Antes de señalar a la Empresa Municipal de Aguas de Murcia (EMUASA, con participación pública del 51% y de Aquagest del 49%) por conducta opaca e irregular, así como por actuar contra los intereses de los ciudadanos murcianos, aludiré al marco ideológico en que tienen lugar las concesiones de servicios públicos que practican las distintas administraciones (municipios, comunidades autónomas, Estado central), que no es, ni más ni menos, que el “principio” de que la gestión privada de cualquier actividad económica de titularidad pública resulta siempre más eficiente, barata e incluso equitativa, que si la desempeñan las propias administraciones o instituciones públicas.
Este es un principio radicalmente falso, ya que no se sustenta en ley, argumento, experiencia que política, científica o moralmente puedan considerarse válidos, contrastables o universales. Se trata de un mito persistente en el liberalismo de siempre, que como otros mitos consustanciales con los planteamientos tradicionales conservadores, pretende convertir en categoría antropológica: para este liberalismo (como el del PP) la gestión pública, el funcionariado y hasta la vocación pública adolecen de una suerte de incompetencia genética, de desventajas comparativas indiscutibles, de incapacidad en definitiva de hacer las cosas bien.
Todo falso, ya digo, avieso y retorcido. En realidad, el liberalismo montaraz, que ataca todo lo público, realiza esta tarea histórica por una razón que es a la vez un objetivo que a malas penas logra disfrazar: convertir en negocio privado lo que no debiera serlo (entre otras razones, porque incluso así lo prohíben las leyes), detraer de los recursos públicos de todo tipo cuanto pueda enriquecer a las élites político-económicas y apoderarse en lo posible de la administración de bienes y recursos de naturaleza típica y rotundamente públicos.
Desde este planteamiento general hemos de descender al análisis de la situación de la gestión municipal del agua en la Región de Murcia que vive, como la mayor parte de España, un acelerado proceso de privatización y de oligopolización de este servicio público a manos de dos grandes grupos, Aguagest/Agbar y FCC, bien con la fórmula de la concesión de servicios, bien con la constitución de empresas mixtas; este es el caso de EMUASA, en la que el Ayuntamiento de Murcia posee la leve mayoría de un 51%, con el 49% para Aquagest.
Los hechos muestran no sólo que la eficiencia privada sobre la pública está por ver sino también un resultado económico desfavorable para los ciudadanos, con incrementos de costes y de tarifas que superan con creces la evolución de la inflación; cuando la gestión municipal del agua ha sido en España notablemente eficaz y transparente. Muchos ayuntamientos prefieren “descargarse” de este servicio cediéndolo a cambio de obtener ingresos adicionales y, por supuesto, de renunciar –ignominiosamente– al control debido, configurando las relaciones Ayuntamiento-empresa privada según las pautas y usos del lacayato, tan querido y practicado por numerosas empresas que medran en el ámbito público.
Para resumir, el papel que EMUASA desempeña en este cuadro de procacidades político-económicas, sería suficiente con aludir al extenso, meticuloso y fundamentado escrito que acompaña a la demanda presentada en diciembre de 2012 por varios miembros de la asociación Ciudadanos por el Derecho a la Ciudad. Lo resumiré destacando lo que consideran errores y fallos en cálculos que son esenciales para justificar la revisión (al alza) de las tarifas, como sucede con el rendimiento técnico de la red (que es del 76,4 por 100 y no del 94,6), el consumo previsto (que está en torno a 140 litros diarios, y no a 195) y los incrementos tarifarios medios (que no son del 4,02 por 100 sino del 5,22 para la fracción más habitual, o media, correspondiente al consumo de 34 m3 consuma 65 m3 cada dos meses; la familia, por cierto, que, se verá favorecida con una reducción del 3,22 por 100).
Lo más importante es, sin embargo, la ausencia de cualquier informe o fiscalización por parte municipal de los documentos que aportan los órganos directivos de EMUASA, ya que el “Informe” que emite un funcionario responsable de la Jefatura de Infraestructuras se limita a “cortar y pegar” varios documentos redactados por la propia empresa, sin el menor desacuerdo o comentario. De esa forma, apartados esenciales como el de “Retribución de recursos propios”, de 2,8 millones de euros, o “Gastos de personal”, de 8,8 millones, quedan sin explicación, suscitando la sospecha de que en parte van destinados a incrementar los beneficios “legales” de 2,2 millones de euros, que son los correspondientes al 49% de la participación privada. Tampoco se informa sobre el destino del beneficio municipal, de 2,3 millones de euros, que va a engrosar el gasto corriente (práctica irregular tan generalizada como sorprendente).
Los funcionarios municipales de Murcia se muestran incapaces de aportar el menor informe o la más mínima advertencia de ilegalidad, cuando tan claro está el derecho administrativo a estos efectos: ni esos beneficios son legales ni lo es el control absoluto del socio minoritario sobre EMUASA; tampoco que ésta realice todas las obras correspondientes según voluntad de Aquagest, que las contrata a las empresas de su grupo. Y es un desprecio insufrible que los representantes públicos en EMUASA carezcan sistemáticamente, en las reuniones decisorias, de información suficiente y precisa que justifique estas decisiones.
La “Operación Pokemon”, destapada en Galicia el mes pasado, en la que se ha puesto de relieve la corrupción protagonizada por Aquagest comprando voluntades de políticos y funcionarios, subraya la importancia de que la ciudadanía abra una causa general contra las concesiones del servicio de aguas y las empresas mixtas con socios privados; y esto en nuestra Región debe iniciarse con Aquagest.
*Ingeniero y profesor universitario
