esta prueba, los médicos decidieron intervenir quirúrgicamente para practicarle un cateterismo y posteriormente fue trasladado a su centro hospitalario de referencia.
   Dadas estas circunstancias, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, ordenó el cese de su detención mientras se encontrara en tratamiento médico en el referido centro hospitalario.
   Durante los nueve días que ha permanecido en la cárcel, el alcalde de Aledo ha estado ingresado en el departamento de enfermería debido a su estado de salud. Los responsables médicos de la cárcel solicitaron que el especialista en cardiología pasara consulta al primer edil, aunque la visita se solicitó por procedimiento ordinario, ya que no se trataba de una urgencia.
   Los detenidos por agentes de la UCO en esta segunda pieza de la operación 'Biblioteca', de presunta corrupción urbanística en Librilla, son el alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, dado de baja de forma cautelar en el PP; así como la secretaria municipal y exsecretaria del Consistorio, Rosario Hita y Concepción P., respectivamente; Domingo Peñalver, el que fuera propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; F.J.R.; F.J.C. --detención ésta practicada en Alicante--; F.J.M.; la letrada E.M.; J.D.B.; y el exteniente de alcalde de Aledo, Antonio Alcaraz.

La encuesta del CIS hunde electoralmente al PSRM de Saura, Tovar, Oñate y Ortíz

MADRID.- La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones generales del 20 de noviembre duda a la hora de atribuir diputados en cinco provincias, entre ellas Murcia, pero podría suponer que el PP sacara ocho escaños y cuadriplicar los dos del PSOE.

