domingo, 21 de enero de 2018

C's lamenta que se haya dejado abandonada casi seis años la rehabilitación del balneario 'Floridablanca'


SAN PEDRO DEL PINATAR.- Ciudadanos ha denunciado hoy la “extremada desidia y dejadez” del equipo de Gobierno del PP en el Consistorio, después de constatar que ha dejado pasar casi seis años para solicitar el inicio de las obras de rehabilitación del balneario de Floridablanca

El portavoz local, José Luis Ros, ha lamentado que “la alcaldesa y su equipo han estado 2.152 días mano sobre mano mientras la degradación del balneario se acentuaba”. Ros ha explicado que el Ministerio de Medio Ambiente ha respondido a una pregunta de Ciudadanos realizada en el Congreso de los Diputados por el parlamentario José Luis Martínez que el permiso para rehabilitar el Floridablanca está concedido desde el 15 de marzo de 2011, pero que la documentación para acometer las obras no fue presentada por el Ayuntamiento hasta el pasado 2 de febrero.
 “Es muy lamentable que hayamos tenido casi seis años este monumento único en el Mar Menor convirtiéndose en una ruina y en un símbolo de la inacción y dejadez del equipo de Gobierno del PP. Pero lo verdaderamente penoso es que ya nadie podrá recuperar el daño causado a la imagen de San Pedro del Pinatar por culpa de la negligente actuación del gobierno de Visitación Martínez”.
Medio Ambiente especifica en su respuesta que la concesión para rehabilitar el balneario de Floridablanca fue otorgada al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar mediante una Orden Ministerial de 15 de marzo de 2011. 
Y apunta que “aunque el Ayuntamiento manifestó su interés en modificar el objeto de la concesión, no fue hasta el pasado 2 de febrero cuando se recibió en la Demarcación de Costas en Murcia, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la correspondiente solicitud, acompañada de un proyecto básico descriptivo de las nuevas obras a realizar”. 
Aún así, el Consistorio marmenorense todavía retrasó dos meses más la tramitación, porque la documentación pertinente no fue completada y recibida hasta el pasado 4 de abril.

C's teme que el Gobierno de CT retrase la entrega del borrador de presupuestos de 2018 hasta el mes de febrero

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena ha insistido hoy en la necesidad de contar cuanto antes con el borrador de los presupuestos municipales, "a día de hoy ningún grupo político tiene el borrador, seguimos sin saber cuándo estará a nuestra disposición y tememos que llegue el mes de febrero y todavía no estemos en disposición de analizarlo y decidir por tanto nuestras aportaciones", ha explicado el portavoz naranja, Manuel Padín.

Padín  que advierte que "tras recibir el borrador vamos a necesitar un tiempo para analizarlo, y esta vez las negociaciones necesarias para que la alcaldesa logre tener un apoyo mayoritario no van a ser fáciles con la crispación política que reina en esta Corporación y las posiciones tan enconadas que existen".
Aunque algunos medios de comunicación dan por hecho el apoyo de C's a los presupuestos, "esto no es así, vendimos muy caro los presupuestos de 2017, y tampoco vamos a regalar nuestro apoyo en los de 2018", ha informado Manuel Padín, que asegura que "para empezar a negociarlos, antes, el Gobierno socialista deberá garantizar con plazos la plena ejecución de todas nuestras enmiendas en 2017, algunas llevan buen camino pero hay otras que ni siquiera han comenzado como la actualización del plan de accesibilidad, y la construcción del parking gratuito frente al Hospital Santa Lucía, o están a medias, como los trabajos para mejorar el Centro de Acogida y Tratamiento de Animales de Compañía (Catad), al que vamos a acudir próximamente para valorar el estado de las obras". 
"Sin esos compromisos no podemos volver a negociar nada, entre otras cosas, porque no podemos confiar en un Gobierno si es incumplidor", ha señalado Manuel Padín.
La formación naranja ha avanzado que este año, además de las enmiendas, van a exigir al Ejecutivo local la firma de un 'acuerdo de compromisos', como iniciar en 2018 un gran Pacto por el Empleo, el Plan Estratégico de Turismo, el Plan Municipal de la Cultura, constituir la Comisión para la Modificación del Reglamento Orgánico del Pleno, organizar en el primer semestre del año el ciclo de conferencias sobre las Zonas de Actividades Logísticas de España, convocar el debate sobre el estado del municipio impulsado por C's, convocar una Junta de Portavoces con representantes de Adif para saber cuándo y cómo llegará el AVE a Cartagena, reactivar la Mesa Local de Comercio, y constituir el Observatorio del Deporte aprobado en el Pleno gracias a C's. 
"Somos conscientes de que hemos puesto el listón muy alto, pero estamos convencidos de que esos órganos, acuerdos y eventos son la espina dorsal de un proyecto para afrontar los retos a los que nos enfrentamos en 2018", ha señalado Manuel Padín.

Enmiendas naranjas
Ciudadanos entiende que las enmiendas definitivas sólo podrán surgir una vez analizado el borrador de los presupuestos en el que podrán comprobar la cantidad que se va a destinar a los barrios y diputaciones que más lo necesitan y la inversión en políticas sociales para comprobar si es necesario aumentar la financiación.
Pero a pesar de ello ha avanzado algunas claves, "estamos ultimando algunas inversiones para promover la creación de empleo, aumentando las ayudas para los empresarios que contraten a personas en el paro, y evidentemente no se nos olvidan todos los acuerdos plenarios que han salido adelante gracias a nosotros y que siguen sin cumplirse, como la revisión y mejora de los parques infantiles del municipio, la creación de zonas de sombra en espacios públicos, colegios y guarderías, la continuación del proyecto para mejorar el entorno del Parque Torres, el plan de choque para recuperar el Mercado Gisbert, el desarrollo de la primera fase del plan de seguridad vial, la implantación de medidas para ayudar a los enfermos de Crohn, o la protección, señalización y puesta en valor de las Canteras Romanas".

Comienza la poda de arbolado en casi una treintena de instalaciones deportivas de Murcia y pedanías


MURCIA.- El Servicio de Parques y Jardines, dependiente de la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, que dirige José Guillén, en colaboración con la Concejalía de Deportes y Salud, ha comenzado, con la llegada del mes de enero, la poda anual de los numerosos ejemplares que componen las distintas instalaciones deportivas del municipio de Murcia.

"Se busca que en casi los 30 espacios deportivos se lleve a cabo esta poda en lo que se conoce como la ‘parada invernal', con el fin de potenciar su posterior crecimiento", indica el concejal.
Estos trabajos los realizan profesionales de la empresa concesionaria de parques y jardines, STV Gestión, cumpliendo con las normativas de seguridad actual como el enganche mediante un sistema de soga al ejemplar para evitar una posible caída.
Moreras, tipuanas y olmos son algunos de los ejemplares que se suelen podar en estas fechas aunque se actúa durante todo el año cuando es necesario por las características especiales de un determinado ejemplar.
Entre las pedanías con mayor número de árboles que serán podados en estas fechas se encuentran Algezares, Puebla de Soto, Rincón de Seca o La Alberca. Los residuos de las podas correspondientes se trituran y son reutilizados de nuevos en los distintos jardines del municipio para completar así el ciclo natural.

'Cambiemos Murcia' pide a Educación que escuche a los Consejos Escolares

MURCIA.- A través de una moción que llevará al Pleno del próximo jueves, Cambiemos Murcia ha pedido a la Concejalía de Educación que cumpla con sus funciones y convoque reuniones con carácter bimensual con los consejeros escolares de los centros educativos públicos del municipio.

La formación municipalista ha decidido presentar esta petición ante las denuncias de muchos consejeros escolares que demandan una mayor interacción con la Administración local para atender las necesidades de los colegios del municipio que son de titularidad municipal.
El concejal que defenderá la iniciativa, Nacho Tornel, ha explicado que la función de estos Consejos, en los que las juntas están representadas por un vocal que actúa como consejero, es decir, en nombre del Ayuntamiento, es servir de enlace entre los barrios y pedanías y el Consistorio en lo que se refiere a la conservación y mantenimiento de los centros educativos.
Sin embargo, los Consejos "no pueden desarrollar su labor con garantías" porque "no cuentan con el apoyo" de la citada Concejalía, que incluso difunde campañas educativas o sobre obras del Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma sin contar con la opinión de estos organismos.
"Se produce así una especie de vía muerta que impide hacer llegar las distintas realidades de los centros al Consistorio en cuanto a sus funciones como representantes de la Administración, ni coordinar las acciones de esta para su gestión eficiente", ha sostenido Tornel.
La solución más lógica según Cambiemos Murcia, y así lo trasladará este jueves, es que el edil de Educación convoque reuniones cada dos meses y que incluso se incorpore un representante de los diferentes Consejos Escolares al Consejo Escolar Municipal para facilitar la coordinación directa. 

Desempleo en sectores vulnerables, la alta tasa de temporalidad y los bajos salarios son un lastre para remontar la situación laboral, dicen PSRM, UGT y CC OO

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Guillamón y la vicesecretaria general del PSRM-PSOE, Gloria Alarcón, han mantenido un encuentro con las secretarias de Empleo de UGT y CCOO, Encarna del Baño y Teresa Fuentes, respectivamente, para analizar el grado de cumplimiento de la Estrategia por el Empleo de Calidad, firmado por los agentes sociales y el Gobierno regional en 2016, y comprobar las principales debilidades del mercado de trabajo regional.

