La patronal alerta al comprador de Banco de Valencia de que valorar a cero las acciones "enfadaría" a sus clientes naturales

VALENCIA.- El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), José Vicente González, ha advertido este miércoles al futuro comprador de Banco de Valencia de que si reduce a cero el valor de las acciones "va a enfadar" a sus cerca de 50.000 accionistas privados, que "la mayor parte son accionistas valencianos, pero además, son los clientes naturales del banco".

   En este sentido, ha subrayado "lo que cuesta conseguir un cliente, lo fácil que se pierde y lo que vale un cliente fidelizado".

   Así lo ha señalado González en la rueda de prensa convocada tras la reunión del comité ejecutivo de la patronal autonómica, en la que ha comparecido arropado por los líderes de las provinciales.

   Desde Cierval instan al comprador al que finalmente adjudique la entidad el Banco de España a que no reduzca a cero el valor de las acciones y apelan a las "razones, que en algún caso son sentimentales, pero que en otros casos son de estricta equidad", para que no opte por la conocida como 'operación acordeón' que implicaría que los accionistas pierdan todo el patrimonio invertido.

   González ha admitido que Banco de Valencia "tiene dificultades muy graves" y que sus acciones "no valen objetivamente, ni de lejos, lo que valían hace un año o cuatro meses", pero ha hecho hincapié en la conveniencia de no valorarlas a cero incluso desde el punto de vista de los intereses del futuro comprador.

   "Desde el punto de vista del comprador, yo no reduciría el valor a cero porque creo que eso va a enfadar a los actuales accionistas, que no van a estar contentos si lo reducen a un valor muy pequeño porque nadie está contento cuando pierde mucho dinero, pero estará menos enfadado", ha sentenciado.

   Así, el empresariado de la Comunitat defiende que "una valoración justa, razonable, obviamente por encima de cero, sería una inversión beneficiosa" para el posible comprador, que lógicamente asumiría la gestión, ya que "accionistas no contentos pero que apreciaran positivamente la valoración, equivalen a clientes fidelizados".

   González ha precisado que si bien "no es cuestión sólo de los empresarios", ellos saben especialmente "lo que cuesta conseguir un cliente, lo fácil que se pierde y lo que vale un cliente fidelizado".

   En cuanto a qué comprador preferiría que se hiciese con la gestión de la entidad, ha sido tajante: "El que la pueda gestionar mejor y pueda garantizar mejor que el crédito llegue a las empresas".

   "Al final, ha dejado de ser el Banco de Valencia como era, eso es una obviedad", ha resaltado González, quien apunta que, por consiguiente, su "preocupación fundamental" es que "a las empresas les llegue el crédito, sea quien sea el que se lo haga llegar".

La ex directora general de la CAM recurrirá la sentencia que declaró procedente su despido

ALICANTE.- La ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la sentencia que declaró procedente su despido y que le negó la indemnización que reclamaba de, al menos, diez millones de euros, según ha confirmado hoy el despacho Gómez-Acebo y Pombo.

   Tras conocerse la sentencia, dictada por el juzgado de lo social nº 4 de Alicante, ya se apuntó que los abogados de Amorós consideraban que hay "razones de fondo y forma" para recurrir la sentencia del recurso que había presentado contra su despido de la caja por parte de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

   La resolución judicial implica además la pérdida de la indemnización pedida por Amorós, el doble de lo que le correspondía, más el lucro cesante, estimado en, al menos, diez millones de euros. Además, si fuera declarada firme, también implicaría la pérdida del derecho a la pensión de prestación adicional asegurada --la pensión--, fijada en 369.497 euros anuales.

  Aunque la representación legal de Amorós "no la ha recurrido todavía", ya es firme su decisión de presentar el recurso ante el TSJCV, que decidirá si ratifica la sentencia o, por el contrario, declara improcedente el despido.

   Según la sentencia, Amorós evitó que se adoptasen las "decisiones oportunas para reducir o mitigar el impacto de las pérdidas de la compañía", y han conducido a la intervención de la caja por el Banco de España, con las consecuencias que ello ha provocado en la imagen de la entidad, en los clientes que tenían en ella sus depósitos y en la sociedad en general.

   Además, el tribunal subraya que este dato es "esencial y no puede olvidarse, ya que ha sido necesaria la intervención del FROB para suministrarle inicialmente 3.000 millones de euros, más una aportación adicional de 2.800 millones de euros, "los cuales provienen en gran medida del erario público, con lo cual reviste su conducta, si cabe, una mayor gravedad".