   De esta manera, y según el informe publicado este viernes, el PP ganaría por mayoría y UPyD Murcia no obtendría finalmente representación parlamentaria.
   En las últimas elecciones generales celebradas en España, el PP también obtuvo más parlamentarios en la región que el PSOE, consiguiendo siete escaños por tres del PSOE.
   En el conjunto del país, la macroencuesta del CIS otorga la victoria al PP con un 46,6 por ciento y entre 190 y 195 escaños, una mayoría absoluta aún más holgada que la que logró José María Aznar en 2000, y deja al PSOE con una horquilla entre 116 y 121 diputados y un respaldo del 29,91 por ciento, su peor dato de los últimos treinta años.
   El sondeo, basado en 17.236 entrevistas personales realizadas en 1.357 municipios de todo el país, pone de manifiesto que hay ganas de acudir a las urnas pues un 83 por ciento de los encuestados anuncia su intención de ir a votar frente a un 11 por ciento que probablemente o con toda seguridad se quedará en casa.
   Además, un 67,7 por ciento de los que piensan acercarse al colegio electoral asegura tener ya decidido su voto frente a un 31,5 por ciento que aún no lo tiene claro, y que se debate, mayoritariamente, entre PSOE y PP (27,3 por ciento).
   Al preguntar por el sentido de voto si las elecciones fueran mañana mismo, un 30,5 por ciento ya anuncia su respaldo al PP, mientras que el PSOE se queda casi a la mitad (17,9 por ciento). Si a ese voto directo se suma la simpatía declarada por los dos grandes partidos, el PP sube hasta el 33,4 por ciento y el PSOE sólo llegaría al 24,9 por ciento.
   Pero, además, un 82,1 por ciento está convencido de que el PP va a ganar las elecciones generales y la mitad de ellos pronostica una mayoría absoluta para Mariano Rajoy. Es más, un tercio de los encuestados (33,5 por ciento) anhela esa victoria de los 'populares', frente a sólo un 21,7 por ciento que desearía un triunfo socialista. Igualmente, puestos a elegir entre los dos principales candidatos, el 38,8 prefiere que gane el líder del PP frente a un 36,9 que le gustaría una victoria de Alfredo Pérez Rubalcaba.
   La conclusión del CIS, su estimación de voto, es que el PP llegaría al 46,6 por ciento de los votos, seis puntos más que en 2008, lo que le daría entre 190 y 195 escaños que suponen una mayoría absoluta holgada en el Congreso, superior incluso a la que logró José María Aznar en 2000 con 183 diputados.
   Por contra al PSOE se le calcula un 29,91 por ciento, lo que supone perder 14 puntos respecto a los resultados de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008. Con ese porcentaje se le asignan entre 116 y 121 escaños, por debajo de los 125 diputados que hicieron dimitir a Joaquín Almunia en 2000.
   En cuanto al resto de partidos, el sondeo refleja también un ascenso de IU-ICV, que pasaría de dos a ocho diputados --dos para la lista de Cayo Lara en Madrid, tres de ICV en Barcelona, y uno en Asturias (Gaspar Llamazares), Sevilla y Valencia--, con un respaldo global del 6,17 por ciento, un punto más que en el último Barómetro. Estos datos garantizarían grupo parlamentarios propio a la coalición, que en 2008 se había quedado en un diputado por Madrid y otro por Barcelona con sólo el 3,8 por ciento de los votos.
   También sube UPyD, que elevaría de uno a tres escaños su representación en el Congreso, aunque todos los diputados serían de la lista que encabeza Rosa Díez en Madrid. Se le atribuye un respaldo del 2,91 por ciento, más del doble de lo que lograron en las últimas generales.
   Los nacionalistas de CiU también subirían de diez a 13 escaños, siete por Barcelona y dos por cada una de las demás provincias catalanas, con un apoyo del 3,31 por ciento, tres décimas más que lo cosechado en 2008. Esquerra Republicana, por su parte, repetiría sus tres diputados de 2008 pese al relevo en la dirección del partido, con dos escaños por Barcelona y uno por Girona y un apoyo estimado del 1,23 por ciento.
   Por contra, el PNV perdería la mitad de su actual representación quedándose en sólo tres diputados (dos por Vizcaya y uno por Guipúzcoa), perdiendo el grupo parlamentarios propio con el que viene contando desde la Transición. En porcentaje de voto apenas pierde pues pasa del 1,2 por ciento de 2008 a un 1,17 por ciento que le otorga la encuesta.
   Al mismo tiempo emerge Amaiur, la coalición que incluye la izquierda abertzale, a la que se atribuyen tres diputados (dos en Guipúzcoa y uno en Vizcaya), si bien la mayoría de las entrevistas de la encuesta se debieron realizar antes del comunicado de ETA poniendo fin a su actividad armada, que fue el 20 de octubre y el trabajo de campo se hizo entre los días 6 y 23 de dicho mes. Su estimación de voto es del 1,05 por ciento.
   Tanto el BNG como Coalición Canaria repetirían los dos escaños que lograron cada uno en 2008, mientras que entrarían con un diputado en el Congreso tanto el Proyecto Equo, que lo obtendría por Valencia junto con Compromís pero no la lista de Madrid que encabeza su líder, Juan López de Uralde--, como el Foro Asturias de Francisco Alvarez Cascos, que obtendría escaño en el Principado.  
   En la tabla de valoración de líderes que desde abril de 2010 venía encabezando en los barómetros con intención de voto el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, se han producido varios cambios. El primero, el descenso de Duran del primer al quinto puesto, con una nota de 4,10 puntos, tras sus polémicas declaraciones sobre el subsidio agrario en Andalucía.
   Ahora la líder mejor valorada, aunque sigue sin llegar al aprobado,  es Rosa Díez, cabeza de lista de UPyD por Madrid, que logra un 4,95. Le sigue, aunque con un nivel de conocimiento infinitamente menor, la diputada de Nafarroa Bai (ahora Geroa Bai), Uxue Barkos. Ya en el tercer puesto, aparece Rubalcaba, con una nota de 4,54, menos de lo que tenía cuando se despidió de vicepresidente en los sondeos del CIS (4,62 en julio).
   Mariano Rajoy figura a continuación y, aunque logra su mejor calificación, tampoco llega al aprobado (4,43 puntos). Eso sí, Zapatero se lleva la peor puntuación de todos los líderes con un 3,05, la peor nota de quien estuvo liderando la tabla hasta hace sólo dos años.
   Además, Zapatero es el político del que menos se fían los encuestados pues un 85 por ciento asegura tener poca o ninguna confianza en él. En el caso de Pérez Rubalcaba, ese porcentaje se sitúa en el 69,3 por ciento, similar a Rajoy, que tiene una desconfianza del 71,7 por ciento.
   A la hora de juzgar la última legislatura, un 62 por ciento descalifica la gestión del Gobierno socialista, mientras que sólo un 49 por ciento juzga mala o muy mala la oposición del PP. Eso sí, el 40 por ciento cree que uno u otro lo habrían hecho igual de la crisis.