Han coincidido en subrayar como principal problema el enquistamiento del desempleo en los sectores más vulnerables como son las personas mayores de 45 años, las mujeres y los jóvenes. A ello se suma la elevada tasa de temporalidad que supera el 35%, lo que hace que sólo 6 de cada diez contratos realizados en 2017 sean fijos y la lacra regional de estar en cabeza de los salarios más bajos del país.
Antonio Guillamón ha señalado la alta incidencia de las ETTs en la contratación regional, que alcanza el 11,8% del total de contratos, de los cuales el 50 por ciento son temporales. Estas cifras nos sitúan como la tercera comunidad autónoma donde mayor incidencia registra la contratación de las Empresas de Trabajo Temporal.
Otro de los problemas detectados es la opacidad de la Administración regional en cuanto a siniestralidad laboral, ya que los datos dejaron de publicarse en febrero de 2017. En este sentido, las representantes sindicales han manifestado su preocupación por el incremento del 23% el pasado año, de acuerdo con la estadística del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, situación que no ha dejado de agravarse desde el inicio de la crisis.
Asimismo, se abordó la necesidad de incorporar la subrogación de trabajadores en las cláusulas de contratación de la Administración Pública, ya que con ello se contribuiría a fomentar el empleo estable. La subida de los salarios ha sido otro de los aspectos relevantes de este encuentro, para lo cual se ha valorado la necesidad de impulsar la negociación colectiva y requerir el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración regional.
También ha sido planteada la necesidad de adoptar iniciativas para frenar la economía irregular en la Región de Murcia, ya que se estima que las arcas públicas dejan de percibir cada año en torno a 2.000 millones de euros, como consecuencia del fraude fiscal y la economía sumergida. Esta situación agrava la situación de endeudamiento de la Comunidad Autónoma y supone un freno en el desarrollo de políticas sociales.
Por otra parte, Gloria Alarcón ha manifestado la necesidad de desarrollar medidas para intervenir de forma integral frente a las situaciones de acoso laboral y por razones de sexo, ya que cada día se dan a conocer más situaciones de esta naturaleza en diversas empresas de la Región.

El PP solicita al Gobierno de España que frene el "tasazo" de Francia al transporte por carretera


CARTAGENA.- El grupo parlamentario Popular ha presentado una iniciativa en la Asamblea en la que insta al Ejecutivo regional a que solicite al Gobierno de España que utilice los mecanismos necesarios en las instituciones europeas para frenar al Gobierno francés en su intención de implantar un impuesto de circulación para los camiones que transitan por sus carreteras, incluidos los extranjeros.

La iniciativa del diputado regional, Juan Guillamón, solicita al Gobierno regional que traslade al Ejecutivo españo el impacto económico y la pérdida de competitividad que sufrirían las empresas exportadoras de la Región.
Guillamón alerta del perjuicio que esta medida provocaría en el sector del transporte de mercancías por carretera y de la repercusión negativa que tendría en la economía de nuestra Región. 
Recuerda Juan Guillamón que cada año transitan por las carreteras francesas más de 9.000 camiones frigoríficos procedentes de la Región, la mayoría cargados de frutas y hortalizas, con destino a los mercados europeos; lo cual nos lleva a una media de 200.000 viajes de ida y vuelta, ya que el paso por Francia es ineludible.
El diputado autonómico del PP llama la atención sobre el temor fundado tanto del sector del transporte como del hortofrutícola a que exista una repercusión sobre el precio final de las frutas y verduras que se exportan al resto de Europa, si Francia decide aplicar este impuesto. En concreto, podría encarecerlo entre 1 y 2 céntimos por kilo, según cálculos que se hicieron en 2014.
Juan Guillamón hace también referencia a que la Federación Regional de Organizaciones Empresariales se ha manifestado exponiendo el perjuicio que podría ocasionar al sector del transporte esta medida, anunciada por la ministra de Transportes francesa, lo que se uniría además al encarecimiento del servicio ante la obligación de pagar un peaje específico implantado por la Diputación de Guipúzcoa a los camiones que cruzan el paso de Irún.
Debemos evitar que el sector exportador de nuestra Región, del que el transporte por carretera es pieza fundamental, vea mermada su competitividad respecto al de otros países, concluye Guillamón.
La Región de Murcia sigue liderando la exportación de frutas y hortalizas con el 20 por ciento del volumen nacional, y este año mantiene la tendencia de 2016, cuando se situó en 2.488.568 toneladas y tuvo a Europa como principal destino. 
Además, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, en junio este sector contaba con cerca de 25.000 trabajadores, de los que el 70 por ciento corresponden al transporte de mercancías.

Ciudadanos recoge las denuncias de SPLRM-CSIF en torno a las ofertas de empleo públicas aprobadas por el Gobierno


CARTAGENA.- El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha recibido en sus dependencias del Palacio Consistorial al secretario general de SPLRM-CSIF, Sergio Porta, y al delegado sindical, Enrique Calleja para recoger su preocupación y sus denuncias en torno a las sucesivas Ofertas de Empleo Públicas de Policía Local que se han venido aprobando por parte del Gobierno de Cartagena, y que no consideran que se ajusten a la realidad.

Según el sindicato, se trata más bien de un mecanismo que sólo busca la promoción interna y el ascenso, pero que no crea nuevas plazas que es lo que realmente hace falta para aliviar el trabajo de los agentes. 
El secretario general de SPLRM-CSIF informó que en estos momentos mantienen un procedimiento abierto en el juzgado de lo contencioso por la consignación de plazas que no figuran en la plantilla de personal como vacantes y sin consignación presupuestaria; también han denunciado esta situación al Ministerio de Hacienda.
Además, han informado al portavoz de la formación naranja de que durante las reuniones con el concejal del Área de Desarrollo Sostenible y Función Pública, Francisco Aznar, le han intentado hacer saber desde hace dos años que ellos, al ser servicios especiales, no están sujetos al límite en materia de tasa de reposición y que por tanto se puede cubrir al cien por cien.
Este sindicato considera que primero es necesario que la plantilla se rejuvenezca y que después se asciendan a los mandos policiales "y no al revés" como, en opinión de ellos, se está haciendo ahora.
Concretamente, la OPE de 2016 contempla la creación de 26 plazas vacantes o de nueva creación con cargo a tasas de reposición. Sin embargo, ha insistido el sindicato, no se cumplen ninguno de los supuestos especiales que permitirían la creación de las mismas sin dotación presupuestaria. 
Y han recordado en el año 2009 se aprobó una Oferta de Empleo Público que "paralizó" la Sala de Lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Por otra parte, el sindicato SPLRM-CSIF ha lamentado que sus propuestas al Gobierno para incorporar motocicletas eléctricas y bicicletas para los agentes hayan caído en saco roto.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos les ha trasladado que analizará toda la información que le han ofrecido y se ha comprometido a aclarar con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, todas estas dudas y demandas, "llevamos muchos meses escuchando estas denuncias y el Ayuntamiento no ha aclarado la cuestión, y creo que ya va siendo hora de hacerlo; si estamos haciendo algo de manera irregular habrá que corregirlo y hacer las cosas como tienen que hacerse". 
Además, Manuel Padín ha recogido el guante lanzado por el sindicato sobre las bicicletas y las motos eléctricas como parte del equipamiento de la Policía Local de Cartagena, "nos parece una propuesta muy interesante que vamos a trabajar en nuestro Grupo para plantearla si cuadran los números y es posible".

España ya no está entre los seís países donde mejor se vive del Mundo

MADRID.- El portal económico Vesti Finance ha divulgado los resultados del análisis que ha realizado de distintos 'rankings' sobre el bienestar de la población en varios países del mundo.

Tras evaluar diferentes índices y clasificaciones, los periodistas del portal han presentado el 'top 6' de países donde los Gobiernos hacen lo máximo para mejorar los factores que determinan el bienestar de su población, como la calidad de la educación, las prestaciones sociales, el rendimiento del sistema sanitario y la disminución del nivel de la corrupción, entre otros.
Cada país tiene calificaciones diferentes por cada factor evaluado por separado, pero, según los autores de la comparación, su lista incluye aquellas naciones que constantemente ocupan lugares altos en casi todas las categorías que afectan directamente el nivel de vida de las personas.

1. Dinamarca
En 2017, Dinamarca recibió el puntaje más alto en la categoría Necesidades Humanas Básicas del Índice de Progreso Social.
En este país nórdico, con una economía industrial-agraria y un alto nivel de desarrollo, la participación de la industria en los ingresos nacionales es de más del 40%. Dinamarca ocupa el primer lugar en el mundo en términos de volumen del comercio internacional per cápita.

2. Nueva Zelanda
Los ciudadanos de Nueva Zelanda mayores de 65 años reciben generosas pensiones de su Gobierno.
Ese país y la vecina Australia ocupan regularmente los primeros lugares en las clasificaciones, pero Nueva Zelanda obtiene una puntuación más alta gracias a su estabilidad política, el respeto a los derechos humanos básicos y un bajo nivel de violencia y terrorismo.
Además, el Gobierno neozelandés apoya económicamente a padres solteros, niños, estudiantes y las personas mayores.

3. Canadá
Tanto EEUU como Canadá reciben puntajes altos en prácticamente todos los índices, pero Canadá muestra mejores resultados en términos de estabilidad política y ausencia de violencia y terrorismo.
Canadá alcanza las puntuaciones de muchos países escandinavos en casi todos los aspectos, como el acceso a alimentos, la atención médica y la educación, así como en el respeto a los derechos humanos de la población.
Desarrollado tecnológica e industrialmente, Canadá tiene una economía diversificada basada en el comercio y en sus ricos recursos naturales.

