jueves, 3 de mayo de 2012

Rajoy plantea "repensar" la coordinación y el reparto de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró hoy convencido de que no se debe "desandar" ni la configuración autonómica del Estado, ni la inclusión de España en la UE, pero sí cree que se debe "repensar" y "evaluar" la coordinación entre las instituciones administrativas del Estado y el reparto de competencias, con la supresión de "duplicidades innecesarias".

   El jefe del Ejecutivo realizó estas afirmaciones durante la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Un acto al que han acudido, además de los presidentes del Congreso y el Senado, los ministros de Justicia, Exteriores, Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la secretaria general del PP.
   En su discurso, Rajoy defendió las reformas que está llevando a cabo porque se asientan en un "mandato inequívoco" de los ciudadanos en las urnas y aseguró que tienen una doble orientación, por una parte, consolidar los logros del Estado del bienestar y, por otra, "potenciar el ámbito de autonomía de las personas y erradicar las cortapisas externas a la libertad con que deben regir su destino, su vida y su vocación profesional".
   En su intervención, apeló al espíritu con el que se realizó la Constitución de Cádiz y dijo que su ejemplo debe servir de "estímulo" y de "guía" para afrontar con "valentía, determinación y equilibrio" los "profundos cambios" que necesita el país. En este punto, aseguró que estos cambios sólo se pueden llevar a cabo desde el "espíritu de concordia" que tuvo su "más elevada cima en la Constitución de 1978".
   Y refiriéndose a ésta última, dejó clara su opinión de que la Constitución Española dio un "paso original, decisivo y de gran calado" que, añadió, "en modo alguno debe ser desandado". Se trata, señaló de la "configuración autonómica del Estado". Tampoco, puntualizó, se debe desandar el camino de la inserción de España en la UE, "que ha sido el motor de algunas de nuestras modificaciones constitucionales".
  Sin embargo, considera que ambas circunstancias "invitan", ahora que son tiempos de crisis, a "repensar y evaluar" la estructuración más adecuada de los poderes públicos.
   Para ello y buscar "mayor eficacia" en las instituciones administrativas "a todos los niveles" dijo que "será preciso arbitrar fórmulas más eficientes, de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables, con supresión incluso, de entidades y organismos que no resisten una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos".
   Rajoy considera que esta será una tarea "delicada" y que requerirá el conocimiento de la realidad y la "intuición de la evolución futura, viable y deseable" de las estructuras institucionales públicas. Por ello, dijo que cuenta con el "saber acumulado" del Consejo de Estado, al que se comprometió a consultar, y con el Centro de Estudios Constitucionales.
   En este contexto, deseó al nuevo presidente y a los consejeros de Estado "mucha suerte y mucho tesón" porque, dijo, en esta Legislatura van a "tener mucho trabajo" y la asistencia de este órgano al Gobierno "va a ser más necesaria que nunca" y destacó la "privilegiada reputación de autoridad" que ha logrado el Consejo de Estado.
   El jefe del Ejecutivo destacó los valores de Romay Beccaría como un hombre de "diálogo, consenso y conciliación", así como su "altura como jurista de reconocido prestigio" que se une a una "experiencia vital y laboral singularmente rica".

La FEMP propone ceder competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha defendido la pervivencia de los municipios como instituciones políticas, aunque acepta que los de pequeño tamaño puedan perder su estructura administrativa para que sean otras entidades, como las diputaciones, las que la asuman.