La producción industrial registra una caída del 8,6% en Murcia durante el mes de septiembre

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de septiembre decreció un 8,6 por ciento frente al mismo mes del año anterior, mientras que para España se registra un descenso del 1,7 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En cuanto a las variaciones de los índices según el destino de los bienes, se produce el mayor descenso respecto al mismo mes del año anterior, en la producción de energía con una bajada del 20,6 por ciento seguido de la producción de bienes de consumo duradero con un -19,4%, la producción de bienes de equipo con un -12,2%, de bienes intermedios con un -8,4% y la producción de bienes de consumo no duradero con un -1,7 por ciento.
   Por ramas de actividad, el mayor aumento lo registra la fabricación de bebidas con un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 41,2 por ciento seguida de la industria del cuero y del calzado con un 22,3% y la industria de la alimentación con un 1,2 por ciento.
   Por el contrario, se producen los mayores descensos en la fabricación de otros productos minerales no metálicos con una bajada del 41,9 por ciento, seguido de otras industrias extractivas con un -40%, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; refino de petróleo con un -20,7% y la fabricación de muebles con un -20,3%.
   Así como la industria textil y de la confección con un descenso del 16,4 por ciento, otras industrias con un -14,1%, la metalurgia y fabricación de productos metálicos con un -10,5%, la industria química y farmacéutica con un -7,4%, la fabricación de productos de caucho y plásticos con un -5,6% y, por último, la industria del papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados con un -0,6 por ciento.

El vicepresidente de BMN censura a quienes se permiten "el lujo de cobrar indemnizaciones no tolerables"

GRANADA.- El presidente de CajaGranada y vicepresidente segundo del grupo BMN, el murciano Antonio Jara, ha censurado este viernes que en el actual contexto de crisis "algunos aún se permitan el lujo de cobrar indemnizaciones que no son tolerables en una sociedad civilizada".

   Jara ha realizado esta valoración durante su intervención en el acto de entrega de subvenciones a varias ONG en el marco de la campaña 'Ayudamos a los que ayudan', donde ha aludido a las indemnizaciones que están cobrando algunos directivos de entidades financieras.
   "Aquí se hacen cosas malas", ha dicho a este respecto, al tiempo que ha reconocido, en posteriores declaraciones a los periodistas, que el sistema financiero "no está dando buen ejemplo" al permitir el cobro de indemnizaciones que a su modo de ver son "desproporcionadas" en momentos de crisis.
Según ha denunciado hoy CCOO, las cajas y bancos andaluces pagaron 45 millones en sueldos a sus directivos en 2010. Por este orden, las tres que más pagan a sus cúpulas directivas son Banca Cívica, en la que se integra Cajasol, 18 millones; Banco Mare Nostrum, en el que está Caja Granada y Caja Murcia, 14 millones, y Unicaja, 4,2 millones de euros.
Los secretarios generales de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia) de CCOO a nivel estatal y andaluz, José María Martínez e Íñigo Vicente, respectivamente, han calificado de "socialmente repugnantes" las retribuciones de los altos directivos de las entidades bancarias y han advertido de que "no existe proporcionalidad entre esos sueldos y los beneficios de las mismas".
Los porcentajes, según han advertido, son similares en Banca Cívica, donde las retribuciones representan un siete por ciento sobre los beneficios, y en Mare Nostrum, donde se sitúan en una horquilla entre el seis y el nueve por ciento sobre beneficios.
Martínez ha señalado que existen "problemas" en los procesos de reestructuración de Banca Cívica, donde está integrada Cajasol, y de Mare Nostrum, donde se integra CajaGranada. "Las decisiones se están tomando de manera unilateral, sin acordarlas con los representantes de los trabajadores y en contra de sus intereses", ha apostillado.
   En este sentido, el máximo responsable de Comfia ha afirmado que "lo más importante para CCOO es el empleo y la empleabilidad en unas entidades que deben ser empresas rentables y viables en el futuro" mientras que ha reclamado que "quienes han llevado a muchas de ellas a situaciones de peligro no pueden ser premiados con remuneraciones desorbitadas".