4. Japón
Este país ocupa el lugar más alto en el 'ranking' del Banco Mundial en cuanto a calidad de la gobernanza y la estabilidad política. Además, Japón tiene una alta calificación en el índice del desarrollo social debido a su alto nivel de acceso a la educación básica, servicios médicos y alimentos.
Japón, que dispone de los mejores oncólogos del mundo, presta un seguro médico universal a todos sus ciudadanos. Otro punto fuerte del país asiático es su sistema educativo, puesto que en Japón la educación primaria y secundaria son obligatorias y de gran prestigio en todo el mundo.

5. Chile
Chile es un país muy amigable para los extranjeros, pero su estricta división en clases sociales puede complicar significativamente el avance por la escalera inmobiliaria.
El país sudamericano tiene índices altos en transparencia de la administración pública, el control de la corrupción, el acceso a la educación básica y los servicios de salud. Además, algunos expertos señalan que Chile es uno de los países más estables políticamente de la región latinoamericana.
Ofrece muchas facilidades para que los extranjeros compren bienes inmuebles o monten su propio negocio, y además les permite disfrutar de una cobertura médica eficiente.

6. Botsuana
La nación surafricana actualmente ocupa lugares altos en los 'rankings' como uno de los países mejor administrados de África, especialmente en términos de lucha contra la corrupción.
Después de que una serie de escándalos estallaran en el país a principios de los 90, el Gobierno creó un mecanismo contra la corrupción y los crímenes económicos que sigue vigente hoy en día.
Además, Botsuana también es conocida por apoyar las libertades democráticas y los derechos humanos, lo que también incluye la libertad de prensa.

El AVE amenaza con destruir la tierra y la fauna ibérica de Félix Rodríguez de la Fuente


MADRID.- La tierra que vio nacer a Félix Rodríguez de la Fuente será cortada a cuchillo por el tren de alta velocidad, poniendo en peligro la fauna que el más célebre naturalista español amó con pasión: el lobo ibérico, el corzo, las aves carroñeras y otras tantas especies autóctonas. Para evitarlo, una docena de alcaldes de la Bureba, una comarca de parajes vírgenes al noreste de Burgos que incluye Poza de la Sal, el pueblo donde nació Rodríguez de la Fuente, han iniciado una campaña contrarreloj para salvar su entorno natural, intacto durante siglos, y también su propia subsistencia económica, publica hoy El Confidencial.

La amenaza se llama AVE y el ejecutor es el Ministerio de Fomento, que en un movimiento inesperado ha cambiado el trazado que debe unir Burgos y Vitoria. Lo que desde el inicio del proyecto en 2015 iba a ser una línea recta desde Burgos siguiendo el recorrido de la autovía N-1 y de la autopista AP-1 ahora se ha convertido en una elipse por el oeste que impacta de lleno la zona de Los Rublacedos, en el corazón de la Bureba, parte de la cual es parque nacional y el lugar donde el conductor de 'El hombre y la Tierra' dio sus primeros pasos como naturalista.
El argumento del Ministerio para este repentino cambio de trazado responde a un simple motivo económico: un ahorro de 177 millones gracias a que pasando por Los Rublacedos solo habrá que construir dos túneles mientras que el recorrido original, paralelo a la autopista y a la vía del tren Madrid-Irún, exigía tres.
 "Si este nuevo trazado se confirma, la Bureba desaparece", sentencia Elías Plaza, concejal de Rojas de Bureba y uno de los portavoces de la Plataforma por la Alternativa Prádanos del AVE. "Van a destruir el medio ambiente de toda una comarca y encima no van a ahorrar dinero. Nuestros pueblos están en una depresión. Se ahorran un túnel pero tendrán que hacer varios viaductos para sortear las inundaciones".
No lo ve así el Ministerio de Fomento. En la presentación del proyecto en Burgos el pasado 28 de diciembre, el ministro Íñigo de la Serna sacó pecho de la nueva variante, que tendrá costes "sensiblemente menores a los que se habían barajado con anterioridad", según el ayuntamiento de Vitoria. Otra ventaja es que, a pesar de hacer más kilómetros, el tren podrá alcanzar los 350km/h por las planicies de la Bureba y acortar tiempos. El coste total oscilará entre 1.185 millones y 2.000 millones y permitirá unir Burgos y Vitoria en 30 minutos y Madrid y Vitoria en apenas 2 horas y 5 minutos. La fecha estimada para la inauguración es el año 2023.
Puesta sobre el mapa, no hay duda de que la elipse del nuevo trazado del AVE convierte la Bureba literalmente en una jaula para la fauna local. Al este, las especies animales como lobos, corzos, nutrias, zorros y jabalíes encuentran desde hace años la triple barrera formada por las dos autovías y la vía férrea, y ahora al oeste encontrarían el muro del AVE
Al norte y al sur, los municipios de Pancorbo y Burgos cerrarían esa prisión medioambiental de 27.720 hectáreas. "¿Como van a escapar los animales de sus presas? ¿Cómo van a desplazarse a por alimentos? Estos animales van a tener graves problemas genéticos por la obligación de cruzarse entre sí. Es una barbaridad medioambiental", exclama Rafael Alonso, impulsor de la plataforma.
El impacto económico también será desastroso, según los afectados. La Bureba cuenta con 12.000 habitantes empadronados en 44 municipios. Igual que en el resto de España, la despoblación está causando estragos en la región, donde es afortunado el pueblo que en invierno supera los 100 habitantes. El cereal, muy especialmente el trigo, crece a lo largo de la comarca, aunque son los derechos de caza lo que en realidad sostienen la región. 
En Rublacedos de Abajo, por ejemplo, el pago por el arrendamiento de los cotos aporta uno 25.000 euros a las arcas municipales para un total de 40.000 euros de presupuesto anual. Es decir, un 60% de los ingresos totales. En el resto de municipios la cifra es similar. Teodoro Quecedo, alcalde de Berzosa, coincide en el desastre que se avecina y denuncia que el AVE "cortará el municipio de oeste a este".

Una ruina económica

"La AP-1 tiene un vallado que los animales no pueden cruzar. Si construyen la vía del AVE van a crear un espacio muerto del que no podrá salir la fauna y eso arruinará la caza en pocos años. Nuestros pueblos dependen del dinero de los cotos para prestar servicios y poder subsistir. La merma económica será enorme, no descarto que nos lleve a la desaparición", sostiene José García, concejal de Rublacedos de Abajo. 
"Si hacen pasar el AVE por el trazado original, pasando por Prádanos, no hay impacto porque la zona ya está amortizada medioambiental y socialmente por el paso de la AP-1. Robar 20 metros más de terreno no afectaría ni a su entorno ni tampoco a los vecinos, ya que es mucho más ruidosa la autopista que el tren. Pero aquí lo van a destrozar todo".
Eso sin contar, aseguran desde la plataforma, con el potencial impacto al turismo. "En verano, los pueblos pasan de 100 habitantes a 800. La gente quiere descansar en lugares vírgenes, alejados del ruido, no en pueblos por los que pasa una línea del AVE a 200 metros", señala el impulsor de la plataforma. A lo que Plaza, portavoz, añade: "Los agricultores fueron construyendo sus pabellones en las afueras de los pueblos. Ahora verán pasar el AVE a 30 metros, lo que les impedirá para siempre aumentar sus explotaciones".
"Si Félix Rodríguez de la Fuente viviera no permitiría que destruyesen el entorno en el que él lo aprendió todo de la naturaleza por ahorrarse 177 millones de euros que en realidad serán muchos menos", denuncia Alonso.
 "Nos ha costado mucho recuperar la población de corzos y lobos. Hace 25 años era casi imposible ver uno, pero hoy han salido de peligro y están perfectamente adaptados. Con esto es posible que desaparezcan para siempre de la región". 
Alonso, ingeniero industrial jubilado, aún recuerda ver a Rodríguez de la Fuente en los riscos de la Bureba rodeado de lobos, buitres y otras especies.
Otro miedo de los afectados es el futuro de la mayor empresa no agrícola de la comarca. "Estamos preocupados por el túnel que se abrirá a menos de 500 metros de la factoría del manantial aguas de Santolín, que sirve a la marca Aquabona y da empleo a unas 100 personas, lo que en un lugar como este es muchísimo empleo. No sabemos si ese movimiento de tierras puede afectar negativamente la pureza del manantial", advierten.
El siguiente paso de la plataforma, integrada por 12 alcaldes y vecinos de los distintos municipios, es registrarse como Asociación Bureba es Futuro para disponer de mayor alcance. Esta semana se reunió en la Diputación de Burgos con varios portavoces políticos, entre ellos el vicepresidente primero José María Martínez, exalcalde de Briviesca, capital de la Bureba.
 "Están sensibilizados con el tema, vamos a necesitar su apoyo si queremos parar las obras", adelanta Alonso. En este punto, Plaza disiente de su colega: "La Diputación se ha echado a un lado y deja en manos de los ayuntamientos presentar alegaciones".
La plataforma también ha enviado una carta personal al Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. "Aunque somos pocos habitantes y pueblos pequeños, esperamos que nos trate con la justicia que obviamente está vinculada a su cargo", arranca la misiva. 
"El paso del AVE por nuestros pueblos atenta contra la salud de las personas, favorece la ya dramática despoblación, disminuye el turismo empobreciéndonos aún más, favorece la destrucción de especies animales por confinamiento en esta zona y altera el ecosistema de una zona virgen sin beneficio alguno para dicha zona". 
Por eso, los alcaldes firmantes indican que el trayecto Burgos-Prádanos-Pancorbo, es decir la actual ruta de la AP-1 y lo que iba a ser el trazado original, "ya está impactado y humanizado, está estudiado y es el más corto", además de pasar junto a solo dos pueblos y no doce y evitar una zona muy inundable como la Bureba.
El 10 de febrero finaliza el plazo de alegaciones al proyecto del Ministerio de Fomento, que debe aún valorar el informe de impacto medioambiental de los técnicos. "Pero no vamos a esperar de brazos cruzados a que eso ocurra. Enviaremos esa misma carta a la Ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que considere el impacto medioambiental y agrícola", adelantan desde la plataforma, que también anuncia manifestaciones y tractoradas en Burgos y Valladolid si la Junta de Castilla y León se desentiende de este conflicto.
"Es muy importante que no se ejecuten esas obras porque puede ser el fin de la Bureba", sentencia el alcalde de Rubracedos de Abajo. En la comarca, todos los vecinos se echan las manos a la cabeza al pensar que el legado de Félix Rodríguez de la Fuente y el futuro de sus hijos puede ser fulminado para ahorrar costes en un tren de alta velocidad.