   Según la FEMP, la supresión de municipios no va a cambiar "la realidad en cuanto al asentamiento de la población en nuestro país", por lo que, con independencia de su tamaño, "deben ser respetados como institución política básica", ya que, además, los ayuntamientos son sobre todo "expresión de la voluntad política de sus vecinos".
   No obstante, reconoce que "no todos tienen capacidad suficiente para la prestación de servicios", pero que existen soluciones a este problema, ya que "la solución a las carencias de los municipios de insuficiente capacidad de gestión pasa por la disociación entre su entidad política y su estructura administrativa".  
   Por un lado, propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares.
   Por otro lado, sugiere la prestación conjunta de servicios con la que los municipios puedan suplir esas insuficiencias de gestión, "sin que ello supusiera la necesidad de crear nuevas instituciones", de modo que advierte de que una nueva ley de gobierno local debería "arbitrar y potenciar" los mecanismos adecuados para ello.
   Así figura en un documento que la FEMP ha enviado a Administraciones Públicas, en el que explica su criterio sobre cómo ordenar las competencias de las entidades locales, una aportación al trabajo que realiza el Gobierno para reordenar el sector público español bajo la exigencia de evitar duplicidades y cumplir la premisa de una competencia, una administración.
   En el texto, de nueve folios, se hace un diagnóstico de la situación de las entidades locales y se proponen vías para reconocerles una serie de competencias y una financiación suficiente, en una ley orgánica de obligado cumplimiento.
   La FEMP dice ser "consciente" de que la Constitución "se olvidó de unas de las instituciones básicas de la configuración" del Estado, al no hacerlas "merecedoras de una regulación de carácter orgánico". En el caso de que esto no cambie, y se siga viendo a las entidades locales como las "hermanas pobres" de las instituciones al no dotarles de una ley orgánica que regule sus competencias, pide que se modifique la regulación del conflicto en defensa de la autonomía local contenido en la Ley del Tribunal Constitucional para "relajar los requisitos de legitimidad para su interposición".
   Además, reclama un "pacto político" que comprometa tanto a Estado como a comunidades autónomas a "respetar la configuración que la ley básica establezca y a los principios en los que se fundamenta el sistema", como son autonomía local, descentralización o suficiencia financiera.
   Así pues, considera que las relaciones entre las administraciones públicas deberían basarse en el "principio de lealtad institucional", garantizando la "autonomía local" frente a lo que ve como "posibles pretensiones de tutela que se pretendan ejercer desde otros ámbitos, eliminando los controles de conveniencia y oportunidad, que estarán expresamente prohibidos".
   Un ejemplo que pone es que la construcción de infraestructuras de competencia estatal autonómica "no puede conllevar la imposición al ayuntamiento donde se ubique de cargas u obligaciones económicas de ningún tipo que le obliguen, bajo mecanismos de naturaleza coactiva, a confinanciarlas a través de distintas fórmulas".
   En el documento enviado al Gobierno, la FEMP viene a insistir, como lleva haciendo desde anteriores legislaturas, en una financiación adecuada a las competencias de las entidades locales, una condición sin la que, según argumenta, "no estarán obligadas a asumir la competencia ni a prestar los servicios o realizar las actividades que de ella se derivan".
   Para la FEMP, existe una "absoluta desconexión del sistema de financiación con el sistema de competencias" de las corporaciones locales, razón a la que atribuye directamente la "escasez de recursos municipales".
   Así pues, reclama que las leyes que supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal, provincial o insular que mengüe los ingresos de las haciendas locales arbitrarán "medidas de compensación", además de dotar de "carácter incondicionado" a las transferencias que se reconozcan a las entidades locales por otras administraciones públicas".
   Para evitar duplicidades en la prestación de servicios públicos, la FEMP sugiere atenerse a los principios de estabilidad presupuestaria expuestos en la ley aprobada en el Senado la semana pasada, pero también a "mecanismos de colaboración" entre administraciones para, "desde la lealtad institucional, evitar la duplicidad del servicio".
   En cuanto a la concreción de las competencias que, para la FEMP, deben ejercer las entidades locales, el documento explica en una serie de puntos los requisitos para fijar esos servicios y actividades de los que, a su juicio, deben encargarse estas administraciones.
   A su juicio, no existe en la actual Ley de Bases de Régimen Local una "concreción suficiente de las competencias locales", ya que el listado de materias que incluye está "vacío de contenido competencial", lo que ha llevado a la "confusión en la realización de actividades y prestación de servicios".
   Así, propone que una futura ley de bases que sustituya a la actual reconozca la competencia de los municipios para intervenir en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra entidad, además de la inclusión en esa norma de una listado de materias en las que se reconoce un interés local relevante.
   Entre otras, la FEMP considera que deben ser competencia local las materias relacionadas con urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua potable, asistencia social primaria, seguridad, protección civil, tráfico y movilidad, promoción turística, políticas activas de empleo o padrón municipal.
   También sugiere que las leyes sectoriales estatales o autonómicas puedan ampliar las competencias establecidas, siempre previo estudio sobre la idoneidad de las mismas basándose en los "principios de autonomía, descentralización, proporcionalidad, subsidiariedad y suficiencia financiera".
   La FEMP cree que también hay que tener en cuenta las características demográficas, geográficas u organizativas del municipio, además de dotar de la financiación adecuada a estas corporaciones para que puedan ejercer dichas competencias.

