MADRID.- La reforma de la financiación
autonómica se aplaza un año más -y van cuatro-, pero, además, no parece
probable que se apruebe ni en el corto ni en el medio plazo, situación
que no inquieta demasiado a las comunidades autónomas que han logrado
más beneficios tras los contactos bilaterales con el Gobierno.
Aunque 2018 arrancó con el propósito de cerrar el año con un nuevo
modelo y pese a un pequeño impulso en el primer semestre, los
acontecimientos posteriores, entre ellos el cambio de Gobierno tras la
moción de censura retrasaron los plazos, y ya en junio el presidente del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, admitió que "no había tiempo material" para
la reforma, que debía esperar a un mejor momento político.
No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda han
asegurado a Efe que el objetivo del Gobierno es que el "esqueleto del
futuro modelo esté concluido esta legislatura" tras varios años de
"bloqueo" con el Ejecutivo del PP.
En cualquier caso y
mientras llega la reforma de un sistema que entró en vigor en 2010 por
un periodo de cuatro años, Sánchez ha ido anunciando iniciativas para
mejorar, de forma inmediata, la financiación de cada una de las
comunidades y paliar sus urgencias económicas.
Aquí
se incluye una senda de estabilidad que concede 2.500 millones
adicionales a las autonomías, tras aumentar en dos décimas su objetivo
de déficit para 2019; las entregas a cuenta que crecerán un 7,2 por
ciento con el nuevo año o el compromiso de devolver a las comunidades
los 2.000 millones que les corresponden por la liquidación del IVA de
2017.
Conscientes de que el modelo no se aprobará
esta legislatura, el Gobierno citó en septiembre a las comunidades a una
Comisión de Financiación Autonómica que pretendía dar por concluidos
los trabajos técnicos e iniciar "la negociación política", con la
principal novedad de incorporar Cataluña, tras un año ausente por el
155.
En este encuentro, el Ministerio de Hacienda
reconoció implícitamente que las comunidades autónomas estaban mal
financiadas y se mostró abierto a abrir un diálogo para el reparto
equilibrado de los recursos.
Sin embargo, aunque las
comunidades valoraron ese reconocimiento implícito de la
infrafinanciación, en el caso de Cataluña, su vicepresidente Pere
Aragonès anunció que no había motivos para volver a participar en estas
reuniones y reiteraba que los modelos de financiación se negocian
bilateralmente.
Además, Aragonès dejaba claro que el
Ejecutivo catalán, en ningún caso, iba a intercambiar una nueva
financiación por el derecho de autodeterminación.
Pese a no entrar en vigor el nuevo modelo, las autonomías han visto
crecer sus ingresos y en 2019 podrán gastar más dinero que nunca con la
recuperación, en parte, de impuestos vinculados a la actividad
inmobiliaria y el alivio de la deuda a corto plazo.
A
finales del verano, el Ministerio de Hacienda anunció una
reestructuración de la deuda de las comunidades, con la posibilidad de
que los vencimientos a corto plazo se puedan alargar a medio plazo e
incluso abordar el estudio para "la totalidad de la deuda".
Y en esa línea, Hacienda se comprometió a hacer más confortable a las
comunidades la senda de estabilidad y a otorgarles más capacidad para
dedicar más recursos al Estado del bienestar.
Pero
estas medidas también han sido interpretadas, por la oposición, como
"maniobras dilatorias" a la espera de unas elecciones generales que
despejen el panorama político.
De hecho, Sánchez en
la última de las reuniones con presidentes autonómicos, en concreto con
el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, dejó claro que "no es el
momento" para la reforma por "el actual bloqueo en los acuerdos de
Estado".
Esa oposición política, que también
ralentizó la reforma cuando estuvo al frente del Ministerio de Hacienda,
es la que ahora recuerda a Sánchez que llegó al Gobierno con "casi todo
hecho".
Y es que el informe encargado por el
Ejecutivo de Mariano Rajoy a una comisión de expertos, en 2017, se
entiende como el punto de partida "natural" para la reforma.
Ese informe, que en el primer semestre de 2018 recibió comentarios de
todas las comunidades autónomas, contempla, en líneas generales, la
capacidad de las comunidades para fijar copagos, subir o bajar
impuestos, mejorar la fiscalidad y, sobre todo, un gran acuerdo para
financiar el Estado del bienestar y pagar la educación y la sanidad en
un supuesto tiempo de crisis.