   La juez estima igualmente que las conductas imputadas por la entidad no pueden calificarse de "simples errores, o como pretende la actora, de divergencias en la interpretación de la normativa contable y la legislación aplicable", singularmente la circular 4/2004 del Banco de España, porque "era perfectamente conocedora de la obligatoriedad de su cumplimiento, amén del cargo que desempeñaba".

IU-Verdes propone crear una banca pública regional para conceder crédito a pymes y reactivar la economía

CARTAGENA.- IU-Verdes ha presentado este miércoles una iniciativa en la Asamblea Regional por la que solicita la creación de una banca pública regional que garantice el suministro de crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes), economía social y ayuntamientos.

   El coordinador y diputado de la formación, José Antonio Pujante, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo de la banca pública es "impulsar la economía y el desarrollo productivo e innovador de la Región de Murcia".

   Para ello, ha destacado la necesidad de que esta banca acceda a la compra de dinero al tipo de interés del uno por ciento fijado por el Banco Central Europeo (BCE), en igualdad de condiciones que las entidades financieras de carácter privado.

   Según Pujante, la banca partiría del fondo del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región, de unos 150 millones de euros, que también se encargaría de gestionar todo el proceso.

   Además, el tipo de interés de los préstamos sería inferior al cinco por ciento establecido por las cajas de ahorro y bancos de carácter privado, lo que reduce los intereses.

   Para Pujante, su propuesta "no es una idea descabellada" pues ya se lleva a cabo en países como Noruega, donde la banca pública "se ha convertido en un motor económico".

   Ha mencionado también el ejemplo de la banca pública de Dakota del Sur, en Estados Unidos, creada en los años 40 para ofrecer créditos a ganaderos y agricultores, que en 2010 obtuvo casi 62 millones de euros de beneficios.

    "La banca pública de la Región de Murcia iría creciendo y no se dedicaría a la inversión especulativa, sino a la productiva", ha apostillado Pujante, tras insistir en que los bancos privados verían en este organismo "un serio y peligroso competidor que podría aguarles la fiesta".

   Según el coordinador de izquierdas, esto "es perfectamente posible", ayudaría a salir de la crisis económica "e impulsaría decidídamente la economía en la Región de Murcia". La única cuestión, señaló, "sería que la gestión la realizase la propia banca pública autonómica que se creara".

   En principio, la banca pública regional nacería con cuatro oficinas bancarias, dos en Murcia, una en Cartagena y una cuarta en Lorca, así como una oficina de gestión y tramitación virtual.

CCOO recurrirá los servicios mínimos impuestos por la CARM por "abusivos"

MURCIA.- El Área Pública de CCOO-RM ha denunciado públicamente la "imposición" por el Gobierno regional de servicios mínimos para la jornada de huelga general del próximo 29-M. Por ello, ha anunciado su intención de recurrirlos en cuanto sean publicados en el BORM al considerarlos "abusivos, irrespetuosos con el derecho de huelga y por no haber un auténtico proceso negociador".

   En opinión del sindicato, "los servicios falsamente mínimos impuestos no respetan el derecho fundamental a la huelga e incumplen la obligación legal de ser negociados con los promotores de la huelga".

   Tras la reunión celebrada ayer martes, y que considera el sindicato que "adoptó tintes de auténtica farsa al acudir la Administración regional con una posición prefijada e inamovible", ha afirmado que la Administración regional "rechaza todas las contrapropuestas y argumentos de la parte sindical".

   "El afán de negar en la práctica el derecho de huelga llega al extremo ridículo de imponer en algunos departamento, como centros del IMAS y servicios hospitalarios, servicios mínimos superiores en número a la plantilla habitual de esos departamentos", ha explicado en un comunicado.

   Así, subraya que "la voluntad de sobreponer al derecho de huelga, reconocido como derecho fundamental por la Constitución española, un pretendido prestigio de la Administración quiebra toda la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que deja perfectamente claro que el derecho de huelga, matizado por la previsible duración de ésta, prevalece sobre otros derechos, incluso fundamentales, que pueden verse realizados en otras fechas".

   Concluye advirtiendo que el Gobierno regional "ha impuesto una reproducción de los servicios mínimos establecidos en la Huelga de la Función Pública de mayo de 2010, frente a la propuesta final de las organizaciones sindicales de retomar los establecidos por el propio Gobierno regional en la Huelga de 2002, año en que se establecieron unos servicios mínimos que sin coincidir con los propuestos por la parte social, fueron más respetuosos con el derecho de empleados públicos murcianos a hacer huelga".