Válcarcel niega tajante la posibilidad de que el Gobierno de Rajoy intervenga la Comunidad Autónoma

BRUSELAS.-   El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha descartado de manera tajante este jueves la posibilidad de que el Gobierno central de Mariano Rajoy intervenga la Comunidad Autónoma porque ésta ha presentado las medidas de reajuste necesarias "para cumplir el compromiso de déficit" del 1,5 por ciento del PIB regional para este año como máximo en el marco de su nuevo plan de estabilidad presupuestaria.

   "No tenemos la más mínima duda de que los planes son los que la región necesita para cumplir el compromiso de déficit y por tanto no hay riesgo alguno de que haya intervención por parte de nadie. Así de claro se lo digo", ha explicado el dirigente murciano en declaraciones a la prensa desde Bruselas, donde esta tarde intervino ante el pleno del Comité de las Regiones de la UE, órgano consultivo que representa los intereses de las regiones europeas.
   Válcarcel ha dejado claro en este sentido que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha planteado "ningún tipo de trabas" al plan de reequilibrio autonómico remitido "con luz y taquígrafos" con las "medidas" que piensa impulsar para reequilibrar las cuentas autonómicas en el contexto actual de desaceleración económica.
   El presidente murciano ha recordado que Murcia lleva "haciendo planes de reequilibrios" desde 2010 para "ajustar el presupuesto a las realidades objetivas de la región de Murcia" y aunque ha reconocido que su presupuesto de 2012 se traduce en "una merca también importante porcentualmente hablando con respecto al anterior presupuesto" aprobado en diciembre pasado, ha insistido en que se debe adaptar a los presupuestos generales del Estado. "Hay que hacerlo así. De otra manera no se puede gobernar", ha recalcado.
   Valcárcel ha insistido en la importancia de contribuir a generar "confianza" en España en el actual contexto de crisis y ha considerado "peligroso" abrir un debate encaminado a "generar dudas en torno a si intervención sí, intervención no" por parte del Estado central si alguna comunidad autónoma incumple el objetivo del 1,5 por ciento del PIB regional de déficit máximo para este año.
   "Todo lo que sea generar dudas en torno a si intervención sí, intervención no, lógicamente no hace sino ahondar mucho más la quiebra de esa confianza", ha justificado.
   El plan de reequilibrio supondrá un reajuste de 623 millones de euros, de los que 219 vendrán de medidas procedentes de nuevos ingresos y los 404 restantes de reducción de gastos.

UPyD-Aragón considera "impensable" un trasvase del Ebro

ZARAGOZA.- La coordinadora territorial de UPyD-Aragón, Cristina Andreu, ha propuesto realizar una gestión hidráulica "de país". Ha afirmado que es "impensable" realizar ahora un trasvase del río Ebro por su coste. 

  Tras reunirse la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, Cristina Andreu ha reclamado "una gestión integral del agua, pensando en la cuenca y el caudal ecológico".
   La coordinadora de UPyD-Aragón ha exigido que se tengan en cuenta las necesidades futuras de la comunidad autónoma y de todas las comunidades.
   Además, Andreu ha recomendado gestionar no solamente la oferta, sino también la demanda de agua. La líder de UPyD-Aragón ha expresado que "hoy por hoy hablar de trasvase es avivar las aguas, que aquí, en Aragón, siempre son revueltas".

IU-Verdes presenta una moción en la Asamblea Regional contra los peajes en las autovías

CARTAGENA.- IU-Verdes ha presentado una moción en la Asamblea Regional para evitar que el Gobierno central ponga en marcha un plan para el pago de peajes a los vehículos que circulen por la red de autovías del Estado, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   La iniciativa insta al Gobierno autonómico a que reclame al Ejecutivo central que desestime el establecimiento de este impuesto en autovías españolas, por considerar que "únicamente tiene un fin recaudatorio".
   El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha opinado que la aplicación de esta medida demuestra que "la inoperancia del Gobierno, del PP, la vuelve a pagar la ciudadanía", y pone "en entredicho" el derecho a la movilidad.
   Pujante ha criticado que "no se aporte alternativa real" para evitar el impuesto como la potenciación de una red de transporte público que permita la movilidad de la ciudadanía desde un punto de vista "sostenible y eficaz".
   "Si seguimos así pagaremos hasta por respirar", ha concluido el dirigente de la federación de izquierdas.