S&P ve mejor la solvencia de las diputaciones que de autonomías y municipios

BARCELONA.- La agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) considera que las diputaciones provinciales constituyen el escalafón más solvente de la administración territorial española, a excepción del sistema foral, con lo que su perfil crediticio es superior al de autonomías y municipios.

   En un comunicado, ha destacado que la de Barcelona, la primera diputación que S&P califica en España, ejemplifica la fortaleza de estas administraciones, y ostenta un rating a largo plazo 'AA-' con perspectiva negativa que deriva de la que la agencia otorga a España (AA-/A1+/negativo).

   Para S&P, las diputaciones no prestan servicios directos a los ciudadanos, con lo que no están sujetas a su presión para aumentar servicios e inversiones; cuentan con ingresos más previsibles, y un régimen de disciplina fiscal que enfatiza el equilibrio presupuestario.

España necesita financiación por 330.000 millones en 2012, según De Guindos

MADRID.- España acumula una necesidad de financiación por importe global de 330.000 millones de euros en el ejercicio 2012, lo que supone la tercera parte del Producto Interior Bruto (PIB), según los cálculos difundidos por el director del Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School, Luis de Guindos.

   De este importe, los vencimientos de la banca se elevan a 120.000 millones, cantidad que triplica la de 2011 y a la que hay que sumar los vencimientos a medio y largo plazo del Tesoro (110.000 millones), las necesidades adicionales para cubrir un déficit público del 4,4% (50.000 millones), los vencimientos de emisiones de las corporaciones (30.000 millones), y las necesidades de financiación de las comunidades autónomas (20.000 millones).
   "El problema más acuciante y el verdadero riesgo de la economía española y del sistema bancario español en estos momentos es la situación de liquidez", sostuvo De Guindos, tras destacar que los mercados se encuentran "bastante cerrados" y que si no se abren se puede intensificar "de forma notable" la restricción del crédito, sobre todo al consumo y a las pequeñas y medianas empresas.
   La cerrazón de los mercados provocará que la banca reactive la guerra de depósitos para captar pasivo, lo que incrementa el coste de la financiación y estrecha sus márgenes, por lo que "es imprescindible" avanzar tanto en los ajustes de política fiscal como en la transparencia en el sector financiero, sobre todo en cuanto a su exposición al suelo, enfatizó.
   Según De Guindos, la banca española acumula una exposición al suelo dentro de su riesgo inmobiliario y promotor por importe total de unos 120.000 millones de euros, provisionados al 30%, y debe reconocer las pérdidas en balance asociadas a su depreciación para posteriormente cubrirlas con capital.
   "Es necesaria una valoración ajustada a la realidad" dijo el ex secretario de Economía durante el Gobierno del PP, quien no obstante, rechazó de plano la necesidad de establecer provisiones por la totalidad de los préstamos en suelo por considerar que este activo "no vale cero y sería un error" hacerlo.
   El problema del suelo en España deriva de la caída de la demanda de vivienda, con entre 700.000 y 800.000 unidades en 'stock', lo que también apunta a la necesidad de ajustar las valoraciones del precio de la vivienda, sostuvo De Guindos, si bien eludió ofrecer una cifra estimativa al respecto.
   A su parecer, "si no se fuerza a un saneamiento total de los activos, incluidos los tóxicos que todavía tienen en balance los bancos, la recapitalización acordada a escala europea puede no ser suficiente para mejorar el acceso de la financiación de las entidades", ya que incentiva a dotar menos provisiones para generar más reservas y a reducir el crédito bancario, dijo.
   Los 26.161 millones de euros de capital adicional requerido por las cinco mayores entidades españolas (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Popular) según los cálculos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), suponen discriminar a la banca española, ya que olvidan sus peculiaridades regulatorias positivas, como las provisiones dinámicas, consideró.
   Asimismo, De Guindos hizo hincapié en lo "extremadamente paradójico" de que los bancos españoles, que son los que menos deuda griega tienen en balance de toda Europa, hayan resultado ser los que mayor necesidad de capital tienen después de los griegos."Hay una relativa discriminación y sesgo que penaliza a los bancos españoles, que se han visto menos penalizados en Bolsa que otros", sostuvo en alusión directa a los bancos franceses.
   De Guindos puntualizó que del informe elaborado por el Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School se desprende que el conjunto de la banca española habría necesitado unos 30.000 millones de euros para recapitalizarse si la Comisión Europea y la EBA hubieran incluido en sus mayores exigencias de solvencia a todo el sector financiero y hubieran realizado el cálculo en función del balance a septiembre y no a junio.
   Concretamente, la EBA ha aplicado un descuento de mercado sobre la deuda soberana española en el balance de los bancos del 2,8%, lo que acarrea un riesgo implícito de reducción del apetito de compra de bonos españoles, especificó.
   Dicho riesgo es menos importante que el de que la banca recurra a la reducción de los activos ponderados por riesgo (variable que se usa para establecer el capital de máxima calidad) para minimizar su necesidad de capital, lo que se traduce en una contracción de la concesión de crédito.
   En cualquier caso, De Guindos incidió en que resolver el problema de Grecia y que se genere de nuevo una expectativa de crecimiento económico en España es fundamental para que se abran los mercados de financiación para las entidades y se pueda romper el "círculo vicioso" de la elevada remuneración del pasivo y la contracción del crédito.