Una web recoge ideas para la remodelación del puerto de Cartagena

CARTAGENA.- La Autoridad Portuaria de Cartagena, con la colaboración del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, ha puesto este miércoles en marcha un concurso de ideas para recoger las aportaciones de los cartageneros con el objeto de elaborar tres propuestas de remodelación del Muelle Alfonso XII.

   Así, a través de la web 'www.mojateentumuelle.com', se centralizará la información correspondiente a los proyectos y se facilita la participación de la ciudadanía, que puede realizar sus aportaciones a través de un formulario que consta en la sección 'Participa', enviar sus fotos para que sean incorporadas al Álbum 'Tus fotos' o escribir mensajes que se difundirán a través de la cuenta en twitter:'@abiertaalmar'.

   Además de la participación de los ciudadanos, la campaña también está enfocada a conseguir la implicación de los agentes sociales y organizaciones que tienen relación con la actividad portuaria y náutica.

   Para ello han habilitado banners que faciliten la difusión de este proyecto, al tiempo que se hará constar la adhesión de todas las organizaciones interesadas, según han informado fuentes municipales.

   Durante todo el proceso, que comienza en marzo y se extenderá hasta finales de junio, se realizarán tareas de análisis y diseño arquitectónico que irán acompañadas de labores de investigación social, por lo que se realizarán encuestas a la ciudadanía y se aplicarán otras técnicas como entrevistas en profundidad y celebración de grupos de discusión, con el objeto de conseguir el mayor consenso posible.

EEUU reclama a Odyssey la entrega a España de la parte del tesoro depositado en Gibraltar

MIAMI.- La justicia estadounidense ha reclamado a la empresa cazaterosores Odyssey Marine Exploration la entrega a España de la parte del tesoro de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes' que almacena en Gibraltar desde el rescate de los objetos del pecio en 2007.

   El juez de Tampa (Florida) ratifica así la sentencia que obligaba a la empresa cazatesoros a entregar la "totalidad" de los objetos rescatados del interior del pecio español. En la decisión conocida esta miércoles, el juez estadounidense advierte a Odyssey de que si no libera el material que quedó en Gibraltar podría cometer un delito de desacato civil.

   La empresa Odyssey facilitó el pasado viernes un inventario firmado ante notario con el material que supuestamente almacena en el Peñón desde 2007 y que pertenecía al tesoro transportado en la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes'.

   Tras esta decisión judicial, la empresa cazatesoros deberá entregar al Gobierno español estos objetos a no ser, según ha especificado el juez de Tampa, que exista una orden de una corte del Gobierno de Gibraltar que lo impida.

   Un portavoz del Ministerio de Cultura español que dirige José Ignacio Wert ha recalcado la "satisfacción" del Gobierno al ver cumplida la sentencia que daba la razón al Estado y obligaba a devolver la integridad del tesoro.

   Asimismo, las mismas fuentes han indicado que esta decisión judicial supone "un paso más en el camino para tener todo el patrimonio" del pecio español de regreso en nuestro país "lo antes posible".  

   El pasado 24 de febrero llegó a España el grueso del cargamento de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes', compuesto por dos conjuntos de monedas, por una parte las individualizadas y, por otra, las que están compactadas en bloques y que son mayoría.

   Al primero de ellos pertenecen las 212 monedas de oro, ya restauradas y cuyos datos, como fecha o emisor, han sido comprobados una por una; y otras 13.077 de plata, entre las que también hay unas 5.000 ya restauradas, y que han sido comprobadas en un muestreo aleatorio.

   El resto de las monedas son de plata, están en 551 contenedores y muchas de ellas están adheridas y compactadas. Completan el tesoro recuperado tres tabaqueras de oro, seis lingotes --cinco de cobre y uno de estaño-- fragmentos de balas y de madera y una polea.

Trabajadores de BMN se concentran en toda España para pedir la retirada del plan de reestructuración

MADRID.- Los trabajadores de Banco Mare Nostrum (BMN) se han concentrado este miércoles ante los centros de trabajo de toda España para pedir la retirada de la segunda reestructuración laboral necesaria para cumplir los requisitos apuntados por el Gobierno, que contemplan la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

   Fuentes sindicales han indicado que se han registrado concentraciones en Madrid, Granada, y en todos los centros de trabajo de las diferentes entidades que forman BMN, esto es, CajaMurcia, CajaGranada, Caixa Penedés y Sa Nostra.

   De esta forma, los trabajadores han parado su actividad durante diez minutos y se han concentrado delante de los centros de trabajo y apagando el ordenador.

   Asimismo, las fuentes han indicado que mañana jueves se celebrará otra concentración en todos los centros de trabajo, incluido Madrid, pero sólo con los delegados sindicales, quienes organizarán un "almuerzo o picnic reivindicativo" en contra de esta reestructuración.