El Gobierno quiere acabar con su «perfil bajo» tras la subida de Ciudadanos

MADRID.- El 'bicho' es Albert Rivera y aunque todos en La Moncloa se aferran al argumentario oficial y dicen en público que sólo son encuestas y que la economía va como un tiro, tienen un 'cagazo' notable pensando en la pasada que puede darles Ciudadanos en próximas elecciones, revela hoy Periodista Digital.

 Mariano Rajoy observa siempre las encuestas con distancia y cierto escepticismo, pero las lee con atención. Y sus asesores, más aún. Toman buena nota de unos resultados que marcan la tendencia política y que, en estos momentos, reflejan una fuerte subida de Ciudadanos, que se colocaría por delante del PP en número de votos.

Pero, como subraya Mariano Calleja en 'ABC' este 21 de enero de 2018, las alarmas han sonado con fuerza y la reacción no se ha hecho esperar.

En el cuartel general del Gobierno, el propio Rajoy ha dado instrucciones a los ministros para que tengan más presencia en todos los frentes, también en el territorial:
"¡Hala!...a patearse España".
El PP baja y Cs no deja de subir. Esa es la pesadilla monclovita. En los pasillos del complejo presidencial no aceptan que sea un problema de gestión o de medidas impopulares.

Al contrario, sacan pecho del 'éxito' del 155, de los datos de crecimiento económico y creación de empleo, del récord de turismo y de la estabilidad existente, pese a la minoría que tiene el Gobierno en el Congreso.

El problema, advierten fuentes de La Moncloa, es el 'perfil bajo' que ha tenido buena parte de los ministros en los quince meses transcurridos de legislatura.
«Muchos ministros van a partir de cero, pero deben activarse y tener una presencia pública mucho mayor».
La autocrítica, que existe y es inflexible, no se queda ahí.
«Los ministros saben que son resolutivos y buenos gestores, pero vuelve a fallarnos el relato, el discurso y la empatía con la gente de la calle».
En realidad, en el entorno del presidente siempre han pensado que las cosas bien hechas se venden por sí solas, «y hemos visto que eso no es cierto».

Les ocurrió con las reformas en la primera legislatura, y les ha vuelto a pasar con la aplicación del 155 y la respuesta firme frente a los independentistas:
«Si no hubiésemos resuelto ambas situaciones quizás nos habríamos volcado más en la propaganda y el relato para intentar salvarnos, pero es que no ha sido así. Nos hemos creído que hacer las cosas bien eran suficientes por sí mismas».
«Toca gestionar, pero también hacer política».
Hecha la autocrítica y el diagnóstico, el Gobierno busca la solución para dar la vuelta a las encuestas, ahora que hay tiempo todavía hasta las siguientes elecciones.

La Moncloa ha puesto el foco en los ministros, a los que ve con un perfil a menudo demasiado frío y técnico, y poco político.
"El perfil bajo tiene que pasar a mejor vida», subrayan. Les ha pedido más presencia en varios niveles: en los medios de comunicación, en todo el territorio nacional y en el Parlamento. En los próximos días, habrá desembarco de ministros en las Cortes «a petición propia, a pesar de ser enero un mes inhábil en el Parlamento".
Está prevista la comparecencia de los ministros de Fomento, Interior, Defensa, Sanidad, Hacienda, Empleo y Energía.

El Gobierno quiere que los ministros no rehúyan los debates parlamentarios ni las comparecencias, y que no den la sensación, tal palpable muchas veces, de que acuden a rastras al Congreso, y solo porque lo exige la mayoría parlamentaria:
«Hay que entrar en los debates y ganarlos».
Desde La Moncloa ha salido un consejo peculiar para sus ministros: que sean más simpáticos y cercanos. Lo dicen con estas palabras:
«No podemos adoptar siempre las posturas antipáticas, y hay que huir del tecnicismo tecnocrático que tanto daño nos ha hecho».
Rajoy se ha puesto el primero de la fila para dar ejemplo a los suyos. En los últimos días su agenda se ha llenado de actos públicos por toda España, casi siempre acompañado por algún ministro.

El viernes 19 de enero de 2018 estuvo en Fitur con el titular de Energía. Este lunes viajará con el ministro de Fomento en el AVE inaugural a Castellón.

El martes 23 de enero se desplazará a León, como acto de desagravio después de decir en Londres que el Reino Unido era la «cuna del parlamentarismo».

Rajoy envió una carta al alcalde de León, Antonio Silván, para pedir disculpas, tras conocer el malestar de la ciudad, a quien la Unesco otorga tal reconocimiento.

Y el miércoles 24 de enero, volverá a ser entrevistado en la radio.

El escándalo del cerdo ibérico traspasa fronteras

MADRID.- El escándalo del jamón ibérico ha traspasado fronteras. La prensa inglesa y alemana se han hecho eco de las malas prácticas en el sector que intentan extender el sello de calidad del jamón ibérico a productos más baratos y a cerdos que no cuentan con los controles genéticos estrictos que garanticen la pureza de la raza, según recoge hoy Economía Digital.

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue pionero en extender el escándalo internacional con la publicación de un artículo titulado “Escándalo del jamón ibérico” en el que se detallan algunas de las prácticas más cuestionadas de la industria.
“En multitud de ocasiones, el jamón más caro vendido bajo la etiqueta comercial de ‘ibérico’, no es más que un cruce con cerdos de la raza duroc, que son mucho más baratos y mucho más vulgares”, explica el diario alemán que siembra dudas sobre la rigurosidad en los controles de calidad alimentaria en España.
El diario alemán señala a la industria española por destrozar la buena imagen de sus productos gastronómicos con mayor reconocimiento internacional
El periodico explica que cruzar cerdos ibéricos con la raza estadounidense duroc “es como echar azúcar en un buen vino”. 
El rotativo también recoge las denuncias de los empresarios más tradicionales que acusan al ministerio de Agricultura de “estar bajo la influencia de los principales industriales cárnicos, diseñados para maximizar el etiquetado engañoso y el fraude en los productos del cerdo”.

Repercusión en The Economist

Tras la publicación alemana, el escándalo saltó hasta Reino Unido. La revista The Economist acaba de publicar un artículo titulado “De las pequeñas bellotas” en el que explica cómo una de las exquisiteces culinarias más preciadas de España ha terminado a la venta en versiones baratas en supermercados y grandes superficies.
La revista explica que los ibéricos de bajo coste “no son fraudulentos” cuando se ajustan a la regulación vigente, pero destaca cómo los productores comprometidos con la pervivencia de la raza pura están “muy enfadados” por la aplicación del término ibérico “a un producto industrial que no merece ese nombre”.
“Una pieza del mejor jamón de bellota, con la profundidad y la resonancia de su sabor, puede costar centenares de dólares”, asegura la publicación. “Pero montones de cajas que contienen patas de jamón --más un soporte y un cuchillo-- han empezado a aparecer en cadenas de supermercados en toda Europa”, asegura la publicación al extender la sospecha sobre el jamón barato que ha llegado a las grandes superficies.

Siemens, Bankia, Gas Natural Repsol y Sabadell renuevan sus hojas de ruta este año

MADRID.- Las compañías del Ibex van por buen camino para cumplir con sus planes y cinco empresas harán pública su estrategia para los próximos ejercicios. En un 2018 en el que los analistas consideran al Ibex como el gran índice de la eurozona con más potencial pero también con más riesgo, varias compañías del selectivo presentarán al mercado sus planes estratégicos para los próximos ejercicios. Así, Bankia, Sabadell, Gas Natural, Repsol y Siemens Gamesa han confirmado que saldrán a la palestra para dar a conocer su hoja de ruta, según revela elEconomista.

