MADRID.- La sanidad pública en España está inmersa en un caos monumental de recursos humanos. Más de un lustro de recortes, precariedad, jubilaciones forzosas y restricciones en el número de MIR
para ahorrar y fortalecimiento de la privada ha llevado a que falten
miles de médicos, según denuncian sindicatos médicos y comunidades en El Confidencial.
No
es algo puntual, sino que media España tiene problemas para cubrir
plazas de anestesistas, médicos de atención primaria, pediatras,
radiólogos... La situación empeorará los próximos años con la jubilación de 45.000 médicos (el 21%), los que entraron en el sistema en el 'boom' de los 80.
El
Ministerio de Sanidad, que no previó esto, ha creado un grupo de trabajo con las comunidades y los sindicatos médicos avisan de que ahora se cosechan errores de años.
Desde que un médico entra en la facultad hasta que obtiene la
especialidad pasan 10 años, así que la inercia del sistema dificulta
apaños rápidos.
¿Qué está pasando? No es que
haya cundido un alarmismo súbito, sino que lo que podía parecer un
problema periférico ha acabado por delatar una falla estructural en el
sistema sanitario público que se explica por una combinación de
factores.
En 2013, Hacienda impuso un duro recorte a las comunidades autónomas y estas encontraron una buena forma de ahorrar: obligaron a jubilarse a los médicos de 65 años, que hasta entonces podían ejercer voluntariamente hasta los 70, cosa que hacía la mayoría. Así fueron jubilados a la fuerza entre 5.000 y 10.000 médicos
(una de las cosas que están asomando es la falta de estudios
actualizados con visión de conjunto al ser una competencia autonómica). Francisco Miralles, secretario de la Confederación Estatal de sindicatos Médicos (
CESM),
recuerda aquellos días: "Ya veíamos venir jubilaciones masivas pero el
Gobierno decidió hacer caja de todas formas. Apretó a las comunidades y
estas respondieron jubilando médicos. Solo se repusieron el 10% de las plazas".
Javier Cerdán era cirujano del Hospital Clínico de
Madrid. Él es uno de los que recibió esa carta obligándole a jubilarse a
los 65 en contra de su voluntad. Estaba en la unidad de coloproctología
y operaba cuatro días a la semana, en jornadas de sol a sol. El quinto
día pasaba consulta.
En febrero de 2013 cumplió 65 años y el 30 de abril
de ese año le llegó la carta de despido. "Un país se debe preguntar
seriamente si a los 65 años son jubilables todos sus profesionales. En
ese momento yo estaba en una actividad plena y transmitiendo el
conocimiento a mis colegas, que es lo que me gusta".
En vez de tomarse
vacaciones, Cerdán siguió pasando consulta hasta el 15 de mayo de ese
año, el último día que le tocaba, y se despidió llorando del hospital en el que había pasado 41 años. Muy pocos fueron los elegidos para prorrogar su actividad y sus casos a menudo se vieron envueltos en acusaciones de enchufismo. No pasó solo en Madrid, sino que todas las comunidades hicieron lo mismo. Eran los peores días de la asfixia económica.
Es discutible que su caso, como el de tantos otros, supusiera tal ahorro para la sanidad pública. Estos comenzaron a cobrar la pensión máxima.
Su remuneración pasó de salir del presupuesto autonómico a las arcas de
la seguridad social, pero es dinero público en cualquier caso.
Además,
Cerdán no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a operar en una clínica
privada, concluyó las tesis doctorales que estaba dirigiendo y sigue
acudiendo a cursos, jornadas y congresos. "Lo pasé muy mal unos meses.
Cuando volvía al hospital tardaba media hora en caminar unos metros
porque todo el mundo me saludaba. Ahora ya lo llevo bien", explica en un
café de la capital. Además de no ahorrar mucho al bolsillo de los
contribuyentes, ha beneficiado a la privada, que ha recibido cientos de médicos con experiencia dispuestos a ir allí a complementar su pensión.
Tras
ese parche, las comunidades han comenzado a relajar los criterios para
jubilarse a los 70 años. Ahora conceden las prórrogas de forma más
flexible. Algunas cada seis meses, otras hasta los 67 años… Pero el
problema solo va en aumento. En los próximos años las jubilaciones van a
multiplicarse, como
ocurre en general en todo el cuerpo de funcionarios. Juan Manuel Garrote Díaz, secretario de la Organización Médica Colegial,
que agrupa a todos los colegios de médicos, pone cifras al problema de
la invertida pirámide de la población sanitaria.