   En el caso de CajaGranada, los trabajadores tienen previsto instalar mesas de recogidas de firmas en defensa de "lo que dice el Estatuto de CajaGranada, donde se garantiza y se respeta el empleo y las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la entidad".

   Por otro lado, Comfia CCOO ante la falta de acuerdo para que la dirección retire su propuesta de "aplicación de la reforma laboral" en esta segunda reestructuración de Banco Mare Nostrum, ha acordado y con las otras secciones sindicales aumentar la intensidad de las movilizaciones que se están llevando a cabo en los centros de trabajo y mantiene la convocatoria de huelga en BMN para el próximo 19 de abril.

   Asimismo, este sindicato se ha sumado a la huelga general del día 29 de marzo y animan a secundar la huelga contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno, en la que los trabajadores de BMN "tenemos la primera oportunidad de exigir la retirada de la propuesta y una negociación de medidas para el ajuste equilibradas, no traumáticas y basadas en la voluntariedad".

   Comfia-CCOO-BMN hace un llamamiento a la dirección a "reconducir las negociaciones con responsabilidad, transparencia y sentido común". Considera que "la vía del conflicto que la dirección ha escogido, fruto de una propuesta absolutamente injusta y desequilibrada, compromete no solo el futuro de cientos de puestos de trabajo en la actualidad, sino la estabilidad de muchos más en un futuro que, por ahora, se muestra muy incierto".

Fomento contempla rescatar autopistas en quiebra, como la Cartagena-Vera

MADRID.- El Ministerio de Fomento contempla quedarse con alguna de las autopistas actualmente en riesgo de quiebra en caso de que sus cuentas no logren reequilibrarse con las medidas que este Departamento prevé tener listas en "un máximo de seis meses", entre las que figura la promoción de fusiones entre estas vías, según anunció la ministra, Ana Pastor.

   El rescate de las autopistas se realizaría a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) y en cumplimiento de la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene ante estas concesiones, según detalló Pastor durante su intervención en el Nueva Economía Forum.

   Seittsa es un ente público dependiente del Ministerio de Fomento, que hasta ahora contrata determinadas obras de carreteras y ferrocarriles.

   Fomento se ha fijado así el rescate como medida de último recurso al que acudirá para el caso de que no funcione ninguna de las que el Ministerio prevé tener listas en "un plazo máximo de seis meses" para evitar la quiebra de una decena de autopistas.

   Entre estas iniciativas figura la ampliación de los periodos de explotación de la vía que se otorga a las empresas concesionarias, fomentar las fusiones entre autopistas y la concesión de créditos participativos.

   En la actualidad, nueve autopistas están en riesgo de declararse en concurso de acreedores, como consecuencia del sobrecoste que sufrieron en las expropiaciones y la caída de los tráficos por la crisis. Entre ellas, figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera.

   Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros,  están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país, como son Acciona, Abertis, Globalvía (FCC y Bankia), Ferrovial, Sacyr y OHL.

   La ministra de Fomento avanzó que además de solventar el problema de estas vías abordará un "profundo cambio en la legislación sobre concesiones", cuyo eje principal será determinar la asunción de los riesgos de la infraestructura. Además, busca que permita abrir la financiación de obra pública a los fondos de pensiones.

   Todo ello con el fin último de que el capital privado juegue un importante papel en la financiación del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) en el que ya trabaja el Ministerio para presentarlo el próximo mes de julio.

   Por contra, Pastor descarta lograr financiación con medidas como la implantación de la Euoviñeta (peaje que se cobra a camiones que circulan por las autovías) o la imposición de tasas en carreteras, como acaba de anunciar Reino Unido.

Los empleados en ayuntamientos deben ganarse el puesto, a juicio del ministro de Hacienda

SEVILLA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido de que los ayuntamientos y la administración pública "no son oficinas de colocación" y que los funcionarios tienen que "ganarse su puesto de trabajo como todos los españoles".

   En el Punto de Encuentro Económico de la Fundación Antares Foro, Montoro ha impartido una conferencia bajo el título 'Las reformas que impulsan el cambio', y ha señalado que "los ayuntamientos no están para contratar gente sino para contratar gente que sirva a la ciudad y no al revés".

   Asimismo, como funcionario de carrera, Montoro ha dicho no concebir "nunca" la función pública como "una seguridad en el empleo".

 "En la función pública se está al servicio de los demás y hay que quitarse esta mentalidad de que el que trabaja para un servicio público lo tiene todo hecho", ha subrayado.