Esto en un contexto en el que la mayoría de los planes de negocio que son públicos -muchas cotizadas o bien no cuentan con uno o bien no lo han dado a conocer al inversor minorista- van bien encaminados. Las dos únicas firmas que han fijado un mes concreto en el calendario para presentar sus próximos objetivos han sido Siemens Gamesa y Gas Natural, pero ¿qué es lo que espera el mercado de ambas?
En el caso de la primera, las metas que presente adquieren especial relevancia después de que haya tenido que lanzar dos profit warning durante los últimos meses. El grupo ya ha anunciado que espera unas ventas de entre 9.000 millones y 9.600 millones de euros en 2018 y un margen ebit de entre el 7 y el 8 por ciento. 
De momento, los analistas esperan que su margen operativo se quede por debajo del objetivo, en el 6,6 por ciento, pero que su cifra de negocio alcance la parte alta del rango previsto por la firma. Sin embargo, será en febrero cuando la empresa presente su plan financiero a 3 años.
Tras un 2018 que se espera que sea de transición y con unos resultados débiles -apenas se estiman 180 millones de beneficio neto y 650 de operativo-, el consenso prevé que en 2020 roce un ebit de 940 millones y que el resultado neto supere los 500 millones. Además, estiman que podrá repartir el 30 por ciento de las ganancias en forma de dividendos. 
"A pesar de que se enfrenta a cambios estructurales por la presión en precio, creemos que el escenario que descuenta su cotización es razonablemente superable", señalan en Norbolsa.
En el caso de Gas Natural, la firma presentará su nuevo plan en el mes de febrero y este tendrá que desvelar cómo utilizará los fondos recibidos con las últimas desinversiones, los objetivos de endeudamiento y cuál será su retribución al accionista. La compañía ha captado 3.200 millones de euros mediante la venta de activos y en Credit Suisse creen que "aumentará su dividendo mínimo desde 1 euro a 1,1 euros por acción" y que "un buyback es también una posibilidad". 
Con todo, los expertos esperan un recorte del 14 y el 17 por ciento de las estimaciones previas de resultado neto y bruto para 2020, hasta 1.550 millones y 5.000 millones, respectivamente, algo que "no será una sorpresa" para los inversores, según el banco helvético.
El consenso espera que la firma pueda incrementar paulatinamente su dividendo hasta los 1,09 euros por acción, lo que implicaría una rentabilidad del 5,3 por ciento -una de las más altas del Ibex- y un payout (porcentaje de las ganancias destinadas al dividendo) del 70 por ciento.
Repsol será la tercera compañía energética que presentará su guía a los accionistas. La petrolera tendrá que desvelar un plan en un contexto muy distinto al del último presentado para el periodo 2016-2020 y que pronto ha dejado atrás. 
En aquel momento, el foco estaba puesto en la -por entonces- elevada deuda e incluso en su capacidad para salir a flote en un entorno en el que el precio del barril de crudo no dejaba de hundirse.
Ahora, los analistas esperan conocer nuevos detalles sobre su política de retribución, cuál será su estrategia con respecto a Gas Natural y si se girará hacia una política más verde de la mano de la gasista o lo hará invirtiendo directamente en renovables. 
"La idea es si perseguirá la transición energética como accionista de Gas Natural o si lo hará por su cuenta con los fondos procedentes de la venta de la participación", destacan en Credit Suisse. Con respecto al dividendo, la petrolera ha anunciado que en la próxima junta de accionistas pretende reformular su política de retribución y todo apunta a que comenzará a recomprar acciones para evitar parte de la dilución que supone el pago en scrip. 
"En un entorno de 60 dólares por barril, Repsol debería ser capaz de cubrir el 50 por ciento de la dilución al tiempo que se sigue desendeudando", señalan en Macquarie.

La banca doméstica

Finalmente, Bankia y Sabadell tendrán también su cuota de protagonismo al presentar un plan estratégico que ambos bancos habían aplazado aunque por motivos diferentes.
En el caso de Bankia, el último plan estratégico de la entidad fue el del periodo de 2012 a 2015. 
Ahora, tras la adquisición de BMN, se convierte en imperiosa la necesidad de dibujar las líneas maestras de su nuevo plan. Con la rentabilidad de todo el sector bajo el punto de mira, los expertos esperan que en 2020 Bankia logre alcanzar una rentabilidad sobre el capital por encima del 7,5 por ciento y que el beneficio crezca a un ritmo cercano al 10 por ciento anualizado. 
En el equipo de análisis de UBS estiman que la entidad podría dar a conocer sus planes en la segunda mitad de febrero y creen que "las perspectivas sobre la contribución de BMN serán particularmente relevantes".
 Además, resaltan que "cualquier guía sobre cómo se usará el exceso de capital, el crecimiento del volumen y la mejora de la rentabilidad serán aspectos claves, especialmente si hay alguna previsión sobre los ingresos netos de intereses".
Finalmente, en cuanto al banco catalán, su plan estratégico se ha retrasado un año, ya que en diciembre del 2016 anunció que lo aplazaba -se esperaba que lo presentase en el primer trimestre de 2017- para centrarse en TSB. 
Los expertos esperan que el Sabadell pueda alcanzar un ROE del 8 por ciento en 2020, que sus ganancias crezcan a un ritmo por encima del 11 por ciento y que los costes sobre los ingresos caigan hasta el 53 por ciento.
Entre los grandes bancos del Ibex es el único que cotiza con un descuento importante -del 20 por ciento sobre el valor contable- y en UBS consideran que el nuevo plan "puede actuar como un catalizador para reducir el descuento relativo que ofrece". 
Desde la casa de análisis también esperan que dé a conocer su plan en la segunda mitad de febrero y consideran que "las suposiciones sobre los beneficios de TSB son conservadoras, lo que limita el riesgo a la baja".

La Audiencia de León declara nulas las comisiones por descubiertos en las cuentas bancarias

LEÓN.- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de León ha declarado la nulidad de las cláusulas de comisión de descubierto y de gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras del contrato de cuenta corriente de una súbdita de un país del Este residente en León, a la que un banco tendrá que devolver las cantidades que se consideran cobradas indebidamente por este concepto, que ascienden a más de 5.000 euros, publica hoy en exclusiva Diario de León.

«Los bancos siempre tratan de argumentar que hacen gestiones de cobro y que por eso pueden cobrar la comisión. Pero por enviar un mail (normalmente lo hace un software) o enviar una carta, o hacer una llamada no se pueden cobrar 39 euros. Las comisiones solo se pueden cobrar por prestar un servicio (reclamar al cliente no es un servicio prestado al cliente) o justificar un gasto. 
El gasto tendría que ser equivalente a los 39 euros para poder cobrar la comisión, y normalmente no existe ni siquiera un gasto por el franqueo, porque por la carta que te envían, todavía te cobran (ilegalmente también) el precio del correo, argumentó a este periódico Celestino García Carreño, el letrado asturiano con despacho en Avilés que representa los intereses legales de la demandante junto a su compañera de bufete Victoria Yáñez.
«Se rechazan totalmente los argumentos expuestos por la entidad bancaria», dice la sentencia «que se limita a considerar válida la cláusula porque respeta el marco de la normativa aplicable y es el resultado de un acuerdo entre las partes, que además cuenta con información precontractual respecto de las condiciones de la cuenta. 
Pero no se trata de valorar el consentimiento en la fecha de la firma del contrato de cuenta corriente, ni de la información que previamente se suministró al consumidor, sino que nos encontramos ante una cuestión de abusividad de una condición general de la contratación que ocasiona al cliente un desequilibrio relevante en el sentido desarrollado en anteriores párrafos», según consta en la sentencia, que data del 10 de enero del presente año.
«El recurso ha de ser estimado en parte para declarar la nulidad de la cláusula de comisiones por descubierto y gastos por petición de reembolso de comisiones deudoras, manteniendo la condena a la devolución de las cantidades indebidamente aplicadas por estos conceptos, que constan en el extracto de cuenta aportado», se hace constar.
Se trata de la primera demanda que interpone el gabinete jurídico asturiano en la provincia de León. Corrige la sentencia de instancia, por la cual el Juzgado de Primera Instancia de La Bañeza no había decretado la nulidad de las comisiones aunque había estimado parcialmente la demanda. Tampoco había impuesto las costas bancarias a la entidad financiera.
García Carreño asegura que, de acuerdo al fallo «el banco va a tener que devolver todas las comisiones cobradas a la cliente desde el principio del contrato, en el año 2004 y que ascienden a mas de 5.000 euros (a razón de 39 euros en la actualidad por descubierto) y pagar las costas del procedimiento. La cuantía se determinará en ejecución de sentencia pues después de interpuesta la demanda y celebrado el juicio el banco ha seguido cobrando las comisiones hasta el día de hoy», lamenta.
Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según se hace constar en el texto. La Audiencia Provincial impone las costas de la Primera Instancia al banco pero declara de oficio las correspondientes al recurso de apelación.

Así será la batalla por el 'impuesto al sol' que se va a librar en Europa este año

MADRID.- La opinión del Parlamento Europeo conocida esta semana en Estrasburgo era la tercera pata de un banco al que se tendrán que sentar también la Comisión Europea y el Consejo Europeo para que antes de que finalice 2018 todos los ciudadanos del Viejo Continente gocen de unas pautas en materia energética. De esta manera, tendrán la guía que les marque el camino a seguir hacia el objetivo comprometido por todos en 2015: cumplir con el Acuerdo de París de descarbonización total en 2050 que revierta el cambio climático, recuerda hoy El Confidencial.