"Somos 253.000 médicos
en España, de los que hay unos 213.000 médicos en activo, eso implica
que tenemos una ratio por paciente de las más altas del mundo. En
principio no deberían faltar. Más que faltar lo que pasa es que están mal distribuidos y mal contratados. Además, tenemos una población sanitaria envejecida. En los próximos cinco años se jubilarán 45.000 médicos, el 21%".
La consejería de Sanidad de Asturias detalla cómo afecta la situación en
esa comunidad. "La sanidad asturiana emplea actualmente en su plantilla
estructural a unos 1.300 facultativos en edad próxima a la jubilación
que son los nacidos antes de 1960. Esta cifra supone aproximadamente un tercio de la plantilla
del Sespa [Servicio de Salud del Principado de Asturias].
Unos 515 de
estos médicos están en edades de jubilación antes del 2020 (nacidos en
1955 o antes) que en muchos casos son los de las primeras promociones de la Universidad de Oviedo",
según un documento autonómico que resume el problema. El diagnóstico
común es que no ha habido diagnóstico, que cada decisión ha seguido a
otra sin pensar a medio plazo.
"En el conjunto del país no se ha hecho
nunca una planificación seria y rigurosa de las necesidades de
especialidades", sostiene la consejería asturiana.
Francisco Miralles, secretario del CESM, coincide: "Hay una ausencia total de planificación.
Llevamos 20 años reclamando un registro de profesionales. Lo firmamos
en 2013 en Moncloa y aún no está hecho. Cada servicio de salud conoce
sus nóminas pero no lo comparten. Vivimos de sensaciones y con esas
tomamos medidas".
En esas sensaciones está que no faltan médicos solo de
una especialidad, que el problema está bastante extendido. Miralles
está sentado en una cafetería en el centro de Madrid junto a Tomás Toranzo,
también médico y presidente del CESM. Se van quitando la palabra al
caer en las especialidades donde hay lagunas.
"La atención primaria está
bajo mínimos". "No hay médicos de familia ni pediatras ". "En muchas
zonas faltan anestesistas y radiólogos". "Pero en otros hospitales
faltan urólogos, cardiólogos, traumatólogos... falta de todo. En según
qué zona falta un tipo de médicos". Miralles pone un ejemplo de su
comunidad, Murcia.
"En los hospitales comarcales es muy difícil cubrir
las plazas. El de Caravaca tiene dos radiólogos y necesitaría cinco,
pero los que hay en Murcia no van allí". La falta de médicos es mucho
más acusada en zonas de la periferia que en Madrid, Barcelona y otras
grandes ciudades. Pero el sistema no incentiva que vayan a zonas menos
pobladas.
Una paradoja es que la universidad española ha multiplicado el número de facultades privadas de medicina y se licencian en medicina más de los que el sistema absorbe, pero muchos se han ido al extranjero.
José Martínez Olmos, senador del PSOE y
exalto cargo de Sanidad,
cree que este éxodo ha sido fundamental, más que las jubilaciones.
"Cuando se empiezan a tomar medias contra la crisis muchos profesionales
se van fuera de España.
Ahora, cuando empiezas a tener más
posibilidades presupuestarias, no hay gente en las bolsas de empleo para
cubrir las plazas". La oferta en España, a menudo
encadenar contratos eventuales durante años —algunos firman por horas, lo que dure una guardia—, no es atractiva para muchos de los que se fueron.
Cuantificar ese éxodo es, de nuevo, difícil. La Organización Médica Colegial expide un certificado a los que buscan ir a otros países de la UE. Solo en 2017 lo pidieron unos 2.500 médicos
(400 menos que el año anterior).
"Probablemente no se hayan ido todos
sino las tres cuartas partes. De esos la mayor parte son médicos de
familia —es normal porque son los que más hay— pero después le siguen
anestesistas", explica Garrote en su despacho.
"En España tenemos 42
facultades de medicina, que es una barbaridad, cuando en otros países
hay diez. Reino Unido y los países nórdicos no tienen tantas
universidades y contratan de fuera y pagan incluso a los médicos
españoles para que aprendan el idioma y hacen contratos estables. En los últimos 10 años se habrán ido unos 25.000 médicos.
Muchos han vuelto, pero a otros cuando los llamas con una oferta
precaria prefieren no hacerlo porque allí tienen mejores contratos y
consideración".