No en las autovias de la Región

El coordinador Regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha manifestado la oposición de su formación política a la posibilidad de que se cobren peajes por el uso de las autovías de la Región.
   Sánchez cree que el Gobierno intenta sacar ingresos de "cualquier lado" sin importarle las repercusiones que esta "escalada de cobros" pueda tener entre los ciudadanos. Asimismo, Rafael Sánchez considera que la mayoría de las propuestas del PP tienen el denominador común de ser indiscriminadas.
   Además, el coordinador de UPyD considera que, de llevarse a efecto esa medida en la red estatal de autovías de la Región, habría muchos casos en los que no existiría una alternativa gratuita a la autovía de pago, "lo que resulta inaceptable".
   En este sentido, Sánchez ha citado el trayecto entre Murcia y Cartagena entre los que no tendrían posibilidad de alternativa gratuita, al ser la autovía A-30, en ese trayecto, el desdoblamiento de muchos tramos de la carretera nacional N 301.
   Rafael Sánchez ha subrayado que todavía queda mucho terreno de donde poder ahorrar "antes de poner más tasas y repagos indiscriminados".

El Ayuntamiento de Lorca recibe la aprobación a su plan de ajuste

LORCA.- El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha informado junto al concejal de Economía, Luís Amador, de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado el plan de ajuste del Ayuntamiento, convirtiéndose en uno de los primeros municipios de España en recibir el visto bueno del Gobierno Central. 

   El primer edil ha explicado que "esta aprobación nos va a permitir poner en manos de las pequeñas y medianas empresas lorquinas casi 25 millones de euros, posibilitando que el Ayuntamiento elimine la deuda que mantenía con proveedores y contratistas". El alcalde ha calificado como "un losa muy pesada" la herencia recibida en este aspecto, al tiempo que ha asegurado que "hemos conseguido quitarnos de encima una carga que se estaba convirtiendo en insoportable".
   Francisco Jódar ha señalado que la recepción de estos 25 millones de euros "es una auténtica inyección de vida al tejido socioeconómico de nuestra comarca que nos llega justo cuando más la necesitábamos". En breve, ha remarcado, "los acreedores del Ayuntamiento van a recibir la cantidad que se les adeudaba. De hecho ya tenemos previsto celebrar un pleno extraordinario para la aprobación de este trámite, en el que procederemos a la formalización del procedimiento".
   Este pleno, ha añadido el alcalde de Lorca, será el próximo 15 de mayo. Además, antes del 25 de mayo, se concretará con el ICO el préstamo, y el dinero llegará a los proveedores durante el mes de junio.
   El primer edil ha subrayado "el efecto de dinamización que va a suponer esta medida, que permite al Ayuntamiento poner el contador de la deuda con proveedores a cero, al tiempo que limpiamos la era, como se suele decir coloquialmente".
   El préstamo del ICO posibilita que el Ayuntamiento cierre un préstamos de 25,8 millones de euros, una cantidad que se pondrá en manos de las PYMES a las que el Consistorio Municipal les debía dinero, y cuyo número se sitúa en 730. El alcalde ha aclarado, en este sentido, que se ha optado por no negociar "quitas" con las empresas, atendiendo a la difícil coyuntura que atraviesa el municipio, golpeado por la crisis y los efectos de los terremotos.
   El Ayuntamiento, con carácter previo, ha realizado una fase de información a los proveedores municipales cuyas principales fechas han sido 21 marzo (publicación del listado completo de proveedores municipales), hasta el 22 de abril (plazo para beneficiarse del nuevo sistema de pagos) y 8 mayo (periodo de verificación de facturas para los acreedores), según han informado fuentes municipales.
   Hasta el momento, y de acuerdo con los datos de los que dispone el área económica del Ayuntamiento, en torno al 99 por ciento de los acreedores se han adherido al proceso de pago.
   El alcalde de la localidad ha recordado que la deuda global existente en el Ayuntamiento se ha ido reduciendo paulatinamente desde 2007, año en el que la cantidad heredada por la actual administración ascendía a 105,4 millones de euros. Mediante la aplicación de sucesivas medidas de ahorro, el Consistorio redujo este 'guarismo', situándolo en 2010 en 98,2 millones, mientras que en la actualidad, se concreta en 93,1 millones.
   Jódar ha anticipado que a partir de ahora la gestión municipal se marca tres objetivos principales dentro del trabajo del área económica: la eliminación de la deuda comercial, "algo que se conseguirá gracias a los 24,8 millones de euros que se ponen en manos de los proveedores".
   Cumplir la ley de morosidad, "consiguiendo que la administración municipal pague en aproximadamente 40 días". Durante este año, ha apuntado, se está consiguiendo reducir ostensiblemente el periodo de pago a proveedores, de tal forma que las facturas registradas en enero se pagaron en abril, mientras que las de febrero se están pagando ya.
   Y por último la consolidación del equilibrio presupuestario, objetivo, ha concluido, "que ya se ha conseguido con las cuentas del año 2011".

