MADRID.- Agotado el plazo que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, había dado a Murcia para retirar el pin parental”, hoy ha acudido a la vía judicial, como había anunciado, al considerar que es una iniciativa “dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado”.
El departamento de la ministra Isabel Celaá ha solicitado también, con carácter de urgencia, la adopción "como medida cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones recurridas".
Educación ha presentado ese recurso ante el TSJ de Murcia de manera que el «pin parental» podría quedar desactivado en menos de un mes si el tribunal decreta, como medida cautelar, la suspensión de la norma al considerar que su aplicación está provocando un daño a los menores.
De
hecho, Educación ha informado de que ha solicitado que se suspendan las
instrucciones de Murcia con la adopción de una cautelar consistente en
la suspensión de las instrucciones recurridas.
Pero también puede
ocurrir que el juez desestime aplicar la medida cautelar y no se
pronuncie hasta que haya sentencia, lo cual podría tardar, por lo menos,
un año, dependiendo del volumen de trabajo de los tribunales.
Murcia
quiere que los padres de los alumnos tengan que autorizar de manera
previa y expresa la asistencia de sus hijos a las actividades en el
centro escolar, recibiendo una información anticipada de todas ellas.
Educación considera que esta práctica “es contraria a la Ley Orgánica de
Educación (LOE), las propias normas autonómicas de esta región, así
como a la Ley Contra la Violencia de Género”
Según
Celaá, cree que “es ilegal” porque “cualquier norma que recogiera esta
censura previa, este veto, vulneraría los derechos de los alumnos y
alumnas a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Del mismo modo, Educación
ha argumentado que el “pin parental” colisiona con el derecho
constitucional fundamental a la educación, contraviene diversos tratados
internacionales ratificados por España (Convención sobre los Derechos
del Niño, Declaración Universal de los Derechos Humanos), así como el
Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia,
la normativa educativa, la legislación sobre la violencia y la normativa
específica en materia LGTBI.
Además
considera que los docentes, basándose en la autonomía pedagógica de los
centros, “tienen la competencia para diseñar las actividades
complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo
establecido en los currículos correspondientes”.
Celaá también se basa
para justificar su acción en diversas sentencias del Tribunal
Constitucional, que señalan que “el derecho a la objeción de conciencia
solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente
contemplados por la Constitución y las leyes”.
Murcia
no está dispuesta a dar ni un paso atrás, tal y como dijo ayer el
consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, que ayer aseguró
que no retiraría el “pin parental” a menos que así lo exija un juez. De
hecho, se mostró confiado en contar con los avales jurídicos y de
inspección para esa medida.
Celdrán
ha reconocido que el Ejecutivo regional cuenta con la posibilidad de
que el juez decrete la suspensión cautelar del veto hasta que se
resuelva el asunto judicialmente y, si es así, lo acatarán, pero ha
insistido en la idea de que el proceso es una “cortina de humo” para
evitar resolver el problema catalán.
En
su opinión, el asunto se debería haber abordado desde el diálogo, pero
el presidente Pedro Sánchez “no ha atendido las llamadas de Fernando
López Miras ni de los consejeros murcianos, al contrario de lo que hace
con los políticos independentistas”.
El
secretario general de Escuelas Católica, Luis Centeno, ha insistido en
la idea de que “el pin parental" en nuestros colegios, o en aquellos con
ideario o proyecto educativo, no es necesario porque las familias
tienen la seguridad de que todas las actividades y contenidos que se
impartan a los alumnos tienen que estar en consonancia con dicho
ideario”.
Sin embargo,
cree que otros centros, como los públicos, que "tienen la obligación de
ser neutros ideológicamente ( art 18 de la LODE y sentencias del
Tribunal Constitucional) y aquellos privados, sin un ideario definido,
tienen que garantizar el derecho de los padres a que sus hijos o a que
la formación que reciban en aspectos morales o de conciencia sean
acordes con la voluntad de los progenitores (art. 27.3 de la
Constitución.
Por lo tanto, en los centros públicos consideramos que sí
que puede tener fundamento exigir una información y consentimiento
previo de las familias para que los alumnos reciban cualquier contenido
que afecte a cuestiones ideológicas, morales o de conciencia”, ha
manifestado.
El polémico permiso parental es una medida impulsada por Vox en Murcia a cambio de apoyar al Gobierno del PP y Ciudadanos de dicha región y se alega que los padres deben dar su permiso para que sus hijos participen de actividades y charlas, en especial sobre las que tratan temas de diversidad y afectivo-sexuales.
Desde el principio ha contado con el rechazo del Gobierno central y de la gran mayoría de autonomías y la comunidad educativa. Andalucía y Madrid, comunidades donde Vox también quería implantar el permiso parental, se han desmarcado de la medida.
El polémico permiso parental es una medida impulsada por Vox en Murcia a cambio de apoyar al Gobierno del PP y Ciudadanos de dicha región y se alega que los padres deben dar su permiso para que sus hijos participen de actividades y charlas, en especial sobre las que tratan temas de diversidad y afectivo-sexuales.
Desde el principio ha contado con el rechazo del Gobierno central y de la gran mayoría de autonomías y la comunidad educativa. Andalucía y Madrid, comunidades donde Vox también quería implantar el permiso parental, se han desmarcado de la medida.