Santander, único banco español entre las entidades sistémicas a nivel mundial

CANNES.- El  Santander es el único banco español incluído en el listado inicial de las 29 entidades financieras con importancia sistémica, aquellas consideradas "demasiado grandes para quebrar", que el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) ha presentado a los líderes del G-20 reunidos en la localidad francesa de Cannes y que obligará a someterse a una supervisión más estricta y contar con niveles de capitalización más elevados.

No obstante, el Consejo precisó que este listado de entidades sistémicas será actualizado anualmente por la institución cada mes de noviembre, por lo que los requisitos adicionales de capitalización sólo serán exigidos a aquellas que aparezcan en la lista de noviembre de 2014.
En concreto, las entidades que sean consideradas de importancia sistémica dentro de tres años deberán generar un amortiguador adicional de capital de entre el 1% y el 2,5%, que podría alcanzar el 3,5% en caso de incrementarse los riesgos, de manera gradual entre enero de 2016 y enero de 2019.
A este respecto, los autores de la propuesta destacaron que "los duraderos beneficios económicos derivados de la mayor capacidad de resistencia de estas entidades sobrepasa ampliamente el modesto y temporal impacto negativo sobre el PIB".
"Hacer frente a la cuestión del 'demasiado grande para quebrar' exige un abanico de medidas integrales y heterogéneas", explicó la institución, que pide someter a estas entidades a "una supervisión más intensiva y efectiva".
De este modo, el Consejo plantea establecer a nivel internacional un nuevo estándar que sirva de referencia para reformar los mecanismos nacionales de resolución de estas entidades al determinar las responsabilidades, instrumentos y poderes que todos estos regímenes nacionales deberían incluir para dotar a las autoridades de cada país de la capacidad de liquidar a estas firmas financieras de manera ordenada y sin exponer a los contribuyentes al riesgo de pérdidas.
En este sentido, el FSB subrayó que las 29 entidades incluídas en este listado inicial tendrán que cumplir a finales de 2012 con los requisitos contemplados en los citados planes de resolución, también conocidos como 'testamentos vitales'.
Además, el Consejo señaló que las autoridades nacionales cuentan con la capacidad de ampliar a otras entidades la obligación de cumplir con estas exigencias en sus respectivas jurisdicciones.
El listado elaborado por el FSB cuenta con una clara predominancia de entidades domiciliadas en el Viejo Continente, ya que un total de 17 de las 29 firmas son europeas.
En concreto, aparte del Santander, aparecen otros bancos como Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dexia, Crédit Agricole, HSBC, ING, Lloyds Banking Group, Nordea, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, Unicredit y Banque Populaire.
Por su parte, EEUU cuenta con 8 representantes: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, State Street, Wells Fargo y Bank of New York Mellon.
El resto de de entidades consideradas de importancia sistémica por el FSB son Bank of China, y las japonesas Mitsubishi, Mizuho y Sumitomo Mitsui.