El PSOE exige explicaciones a Cruz por "la compra realizada por Murcia Cultural de 500 libros suyos"

CARTAGENA.- El responsable de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro, va a solicitar la comparecencia en Comisión en la Asamblea del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, para que explique "la compra realizada por Murcia Cultural de 500 libros suyos por los que se pagaron 3.000 euros, en septiembre de 2010". 

   En su opinión, el consejero "debe aclarar todo lo acontecido con este hecho, habida cuenta que es el consejero de Cultura y que quien compra sus libros es precisamente una empresa pública regional, vinculada a su Consejería". Por ello, el consejero de Cultura "tendrá que explicárnoslo por razones de ética y estética política", ha insistido.
   Para el Grupo Parlamentario Socialista, "resulta cuando menos sorprendente y abusivo que Murcia Cultural, que hasta 2008 compraba como máximo 100 libros de escritores murcianos considerados de interés, haya hecho una excepción con el propio consejero y haya quintuplicado la compra del número de ejemplares haciendo esta singular excepción".
   Asimismo, el diputado socialista va a solicitar información en la Cámara para saber "cómo se tomó la decisión de comprarlos, cuántos se han comprado, criterios de esa compra y en qué bibliotecas pueden encontrarse".
   También va a solicitar información sobre la compra de libros de otros autores murcianos desde 2007, dónde están distribuidos y criterios objetivos de compra, según fuentes del PSOE.
   "El consejero es autor de otros libros, por lo que es necesario saber si también se han comprado ejemplares de los mismos, y de ser así cuál ha sido su coste y cuáles han sido los criterios en los que se ha basado la compra", ha advertido.

Afectados piden el embargo de bienes gestionados por CAM desde Centroamérica

ALICANTE.- La Plataforma CAM ha pedido a la Audiencia Nacional el embargo tanto de cuentas como de propiedades que sociedades participadas por Caja Mediterráneo pudieron haber vendido a moradores físicos de Murcia y la Comunidad Valenciana a través de testaferros en las sucursales que CAM tenía en Centroamérica.

Esta petición también recoge la necesidad de rastrear acciones, cuentas corrientes, depósitos y valores que "presuntamente puedan tener financieros, políticos valencianos y murcianos -a nombre de sociedades piramidales interpuestas-, fideicomisos, testaferros, fundaciones o empresas creadas para tal fin" en dichas sucursales.
La iniciativa ha sido presentada por el abogado Diego de Ramón a través de un escrito de ampliación de embargo a las medidas ya solicitadas por la Plataforma en su querella popular, "a la que ya se han sumado más de 400 afectados", según ha apuntado el letrado.
De Ramón, que ha facilitado a los medios este escrito, asistió ayer tarde a una asamblea celebrada en Alicante con afectados por las cuotas participativas y participaciones preferentes de CAM, a los que ha informado de la situación jurídica de la querella popular presentada en la Audiencia Nacional el pasado 6 de marzo.
Su petición de embargo tiene como fin lograr que los afectados obtengan una compensación económica a través de la responsabilidad patrimonial que pudiera tener CAM.
Por ello, pide que los posibles embargos que se ejecuten se pongan a disposición de la Audiencia Nacional, la cual tendrá que dar cuenta al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales en el Banco de España.
En su escrito, el letrado informa que CAM estaba presente en EE.UU. (CAM Miami Agency), Islas Caimán (CAM Global Finance), México (CAM México) y República Dominicana (CAM República Dominicana).
"...Para resumir la operatoria entre CAM y sus participadas, la entidad tiene que operar necesariamente con oficinas locales en los sitios donde va a realizar sus inversiones, que casualmente son paraísos fiscales o las ilegales 'zonas francas' como les llaman algunos anglosajones", según recoge textualmente el documento.
En este sentido, se añade que "para operar en la zona del Caribe y Centroamérica, necesariamente necesita tender puentes con el Reino Unido y Holanda (Islas Caimán), Estados Unidos (Miami)" y para ello "se valió" de otras entidades bancarias no españolas.
Además, apunta como necesario que en el rastreo digital de cuentas y propiedades inmobiliarias colabore la Policía Federal Mexicana de Finanzas y la de Florida.
Por lo que respecta a los afectados, De Ramón ha manifestado que residentes alemanes, británicos, franceses, holandeses y belgas, propietarios de cuotas participativas o de participaciones preferentes, también se han sumado a la querella.
"Ya no son intereses nacionales, son europeos, y los jueces serán más celosos en el cumplimiento de sus obligaciones, pues tienen que preservar intereses internacionales, incluso con mayor celo que los nacionales", ha afirmado el letrado.