   "Hay que trabajar desde las administraciones públicas y el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados", ha subrayado, a lo que ha añadido que "eso es lo que hay que evitar de una vez por todas".

   De igual manera, ha indicado que del plan de ajuste que tienen que presentar los ayuntamientos que se han acogido al pago de proveedores "no se desprende una situación negativa para los funcionarios", y ha señalado que le hubiera gustado ver titulares cuando "se estaban despidiendo cientos de miles de personas porque desde los ayuntamientos no se pagaban las facturas".

   "Ningún funcionario está cómodo sabiendo que su ayuntamiento es insolvente. Estamos buscando que los servicios públicos tengan ingresos recurrentes, desaparezca ese déficit público de naturaleza estructural y que, por tanto, el funcionario tenga absoluta seguridad en su puesto de trabajo", ha señalado.

   En este sentido, ha apuntado que el Gobierno lo que está haciendo es mantener el sueldo de los funcionarios y "vamos a promover esos cambios y esos ahorros públicos manteniendo el sueldo de los funcionarios".

 "Estamos trabajando para que el sueldo de los funcionarios no se reduzca si no es para dar viabilidad al ente público, que pueda tener sobredimensión de plantilla, pero eso ya cada uno tiene que juzgarlo y valorar", ha subrayado.

   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que a través del plan de proveedores las facturas pendientes de pago de las administraciones locales, ayuntamientos y comunidades estarán pagadas "antes de que entremos en verano".

 "En el mes de mayo estaremos pagando ya facturas de ayuntamientos y a finales de mayo y junio pagando las de administraciones públicas", ha detallado.

   "Esto significa una inyección económica fundamental en el tejido empresarial. Vamos a salvar muchas empresas, vamos a proteger muchos puestos de trabajo, vamos realmente a atender las necesidades de muchas empresas que teniendo deudas con administraciones no pueden acceder a financiación bancaria para compensar y financiar su circulante", ha subrayado.

   De esta manera, ha asegurado que supondrá "la mayor inyección económica de nuestra historia" y estará en torno a los 30.000 millones, aunque aún falta que termine el plazo de reclamaciones de proveedores para las corporaciones locales y la suma de las comunidades.

   Por último, ha apuntado que "hay que decirle a la UE que España es transparente, fiable" y que "España se ha desviado del objetivo de déficit público de la Unión Europea (UE) por una mala política, por una manera de concebir el gobierno".

Los ayuntamientos deberán detallar si piensan recortar personal

MADRID.- Los ayuntamientos que se acojan al plan de pago a proveedores deberán detallar en sus planes de ajuste qué partidas de gasto contemplan reducir, entre las que se encuentran el recorte de personal o la reducción de los salarios del mismo, según el 'Modelo de Plan de Ajuste' publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   Estos ayuntamientos están obligados a presentar antes del 30 de marzo al departamento de Cristóbal Montoro un plan de ajuste en el que deben detallar los ingresos y los gastos previstos hasta el año 2022 y demostrar que sus cuentas serán viables hasta entonces.

   En el formulario que Hacienda les ha enviado figura un conjunto de posibles medidas que pueden adoptar y, entre ellas y por el lado del recorte de gastos, figura la reducción de costes de personal, tanto reducción de sueldos como de efectivos, así como posibles medidas de ahorro en el régimen retributivo de las empresas públicas o la limitación de salarios en la alta dirección.

   Asimismo, figuran otras medidas de ahorro de gasto como la reducción del número de consejeros de administración de las empresas del sector público, reducción del número de personal de confianza, contratos externalizados que pueden ser prestados por el personal municipal actual, disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas, reducción de celebración de contratos menores o la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

   El formulario también contempla las nuevas implicaciones de la reforma laboral y una de las medidas de ahorro que figuran es si los ayuntamientos prevén aplicar la regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso, dando así por hecho que el nuevo coste por despido es inferior tras dicha reforma.

   Por el lado de los ingresos, los ayuntamientos tienen que especificar si tienen previsto elevar los impuestos, suprimir exenciones o bonificaciones voluntarias, adoptar medidas para reforzar la recaudación ejecutiva y voluntaria o potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.

   También deberán publicar anualmente en las memorias de las empresas las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos, así como una estimación realista de los derechos de dudoso cobro.

   Por último, Hacienda pide en el plan de ajuste que tendrán que enviar los ayuntamientos el detalle de la financiación de los servicios públicos prestados hasta el año 2022, como el abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado, de recogida de basuras, de tratamiento de residuos, saneamiento, servicios hospitalarios, sociales y asistenciales, educativos, deportivos o culturales, entre otros.