Otros de esos médicos eventuales
se han pasado a la privada,
hasta hace unos años considerada una opción para las tardes, para
complementar el trabajo en la pública, y cada vez más un sitio donde
trabajar a tiempo completo.
La tormenta perfecta no acaba con las
jubilaciones de médicos, el envejecimiento y la emigración masiva. Con
los recortes, el Gobierno bajó las
plazas del examen MIR, el imprescindible para obtener la especialidad y trabajar en el sistema público en España. Hace una década había 7.000 plazas de MIR y el año pasado 6.200. Este año ha subido a 6.500 plazas.
Las
comunidades quieren ampliar ahora las unidades acreditadas para formar
residentes en los hospitales pero de nuevo los recortes demoran la
solución. Ahí hay otro "cuello de botella burocrático"
que explica Martínez Olmos: "Hay que acreditar unidades de docentes para
el MIR, pero hasta ahora lo tiene que hacer el ministerio y como faltan
funcionarios, porque también ha perdido con la crisis, tarda dos años.
Hemos pedido que tengan una autorización propia de la comunidad y que el
gobierno lo audite, pero hay que aligerarlo". Solo Andalucía tiene pendientes de acreditar 96 plazas en 21 unidades docentes, según una portavoz.
La solución evidente parece traer médicos de fuera, pero de nuevo eso
está complicado. El Ministerio tiene que homologar los títulos de los
médicos extracomunitarios que quieren ejercer. Pero el procedimiento
acumula otro atasco de miles de expedientes. La
situación es tan crítica que muchos gerentes de hospital han empezado a
contratar médicos, la mayoría latinoamericanos, sin que tengan todavía
su título de especialista homologado. Andalucía ha reconocido que tiene
en el Sistema Andaluz de Salud a 60 médicos sin el título homologado y la oposición ha llevado el caso al Parlamento. Lo mismo ocurre en otras comunidades como Castilla-La Mancha.
El Ministerio de Sanidad no ha querido hablar para este reportaje y ha remitido a
una comparecencia de la ministra de Sanidad,
Dolors Montserrat,
en el Senado interpelada por el PSOE sobre la falta de médicos. Allí
recordó que las competencias son autonómicas desde 2001 (cuando el
Gobierno de Aznar las transfirió aunque algunas autonomías no querían) y
señaló que su tarea es la de coordinar: "Lo que hacemos es facilitar la
planificación de las necesidades de profesionales sanitarios del
Estado, coordinar las políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud y mejorar la seguridad del paciente".
Las vías de agua ya son tantas que el ministerio ha creado un grupo
de trabajo con las comunidades para ver cómo taponarlas. Ya es un
problema político. "La falta de médicos había que haberla planificado
antes, hace ya unos años y no agravarla como hizo el Gobierno de España cuando comenzó a reducir las plazas MIR.
En el último consejo interterritorial de salud, del pasado 8 de
noviembre, se destacó la necesidad de medidas a corto plazo para
solventar las necesidades de especialistas más generalistas, como son médicos de familia, pediatras, internistas, cirugía general y aparato digestivo.
En breve será más urgente, porque se añadirá el recambio generacional
que hay en los centros de salud y los hospitales. Allí, el Ministerio de
Sanidad no planteó ninguna medida para resolverlo, aunque sí propuso la
creación de un grupo de trabajo", según cuenta un portavoz de la
consejería de Sanidad de Extremadura, gobernada por el PSOE.
El asunto tiene más derivadas. La falta de médicos ha sobrecargado de trabajo
a muchos de los que están en el sistema público. Y estos empiezan a
estar hartos de ese sobreesfuerzo especialmente tras haber perdido
sueldo. Ahora exigen recuperar el poder adquisitivo perdido durante la
crisis.
El próximo 21, los médicos han convocado una protesta en Madrid
ante el ministerio. Sus reivindicaciones hay que
sumarlas a las de pensionistas y otros funcionarios como los policías, que han avanzado hacia la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos.
En Cataluña los Mossos ganan 600 euros más que la Policía
Nacional, pero los médicos de Cataluña cobran 600 euros menos que los
del País Vasco, y también tienen derecho a que los equiparen.
Los andaluces ganan casi mil euros menos que en Murcia. No es
competencia estatal pero igual el ministerio tendría que poner orden
para que las diferencias fuesen mínimas".
La sanidad pública se está
convirtiendo en un polvorín y la mecha prende más rápido de lo que
parece.