Los sindicatos de la CAM denuncian que se ha aumentado dos horas el horario laboral

ALICANTE.- La plataforma de unidad sindical de Caja Mediterráneo (CAM), integrada por SICAM, UGT, Alta, CCOO y CSICA, ha presentado un escrito ante la Inspección Provincial de Trabajo en el que denuncian el aumento en dos horas de la jornada laboral de los empleados de la entidad alicantina.
 
Según han informado fuentes sindicales, la firma y entrega de este documento llega después de que los sindicatos no hayan recibido respuesta de la Inspección de Trabajo a su solicitud de una reunión, petición realizada el pasado 25 de octubre.
En el escrito la plataforma asegura que el pasado jueves 20 de octubre la Dirección Territorial de Murcia de CAM dio las primeras instrucciones para que los empleados acudieran a trabajar todas las tardes de 17 a 19 horas, un tramo que "no sería remunerado".
Para las organizaciones sindicales, los responsables de oficinas de CAM están siendo "coaccionados por sus superiores" para este aumento del horario laboral.
La plataforma sindical ha recordado que esas dos horas incumplen el artículo 31 del convenio colectivo de cajas de ahorro, así como el acuerdo laboral firmado en junio de 2008, donde se indica que el horario de los trabajadores de CAM es de 8 a 15 horas, ampliado los jueves primero y último de cada mes de 16.30 a 20 horas, excepto festivos.
Así pues, son "horas extraordinarias todas las que se hagan fuera de ese horario".
Los sindicatos no entienden como "en una empresa con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en vigor, que supone reducción de empleos alegando la disminución del negocio, se puede exigir a la plantilla que haga horas extraordinarias fuera de su horario legítimamente establecido".
Los sindicatos aseguran que el personal de la caja de ahorros acude a su puesto de trabajo en esas horas "por miedo a ser represaliados por sus superiores".
La Inspección Provincial de Trabajo tiene ahora 15 días de plazo para estudiar si aceptan intervenir en este hecho, según las citadas fuentes sindicales.

La CAM se desangra: se hunde en Bolsa y pierde el 80% del patrimonio de fondos de inversión

VALENCIA.- A medida que transcurren las semanas se constata el abandono que está sufriendo el pequeño inversor de Caja Mediterráneo (CAM). Y no sólo de los 'accionistas', es decir, de los cuotapartícipes, sino también de los partícipes de fondos de inversión. Por no hablar de los que tienen preferentes y subordinadas. Mientras tanto habrá que esperar a la celebración de las elecciones del próximo 20-N para conocer qué entidad se va a quedar con la caja alicantina en el proceso abierto que mantiene el Banco de España. Pero el tiempo va pasando y los minoristas asisten -no sin cierta desilusión- a cómo se reducen sus inversiones en los productos de la entidad intervenida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según www.valenciaplaza.com