Sin embargo, el camino elegido para lograr ese histórico y elevado objetivo común ha sumido a Europa en una batalla política en la que cada país demuestra sus intereses particulares. España, por su parte, también. 
Pero además, las últimas cumbres comunitarias están aflorando las diferencias internas de España, cuya polémica más evidente es el 'impuesto al sol'. Este gravamen, denominado de forma oficial como 'peaje de respaldo', fue alumbrado en la primera legislatura de Mariano Rajoy
El exministro de Industria, José Manuel Soria, y el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, trazaron esta normativa que añade un recargo a aquellos usuarios que realicen autoconsumo siempre y cuando estén conectados a la red y tengan una potencia instalada de más de 10 KW.
La medida fue duramente criticada desde algunos sectores de la sociedad mientras que las grandes eléctricas y el operador del sistema se mostraron satisfechos. Una normativa que hoy se sostiene gracias al veto de Ciudadanos con el PP en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley que pretendía tumbarlo. El revuelo acabó con denuncias que el Tribunal Supremo ha zanjado desestimando los recursos contra la normativa. 
La única victoria que lograron los beligerantes del 'impuesto al sol' fue el pasado 2017, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el artículo que prohíbe el autoconsumo compartido, después de que la Generalitat de Cataluña hiciera un recurso contra esta normativa, que también obliga a Industria a que el registro de autoconsumidores sea potestad de las Comunidades Autónomas y no del Ministerio de Energía.
Con este panorama nacional, la batalla se ha elevado a Europa. Ambos bandos, los partidarios del tributo y los que no lo son, centran ahora sus fuerzas en lo que suceda en Bruselas, donde este año tendrá que alumbrarse una directiva sobre energías renovables que también tendrá que discutir este punto. 
Se trata de la madre de todas las batallas por este asunto, ya que lo que salga adelante deberá ser transpuesto a las legislaciones nacionales, con lo que lo que está en juego tendrá mayor rango legal que todo lo aprobado en el ámbito nacional en España hasta ahora.
A mediados de enero, ya están fijadas las posiciones por parte de los actores que deberán negociar. En primer lugar, está el Consejo Europeo. Se trata del organismo que reúne a los máximos responsables políticos de cada país. En este asunto en concreto, a los 28 ministros de Energía de la Unión Europea. El representante de España, Álvaro Nadal, volvió a finales de diciembre contento de la cumbre comunitaria.
 Según señaló entonces su ministerio: "Es muy positivo el tratamiento del autoconsumo. España comparte la orientación que ha propuesto el Consejo, que refleja claramente que no debe haber discriminación ni subsidios cruzados entre consumidores y que estos deben sufragar los costes del sistema de forma equitativa, independientemente de que autoconsuman o no".
La posición del Consejo es muy importante. Los Estados son quienes financian las iniciativas por lo que su voz se tiene muy en cuenta. Algunas fuentes explican que la posición que fijó en diciembre esta institución estuvo marcada por la urgencia de Estonia, el presidente semestral quería cerrar su etapa al frente del Consejo y algunos estados aprovecharon para apurar sus opciones. También Nadal con el impuesto al sol.
Sin embargo, no todo lo decide el Consejo, ahora tendrá que vérselas con el Parlamento en los trílogos, que son las negociaciones a tres bandas entre Eurocámara, Consejo y Comisión. Aquí ha jugado un papel determinante José Blanco, exministro socialista y eurodiputado encargado de fijar la posición del Parlamento en materia de renovables. 
Una de las líneas rojas marcadas por el gallego tenía que ver precisamente con el 'impuesto al sol'. Su proposición "blinda el autoconsumo como un derecho. Los Estados miembros no podrán gravar el autoconsumo de energía si esta permanece fuera de la red y no podrán establecer ningún tipo de recargo como el llamado 'impuesto al sol'. Esta propuesta es opuesta a la del Consejo.
La votación de las dos enmiendas relativas al autoconsumo dio un resultado contundente: 594 votos a favor, 67 en contra y 20 abstenciones. Además la votación dejó algunos titulares. El Partido Popular Europeo votó a favor de la medida propuesta por el miembro del socialismo europeo José Blanco. Todos excepto los populares españoles y húngaros, que votaron en contra. El tema del 'impuesto al sol' es ignorado más allá de los Pirineos. Los más de cincuenta eurodiputados que intervinieron en el debate previo a la votación de la propuesta de renovables no hicieron ni una sola mención a este asunto.
Pese a que el Consejo optó por la tesis de Nadal respecto al autoconsumo, su victoria no está clara. La voz del Consejo suele tener mayor fuerza que la del Parlamento, pero la amplia mayoría que recibió esta propuesta le pondrá las cosas difíciles. El propio José Blanco ha afirmado en reiteradas ocasiones que él no se levantará de la negociación sin resolver este asunto. 
Otro hándicap para el consejo, explican algunos expertos, es que estará liderado por Bulgaria, quien tiene la presidencia rotatoria los próximos seis meses. Muchos opinan que se trata de un país con poco peso dentro de la Unión y que no tendrá la fuerza que podría ejercer Francia o Alemania.
Con este panorama, cobra especial relevancia el papel que juegue la tercera pata del banco negociador: la Comisión Europea. Y además, tendrá un marcado acento español porque el responsable en la materia es el comisario de Energía y Acción contra el Cambio Climático Miguel Arias Cañete. La actitud que adoptará en los trílogos puede ser determinante y es una incógnita dados los conflictos internos a los que va a tener que enfrentarse.
Blanco le lanzó esta semana un mensaje directo: "Espero que me ayude a sacar adelante el mandato del Parlamento Europeo, que se ha visto reforzado con una amplia mayoría a favor". Sin embargo, a nadie se le escapa que Arias Cañete es miembro del Partido Popular. Que viene del Gobierno de Rajoy y que fue el presidente quien apoyó su candidatura al Ejecutivo comunitario. Sin embargo, procede del ramo de Agricultura y Medioambiente, que está impulsando todo lo que tiene que ver con la lucha con el cambio climático. 
No obstante, en Moncloa la ascendencia de Álvaro Nadal, quien fue director de la oficina económica y al frente de la cual está ahora su cuñada Eva Valle (mujer de Alberto Nadal), es muy superior a la de sus compañeros del ministerio de Isabel Tejerina.
Fuentes conocedoras de la casuística aseguran que Arias Cañete quiere dejar cerrada la directiva de renovables antes del verano, ya que después se arriesga a que quede en manos de otro. Desde alguna compañía ven a Cañete, dado el puesto que ocupa, como un referente contra el cambio climático tras la abdicación de Barack Obama. Sin embargo, el nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, está haciendo todo lo posible por liderar esa causa.
Con el Consejo Europeo a favor del 'impuesto al sol' y el Parlamento comunitario claramente en contra, la clave puede estar en manos de Arias Cañete, que tendrá que lidiar entre las presiones que le lleguen de Madrid y la posibilidad de estampar su firma para la posteridad como el comisario que cerró la directiva más ambiciosa en la lucha contra el Cambio Climático, el gran reto mundial que se dieron los estados en el Acuerdo de París. Y entre medias decidir cómo queda el polémico 'impuesto al sol'.

Cuentakilómetros a cero en 'Navantia'

FERROL.- Dos años después de que Navantia anunciase oficialmente la necesidad de impulsar un plan estratégico para despejar su futuro, mañana se constituirá en Madrid la mesa de negociación en la que participará no solo la dirección de la compañía pública y sus sindicatos, sino también su accionista único, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), publica hoy La Voz de Galicia.

Las conversaciones tendrán por objetivo despejar un escenario para el período comprendido entre el 2018 y el 2022 en el que la firma esté saneada económicamente -en los últimos ejercicios las pérdidas se han disparado-, con unas plantillas adecuadas a las necesidades y al nuevo escenario en el que se mueve la empresa, con medios e instalaciones adaptadas a la industria del futuro y con un volumen de carga de trabajo que garantice su viabilidad futura. El establecimiento de un nuevo marco de relaciones laborales único para toda la compañía es otro de los retos que se pretende salvar con el desarrollo de este programa de futuro, en cuya necesidad están de acuerdo tanto los responsables de la empresa como los representantes de los trabajadores.
Tras el cumplimiento del fallo del Tribunal Supremo que tumbó el cuarto convenio colectivo de la empresa pública -y el restablecimiento de todos los derechos recogidos en el tercero- se han restañado las heridas abiertas entre la parte social y la empresarial y han eliminado los conflictos de los últimos meses. Así, el clima con el que arrancarán las conversaciones se desarrolla con plena disposición al diálogo.

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El Estado exige retirarse a los 67 mientras la 'estatal' Bankia prejubila a los 56

MADRID.- Esta semana se han producido dos noticias desde instancias vinculadas al Gobierno que enfrentan teoría y realidad. Por un lado, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, lanza el plan para que los trabajadores que agoten su vida laboral y trabajen hasta los 67, puedan elegir sus 25 mejores años de cotización para cobrar más pensión. Es, sobre el papel, un acertado intento de estímulo para evitar jubilaciones anticipadas que minan el sistema y al tiempo, un alivio para los penalizados por la crisis, según publica hoy El Mundo.