Bankia y Mare Nostrum, una losa para De Guindos / José Hervás *

Tras la caída de Lehman Brothers, las dificultades de Mare Nostrum podrían suponer un segundo tropiezo para De Guindos

Expertos conocedores del informe íntegro del Fondo Monetario Internacional sobre el sector financiero español dan por hecho que las dos entidades a las que se refería el resumen ejecutivo del organismo internacional, colocado en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad, son, además de la siempre mencionada Bankia, la SIP Mare Nostrum. De ser como dicen algunos expertos vendría a poner en una situación incómoda al ministro de Economía, que fuera consejero de Mare Nostrum y quien ejercía un gran ascendiente sobre las decisiones del todavía presidente del grupo y presidente de Caja Murcia, Carlos Egea Krauel. La solución no parece sencilla. Frente a quienes demandan decisiones rápidas sobre las cajas con problemas para acabar con la incertidumbre internacional sobre el sector, la respuesta de Economía es que el Banco de España no le apoya en las decisiones. 

Ordóñez querría no tener que intervenir ninguna otra entidad antes de agotar su mandato. Total le quedan 15 días. Y la intervención de Bankia o Mare Nostrum supondría el reconocimiento explícito del fracaso de su labor de supervisión. Y de paso un segundo tropiezo sonado de De Guindos. En el propio grupo parlamentario popular, además, algunos reiteran que al día de hoy la reforma financiera sigue sin hacerse o que se trata de una reforma fallida. El objetivo fundamental de la misma, volver a facilitar el crédito a particulares y para que las empresas puedan mantener su actividad, no se ha conseguido.
 
No todos se muestran críticos con De Guindos. Existen algunos que consideran que, pese deberle toda su carrera política y parte de la personal al ex vicepresidente del Gobierno, se han pasado al enemigo, cuestionando incluso la meritoria labor que está desempeñando la Oficina Económica del Gobierno para tratar de encontrar una solución adecuada. 

Lo de solución rápida sería más complicado conseguirlo. Los más de 200.000 millones de activos tóxicos de muy difícil cobro que calculan se mantienen en los balances de los bancos y cajas españoles exigirán más de un quinquenio para ser absorbidos. La sugerencia cada vez más invocada es apelar al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera que entrará en vigor el próximo 1 de julio, pese a que hasta ahora se ha considerado tabú. 

El talón de Aquiles 

En cuanto al grupo Banco Mare Nostrum, Sistema Institucional de Protección (SIP) formado por Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y la balear Sa Nostra, ya admitía que necesitaba más de 1.000 millones para hacer frente a las nuevas provisiones exigidas por el Gobierno tras aprobarse el pasado 3 de febrero el Real Decreto de reforma del sistema financiero.

En la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BMN cifraba en concreto en 1.039 millones sus necesidades en relación con la cobertura de las provisiones referidas a los activos en riesgo del grupo.

De ellos, 674 millones de euros corresponden a las nuevas exigencias relativas al reforzamiento del capital, mientras que los 256 millones restantes hacen referencia a las provisiones que el grupo debe alcanzar para cubrir así los activos tóxicos vinculados al sector del ladrillo.

Como ha venido siendo habitual desde la promulgación del decreto entre todas las entidades que necesitaban alcanzar los nuevos requisitos, también los gestores de BMN han confiado en que los excedentes redujeran en parte las necesidades de capital. Sus esperanzas se cifraban además en el saneamiento de las cuentas con la siempre socorrida apelación a la optimización de los recursos, el recorte de gastos y otras medidas para mejorar la eficacia de sus activos.

Y por supuesto confían en la prórroga a la que quieren agarrarse como clavo ardiendo si se hacen en la subasta con el Banco de Valencia. 