Las cuotas participativas hicieron ayer historia al cerrar en el nivel más bajo desde los 5,84 euros que debutaron en bolsa en julio de 2008. Concretamente lo hicieron en los 1,28 euros después de dejarse un 3,76%, 'pecata minuta' comparado con el 78% que se han dejado en el camino en su trayectoria bursátil. Sin embargo, todavía están algo lejos de los 0,91 euros que llegaron a marcar durante la sesión del pasado 26 de agosto.
"La situación es muy complicada y nos sentimos completamente abandonados", advierte Víctor Baeta, presidente de la Asociación de Impositores Valencianos de la CAM, que ha solicitado formalmente una entrevista con el conseller de Economía para que "haga de mediador entre los cuotapartícipes y los actuales administradores del Banco de España en la caja alicantina". Aunque algún analista consultado por este digital se sorprende que esta valor no valga cero, al ser la caja una entidad en quiebra técnica e intervenida.
Baeta tiene claro que los 'accionistas' de la CAM junto al Estado han "contribuido a capitalizar la caja para pagarnos así", mientras confía en que más pronto que tarde obtengan una respuesta y para ello no se va a cansar de reunirse con los responsables del Banco de España y el FROB "tantas veces como sea necesario por el bien de la entidad, sus trabajadores, depositantes e impositores".
Mientras tanto, Gestimed, la gestora de fondos de inversión de la CAM, cerró octubre con el patrimonio más bajo de los últimos años, según las cifras provisionales aportadas esta misma semana por la Asociación de Instituciones de Inversión Coletiva y Fondos de Pensiones (Inverco).
La estampida de los partícipes va a más hasta el punto que gestoras de tamaño bastante más reducido se sitúan ya por encima de Gestimed, que ocupa el puesto número 51 del ranking que elabora la patronal del sector.
Una posición que dista mucho de las posiciones que históricamente ha ocupado -entre las veinte primeras- y que es síntoma evidente de la desconfianza que inspira la entidad entre sus pequeños inversores. Una circunstancia a tener muy en cuenta, dado que este patrimonio de fondos se dirigió en un primer momento a participaciones preferentes para ganar solvencia y más tarde a depósitos para liquidez.
Los 484,95 millones de euros que gestionaba Gestimed a 31 de octubre pasado, siempre según los datos provisionales de Inverco, representan una caída del 31% en lo que va de año y de un 55% tomando como referencia los 1.071,20 millones que tenía a buen recaudo el último día de 2009. Nada comparado con el 80% que se ha dejado atrás desde que arrancó la actual crisis, puesto que a 31 de diciembre de 2007 el patrimonio de la gestora de la CAM era de 2.305,32 millones de euros.

España, peligro inminente / Ignacio Ramonet *

La histórica decisión de la organización ETA (Euskadi Ta Askatasuna), anunciada el pasado  20 de octubre, de “cesar definitivamente su actividad armada” sin condiciones, pone término a 43 años de violencia política en España, y representa el fin de una suerte de trágica excepción española en Europa. 

Desde la muerte del dictador Franco en 1975 y la adopción por referéndum de la Constitución en 1978, nada justificaba el recurso al asesinato político, al atentado o a la violencia armada. Todo ello (así como la tortura y la represión policial) ha causado un enorme sufrimiento social y centenares de víctimas mortales. La propia sociedad vasca, como lo expresó el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en julio pasado, ya no toleraba el terrorismo.

Es menester ahora avanzar hacia la construcción de la paz y la convivencia, sin vencedores ni vencidos, en el marco definido el 17 de octubre pasado por los expertos internacionales en la Declaración final de la Conferencia de Paz de San Sebastián (1). Éstos aconsejaron “tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto”, o sea: la situación de los presos y de los clandestinos; la restitución de las armas; la compensación y la asistencia a todas las víctimas; el reconocimiento del dolor causado; y la ayuda para sanar las heridas personales y sociales. Pero también, si se desea establecer para siempre la concordia, habrá que avanzar de manera responsable en lo político con la participación de todos los partidos democráticos de España y Euskadi.

Es interesante observar que ETA ha anunciado su adiós a las armas justo un mes antes de las decisivas elecciones legislativas del 20-N. Un escrutinio que, según las encuestas de opinión, debería ganar con fuerte probabilidad el Partido Popular (PP), vencedor ya de las últimas elecciones locales. ¿Ha querido ETA, en cierto modo, influir en ese escrutinio? ¿Ha deseado, con el cese de su actividad armada, apoyar una línea nacionalista no violenta que, como lo demostró el éxito de Bildu en las elecciones municipales de mayo pasado, cuenta hoy con la simpatía de una gran parte del electorado abertzale? ¿En qué medida el fin del terror podría también ser capitalizado electoralmente por el PSOE como una victoria política del Gobierno actual capaz de atenuar su anunciada derrota?