A la vez, el ex secretario de Estado del PP y jefe de Recursos Humanos de Bankia, Juan Chozas, ha puesto sobre la mesa de la negociación con los sindicatos ampliar el impresionante Expediente de Regulación de Empleo con prejubilaciones a partir de 56 años de edad y la posibilidad de salidas forzosas. El 60% del capital de Bankia es propiedad del estatal Frob, controlado por el Gobierno.
Este ERE de Bankia, el más importante del momento en una España en la que Rajoy promete empleo y el quinto año de alto crecimiento consecutivo, ha provocado malestar en Moncloa y en varios ministerios, incluido el de Empleo, por duro e inoportuno. No obstante, fuentes gubernamentales añaden que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, actúa con criterios de gestión privada. Ésa fue la condición que puso para sustituir a Rodrigo Rato en 2012 y no le está yendo mal.
El EREes duro, porque afecta a 2.510 personas sobre una plantilla que, sumando Bankia y BMN, ronda los 17.000. Un 15% a pesar de que Goirigolzarri afirmó esto el pasado junio: «Los solapamientos son mínimos (...) no hay ninguna fusión entre un banco grande y un mediado con este nivel de complementariedad». Lo mantiene, pero subraya que una fusión con otra entidad habría desatado más recorte aún de personal
En la memoria justificativa del ERE -y de la que Chozas exige confidencialidad-, se argumentan duplicidades con BMN, pero también el difícil entorno de rentabilidad en que se mueve Bankia, los bajos tipos de interés que merman los márgenes, la morosidad que aún sufre el sector, la digitalización... 
En resumen, que sobra mucha gente y, para que el ERE sea voluntario, la vía menos traumática es la prejubilación: mandar a 2.500 personas al paro con un porcentaje de su sueldo que le complemente la prestación por desempleo y, después, que siga con esa renta hasta que pueda jubilarse a los 61. Goirigolzarri no hace, sino lo que se ha hecho y se hará en otros bancos con la lógica de que el sector ya no se puede permitir tantas oficinas ni trabajadores. 
También el Santander lanzó un ERE tras quedarse el Popular. Pero ahora se trata de un banco con mayoría gubernamental y muestra cómo los intentos del mismo Ejecutivo de que los trabajadores sigan hasta los 67 chocan dramáticamente con la realidad. Hay siete ministros, incluido Rajoy, a los que se les ofrecería la prejubilación si trabajaran en Bankia, dada su edad. También contrasta con el brochazo del PSOE de más impuestos para las pensiones.
Los sindicatos calculan que hay unos 1.700 trabajadores con más de 56 años en Bankia, con lo que Goirigolzarri tendrá que rebajar aún más la edad para prejubilaciones voluntarias. En el Gobierno recuerdan que, en todo caso, el coste del ERE deberá ser pagado por Bankia, como hizo Telefónica en 2011, puesto que se trata de una entidad con beneficios, pero eso no es consuelo para el omnipresente contribuyente.
Lo que no pone el banco por escrito en la memoria justificativa del ERE pero sí explica en privado es otra triste realidad: la única manera de que el Estado recupere más de los 22.000 millones inyectados en Bankia es que la entidad sea más rentable y eficiente y con menos coste laboral. Por cierto, aunque los bonus de Goirigolzarri y su equipo están a años luz del Santander y otros rivales, deberían renunciar a ellos en este año de tamaño ajuste de personal.
Todo apunta a que habrá acuerdo con cerca de 2.000 trabajadores de Bankia a la calle con al menos un 60% del salario hasta la jubilación y una entidad más rentable, pero será otro ejemplo de los letales efectos a corto y medio plazo de la cuarta revolución industrial. Un estudio de MacKinsey para el Foro de Davos asegura: «En las cinco grandes economías europeas (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) hay 62 millones de trabajadores con 1,9 billones de salario que pueden ser reemplazados por tecnología».
En la España de Puigdemont y El Bigotes, estremece la bajísima posición que ocupa en la agenda política este formidable reto para la clase media, sostén del sistema.

A por otro año al frente

La presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, ha cumplido 70 años y controla personalmente una participación en su empresa valorada actualmente ¡en 2.100 millones! El que crea que con esta fortuna y tantos años de trabajo -incluidos los 30 últimos tras enviudar- Revoredo está pensando en jubilarse es que no estuvo presente el jueves en la cena de la Chambre. La Cámara Franco-Española de Comercio e Industria otorgó su premio anual a esta incansable mujer, que hizo suya la frase de Marie Curie sobre que "no hay que pensar nunca en lo que se ha hecho, sino en lo que queda por hacer" y apostó por el crecimiento de Prosegur, que bajo su impulso se ha convertido en el tercer grupo de seguridad del mundo. Ella suele decir que "en la vida hay que arriesgarse" y, salvo excepciones como cuando aceptó -en mala hora- ser consejera del Banco Popular en 2007, no le ha ido nada mal.

"Pésima asesoría"


El máximo ejecutivo de Atlantia, Giovanni Castellucci, frecuenta cada vez más España para mantener contactos discretos en su renovado intento de comprar Abertis asegurando que va a superar la contraOPA de ACS. En el Gobierno descalifican «la pésima asesoría» no solo política, sino legal, que ha recibido Castellucci en la presentación de su OPA, ignorando las normas españolas. Según el folleto de Atlantia, su asesor en el Derecho español es DLA Piper, el bufete internacional cuyo consejo mundial ha abandonado ya el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Por otro lado, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sigue sin descartar pedir la suspensión cautelar de la OPA de Atlantia para abortar el precedente de que se haya autorizado en la CNMV sin cumplir trámites, aunque analiza el riesgo. Si el Tribunal de la UE termina condenando a España, el Estado deberá indemnizar.

Quinielas, pero...

El ministro Portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, tenía preparada respuesta por si le preguntaban si Luis de Guindos iba a ser candidato a la vicepresidencia del BCE: "Aún no hay decisión al respecto". 
Rajoy tiene hasta el 19 de febrero para anunciar, así que, en calendario mariano, queda un siglo. Eso no quita que hasta Reuters sitúa ya a Guindos como "favorito" para el cargo y empieza a haber quinielas con, por ejemplo, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, al alza. 
El jefe de la Caixa, Isidro Fainé, agasajó con olfato a Nadal el lunes en Barcelona en cena privada como suele hacer con personalidades relevantes. Por otro lado, ojo a la experta visión del ex consejero del BCE José Manuel González Páramo, que sostiene en privado que la candidatura del ministro para la independiente institución de Fráncfort es un error.

Así es el F-35B, el avión de combate que quiere la Armada española

 
MADRID.- Esta misma semana, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, abordaba los retos actuales y futuros de la Marina española, entre los que destacaba las futuras fragatas F-110, el nuevo submarino S-80, que esperan recibir a partir de 2021, o la renovación de su Ala Embarcada, se escribe en La Razón.