Las dificultades del grupo para poder cumplir con las nuevas exigencias no son nuevas. Ya hace ahora un año, cuando el Banco de España dio a conocer en marzo del 2011 las necesidades más modestas de recapitalización del grupo, según el plan ideado por Elena Salgado, llegó a hablarse de la renuncia de Carlos Egea que daría paso al prestigioso economista Luis de Guindos. Medios murcianos recordaban entonces que De Guindos era en ese momento consejero de la entidad y hombre muy cercano a Rodrigo Rato, con el que ocupó altos cargos en el Ministerio de Economía durante los gobiernos de Aznar. 

El relevo, decían entonces, tendría ya el visto bueno del propio Banco de España y de la sede central del PP en Génova 13, ante la no objeción del presidente del PP murciano y de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en aras de un entendimiento posible para incorporar a Caja Duero y Caja España, ambas radicadas en Castilla-León, feudo del PP, al banco 'Mare Nostrum'. 

Los directivos de ambas entidades castellanas parecían esgrimir su falta de entendimiento con Egea Krauel para no terminar de rematar un acuerdo y verse obligadas a negociar con 'Unicaja', en la órbita del PSOE. 

Es evidente que se trata de un capítulo no cerrado. Cuando un ministro dice que no descarta que las entidades creen sociedades intermedias para depositar sus activos inmobiliarios, es que ya están en ello. Y será un proceso de más de un día.

(*) Periodista


Reflexiones sobre la Universidad / César García *

Una de las pruebas irrebatibles que se ha hecho imprescindible a la hora de denunciar la falta de calidad de las universidades españolas es la baja clasificación que obtienen en los rankings internacionales, donde siempre aparecen del puesto 200 para arriba. Aunque la metodología que utilizan estos rankings, basada fundamentalmente en la publicación de artículos en revistas académicas de ciencias y tecnología en detrimento de las humanidades o de otros aspectos relacionados con la enseñanza, pueda ser discutible, son una buena orientación. Llorar y lamentarse, como hace la Comisión Europea, de que estos criterios siempre favorecen a las universidades norteamericanas, no sirve de mucho cuando el resto del mundo los sigue a pies juntillas.
Sin embargo, en esta ocasión, me gustaría hablar de otros aspectos que se suelen dejar de lado acerca de la experiencia universitaria en España y que contribuyen activamente a su desprestigio.

El primero de ellos tiene que ver con el escaso interés que tiene como experiencia vital. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, ir a la universidad supone un rito de paso, ya que suele implicar abandonar el hogar paterno y enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana (convivencia con otras personas, sexo, alcohol, trabajo, etcétera) en solitario, en España ir a la universidad apenas supone para una mayoría de estudiantes trasladarse a otro barrio y bajarse en otra parada de autobús o estación de Metro. El resto de las constantes vitales, como seguir viviendo en casa de los padres o salir con los mismos amigos, permanecen inalterables. El riesgo en términos monetarios o coste de oportunidad también es mínimo, ya que los alumnos españoles sólo vienen a pagar el 15% de la matrícula (desde ahora el 30%). Un hieratismo que se traslada a una enseñanza que empieza y termina en el aula y fundamentalmente basada en atender a las explicaciones del profesor, realizar exámenes y quizá escribir algún trabajo.

Esta capacidad de decidir por parte del universitario también se manifiesta dentro del aula, donde la percepción de la autoridad del profesor no liquida la posibilidad de un intercambio de ideas u opiniones acerca de un determinado tema. El estudiante no siente complejo de recoger el guante de una determinada pregunta del profesor en voz alta y existe en general una buena predisposición a embarcarse en el método socrático de búsqueda de la verdad, algo lejano en la universidad española en la que el estudiante protege su libertad marcando distancias con los profesores.

El escaso entusiasmo que en España suscita la experiencia universitaria se agudiza por la inexistencia de un auténtico mercado universitario y la ausencia de competencia entre los centros, ya que los estudiantes no encuentran ningún motivo para ir a una universidad fuera de su ciudad o región, ya que todas ofrecen más o menos lo mismo. Los campus tienen todos más o menos la misma estética y el marketing y la construcción de marca huelgan por su ausencia al tener una clientela cautiva. No deja de llamarme la atención, en una de las universidades con más estudiantes del mundo como es la Complutense, no ver ni una sola sudadera con su logotipo por las calles o que en la facultad de Ciencias de la Información la librería todavía tenga un formato de ventanilla en el que los estudiantes ni siquiera tienen la oportunidad de tener contacto físico con los libros.