Muchos electores habituales del PSOE estaban decididos, en efecto, a sancionar esta vez al partido de José Luis Rodríguez Zapatero. No sólo a causa de la crisis inédita que vive el país sino por las brutales políticas de ajuste (“impopulares pero necesarias”, afirmó el Presidente) que han castigado sobre todo a las clases medias y humildes, así como a los jubilados y a los jóvenes. Y porque Zapatero –en una muestra de “coraje político”, según él–, se ha rendido a los mercados, no dudando en asumir las consignas ultraliberales exigidas por los inversores internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la canciller alemana Angela Merkel.

Pareciera además que la impopularidad actual del presidente Zapatero lo inhibiera en algún modo de cualquier pudor a la hora de tomar, a final de mandato, medidas descaradamente conservadoras, últimos desafíos a su propio electorado socialista. Por ejemplo: la reciente reforma de la Constitución, sin referéndum, para limitar los déficits presupuestarios como se lo exigían Francia (que no se lo aplica a sí misma) y Alemania. O la muy controvertida decisión del 4 de octubre pasado (cuando ya las Cortes estaban disueltas), de firmar un acuerdo en el que España cede a EEUU la base de Rota como sede naval del escudo antimisiles de la OTAN.

Zapatero se lo ha puesto muy difícil a su virtual sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, al dejar un Partido Socialista desorientado, confundido, aturdido, extraviado, exánime y derrotado. No se repondrá fácilmente el PSOE. Le esperan largos años de travesía del desierto en espera de su refundación.

No es buena noticia para España. Sobre todo porque la izquierda de la izquierda, de donde deberían provenir las ideas más audaces y más constructivas para sacar al país del atolladero se halla demasiado fragmentada. Y porque otras fuerzas de progreso que suben en el resto de Europa, la ecología política por ejemplo (léase, en esta misma página, el artículo de Joan Martínez Alier), se encuentran aún, aquí, en el limbo.

Este contexto favorece electoralmente al PP. Y las encuestas lo anuncian, en efecto, como vencedor del próximo escrutinio. Muchos electores que se disponen a votarlo creyendo que un eventual Gobierno de Mariano Rajoy hará una política económica diferente de la de Zapatero –o sea una política sin ajustes, sin recortes y sin austeridad–, deben saber que no será así. Simplemente porque Zapatero, en los últimos 18 meses, ha hecho, en economía, una política ya de derechas. Y que, con mayor razón, Rajoy la acentuará.

Basta con ver cómo se está comportando la derecha actualmente en otros pagos. En Cataluña, por ejemplo, el Gobierno de la Generalitat presidido por Artur Mas (Convergència i Unió) está aplicando (“sin que nos tiemble la mano”, ha dicho Mas) recortes drásticos en los sectores de la Sanidad y de la Educación que han disparado las protestas. En Sanidad, por ejemplo, anunció una reducción de mil millones de euros, o sea el 10% de los recursos con los que contó el pasado ejercicio en tiempos del Tripartito. Ello significa cierre de centros sanitarios, supresión de plantas y quirófanos, pérdida de camas, despido de auxiliares y médicos, supresión de turnos de noche, etc. O sea, castigo para los pacientes.

 En Castilla-La Mancha, la presidenta María Dolores de Cospedal (PP) presentó a final de agosto pasado un plan de choque para recortar más de 1 800 millones de euros. Congeló la oferta pública de empleo en todos los sectores y suprimió el 40% de los puestos de personal eventual en la Administración pública. A los profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria se les aumentaron autoritariamente dos horas lectivas cada semana. Se suprimieron casi todos los centros de formación de los docentes. Y los mayores recortes están previstos en el sector de la Sanidad (2). Para el PP, Castilla-La Mancha es el laboratorio de lo que la derecha se dispone a hacer si Rajoy consigue llegar a La Moncloa. El peligro es pues inminente. ¿Acaso la propia María Dolores de Cospedal no definió su brutal terapia de choque como “un ejemplo” para toda España?

(1) El País, Madrid, 18 de octubre de 2011.
(2) Idem, 31 de agosto de 2011.