MADRID.- "Ni un paso atrás". Ésta es la consigna que repite de forma insistente el gremio de los estibadores.
A pesar de que el Gobierno aprobó, al segundo intento, el decreto que
liberaliza el sector de la estiba para que las empresas que operan en
los puertos puedan contratar libremente a los trabajadores que crean
conveniente, tal y como exigía el Tribunal de Justicia de la UE, los
sindicatos quieren que todo siga exactamente igual. Es decir, mantener su histórico monopolio intacto, con independencia del nuevo marco legal, según www.libremercado.com
Los estibadores no sólo piden garantizar el 100% de los puestos de trabajo existentes
en la actualidad (unos 6.150) y el mantenimiento de sus condicionales
laborales en materia de retribución y organización del trabajo, salvo
algunas modificaciones mínimas, sino que pretenden blindar y extender su
monopolio mediante el control de la formación y contratación de los futuros estibadores.
Hasta ahora, las empresas estaban obligadas a emplear a los trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital tenían que participar obligatoriamente.
Las Sagep funcionaban, pues, como un monopolio
ante la competencia exterior, ya que el hecho de que las empresas no
pudiesen contratar trabajadores libremente otorgaba a esta entidad un
enorme poder que ha sido aprovechado durante muchos años por el gremio
de estibadores para elevar sus sueldos muy por encima del precio de
mercado y lograr diversas ventajas y privilegios laborales, además de controlar de forma férrea quién entra y quién no en este reducido y exclusivo nicho, ya que también controlaban los procesos de selección de
personal, dando lugar a una práctica de nepotismo generalizado, por el
cual los lazos familiares son la norma dentro del sector.
Este sistema fue tumbado por la Justicia de la UE por vulnerar los principios de libre competencia que establece la normativa comunitaria. El Gobierno del PP se negó a liberalizar la estiba durante la anterior legislatura,
pese a gozar de mayoría absoluta, para evitar problemas con los
sindicatos, pero ahora se ha visto obligado a aprobar el polémico
decreto ante las millonarias multas que tendría que pagar España por
incumplir la citada sentencia.
El meollo de la cuestión, sin embargo, radica ahora en la negociación
entre patronal y sindicatos para reestructurar el sector de la estiba y
adaptarse al nuevo marco normativo. Las empresas están dispuestas a
subrogar al 100% de la plantilla y mantener, en mayor o menor medida,
sus actuales retribuciones, siempre y cuando se analice puerto a puerto el número de estibadores necesarios y se acuerden algunos cambios para mejorar la productividad del
servicio.
El Gobierno se ha comprometido a facilitar los ajustes de
plantilla correspondientes mediante el pago de indemnizaciones y un plan
de prejubilaciones que sería sufragado con dinero público.
Huelga en los puertos
Pero los estibadores no están por la labor, de ahí los paros
convocados en los últimos días para presionar a la patronal con el fin
de lograr sus objetivos. Los puertos encadenan este jueves su segundo día consecutivo de paralización total
de su actividad ante la huelga de 48 horas ininterrumpidas que los
estibadores iniciaron a las 8.00 horas del miércoles y se extiende hasta
la misma hora del viernes.
Los servicios mínimos fijados por el
Ministerio de Fomento garantizan no obstante el 100% de las operaciones
de estiba para mercancías perecederas o peligrosas y para abastecer a
las islas, Ceuta y Melilla. Para el resto de servicios, fija el
"porcentaje de servicios necesario para garantizar un rendimiento no
inferior al 50% de una jornada comparable por horario, tipo de mercancía
y terminal".
Sin embargo, según fuentes del sector, estos últimos servicios no se
están cumpliendo. De hecho, el gremio lleva desarrollando una "huelga encubierta"
desde hace meses, reduciendo de forma muy sustancial la actividad de
carga y descarga de mercancías, para evitar, primero, la aprobación del
decreto y, ahora que éste ya está en vigor, blindar su monopolio por la
puerta de atrás mediante la negociación de un nuevo convenio colectivo
con la patronal.
¿Qué piden los estibadores?
Las demandas de los estibadores se centran en mantener intacto el
empleo y sus actuales condiciones laborales hasta que se termine de
negociar el nuevo convenio colectivo, cuya fecha límite se fija para
finales del próximo mes de septiembre. Durante estos tres meses, y a fin
de garantizar la "paz social", los sindicatos exigen que aquellas
empresas que decidan salirse de las Sagep se subroguen el personal de la
estiba portuaria "en proporción a su participación accionarial en la
correspondiente sociedad […] en las mismas condiciones laborales
individuales y colectivas que posee actualmente", según su último
documento de propuestas. Así pues, aunque desaparezcan las antiguas
Sagep, todo seguiría como hasta ahora.
Hasta aquí, ninguna novedad. Pero el punto clave es que los estibadores quieren colar en el nuevo convenio colectivo los pilares de su tradicional monopolio:
la negociación incluiría aspectos tales como la transformación de las
Sagep en Centro portuarios de empleo (CPE), la subrogación del personal,
la participación de los sindicatos en el "sistema de cualificación
profesional y en las prácticas profesionales no laborales, el régimen de
ingresos, la formación profesional o el régimen de adscripción de
personal a las empresas estibadoras", entre otros aspectos.
En concreto, los estibadores aspiran a controlar las actividades formativas y de prácticas para la capacitación profesional, así como los procesos de selección de personal,
ingresos y contratación, tal y como sucede hasta ahora. Para ello, se
crearía en cada puerto un "Comité de Coordinación" integrado por los
representantes de las empresas y los sindicatos, en el que las
decisiones se tomarían por " voto ponderado" en atención al número de
trabajadores o a la representatividad de los sindicatos.
En la práctica,
este sistema permitiría que los estibadores siguieran decidiendo quién
puede o no trabajar en el sector, vulnerando con ello la libre
contratación de las empresas. Es decir, controlarían las pruebas de
ingreso, cuya superación sería obligatoria para poder trabajar en la
estiba, con lo que todo seguiría más o menos igual.
Una cosa es que las empresas se comprometan a garantizar el empleo y
las actuales condiciones de los estibadores, una vez que se realice el
necesario ajuste de plantilla, y otra muy distinta que los sindicatos
mantengan de facto su monopolio para determinar el acceso de
los futuros trabajadores de los puertos, ya que, en tal caso, no
cambiaría casi nada pese a la polémica liberalización.
"Lo que piden los
estibadores es garantizar el enchufe de sus hijos y nietos en el sector",
según las fuentes consultadas. Las Sagep, simplemente, serían
sustituidas por las nuevas CPE, pero funcionando de forma más o menos
similar. Es decir, tan sólo cambiaría el nombre, pero no el fondo.
Los transportistas amenazan con parar
La huelga de los estibadores está haciendo un gran daño a los puertos españoles, ya que por estas instalaciones pasan cada año el 86% de los productos que entran en el país y el 60% de los que se exportan,
mercancías valoradas en un total de 350.000 millones de euros. La
patronal de la estiba celebrará una asamblea extraordinaria este viernes
para analizar la nueva propuesta sindical y las consecuencias que está
teniendo esta situación de inestabilidad en el sector.
Por otro lado, al paro de la estiba se podría sumar el de los transportistas. Los transportistas se quejan de la huelga encubierta que realizan los estibadores desde hace meses, ya que no pueden operar con normalidad.
La caída de la actividad se traduce en largas colas en los puertos y
jornadas perdidas sin ingresar dinero, con lo que a muchos les
compensaría parar, ya que salir con el camión les supone pérdidas. De
agravarse y extenderse esta situación en los puertos, podrían empezar a
registrarse problemas de abastecimiento.