La creación de universidades a la puerta de casa ha promovido el localismo hasta niveles inimaginables hace décadas cuando al menos había universitarios que se desplazaban a Madrid, Barcelona u otras ciudades a ampliar horizontes. Este localismo también es favorecido por la disponibilidad de fondos públicos de carácter regional que hacen que el profesorado se centre en no pocas ocasiones en investigaciones de ámbito muy local como requisito para acceder a los mismos.

En Estados Unidos la competencia se manifiesta en varios aspectos fundamentales: la existencia de un mercado de profesores dispuestos a moverse y que pueden contratarse con la misma libertad con la que una empresa contrata a cualquier tipo de empleado; un mercado de estudiantes que buscan recibir la mejor educación posible; y un mercado de empresas y agencias que, en su mayoría con dinero privado, desarrollan actividades investigadores en campos diversos.

Frente al complejo entramado burocrático que requiere la contratación de profesores en la universidad española, la estadounidense se caracteriza por la libre contratación de docentes. Enviar un currículum y unas publicaciones, pasar una serie de entrevistas y realizar una demostración docente son los requisitos para optar a una plaza de profesor en cualquier universidad. La contratación es al 100% realizada a gusto de los departamentos y el porcentaje de doctores que suelen terminar en la misma universidad en la que realizaron el doctorado es mínimo, justo al contrario de lo que sucede en la universidad española donde la endogamia y las relaciones personales siguen poseyendo un alto valor añadido. Mientras que en España la vida universitaria se asemeja a la de un árbol, es decir, nacer, desarrollarse y morir en el mismo sitio, en Estados Unidos el aperturismo genera una dinámica de competencia entre las universidades por contratar a los mejores profesores y entre profesores por realizar los méritos suficientes para trabajar en los mejores centros.

La burocracia afecta fundamentalmente a la función pública, donde la política de ascensos y los plazos están fijados de antemano. Me pregunto qué motivación puede tener un profesor titular de universidad si tiene garantizada una plaza de por vida y unos suplementos salariales que se perciben en función de la antigüedad y con independencia de la calidad de las clases o el número de publicaciones. Es, como casi todo en España, una cuestión de dejar que pase el tiempo. Ello sin entrar en el tema del tipo de incentivos que se ofrecen: las promociones una vez que se tiene la plaza suponen 200 o 300 euros mensuales de diferencia. Al no existir mercado por las altas barreras burocráticas se da la circunstancia de que todos los profesores titulares cobran más o menos lo mismo en cualquier universidad. ¿Se imaginan un profesor laureado de la Universidad de Berkeley cobrando igual que otro en la Universidad estatal de West Virginia?

Al igual que sucede en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación las universidades americanas tratan de ofrecer los mejores productos, es decir, programas más interesantes y la mayor cantidad y calidad de actividades posibles para captar los mejores estudiantes. Es un fenómeno que se retroalimenta y recíproco, cuanto más prestigio tienen los profesores de los departamentos, atraen mejores estudiantes y viceversa. El resultado es una alta capacidad innovadora y gran flexibilidad para adaptar los programas académicos a las necesidades de los estudiantes y de toda la sociedad .

No en vano, en Norteamérica existen multitud de rankings que establecen el prestigio de cada universidad según un conjunto de parámetros como relación calidad-precio, atención al alumno, la calidad del profesorado e incluso la calidad de vida en el campus. A diferencia de España, los universitarios americanos no saben en qué universidad van a terminar después de acabar high school (bachillerato). Lo normal es solicitar plaza en varias universidades al mismo tiempo teniendo como único criterio la calidad y no necesariamente la cercanía a su domicilio. De hecho, toda aquella familia que puede permitírselo suele enviar a sus hijos a estudiar a universidades fuera del área normal de residencia al entender que favorece el crecimiento individual.

Una experiencia vital más rica y un mercado más abierto redundaría en una mayor diversidad de estudiantes y de profesores que elevaría el nivel académico general. España, gracias al idioma, al clima y a la calidad de vida, podría tener opciones de atraer talento académico como sucede en EEUU, donde no siempre el salario es lo más importante para atraer a los mejores profesores. Pero para ello hay que tener el liderazgo necesario para hacer reformas de verdad y no sólo recortes.

(*) César García (Madrid, 1970), doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesor de comunicación en la Central Washington University