Respecto de ésta última, en lo que se refiere al Ala Rotatoria (helicópteros), la preocupación está en las «viejas» once unidades operativas del SH-3D, pues a partir de este año «seríamos los únicos que los tendríamos». A la espera de la versión navalizada de los NH-90, seguirán sustituyéndolos temporalmente por otros SH-60F de segunda mano.
En lo que respecta al Ala Fija, el AJEMA fue claro al señalar que «la única alternativa» para sustituir a los Harrier es el F-35B estadounidense, a pesar de su elevado precio. Y es que, es el único que puede embarcar en el buque «Juan Carlos I», concebido pensando en estos aviones. 
«Si Defensa quiere contar con esta capacidad, la tendrá. Y si no, pues no la tendrá», ha sentenciado. Eso sí, dejó claro que no es una prioridad principal para la Armada a pesar de estar incluida en ese nuevo ciclo inversor, pues los «Harrier» tienen garantizada la vida hasta 2025, pudiendo extenderse incluso hasta 2030. Con todo ello, la Armada confía en que con el nuevo ciclo inversor “salgan adelante” todos sus programas.
Pero, cómo ¿es este avión de combate polivalente que presta sus servicios en algunos de los principales ejércitos occidentales, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Noruega o Italia?
El F-35, fabricado por Lockheed Martin, es una aeronave de quinta generación, monoplaza y con capacidad furtiva, desarrollado bajo el programa Joint Strike Fighter para reemplazar al F-16, A-10, F/A-18 y al AV-8B en misiones de ataque a tierra, reconocimiento y defensa aérea. Fue diseñado en tres versiones distintas: el F-35A para despegue y aterrizaje convencional (CTOL), el F-35B capaz de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales, que es el que necesita la Armada española para su buque “Juan Carlos I”, y el F-35C que es una variante naval capaz de operar en portaaviones.​
Este avión es el descendiente del X-35 presentado por Lockheed-Martin en el programa Joint Strike Fighter (JSF), en el que compitió contra el X-32 propuesto por Boeing. El 24 de octubre de 2001 el prototipo X-35 fue anunciado como vencedor del concurso, que traía aparejado un contrato de 200.000 millones de dólares para fabricar el nuevo avión.
En la financiación del programa colaboran, además de los Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Australia, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Turquía, que aportaron fondos adicionales, razón por la cual a España le costaría más cara su compra, al incorporarse a un proyecto en el que no ha participado desde el inicio.​ Además, también los han adquirido Israel, Japón y Corea del Sur.
En su diseño y fabricación han colaborado un grupo de empresas aeroespaciales liderado por Lockheed Martin, con BAE Systems y Northrop Grumman como socios principales. El F-35 realizó su primer vuelo el 15 de diciembre de 2006.​
En lo que se refiere al modelo concreto que quiere la Armada, el F-35B STOVL, actualmente presta servicio en la Marina de Estados Unidos y en la de Reino Unido, teniendo sus bases en las bases aéreas de Yuma (Arizona) y Beaufort (Carlonia del Sur), en el caso estadounidense. La Fuerza Aérea italiana también ha incorporado algunos de estos aparatos.
El F-35 es un caza de peso medio y monomotor, similar a una versión más pequeña, más convencional y con un solo motor, del Lockheed Martin F-22 Raptor pesado y bimotor, y de hecho ambos modelos comparten muchos elementos comunes.
La versión STOVL F-35B está diseñada para reemplazar a la segunda generación del Harrier, que fue el primer avión operacional de aterrizaje vertical y despegue corto, cuya participación en la Guerra de las Malvinas en 1982 demostró su efectividad en las operaciones de guerra desde portaaviones ligeros.
La RAF y la Armada Británica utilizarán este avión para reemplazar a los Harrier GR9 en sus portaaviones, mientras que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos usará los F-35B para sustituir a los AV-8B Harrier II y a los F/A-18 Hornet.
El F-35B es similar en tamaño al F-35A de la Fuerza Aérea estadounidense, pero carece del cañón automático, que es opcional y debe ser transportado externamente en un contenedor bajo el fuselaje, ya que su lugar tras la cabina del piloto está ocupado en el F-35B por el impulsor vertical, innovación que fue uno de los factores decisivos en la selección del diseño ganador del programa JSF.
Para el despegue/aterrizaje vertical el F-35B utiliza un sistema distinto a las toberas giratorias del motor Pegasus de los Harrier. Consiste en una turbina, patentada por Lockheed Martin, desarrollada por Rolls-Royce y muy similar al sistema empleado en el Yakovlev Yak-141, en el que un turbopropulsor incrustado verticalmente en el centro del fuselaje proyecta su chorro de propulsión hacia abajo por medio de dos toberas situadas a cada lado del fuselaje, al mismo tiempo que se abren una pequeñas compuertas en la parte superior del avión para dejar pasar el aire al motor. Este sistema se complementa con la tobera del motor principal, de empuje vectorial y situada en la cola del avión.
La planta motriz del F-35B actúa como un multiplicador del flujo, de manera similar a un turbofán y consiguiendo el mismo efecto que la turbina principal del anterior caza Harrier. Sin embargo todo este mecanismo adicional es un peso muerto durante el vuelo normal del avión y reduce la capacidad de carga de armas y combustible del avión, así como limita su capacidad de ejecutar maniobras de altas G.
Durante el diseño, se utilizaron dos estructuras para realizar las pruebas de esta versión: el Lockheed X-35A (que más tarde sería convertido en el X-35B) y el X-35C, de mayor envergadura. 55​ Una de las primeras demostraciones de la capacidad del X-35 fue durante las pruebas de vuelo para la calificación en el programa JSF, en LAS que el X-35B despegó tras una carrera de menos de 150 metros, alcanzó velocidad supersónica y aterrizó verticalmente. Un logro que el modelo de Boeing no pudo igualar.​
El F-35B realizó su primer vuelo el 25 de febrero de 2009 y el 3 de octubre de 2011 comenzó sus pruebas iniciales de toma vertical sobre la cubierta del buque de asalto anfibio, de tipo LHD, USS Wasp.57​58​
Sin embargo, el avión, a pesar de sus características, ha recibido numerosas críticas, entre otras cosas por su elevado coste, ya que los costes del proyecto se dispararon. De hecho, Donald Trump amenazó con suspender el programa por el precio y sustituir los F-35 por la versión modernizada del F-18, aunque finalmente siguió adelante y se mantiene su fabricación.
De hecho, uno de los mayores inconvenientes de este avión, al menos para España, es su elevado precio, pues cada unidad costaría entre 90 y 130 millones de euros, sin contar el motor, y la Armada no compraría más de una docena de aparatos. Por este motivo, el Ejército del Aire estudia si se une a la compra y lo incorpora también a su flota, con el objetivo fundamental de sustituir a los F-18.

Características
Tripulación: 1 piloto
Longitud: 15,67 m
Envergadura: 10,7 m
Altura: 4,33 m
Superficie alar: 42,7 m²
Peso vacío: 13 300 kg
Peso cargado: 22 470 kg
Peso máximo al despegue: 31 800 kg
Planta motriz: 1× turbofán con postquemador Pratt & Whitney F135.
Empuje normal: 28 000 lbf (125 kN) de empuje.
Capacidad interna de combustible: 8.382 kg
Rendimiento
Velocidad máxima operativa (Vno): 2 205 km/h (1 370 MPH; 1 191 kt) (Mach 1,8)
Autonomía: 2 220 con combustible interno
Techo de vuelo: 18 288 m (60 000 ft)85​
Empuje/peso: 0,87
Límite de fuerzas soportadas: 9 G
Armamento
Cañones: 1× cañón rotativo de 4 cañones General Dynamics GAU-22/A Equalizer de calibre 25 mm, montado internamente con 180 proyectiles
Puntos de anclaje: 6 pilones subalares con capacidad para 6.800 kg y 2 bodegas internas con cuatro pilones cada una con una capacidad total de 8.100 kg para cargar una combinación de bombas de propósito general: Mark 82, Mark 83 y Mark 84; bombas de racimo: Mk 20 Rockeye II, con capacidad de guiado WCMD; bombas guiadas por láser de la serie Paveway; bombas guiadas por satélite de la serie JDAM; GBU-39 Small Diameter Bomb; bomba nuclear B61
Misiles aire-aire:
De corto alcance: AIM-132 ASRAAM, AIM-9X Sidewinder e IRIS-T
De medio/largo alcance: AIM-120 AMRAAM, MBDA Meteor (pendiente de ser integrado) y el futuro JDRADM (a partir de 2020)
Misiles aire-superficie:
Misiles de crucero: AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM y SOM (Turquía)
Misiles antitanque: Brimstone
Misil antibuque JSM

Los afectados por las cuotas recurren la sentencia de la CAM en el Supremo


ALICANTE.- Esta misma semana, antes de que expire el plazo establecido, la Plataforma de Afectados de la CAM ha interpuesto un recurso de casación en el Tribunal Supremo ante la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó el pasado mes de octubre a los directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como los ejecutivos Teófilo Sogorb y Francisco Martínez por falseamiento de cuentas, según adelanta hoy El Mundo

López Abad y Amorós fueron condenados a tres años de prisión; Martínez a dos años y nueves meses de cárcel; y Sogorb a cuatros años. Ahora, los afectados de las cuotas participativas quieren que se les indemnice ya que se sienten perjudicados de los delitos societarios por los que han sido condenados todos ellos, pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional no observa que exista responsabilidad civil alguna en las actuaciones de los directivos, evitándoles así el pago de posibles indemnizaciones.
Muy al contrario, la Plataforma que representan Diego de Ramón y Carlos Pena asegura en un extenso estudio jurídico que pueden acogerse a la figura legal del «tercero perjudicado». 
 En este sentido consideran que son perjudicados de los delitos cometidos por los responsables de la caja, independientemente de en que momento se falsearon las cuentas, simplemente por el hecho de que les afectó esa falsedad en sus inversiones. 
«Si como consecuencia de dichos delitos de falseamiento de cuentas y administración desleal se derivan perjuicios directos a los adquirientes de cuotas participativas y otros productos financieros como Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada que hubieran adquirido con anterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas», esgrimen, «la respuesta no puede ser otra que sí, puesto que dada la configuración del tipo del artículo 290 del Código Penal, son igualmente sujetos pasivos del delito los adquirentes de productos financieros adquiridos con anterioridad a la publicidad de las cuentas falsificadas».
De hecho, la Plataforma de Afectados fueron los denunciantes originales allá por octubre de 2011 de los desmanes que se habían cometido en la caja de ahorros alicantina. No obstante, aseguran, «las presiones políticas obligaron a que se separase la causa en una principal de la que nos sacaron, la de la sentencia, y en otra subordinada relativa a las cuotas participativas, que se ha archivado en cuatro ocasiones», señala Pena.
Por eso, entendiendo que si la sentencia atribuye a un delito societario, debe ser la aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Caser) la que se haga cargo de indemnizar a los afectados por las cuotas. 
Y es que para ello sólo tienen que demostrar que poseen un contrato jurídico con la entidad -que son las propias cuotas- y el perjuicio de haber sido víctimas del delito societario que sí resultó probado en el juicio que dio lugar a la sentencia condenatoria de López Abad, Amorós, Martínez y Sogorb. 
Entre otras cosas, porque muchos de ellos no vendieron sus cuotas precisamente porque los dirigentes de la caja les estaban engañando sobre la solvencia de una entidad financiera cuyo rescate ha terminado por costar cerca de los 11.000 millones de euros. 
«Considerando los hechos probados como constitutivos de un delito del art. 282 bis del CP sobre la estafa de inversores, se ha verificado que como consecuencia de la publicidad de las cuentas anuales declaradas falsas se han realizado inversiones en productos financieros de las CAM con el correspondiente perjuicio económico de forma efectiva a los adquirentes de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la CAM que realizaron su inversión tanto con anterioridad como con posterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas, por lo que procede en consecuencia el reconocimiento de las responsabilidades civiles derivadas del delito», sostienen.
A lo que añaden en su recurso que no tiene que ver el plazo temporal de las cuentas falsificadas: «La inclusión dentro del ámbito objetivo a los adquirentes de productos financieros con anterioridad a la falsificación de las cuentas de los años 2010 y 2011, ni modifica sustancialmente los hechos ni cambia su calificación jurídica, puesto que los hechos son los mismos y la calificación jurídica sigue siendo la inicialmente propuesta: art. 290 CP». 
Y concluyen: «Lo trascendente es que el art. 290 CP prevé como sujetos pasivos a personas que no necesariamente tienen por qué haber comenzado su relación con la entidad después de elaborarse las falsedades: ello es evidente en el caso de los socios, y por lo tanto la misma interpretación ha de mantenerse en relación con los terceros».